Por: Laclase.info
Caracas, 26 de marzo.- Este domingo, 26 de marzo, en una
entrevista realizada en el canal privado de televisión Globovisión, la
dirigente sindical del Psuv Marcela Máspero negó la existencia de trabajadores
que hayan sido asesinados en protestas en Venezuela. La sindicalista intentó
minimizar de esta forma las denuncias acerca de la criminalización de las
luchas sociales como política de Estado, y la represión contra las protestas
pacíficas. Sin embargo, los hechos demuestran que el gobierno sí tiene
responsabilidad en la represión violenta de protestas obreras y en el asesinato
de trabajadores.
El 29 de enero de 2009, la policía del estado Anzoátegui, bajo las órdenes de la gobernación (controlada por el Psuv), atacó a balazos una concentración de trabajadores en la planta automotriz de la empresa Mitsubishi, ubicada en la ciudad de Barcelona. Los trabajadores Javier Marcano y Pedro Suárez cayeron asesinados, y otro trabajador resultó gravemente herido de bala. El presidente Chávez, al pronunciarse sobre el caso, consideró que aunque los trabajadores tuvieran razones para protestar, perdían la razón "al protestar armados". No obstante, nunca se presentó evidencia alguna de que los trabajadores de Mitsubishi hubieran estado armados. Los autores intelectuales y responsables políticos del asesinato de Marcano y Suárez nunca fueron juzgados. El gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, sigue ejerciendo su cargo.
El 27 de septiembre de 2007, el mismo cuerpo policial baleó una manifestación de trabajadores petroleros, hiriendo por la espalda a un trabajador.
Decenas de trabajadores han resultado heridos en acciones represivas en las empresas de Guayana, en Aragua, Carabobo, y otros estados.
Además de esto, grupos de choque del Psuv, como Muralla Roja en Guayana, son responsables de innumerables ataques armados en contra de los trabajadores venezolanos y sus organizaciones. Los asesinatos por medio del método del sicariato, como los perpetrados contra Luis Hernández, Richard Gallardo y Carlos Requena, en Aragua, o Argenis Vásquez en Cumaná, no son investigados por las autoridades.
Pero mientras que estos crímenes contra los trabajadores son perpetrados por el gobierno y sus agentes, la burocracia sindical del Psuv prefiere voltear la mirada y negar la realidad.
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