Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
¿Por qué marchan los pueblos indígenas ecuatorianos? ¿Acaso la Constitución de ese
país no consagra sus dos propuestas centrales, Estado Plurinacional y Buen
Vivir? Los pueblos indígenas de Ecuador se movilizan desde el 8 de marzo hacia
Quito porque el gobierno hace todo lo contrario a lo que establece la Constitución : la
concentración de tierras crece en lugar de corregirse (60% de ellas está en
manos del 7% de los propietarios), el 1% de propietarios controla el 63% del
agua de regadío, el agro campesino está en crisis y los presupuestos públicos
priorizan los sectores extractivos.
Esta es una de las muchas razones por las que las
organizaciones indígenas nacionales, como la Confederación de
Pueblos de la
Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), regional de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) han decidido llegar hasta Quito.
Lo explican claramente en el Mandato el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos.
Este documento señala que en el Ecuador las condiciones
estructurales de concentración de la tierra y el agua, la intermediación, la
falta de acceso al crédito y la dependencia de un paquete tecnológico de
insumos cuyo costo está en constante aumento, ha generado la crisis de la
agricultura campesina. Las políticas gubernamentales que prometieron una
“revolución agraria” no han afrontado esta realidad.
La inequidad de la estructura agraria persiste. El 7% de los
propietarios controla el 60% de las tierras cultivables y se mantiene la alta
concentración del agua de riego en manos privadas: el 86% de las unidades de
producción agrícola (UPA) con sistemas comunitarios tienen el 22% de área
regada y sólo el 13% del caudal, mientras que el 1% de UPAs de propiedad
privada tienen el 63% de área regada y un caudal del 64%.
Sin embargo, el denominado Plan Tierras y Territorios en su
conjunto ha sido un fracaso. Las entregas de tierras a los campesinos han sido
en un porcentaje mínimo. No existe voluntad de afectar la gran propiedad y la
concentración de la tierra de propiedad privada, argumentando que es más
productiva. Las pocas entregas de tierras por expropiación han generado un
circuito de endeudamiento impagable para los campesinos y un alto nivel de
conflictividad social. En la provincia de Pichincha, Cantón Machachi, luego de
un largo trámite de expropiación se adjudicó a la Asociación San
Antonio el predio San Antonio de Valencia, con un costo de US$. 4.600.000 con
altos intereses comerciales, y hasta este momento no pueden ingresar al predio
los beneficiarios.
La política de fomento agropecuario ha impulsado la mediana
y gran propiedad, que se concentra en la producción de banano, palma, caña,
arroz, maíz duro y ganado; mientras que las pequeñas propiedades campesinas que
sostienen la soberanía alimentaria no han sido beneficiarias de esta política.
Las condiciones desfavorables para el acceso al crédito han dejado a los
campesinos a merced de las cooperativas de ahorro y crédito.
En la proforma presupuestaria 2012, los tres sectores
estratégicos para salir de la matriz extractiva (turismo, agricultura,
ambiente) apenas suman US$.426 millones de dólares, representando el 1,6% del
presupuesto, con una fuerte disminución en el sector agropecuario de -17,69%
respecto del año anterior. Mientras que el gasto de propaganda del gobierno
alcanza a US$.295 millones de dólares, superando la inversión en agricultura
que sólo alcanza a US$.211 millones. Con esto se evidencia la toma de posición
del gobierno a favor del agronegocio y el extractivismo, abandonando las
economías campesinas y populares que sostienen la soberanía alimentaria.
Por todo ello, los pueblos indígenas ecuatorianos y sus
organizaciones exigen:
Aprobación de la Ley de Aguas para el Buen
Vivir, que contemple el respeto a la prelación de las funciones del agua, la
garantía del derecho humano al agua a través del establecimiento de un mínimo vital
y gratuito, la creación del Fondo del Agua; la prohibición de los servicios
ambientales, que se respeten los derechos de la Naturaleza en cuanto a
contaminación y vertidos; que genere instrumentos para la desprivatización del
agua y su redistribución; y que respete y fortalezca la gestión comunitaria del
agua con la participación de comunidades y organizaciones; y que se cree el
Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua.
Aprobación de la Ley de Tierras y Territorios,
que contemple la construcción de un modelo agrario para la soberanía
alimentaria basada en la producción campesina, que promueva la propiedad
comunitaria y asociativa, que sancione al latifundio y la concentración de la
tierra, y exija el cumplimiento de su función social y ambiental; que
redistribuya la tierra a los campesinos sin tierra, priorizando a mujeres y
jóvenes, y contribuya a reconstituir los territorios despojados; que implemente
un programa de fomento agropecuario para la soberanía alimentaria garantizando
el acceso a tecnología e industria rural, que establezca precios de
sustentación y combata el monopolio de la comercialización de alimentos,
fortaleciendo el intercambio y las empresas asociativas y comunitarias de
acopio, procesamiento y comercialización; y que cree el Consejo Intercultural y
Plurinacional Agrario para democratizar las políticas públicas del agro.
Ejecución inmediata del mandato de la vigesimoséptima transitoria
constitucional para la auditoria del agua.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Publicado en la Agencia Intercultural
de Noticias Indígenas de Bolivia, 13 de marzo de 2012.
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