Por Rafael Uzcátegui
Cuando se cumple el 23avo. aniversario del Caracazo es
pertinente recordar las paradojas inherentes a, según lo invocado por el
minestrone historiográfico oficial, uno de los hechos fundacionales del llamado
“proceso bolivariano”. Lo primero es la impunidad que aún rodea a la masacre.
Recordamos que la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) estableció 14 acciones a realizar por el Estado
venezolano. De este abanico apenas se han cumplido las correspondientes a las
reparaciones materiales e indemnizaciones a los familiares de las víctimas por
los diferentes gobiernos hasta la fecha. Y a pesar de ciertos avisos que han
asegurado que la administración actual “ha cumplido” con la sentencia, esto es
falso. La justicia, como sabemos, no se reduce al pago de dinero si no se
sancionan los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. Este es
el primer ítem de los resolutivos de la sentencia de la CIDH. Incoherencia
de un gobierno que afirma estar cerca del humanismo y lejos de las
gratificaciones materiales: Intentar convencer que ampliar la lista de
beneficiarios de los cheques es un sucedáneo de la justicia. Esto nos lleva a las posibles
responsabilidades en uno de los casos más vergonzosos de violación de derechos
humanos en la Venezuela
contemporánea.
A pesar que el discurso oficial intente enfocar
exclusivamente las culpas en el presidente y el ministro de defensa de la
época, una investigación transparente señalaría la cadena de mando militar que
hizo la sangría posible: Desde el alto mando militar, los oficiales subalternos
hasta los soldados que descargaron contra los indefensos las ráfagas de
ametralladoras. Como ejemplifican las investigaciones de masacres similares en
otros países de la región, en el banquillo estarían sentadas las Fuerzas
Armadas en su conjunto, rindiendo un testimonio bastante diferente a lo reflejado
por Román Chalbaud en “El Caracazo”. Una tercera inconsistencia la constituye
el hecho que los miembros del mayor partido de gobierno en el país fueron sus
protagonistas, no como héroes sino como verdugos. Solamente recordar al mayor
Felipe “El Catire” Acosta Carlés, muerto en los hechos y parte del movimiento
originario del hoy presidente Chávez. Como bien lo detalló Manuel Isidro
Molina, en 1989 diputado y parte de una comisión investigadora “-El Catire-
llegó disparando a diestra y siniestra, reventaba puertas de humildes viviendas
y “peinaba” a balazos la zona –barrio La Antena , Coche-, con su grupo de soldados”.
Por último, la insidiosa campaña de desprestigio realizada
contra el puñado de mujeres, pioneras y constantes, en la denuncia de los excesos
y agrupadas en Cofavic. La verdadera historia del 27F aún está por escribirse, no
en tono de épica oficial, sino lo que verdaderamente fue: Una masacre realizada
por militares. @fanzinero
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