Alexis Romero denuncia criminalización de la protesta indígena por parte de la justicia militar

Por Provea

En conversación telefónica con Alexis Romero, Capitán Indígena de la comunidad Musuk Pa del estado Bolívar, liberado tras su detención por funcionarios de la Guardia Nacional Boliviariana, denunció el 31.01.12 que la presencia militar se ha intensificado en la zona. Según su testimonio cada 15 días debe presentarse al Tribunal Militar de la Quinta División de Ciudad Bolívar, además del cumplimiento de otras medidas cautelares. Afirma que desde su puesta en libertad no ha tenido contacto con las autoridades, sin embargo algunos capitanes pemones si han tenido reuniones con las autoridades. Además de la presentación, las medidas cautelares impuestas por la justicia militar con la prohibición de salida del estado Bolívar y la negativa de la posibilidad de dar declaraciones a los medios de comunicación sobre su caso. Estas medidas tienen vigencia mientras dure el proceso de investigación. Ante la pregunta sobre la actitud de las autoridades militares tras los acontecimientos, Romero afirmó que la presencia militar se ha intensificado, y que se encuentran apostados casi 400 efectivos castrenses, los cuales se encuentran en los alrededores de una mina conocida como “Puya nueva”.

Romero comentó que actualmente se encuentran realizando diferentes asambleas con las comunidades del sector La Paragua para acordar un plan de acción acerca de la minería en sus territorios. “Hay mucha unión de las comunidades para enfrentar el problema”, afirmó.  

En el caso de los indígenas del Alto Paragua, que son acusados de los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela, siendo éstos civiles no pueden ser juzgados en la justicia militar bajo ninguna circunstancia, por lo que el proceso de investigaciones que se adelanta es inconstitucional.

A pesar de que la justicia militar es solo para militares y su aplicación a civiles es violatoria de los Derechos Humanos, esta práctica es asidua en el país desde la década de los años 60, en opinión de Marino Alvarado, coordinador de Provea: “Antes de Hugo Chávez se aplicaba una errónea aplicación de la justicia militar a muchísima gente porque pertenecía supuestamente a grupos subversivos, o sea que no es un problema exclusivo de este gobierno. Sería una continuación de una errónea práctica que contraviene la Convención de Derechos Humanos, a la Constitución aunque, claro, se hizo más evidente a partir de 1999 porque la Constitución de 1961 no decía nada salvo que toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural. En la Carta Magna vigente además de establecer lo anterior en el Artículo 261 se incluye la frase “la justicia militar es competencia para delitos de naturaleza militar”. No obstante, en Venezuela la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado la aplicación de dicha justicia militar en algunos casos contra civiles, cosa que contraviene la Constitución y los tratados de Derechos Humanos que suscribe el país.