Ecuador: Revolución ciudadana pone fin al nacionalismo petrolero

Por Fernando Villavicencio

El Presidente Rafael Correa confirmó en su enlace sabatino que la próxima semana se firmarán los contratos para la optimización de la producción de los llamados campos maduros “joyas de la corona”, con las empresas norteamericanas: Halliburton, Schlumberger y Baker. La firma de esos contratos constituye la privatización del petróleo y una radical contradicción del gobierno ecuatoriano, quien ha sido crítico del capital norteamericano, sostiene Fernando Villavicencio, en el siguiente análisis.

El año 1972, el “gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas”, de Guillermo Rodríguez Lara, nacionalizó el petróleo. Cuarenta años después, el gobierno “nacionalista y revolucionario” de Rafael Correa Delgado, consuma la privatización.

Hace cuatro décadas, la revolución petrolera liderada por el Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, e impulsó un proceso de nacionalización, modificando sustancialmente a favor del país la participación en el contrato con la transnacional norteamericana Texaco, y sentando las bases para lo que sería años después, la reversión al Estado de los grandes campos, llamados Joyas de la Corona: Sacha, Auca, Shushufindi, Cononaco, Lago Agrio y Libertador. Desde entonces, el subsuelo de esos campos ubicados en la Amazonía, ha provisto de los principales recursos económicos al país. A partir de su reversión a Cepe-Petroecuador, gobernantes de diverso color intentaron privatizarlos: Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa y Gutiérrez, pero en su tentativa acabaron derrocados.

En junio del año 2003, cuando el joven economista Rafael Correa, aún no soñaba con Carondelet, el presidente Lucio Gutiérrez, disponía la entrega de las Joyas de la Corona al capital extranjero: “He tomado la decisión de que los cinco campos (Joyas de la Corona) se contraten con la mayor urgencia por el sistema de obras y servicios específicos", dijo, el hoy opositor de Correa. Gutiérrez no alcanzó a cumplir su sueño, la rebelión de los forajidos se adelantó y lo sacó del poder.

Cuando el año 2006, Rafael Correa simpatizaba con los “forajidos”, y pintaba ya como precandidato de las izquierdas, denunció que la sola idea de entregar las “Joyas de la Corona” al capital extranjero, hubiese sido motivo suficiente para “mandar a su casa al coronel Lucio Gutiérrez”. En diálogo con el asambleísta de PAIS, Paco Velasco, en la desaparecida radio La Luna, el economista Correa Delgado, sentenció que pretender entregar el campo Shushufindi, era “una traición a la Patria”, “somos idiotas? no nos vean la cara de imbéciles por dios”, exclamó, fustigando con duros adjetivos al ex ministro de Lucio Gutiérrez, Carlos Arboleda, quien ahora es su aliado.

Una vez en el poder, octubre de 2007, a su retorno de una gira por Asia, el presidente Correa, anunció la entrega del campo Sacha a Pdvsa (Río Napo), y las demás joyas: Auca, Shushufindi, Libertador y Cononaco, a las empresas SINOPEC de China y Pertamina de Indonesia. Hasta entonces, la orientación de la política petrolera era de ruptura con el norte (USA), privilegiando a sus aliados ideológicos: Venezuela, China y otros de las BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

El 19 de mayo del 2008, ante el retraso en la firma de los contratos, el primer mandatario montó en cólera y alertó que la negligencia burocrática lo estaba “volviendo privatizador”. El regaño sin duda era dirigido al Contralmirante Fernando Zurita, presidente de Petroecuador, quien junto al ex Comandante de la Armada, Vicealmirante Homero Arellano, semanas antes desmontaron la entrega de los campos petroleros a empresas extranjeras, denunciando que hacerlo significaba privatizar el petróleo. El 20 de mayo de 2008, Fernando Zurita, abandonó el cargo cuestionando el proyecto. En carta dirigida a Correa, reconoció que debió suspender la entrega de los campos, porque la modalidad adoptada “contenía vicios de legalidad, por estar al margen de la Ley de Hidrocarburos y las disposiciones del Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Específicos, y además por cuanto incorporaba la entrega de la administración y operación al sector privado, lo cual generaba perjuicios económicos al país, debido a la modalidad de pago sujeta a las variables: línea base y producción incremental. En correspondencia con los principios de su gobierno y en sujeción a la Ley, tomé la decisión de declarar desierto el citado proceso, hecho que con seguridad provocó más de una crítica de los sectores y compañías interesadas en la privatización de los recursos naturales del país”.

Las críticas no quedaron ahí, el ex Comandante de la Marina, Homero Arellano, actual Ministro de Seguridad Interna, en carta remitida al Presidente Correa, el 3 de junio de 2008, cuestionó duramente la pretendida entrega de los campos maduros: “fui testigo directo de los graves errores y perjuicios económicos que se pretendían cometer con un proceso viciado…Este proceso implicaba una virtual privatización de los campos, pues se transfería la operación y el cobro del costo de producción de la “curva base” por parte de compañías privadas, contraviniendo una política de fortalecimiento de la estatal petrolera.”, recordó el alto oficial naval.

El 27 de septiembre de 2010, tres días antes del “golpe de estado del 30 S”, Rafael Correa escribió una confesión ideológica, con la sinceridad incontrolable de su pluma, es una epístola que al raspar sus letras con algo de prolijidad, nos agarra un dolor como el de remorderse el dedo en la puerta de la Catedral. “Cuando me imagino que sin la nueva Constitución este sería nuestro último año de Gobierno me da escalofríos y me decepciona profundamente pensar que no hemos logrado concretar todo lo que proyectamos y en algunos casos ni siquiera hemos iniciado los proyectos”, dijo el primer mandatario en la carta, dirigida a Petroecuador y al Ministerio de Recursos Naturales, cuestionando el incumplimiento de sus disposiciones de firmar con la “mayor urgencia” los contratos de obras y servicios específicos, para los cinco grandes campos operados por la empresa pública PETROECUADOR.

Como toda revolución, la ciudadana, debía ser rápida, no podía tolerarse obstáculos, al Presidente le molestaba la lentitud, eso les recordó a las autoridades de Petroecuador: “La Revolución Ciudadana se caracteriza por hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido”… “Desde inicios de mi Gobierno se marcó como una prioridad estratégica el desarrollo de los Campos Maduros, han pasado casi cuatro años y hasta ahora el único campo que está siendo optimizado es Sacha, dicho sea de paso, fruto de un extenuante seguimiento personal.”. Además en la misiva puso un ultimátum: “tienen un plazo de seis meses para que arranque la operación de todos los campos maduros, de incumplirse esto le agradeceré señor Presidente de Petroecuador pedirle a todo su equipo que presente la renuncia”.

Luego de cinco años de intento, al fin, en enero de 2012, según el calendario gubernamental, se harán realidad los contratos para recuperar la producción de los principales campos; para esa misma fecha se habrá borrado también el nombre de la estatal PETROECUADOR. Así, a cuarenta años del nacimiento de CEPE, un gobierno autoproclamado revolucionario y nacionalista, pondrá una lápida a la existencia de la empresa pública, quitándole la corona y sus joyas; sin campos y sin nombre, CEPE-PETROECUADOR se disolverá en las siglas de PETROAMAZONAS. El gobierno dirá, que no quedará rastro de negligencia, corrupción y escalofríos, o como dice el pueblo, muerto el perro desaparece la rabia.

La privatización de las joyas de la corona

Los llamados campos maduros, han producido durante 40 años a través de métodos de recuperación primaria, con base al flujo y presión natural de los pozos y con la ayuda de bombas, además de algunas experiencias de recuperación secundaria en el campo Auca. La infraestructura de superficie en su gran mayoría responde a la época del consorcio Cepe-Texaco, y requiere urgente modernización.

En manos de Petroecuador, los cinco grandes campos operaron como una unidad integrada, a partir de la entrega se Sacha, se tuvo que aislar al campo generando importantes costos adicionales. Con la firma de los nuevos contratos se deberá hacer lo propio, pues se trata de cuatro contratistas distintas.

La curva más alta de producción de los campos maduros llegó a 330 mil barriles diarios en la década de los noventa del siglo pasado, en la actualidad la producción bordea los 200 mil barriles, incluyendo la producción de Sacha.

La industria petrolera moderna recurre a nuevas tecnologías para incrementar las reservas, mejorar el factor de recobro, y optimizar la producción; son los métodos de recuperación secundaria (Waterflooding –WTF inyección de agua alternada con gas – WAG, entre otras técnicas), y la recuperación terciaria, conocida también como recuperación mejorada (Enhanced Oil Recovery EOR) consistente en inyectar al yacimiento varios agentes externos para aumentar las reservas. Esta técnica moderna se aplica luego de la recuperación secundaria, y se recomienda iniciar en proyectos pilotos, para medir su eficacia y rentabilidad, antes de aplicarlos a grandes áreas o campos totales.

SACHA: obra de vergüenza

El campo Sacha, la más grande Joya de la Corona, con reservas de 500 millones de barriles de crudo liviano, una producción de 50 mil barriles día, equivalente a U$ 1.800 millones anuales, centenares de millones de dólares en instalaciones construidas en 40 años, el más bajo costo de producción del continente 5 U$/BL; fue entregado sin licitación, por gestión “personal” del Presidente Correa, en septiembre de 2009, a cambio de una inversión anual del U$ 18 millones a cargo de PDVSA de Venezuela. El contrato original contemplaba una tarifa de 7,81 U$/BL de la curva base, y otra tarifa del orden de 17 U$/BL por producción incremental, reconociendo una declinación natural del 4%. Dos meses después, ante una serie de denuncias públicas, las autoridades de la estatal, enmendaron el contrato, redujeron el costo de la curva base a 5.41 U$/BL, a 15 U$/BL el de producción incremental y subieron la línea base a 51.600 barriles diarios, de 49.500 establecidos en el contrato de septiembre.

Dos años en manos venezolanas, la producción del campo cayó de 51.600 barriles día, producidos por Petroecuador el año 2009, a 49 mil barriles día, el año 2011; en 730 días no pudieron incrementar un barril de los 20 mil diarios ofrecidos por PDVSA. Los precios solidarios de los taladros ofertados por el presidente Chávez, a U$ 8.300 diarios, acabaron costando U$36 mil diarios. Entre noviembre de 2009 y noviembre de 2011, Petroecuador desembolsó U$ 382´717.469 por aportes de capital y costos de operación de la producción base, una cifra superior en U$ 182 millones de dólares a lo que le hubiese costado hacerlo a Petroecuador, sin la aliada venezolana.

El presidente sabe que fracasó, pero insiste. Frente al fracaso del contrato de servicios específicos dispuso cambiar al contrato de Prestación de Servicios, eliminando la curva base y estableciendo una tarifa única de 17,06 dólares por barril, en lugar de U$ 5,41, esto se hizo, pese a que el contrato dispone que si en los dos primeros años, Río Napo, no incrementaba un 30% de los 20 mil barriles adicionales comprometidos, el campo se revertiría a Petroecuador.

Hasta el 31 de octubre de 2011, se registra un aporte total por capitalización de U$ 218’849.747,55, de los cuales EP PETROECUADOR entregó U$ 177’266.560,69 (70%) y PDVSA apenas U$ 41’583.186,86. Según los porcentajes de participación, a la estatal venezolana le correspondía un aporte de U$ 65´654.924, equivalente al 30%.

En septiembre de 2009, cuando se bautizó la alianza Ecuador-Venezuela, so ofreció subir la producción en 20 mil barriles día, de 50 a 70 mil. Quienes advirtieron con el fracaso, fueron denunciados como enemigos de la Patria. Ahora, en el nuevo contrato son más realistas, pero más onerosos, el objetivo de producción máximo será de 64 mil barriles día el año 2013 y una caída a 14 mil diarios el año 2026. No así las inversiones que se disparan a U$ 1.200 millones, de los cuales cerca del 90% corresponde a perforación y mantenimiento de pozos y el resto a cambio de infraestructura de superficie. Es decir para hacer lo mismo que Petroecuador ha realizado durante décadas a costos inferiores. Aunque se menciona que Pdvsa invertirá a su cuenta y riesgo U$ 94 millones en recuperación mejorada, no se incluye en el contrato ni en los anexos nada sobre incremento de reservas, ni volúmenes adicionales de producción.

Con la nueva tarifa de 17,06 U$/BL, a pagarse desde inicio del contrato el 1 de enero de 2012, extraer 50 mil barriles diarios del campo sacha, nos costará U$ 310´797.500, algo que Petroecuador lo hacía el año 2009 por U$ 99 millones, un costo operativo por barril de 5 dólares.

La renegociación es una decisión inconveniente para el interés nacional y debería acarrear algún tipo de responsabilidad en quienes la adoptaron. Río Napo incurrió en más de una causal para la terminación anticipada y unilateral del contrato, ya que no se cumplió las metas de producción ni los montos de inversión. Aunque se pueden celebrar contratos modificatorios y complementarios, está prohibido modificar el objeto contractual, como sucedió en el caso de Sacha.

Con el pago de la tarifa desde el inicio del contrato, se estaría amortizando inversiones inexistentes, lo cual es totalmente contrario al concepto básico de todas las modalidades contractuales previstas en la ley de hidrocarburos, que tienen como elemento sine qua non, la aportación de capitales por parte de las contratistas. Este sería el único caso en el mundo donde la amortización de las inversiones es por adelantado. Es decir, el estado ecuatoriano financiará ilegalmente a la contratista una parte de las inversiones.

La otras joyas made in USA

Con la asesoría del instituto del petróleo de Noruega PETRAD y de Bacip Franlap de Francia, El Ministerio de Recursos Naturales y Petroecuador, completaron el proceso de selección, calificación y adjudicación de los contratos para la optimización y recuperación mejorada de los campos, a través de la figura de Obras Bienes y Servicios Específicos Integrados, con una inversión de U$ 1.530 millones, orientada a duplicar las reservas existentes de 830 millones de barriles de crudo liviano.

Las compañías seleccionadas fueron tres conocidas transnacionales norteamericanas. Schlumberger, Baker y Halliburton, asociadas con algunas empresas latinoamericanas, como Tecpetrol, YPF y la ecuatoriana Sertecpet, de propiedad de un ex Ministro de Lucio Gutiérrez.

¿Por qué el gobierno optó por este tipo de inversión extranjera sin ningún riesgo, apartándose de los postulados de izquierda, de fortalecer a la empresa pública, considerando que Petroecuador es la compañía más rentable del país y tiene suficientes recursos propios para invertir? Las respuestas son varias, desde superar las trabas burocráticas, la transferencia tecnológica, hasta la decisión de desinversión pública. Esta es quizá la más convincente, frente a una caja fiscal cada vez más arruinada por el excesivo gasto del gobierno. El régimen tomará los recursos presupuestados para operación de los grandes campos a cargo de Petroecuador, y los destinará a cubrir las urgencias de una agenda gubernamental cortoplacista y electoral.

En la cláusula quinta, del modelo de contrato se dice que el objeto es “la prestación de servicios específicos integrados con financiamiento de la Contratista, para la ejecución de obras, provisión de bienes y ejecución de Actividades de Supervisión de la Línea Referencial de Producción y Asistencia, de Optimización de Producción, de Recuperación Mejorada y de Exploración Adicional en el Área del Contrato”.

Aunque en el contrato se hace referencia a que Petroecuador será el “titular de la operación”, expertos del sector coinciden que resulta incompatible la existencia de dos operadores en un mismo campo, además de que ninguna empresa va a invertir en un proyecto que no lo controle, por ello consideran que la mención en el contrato de que la empresa pública mantendrá la operación, sería un simple camuflaje, para intentar ocultar la privatización de los campos.

Alto riesgo e irresponsabilidad, son expresiones de varios sectores de profesionales, para quienes el proyecto contiene una sobredosis de optimismo y aventura, pues resulta iluso hablar de duplicar el volumen de reservas con recuperación mejorada, si aún no se ha hecho el proyecto piloto que asegure la validez de las técnicas y el comportamiento de los yacimientos.

Además, rechazan la suscripción de un solo contrato para cuatro actividades: supervisión de la producción base, recuperación secundaria, terciaria, e incluso exploración adicional en el precretácico. Lo primero que debía hacer Petroecuador directamente es contratar la modernización de toda la infraestructura obsoleta, luego contratar directamente con empresas calificadas las actividades de recuperación secundaria, y emprender en un plan piloto de recuperación mejorada. La existencia de exploración adicional, desnaturaliza el contrato de servicios específicos y lo convierte en un contrato de prestación de servicios.

El Estado a través de Petroecuador cubrirá a la contratista tres tarifas distintas, una de esas, es muy novedosa, se la llama: “Supervisión de la Línea Referencial de Producción y Asistencia”, el esotérico nombre, es la misma tarifa por producción de la curva base, contemplada en el anterior contrato del campo Sacha con Pdvsa. Es decir la contratista empezará a recibir recursos del Estado desde el primer día del contrato, por hacer lo mismo que ha hecho Petroecuador. Quien va a operar el campo es la contratista, Petroecuador será el supervisor.

El modelo de contrato para los campos maduros es una caricatura del contrato de Prestación de Servicios, inaugurado este año, solo que con el membrete de contrato de servicios específicos, en cuyo caso Petroecuador no tiene capacidad jurídica para celebrar los mismos, pues ello le corresponde a la Secretaría de Hidrocarburos.

La participación de las empresas privadas en la operación de los campos petroleros puede autorizarse excepcionalmente, en los casos previstos en la ley, según lo dispone el art. 316 de la Constitución. Como tales casos no han sido tipificados, los contratos de prestación de servicios carecen de sustento legal, de la misma manera que la contratación directa.

Al igual que los contratos de prestación de servicios renegociados con las compañías extranjeras, incluido el de Sacha, el pago de una tarifa incluyendo un rubro de amortización anticipada de inversiones, a ser cubierta desde la vigencia del contrato y no luego que se hayan realizado las inversiones comprometidas, implica que el Estado cofinanciará esas inversiones, al margen de la ley.

La clausula 8.3 del contrato revela claramente que la verdadera operadora será la contratista, pues a Petroecuador se le asignan responsabilidades únicamente de apoyo a ella y de facilitar su trabajo. A Petroecuador se le otorga la “titularidad de la operación”, a efectos de que responda ante el propio Estado y a terceros, sobre las consecuencias de la operación que en la práctica le corresponde a la contratista.

Nuevas aliadas de la revolución ciudadana

Las tres compañías seleccionadas, cuentan con un importante ranking en la prestación de servicios petroleros a nivel mundial, aunque también de sendas críticas, al menos dos de ellas. En Ecuador Schlumberger fue acusada ante los organismos de control de provocar perjuicios al Estado en la perforación de pozos horizontales fallidos y con sobreprecio en el campo Sacha. Una de las empresas aliadas de Schlumberger es Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, ex ministro de petróleos del coronel Lucio Gutiérrez.

Pero sin duda, los cuestionamientos a Halliburton son de tamaño internacional. El Pentágono y el FBI investigan a la compañía por beneficiarse con más de U$ 16 mil millones en contratos en Irak, durante la ocupación militar norteamericana, que le costó al país árabe más de un millón de vidas. También se reveló que Dick Cheney, ex Vicepresidente de George Bush, recibió U$ 36 millones cuando dejó su cargo de administrador de Halliburton. El representante en Ecuador es Patricio Larrea Cabrera, hermano del dirigente opositor Gustavo Larrea.

Extraido de http://www.ecuadornoticias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:revolucion-ciudadana-pone-fin-al-nacionalismo-petrolero&catid=54:destacados&Ite