A Carlos Andrés Pérez hay recordarlo exactamente por lo que fue: un corrupto, asesino, proimperialista, que estuvo preso por peculado; expulsado del poder por la propia burguesía venezolana para tratar de salvar al régimen puntofijista en decadencia; que aplicó un plan de ajuste neoliberal salvaje, hecho a la medida de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Su talante corrupto se evidenció en su primer gobierno cuando fue absuelto milagrosamente de ser condenado políticamente por el caso Sierra Nevada, gracias al voto de José Vicente Rangel, hoy oráculo del gobierno de Chávez.
Este personaje nefasto de la historia contemporánea de Venezuela, siendo ministro de Relaciones Interiores en la década de los sesenta, fue quien puso en práctica la tristemente célebre frase de Rómulo Betancourt, presidente a la sazón del país: “dispare primero y averigüe después”. Fue quien junto a las Fuerzas Armadas conformó los Teatros de Operaciones donde se torturó a mansalva a miles de activistas y luchadores sociales de izquierda en los años de la guerrilla, aplicando con rigor y eficiencia los manuales de contrainsurgencia elaborados por el Pentágono y el Departamento de Estado.
En la década de los setenta, en su primer gobierno, favoreció el surgimiento de una nueva fracción de la burguesía, que el grupo editor de la revista Proceso Político denominara “burguesía emergente”, la cual se desarrolló al amparo de los cuantiosos recursos que ingresaron al país gracias al aumento extraordinario de los precios del petróleo. Uno de los sectores que más creció en esa época fue el Grupo Cisneros, que con el apoyo de CAP se convirtió en el conglomerado empresarial más poderoso del país. Este proceso guarda parentesco con la conformación de la llamada “boliburguesía”, que ha surgido y ganado fuerza en la última década en Venezuela de la mano del gobierno de Chávez y los altos precios petroleros. En su segundo gobierno CAP solicitó financiamiento al FMI, y se acogió, al igual que otros mandatarios latinoamericanos, a los programas de ajuste de orientación neoliberal, en boga en aquella época, a través de los cuales los organismos financieros internacionales y la banca acreedora procuraban recuperar los préstamos que solicitaron en los años 70 los gobiernos del continente. Ese plan de choque antipopular, aplicado sin mediaciones ni consulta, tenía entre sus metas liberar las tasas de interés, eliminar el control de cambios, liberar los precios de los productos de primera necesidad, incrementar el precio de la gasolina y las tarifas de los servicios públicos, eliminar restricciones a la importación y congelar los cargos en la administración pública, todo lo cual se complementaba con un miserable aumento de los salarios.
El levantamiento popular espontáneo que siguió al incremento de la gasolina y a las tarifas del transporte público, conocido popularmente como “Sacudón” o “Caracazo”, fue reprimido brutalmente, produciéndose una masacre como nunca antes se había experimentado en el país. Más de 3.000 muertos y un número aún más elevado de heridos, fue el saldo de la actuación desmedida del ejército puesta en práctica por CAP, a través de la aplicación del Plan Avila, y ejecutada con saña por el ministro de la Defensa gral. Italo del Valle Alliegro, verdadero carnicero de la población de Caracas. Desde entonces se produjo una vorágine represiva en la que se persiguió y encarceló a centenares de luchadores sociales, activistas de izquierda y dirigentes estudiantiles. En el truncado segundo gobierno de CAP fueron asesinados más de 30 estudiantes, en el marco de la lucha por el pasaje preferencial estudiantil. El “Caracazo” y los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992, generaron una severa crisis en el seno del establecimiento político del régimen bipartidista. Las políticas de ajuste que beneficiaban a la banca y al sector más transnacionalizado de la burguesía nacional en detrimento de los sectores acostumbrados a los subsidios estatales y a la importación, produjeron un fuerte remezón en la economía nacional, en momentos en que el régimen puntofijista mostraba evidentes signos de agotamiento.
Esta crisis política tuvo su desenlace a partir de marzo de 1993 cuando el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores de CAP en su primer gobierno, solicitó un antejuicio de mérito en contra del Presidente por los delitos de peculado doloso y malversación de 17 millones de dólares de aquella época. Este procedimiento condujo a su destitución el 20 de mayo, y a su reclusión en el retén judicial de El Junquito y en su residencia. Fue condenado el 30 de mayo de 1996 a 2 años y 4 meses de prisión domiciliaria por malversación agravada de fondos públicos. En 1999 huyó del país para evadir la justicia en el caso de corrupción más importante por el que fue procesado, el de las millonarias cuentas mancomunadas que mantenía en los EE.UU. con Cecilia Matos. La enemistad personal de Escovar Salom, quien había sido destituido deshonrosamente de la cancillería mientras se dirigía a cumplir una misión oficial en el exterior, sirvió de chispa para detonar la defenestración de CAP, como una salida procurada por la burguesía venezolana para descomprimir el ambiente social tremendamente convulsionado por cacerolazos y movilizaciones populares. El pasado jueves CAP fue finalmente enterrado en el país después de 9 meses de controversia entre sus familias de Miami y Caracas. Este evento sirvió para que AD y los demás partidos de la MUD intentaran convertir su cadáver insepulto en un símbolo de la democracia burguesa, precisamente los mismos que le dieron la espalda y lo expulsaron de AD en 1997. Más de uno, de buena o de mala fe, comenzó a buscar supuestas bondades personales en el político adeco. Otros se atrevieron a invocar a la historia, la cual supuestamente lo colocaría en un sitial de honor.
Nosotros creemos que el desastre del actual gobierno, que intenta presentarse como “revolucionario” y alternativa al puntofijismo, no puede hacernos olvidar el pasado reciente, aún fresco en la memoria de miles de familias que fueron víctimas de la represión ejercida por los gobiernos adeco-copeyanos. CAP es el símbolo de un régimen corrupto, represivo y entregado de pies y manos al imperialismo y a la burguesía. El mismo que avalaron en su oportunidad los partidos de la MUD que ahora intentan presentarse como alternativa a la estafa chavista. No podemos olvidar las masacres del Caracazo, Cantaura, Yumare, ni los Teatros de Operaciones. Los innumerables casos de corrupción del puntofijismo, ni muchos menos la entrega descarada del país y sus recursos naturales a las transnacionales.
El gobierno del presidente Chávez ha mantenido en la impunidad estos crímenes, pero miles de venezolanos estamos convencidos que para esos criminales no habrá olvido ni perdón.
En definitiva, ni el PSUV ni los adecos viejos y nuevos de la MUD son alternativa para el pueblo venezolano.
*Secretario general de la Unidad Socialista de Izquierda
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