Opinión: La floreciente industria “agricola” de la siembra de delitos por parte de los cuerpos policiales y militares de Venezuela

Por Comité de Víctimas contra la Impunidad
 
EL AUTOBASTECIMIENTO AGRICOLA PROMETIDO, ALGO DE HISTORIA.

En agosto del 2008 el entonces Ministro de Agricultura y Tierras, hoy vicepresidente Elías Jaua, lanzaba una de las frases más famosas y repetidas por el actual gobierno referida al autoabastecimiento agrícola, “Las políticas y medidas que ha implementado el Gobierno Bolivariano a lo largo de este tiempo, darán sus resultados en los próximos cuatro años, donde tendremos total abastecimiento en los principales productos de la cesta básica tales como carne y leche”.(1)

Estamos a un año del cumplir el plazo previsto, y cuáles son los resultados de aquella promesa: En el periodo “socialista” (2006-2010) el promedio de las importaciones agrícolas pasó de 80,5 $/per cápita  a 188,8 US$ con un máximo de 276 en el año 2008, cuando para el gran saqueo de PUDREVAL se importaron el máximo histórico de unos 7500 millones de $ en alimentos. Según FEDEAGRO, de los 12 rubros agrícolas más importante de Venezuela siete cerraron el 2010 con un decrecimiento entre 11% y 60%, destacándose entre ellos el arroz, sorgo, caña de azúcar, papa, tomate, cebolla y ajonjolí, de los cuales solo el maíz subió en un 4,5%”.  Ante esas cifras es lícito concluir que la dependencia agrícola exterior, ha aumentado al punto que, conservadoramente, las importaciones agrícolas totales del país en el periodo 2008-2010 están cercanas a los 20.000 millones de dólares, lo que demuestra que el fulano autoabastecimiento agrícola sigue siendo una frase mediática mas para engañar a fanáticos e incautos, mientras se enriquecen los burócratas rojos rojitos y boliburguesía con las licencias y dólares de importación.

Donde realmente el gobierno ha logrado el “autoabastecimiento agrícola” es en la floreciente industria de la siembra, bien sea de drogas, delitos y armas; práctica ampliamente conocida y aplicada por los cuerpos policiales y militares, en detrimento de la población trabajadora del país. Cada día vemos cómo surgen, en todos los niveles de la jerarquía policial y militar del Estado, cualquier cantidad de compañías anónimas, microempresas, empresas de producción social y hasta cooperativas (todas bandas criminales),  integradas por estos funcionarios con alta capacidad para fabricar delincuentes enrolándolos, por las buenas o por las malas, en esta pujante industria del crimen.

La prensa diaria es prolija en noticias sobre este “desarrollo industrial” sin precedente en el país. Las informaciones reseñan la participación de oficiales de diversos rangos (encabezados por el famoso Cartel de los Soles, ligados a Walid Makled), comisarios, inspectores, sargentos, cabos, distinguidos y hasta simples agentes, como socios activos o directivos de las citadas “empresas”. Esto no es secreto para nadie, y mucho menos para los funcionarios del propio gobierno.

            La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que investigó el problema de la inseguridad desbordada, concluyó que: “bandas enquistadas en los cuerpos de seguridad del Estado, dirigidas por funcionarios de alto nivel, están detrás de la ola de secuestros que sacude el país”. Uno de los diputados, Ángel Landaeta (del PSUV-Guárico) fue más categórico y preciso, cuando acusó “…a elementos de las policías de Guárico y Anzoátegui, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Nacional de orquestar los raptos. …Los cuerpos de investigación están infiltrados por el hampa y no hacen su trabajo bien para que los secuestradores salgan libres”. Como evidencia de los beneficios que obtienen de la actividad ilícita, el diputado describió una realidad también conocida por todos los venezolanos y que tiene que ver con el nivel de vida que ostentan “hay funcionarios que tienen camionetotas, apartamentos playeros, lanchas y motos de agua» (2)

Como se sabe no es fácil para los simples mortales, obtener cifras “oficiales” actualizadas, pero veamos al menos indirectamente, cómo funciona la industria de la siembra.

Los delitos cometidos por los cuerpos policiales del país, incluida la Guardia Nacional Bolivariana,  tradicionalmente asociada a esta industria, fueron reconocidos por la Fiscalía General en su informe del 2008, donde reportó que en el país “se cometieron 33.259 (100%) CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR LESIONES, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, PRIVACIÓN DE LIBERTAD, ACOSO U HOSTIGAMIENTO, TORTURA, DESAPARICIÓN FORZADA denunciados ante las fiscalías de Venezuela  en el periodo 2000 - NOVIEMBRE 2007. En estos delitos estuvieron involucrados 18.313 funcionarios policiales y militares con saldo de 33.252 víctimas”. Del total de esos delitos contra los DD.HH, 18.106 (54,5%) correspondieron precisamente a delitos relacionadas con la “industria de la siembra”.

Como puede verse, estas cifras comprenden solo los casos conocidos por la fiscalía, pero no incluyen las llamadas cifras negras del delito, que son la “cantidad de incidencias no denunciadas ante un ente público” (3), que a juicio de los propios investigadores pueden elevar el doble de las cifras denunciadas, como se demostrará más adelante.

Pero, qué relación tienen estos delitos cometidos por los cuerpos policiales con la industria de la siembra. En casos de violaciones a derechos humanos, los funcionarios suelen ser juez y parte, actúan sin testigos, generalmente contra personas solas a quienes acechan y detienen sin orden judicial, son ellos mismos quienes colectan las evidencias  y, en última instancia, si otro cuerpo policial interviene, este actuará en complicidad con los funcionarios autores de la violación alterando las pruebas, adulterando actas e informes, para encubrir los hechos.

El modus operandi de esta industria del crimen es ampliamente conocido, tanto por las víctimas como por los fiscales. En una primera fase se encargarían de crearle un “colchón delictual” a una persona ya seleccionada con base a sus ingresos, algún antecedente penal, o una disputa previa, luego en un punto de control o una alcabala, una comisión policial, “debidamente inscrita dentro de la industria de la siembra”, o sea con “conocimiento de sus superiores”, detiene al ciudadano bajo cualquier pretexto y se dispone a extorsionarlo bajo amenaza de sembrarle drogas, armas o llevárselo preso si no accede a las peticiones financieras de los funcionarios y a la advertencia de no denunciar. Los allanamientos sin órdenes judiciales, el secuestro exprés y hasta el presunto “enfrentamiento”, son algunos de los mecanismos de siembra más utilizados.

Basta que cualquier ciudadano de este país, especialmente joven, sea detenido y fichado para que se le aperture un expediente que irá engrosándose con posteriores detenciones por cualquier motivo, y así van armándole una “cama delictual”, mejor conocida como los antecedentes penales o policiales, que salen a relucir en boca de los funcionarios policiales y poliperiodistas para justificar la siembra del delito o la muerte del “peligroso delincuente abatido cuando enfrentó a la comisión policial”.

EL VERDADERO “AUTOBASTECIMIENTO AGRICOLA”

Entre julio del 2008 y julio de 2009, la vicepresidencia de la Republica bajo el mando del mismo ex ministro de agricultura que prometió, y fracasó,  el autoabastecimiento agrícola, ordenó la realización de la ENCUESTA NACIONAL DE  VICTIMIZACION Y PERCEPCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 2009 (ENVPSC-2009). Este informe fue publicado en mayo del 2010, en él Elías Jaua da a conocer los verdaderos “resultados agrícolas” prometidos en el 2008. Verdaderamente las cifras que arroja la encuesta pueden llegar a asombrarnos ante el desmesurado auge de esta “agrícultura”, pero no de los productos de la cesta básica, sino de la industria de la siembra de delitos y de la violencia social y policial endógena en todos los estados de Venezuela.

Según la citada encuesta, comprendida sólo para el período de un año, en Venezuela se registraron 2.364.452 delitos, incluyendo las cifras negras, (Pág.67), de los cuales 1.826.718 (100%) fueron reportados oficialmente. En 1.184.499 (64%) de los casos en que se le preguntó a las víctimas “si la persona que cometió el delito era policía o Guardia Nacional”, “ésta no sabía o no respondió” (Pág.72), pero en los 642.219 (100%) casos donde las victimas identificaron al autor del delito en 219.202 o sea en el 33,13 % de los casos, estas señalaron a la policía, Guardia  Nacional u otros cuerpos policiales como los autores del hecho. Dentro de estos delitos cometidos por los cuerpos policiales 55.506 son casos de amenazas y 1.639 son casos de extorsión. Esto permite concluir que uno de cada cuatro delitos que perpetrados por funcionarios de los cuerpos policiales, están vinculados a la “industria de la siembra de delitos”.

Al fin entendemos a qué se refería el Sr Jaua, en el 2008, con el autoabastecimiento agrícola y hemos de reconocerle que el gobierno lo ha logrado con creces a través de la “siembra endógena”.

 Esta cifra es la prueba más contundente de que la principal banda delictiva del país,  es el Estado y su gobierno, siempre en estrecha asociación para delinquir, con las fiscalías, jueces y tribunales de Venezuela que en última instancia son los encargados de “legalizar” la siembra. No se debe olvidar que la mayoría de los jueces y fiscales, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, son funcionarios y funcionarias designados directamente por el poder ejecutivo y la camarilla político-militar dirigente del PSUV, con la aprobación de los diputados de la Asamblea Nacional, en su triste papel de focas.

La creciente delincuencia policial y militar, y la impunidad de sus delitos en lo cuerpos policiales y militares, es necesariamente fiel reflejo de lo que se gesta en los estratos más altos del Estado y la sociedad.

            Se trata simplemente de que cada miembro-delincuente de estas “sociedades anónimas” bien sea funcionario público o empresario privado, tiene un ámbito especial para cometer sus crímenes y delitos, es decir, dispone de un “radio de acción” propio, solamente limitado por su jerarquía o ramo de negocio.

Por ejemplo: Un policía regional o municipal, o un  inspector de tránsito pueden llegar hasta extorsionar y aplicar la célebre matraca al ciudadano común y corriente. Una comisión de funcionarios policiales o Guardias Nacionales pueden amenazar con sembrarle droga, detenerlo o secuestrarlo; no obstante difícilmente pueden acceder al Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (SITME) donde diariamente el Banco Central de Venezuela le transfiere a la banca, pública y privada, millones de dólares  a 5,30 Bs.F para estas especulen con la reventa en el mercado paralelo.

Así mismo un Guardia Nacional en cualquier aduana o frontera puede sacar sus “ingresos extras” del contrabando o del célebre “martillo” por hacerse de la vista gorda. En una cárcel  el custodia puede alquilar las armas o pasar la droga, pero no tiene acceso a créditos con la banca y gobiernos extranjeros de donde los funcionarios públicos y politicos de mayor rango obtienen sus jugosas comisiones.

De la misma manera, un agente del CICPC puede sembrarle un delito a un ciudadano y posteriormente cobrarle por exculparlo, pero dificilmente puede participar del negocio de las licencias de importación o de los cupos de CADIVI, porque no dispone ni del capital, ni de la empresa, ni de las relaciones y el crédito bancario necesario para llevarlo a cabo.

Un Guardia Nacional, un policía o un agente del CICPC puede integrarse a bandas de traficantes de drogas y obtener de ellas importantes ganancias, pero ellos estarán limitados de participar en el gran negocio con el innombrable Cartel de los Soles, integrados por generales, que en definitiva serían los encargados de administrar los 3000 $ que arroja el kilo de cocaína que sale por los puertos y aeropuertos del país. (Según afirmaran dos reconocidos narcotraficantes, Walid Makled y Farid Domínguez)

La floreciente industria de la siembra de delitos por parte de las policías contra la población trabajadora, es el ejemplo que sigue el funcionario policial, a la corrupción e impunidad reinante en las altas esfera del Estado y algunos sectores de la sociedad venezolana. Es una de las formas modernas de la redistribución interna de la “Renta Nacional”, permitida, protegida y estimulada por el propio Estado y gobierno. En cierta medida el funcionario público civil o militar en su radio de acción especifico “recauda” directamente de la población, su parte de la Renta Nacional.

Su estímulo y amparo por parte del Estado y el gobierno de turno, tiene una doble finalidad muy clara: De un lado, pone a su disposición una amplia banda de delincuentes que son “pagados” por la propia población que es su víctima. En cierta medida, estas bandas son verdaderos ejemplos de “autogestión”. Estos “ingresos extras” que perciben estos funcionarios delincuentes, a su vez contribuyen a disminuir las presiones derivadas de los reclamos policiales por el aumento salarial. Acaso se ha visto en Venezuela alguna huelga por mejoras económicas en el CICPC, Guardia Nacional, SEBIN el DIM. Por otro lado, el Estado hace cómplice de su actividad delictiva a este numeroso grupo de funcionarios que quedan a su servicio para realizar el “trabajo sucio” en el momento que el Estado así lo requiera, como ha sucedido a lo largo de la historia del país. Y si a este accionar de los cuerpos policiales, se le une la impunidad declarada en los casos de homicidios y secuestros cometidos por policías y funcionarios de otros cuerpos de “seguridad’, no queda lugar a duda de que estamos en presencia de un verdadero modelo de Estado delincuente dispuesto a arremeter contra todo, y contra todos, en su misión principal de garantizar la “paz y seguridad“del orden interno necesario para el normal progreso de los negocios del capital.

Para ello dispone de dos eficaces arsenales de sometimiento social: el material, que es el monopolio de las armas y la violencia “legítima” en manos de sus cuerpos policiales y militares; y el ideológico, masificado a través de la televisión y demás medios de comunicación, las diversas religiones diseminadas entre la población que terminan estableciendo tradiciones, costumbres, modelos educativos, que juegan un papel crucial en el control social.

En síntesis, así como los grandes empresarios y banqueros privados nacionales y extranjeros, los altos funcionarios públicos del oficialismo y de la llamada oposición, en especial los que tienen que ver con la política económica del país, libran una verdadera lucha a cuchillos por el reparto del botín petrolero y de la creciente industria del narcotráfico y el lavado de dinero,  en beneficio propio y de los diferentes sectores del capital nacional y extranjero, en la misma medida las diferentes policías, militares, jueces y tribunales han hecho de la siembra de delitos, de la “impartición de justicia” y la impunidad, una floreciente industria del delito.

Los de arriba se reparten el lomito de la Renta Nacional, como es la Renta Petrolera, a través de la corrupción, comisiones, créditos, subsidios, lavado de dinero, compra de bonos de la deuda pública, etc. Mientras que los de abajo pugnan para que esta renta en forma de salarios, ganancias o ingreso que reciben la mayoría de la población fruto de su trabajo o negocios, sea  redistribuida entre los flamantes”industriales” de la siembra de delito y del crimen organizado. A juzgar por los hechos y las propias estadísticas de la vicepresidencia, no les ha ido tan mal porque los cuerpos policiales además de apuntalarse los homicidios, secuestros y tráfico de droga, han fortalecido su banda con la presencia de jueces y fiscales, lo cual desde luego hace más pujante su industria.

Si en el CICPC y otros organismos policiales de Venezuela hay una división contra el crimen organizado, no se entienda en absoluto, que se trata de un organismo policial para luchar contra las bandas criminales organizadas que azotan la sociedad venezolana. En absoluto, estas divisiones policiales tienen como  única y exclusiva finalidad luchar contra las bandas que se escapan al control de la principal y monopólica banda organizada del país, como es el Estado, gobierno, el sistema bancario y el poder judicial de Venezuela.

En conclusión la supuesta lucha del Estado y gobiernos contra la delincuencia organizada, es la lucha de la principal banda delictiva del país en contra de la competencia “desleal e ilegal” de las innumerables bandas y gang de exterminio, que han crecido a la sombra de la más floreciente industria en la Venezuela “bolivariana: La industria del crimen y el delito en todas sus ramas de actividad, tanto arriba como debajo de la sociedad venezolana.

"CUANDO LA INJUSTICIA SE CONVIERTE EN LEY, LA RESISTENCIA SE CONVIERTE EN DEBER". BERTOLT BRECHT

¡¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!!

NOTAS

1.- http://www.aporrea.org/actualidad/n122505.html “

2.-  http://www.quepasa.com.ve/desarrollo.php?edicion=00328&idcolumna/ http://www.eluniversal.com/movil/1897200.html

3.- Pág.14, E