Bolivia: entre el desarrollismo y la demagogia pachamamista

Por Huascar Rodríguez

Cuando Evo Morales y Alvaro García Linera realizaban su campaña electoral a fines del año 2005, los discursos de ambos candidatos eran elocuentes: lucha contra la pobreza, Estado fuerte, desarrollo y progreso. Fue García Linera quien sintetizó estos planteamientos, durante aquella campaña electoral, en los siguientes conceptos que resumen gran parte de la ideología del actual partido gobernante: “capitalismo andino-amazónico” y “gran salto industrial”. Lo que hoy estamos viviendo en Bolivia es básicamente la realización de dichas nociones, es decir la intensificación del modelo extractivista de desarrollo, basado en el petróleo y los minerales con las respectivas consecuencias políticas y medioambientales.

¿Pero el gobierno de Evo no era un gobierno indígena y popular, la avanzada de la revolución, la esperanza de Sudamérica y del mundo? En un sentido, este gobierno subió al poder montado en una ola de revueltas y movilizaciones rurales y urbanas, desarrolladas entre 2000 y 2005, que exigían una ruptura con el neoliberalismo, de modo que cuando el MAS (Movimiento Al Socialismo, el partido gobernante) asumió la dirección del Estado, muchos vieron que el cambio al fin había llegado. Sin embargo, el aparato ideológico emplazado poco a poco por el MAS ofrecía un programa de reformas tibias edulcoradas con altisonantes discursos que alejaron cada vez más del ámbito público los verdaderos debates importantes. De pronto, un nuevo léxico se apoderó de los bolivianos: descolonización, defensa de la Pachamama, proceso de cambio, derechos de la Madre-Tierra, palabras y conceptos vaciados de contenido y banalizados en cumbres y foros, nacionales e internacionales, donde ansiosos turistas revolucionarios elogiaban a la rebelde Bolivia pidiendo al mundo que emule lo que se estaba haciendo aquí. Fue el triunfo de un discurso que puede ser llamado pachamamismo: defensa retórica de la Madre-Tierra mediante apelaciones morales y metafísicas “ancestrales”, a fin de evitar una reflexión en torno a cómo emprender un auténtico proceso de descolonización mental, económica y cultural. 

El hecho es que con el transcurso del tiempo quedó cada vez más claro hacia donde apunta este “proceso de cambio”: el capital transnacional sigue operando en el país, la “nacionalización de los hidrocarburos” fue una simple renegociación con las transnacionales petroleras (incluyendo la española REPSOL) y la nueva Constitución Política del Estado está llena de ambigüedades, consolidando finalmente un Estado autoritario. En otros términos, el gobierno de Evo Morales mantiene intactas las estructuras burocráticas del viejo Estado colonial y está profundizando la destrucción de la naturaleza, en el marco la economía de libre mercado: el “socialismo del siglo XXI” es en el fondo una mezcla de stalinismo “democrático” y nuevo neo-liberalismo.

Ahora bien, en efecto ciertas cosas han cambiado. La dignificación del indio y de las culturas populares puede resultar simpática seguramente, pero este cambio no afecta lo sustancial: el mantenimiento del orden capitalista y estatal que, encubierto en la “democracia”,  nos conduce de una crisis a otra obstaculizando la materialización de cualquier iniciativa emancipatoria.

Por otra parte, los indios y mestizo-indios que ahora ejercen el poder estatal como autoridades están reproduciendo lo que hicieron los blancos y criollos desde la fundación misma de la República, manchándose de corrupción y viabilizando un proceso de clientelismo político grotesco y patético. Para sintetizar: el actual gobierno de Evo Morales está compuesto por una nueva elite sindical que ha pactado con los sectores empresariales más reaccionarios, alejándose cada vez más de las bases indias y populares del país en una vorágine que mezcla nacionalismo escolar, militarismo, pachamamismo y capitalismo a ultranza. Es en este contexto en el que hay que comprender la actual crisis que vive Bolivia a raíz de la construcción de una carretera que dividirá en dos un territorio indígena ubicado en la Amazonía.

Durante el año 2009, en el marco de la lógica desarrollista y capitalista del gobierno del MAS, Evo firmó un acuerdo con el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, a fin de construir una carretera que atravesaría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure), una región boscosa y selvática muy frágil caracterizada por su rica biodiversidad, razón por la que fue declarada “área protegida” en la década de los 90. En el TIPNIS, además, habitan pueblos indígenas (Moxeños, Trinatarios, Yuracarés, Chimanes, Yuracarés y Yuquis) que no sólo están alterados por ciertos niveles de aculturación, sino que están también amenazados por la proliferación de cultivos de coca, el narcotráfico y las exploraciones petroleras.

El detalle importante es que la carretera que atravesará por el TIPNIS forma parte de los proyectos planteados por IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional), una estrategia nacida en Brasilia gracias a los presidentes neoliberales de la región en el año 2000, que pretende convertir a Sudamérica en la hacienda y en las vías de circulación comercial del imperialismo brasileño. IIRSA es en suma un gran negocio para bancos, burócratas estatales, empresas constructoras, petroleras y la Unión Europa, entidades que harán realidad la histórica aspiración brasileña de colonizar la Amazonia continental mediante la construcción de megaproyectos de infraestructura, que incluyen carreteras y represas pensadas para explotar la selva amazónica de forma intensiva. De hecho, la carretera en cuestión servirá como un corredor biocéanico entre Brasil, Bolivia, Chile y Perú, y será de gran utilidad para las exploraciones petroleras en la zona y para facilitar la extracción de recursos naturales que beneficiarán a empresas transnacionales.

           

Frente a este panorama los indígenas que habitan el TIPNIS han iniciado una marcha de protesta que comenzó el pasado 15 de agosto en Beni y proyecta llegar a La Paz. Por su parte el gobierno ha respondido con una brutal represión contra los indígenas movilizados el domingo 25 de septiembre, suceso que ha ocasionado masivas manifestaciones urbanas en las principales ciudades del país que expresaron el rechazo a la carretera y a la represión. Tales acontecimientos han puesto en jaque al gobierno y en estos momentos se vive una aguda crisis política y social de consecuencias impredecibles.

           

Uno de los aspectos tristes de todo esto es que, como siempre, todos usan a los indios, pues esta marcha contra la carretera se ha convertido en una palestra donde trasnochados y fracasados dirigentes sin bases, junto a ONGs y Fundaciones, se valen de la coyuntura para figurar públicamente y sacar algún provecho político-partidario.

En fin, estamos frente a la bancarrota moral del gobierno del MAS y la carretera se convertirá a mediano o largo plazo en la tumba de Evo Morales. Por lo demás, la abigarrada sociedad boliviana, pese a sus recurrentes y cíclicas rebeldías, está cada vez más sujeta a una servidumbre política y económica voluntaria, de modo que no parece que nada vaya a cambiar sustancialmente las próximas décadas.