Para el debate: Pobreza y "justicia" penal en el Socialismo

Por Esperanza Hermida (*)

No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado a los más marginados: sus presos” Nelson Mandela

Cuando todavía están frescos los recuerdos del Retén de Catia, símbolo de la muerte y violación a los derechos humanos en las cárceles venezolanas, se levantan altivas y desafiantes las más terribles realidades en los centros penitenciarios del país, reproduciendo los dantescos escenarios de uno de los períodos recientes de la historia contemporánea nacional, denominado “puntofijismo”.

Según las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2009 ya los índices de peligrosidad de los penales venezolanos competían en atrocidad –lamentablemente- con México y Perú, países que ostentaban la dudosa reputación de contar con las cárceles más peligrosas en el subcontinente. Más de 35.000 personas suman la población penal de Venezuela actualmente, distribuida entre los 17 Internados Judiciales, 9 Centros Penitenciarios, 1 Instituto Femenino, 1 Centro Experimental, 1 Penitenciaria y 1 Cárcel Nacional: REGION CENTRO OCCIDENTAL: Cárcel Nacional Maracaibo, Centro Penitenciario Centro Occidental (DUACA), Internado Judicial Falcón (Coro), Centro Penitenciario Los Llanos (Guanare). REGION CENTRAL: Internado Judicial Valencia (Tocuyito), Internado Judicial Carabobo (Mínima), Centro Penitenciario Aragua (Tocorón), Internado Judicial Yaracuy (San Felipe), Internado Judicial San Juan de los Morros, Penitenciaría General de Venezuela, Centro Experimental de Reeducación y Reinserción de Jóvenes Adultos. REGION ORIENTAL: Internado Judicial Anzoátegui, Internado Judicial Monagas (La Pica), Centro Penitenciario Región Insular (Porlamar), Internado Judicial Carúpano, Internado Judicial Sucre, Centro Penitenciario Región Oriental (El Dorado). REGION CAPITAL: Internado Judicial Capital (Rodeo I), Internado Judicial Capital (Rodeo II), Centro de Reeducación “El Paraíso” (La Planta), Centro Penitenciario Región Capital (Yare I), Centro Penitenciario Región Capital (Yare II), Instituto Nacional de Orientación Femenina (Los Teques), Internado Judicial Los Teques. REGION ANDINA Centro Penitenciario Región Andina (Mérida), Internado Judicial Trujillo, Centro Penitenciario Occidente (Santa Ana), Internado Judicial Barinas (Sabaneta), Internado Judicial San Fernando de Apure. De esta lista, los más peligrosos son el Rodeo I y II, Tocuyito, la Cárcel Nacional de Maracaibo, la Penitenciaría General de Venezuela, Tocorón, Sabaneta, La Pica y La Planta.

Según datos de PROVEA y Observatorio Venezolano de Prisiones, en 1999 hubo 390 muertos y 1.695 heridos (2.085 personas). En el año 2000, 338 muertos y 1.255 heridos (1.593 personas). En el año siguiente, 300 muertos y 1.285 (1.585 personas). En el 2002, 244 muertos y 1.249 heridos (1.493 personas). En el año 2003, 250 muertos y 603 heridos (1.153 personas). En 2004, 402 muertos y 1.428 heridos (1.870). En 2005, 408 muertos y 727 heridos (1.135 personas). En el año 2006, 412 muertos y 982 heridos (1.371 personas). En 2007, 498 muertos y 1.023 heridos (1.521 personas). En 2008, 422 muertos y 851 heridos (1.276 personas) y 2009, 366 muertos y 635 heridos (1.001 personas). Lo que totaliza hasta el año 2009 las espeluznantes cifras de 4.030 muertos, 2.030 heridos y 16.069 personas afectadas. Dicho de otra forma, el 50% de la población penal del país hace 2 años, resultó muerta o herida.

En Junio 2011, estos números son mínimos ante la barbarie de “El Rodeo”. Sin embargo, al análisis de las causas de la violencia presente en este penal, deben agregarse otras cifras. En diciembre de 1996, este penal tenía una población de 1.173 internos, de los cuales el 98% estaba procesado y sólo un 2% eran penados. Cinco años después, esta cifra se mantiene pues el 92% de los presos no está sentenciado. La Directora de Prisiones señalaba en 1996 que “... se tiene que ordenar el traslado de 170 hombres a diario a diferentes tribunales. En el internado hay dos autobuses, cada uno tiene 32 puestos y sólo pueden ir 22 reclusos por salida, ya que hay que guardar asientos para los vigilantes de Prisiones y los efectivos de la GN”. Esto indica que ya hace 15 años, sólo había capacidad para atender a un 25% de las solicitudes de los tribunales.

Pero una vez que entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal y aumentó el número de tribunales penales, la cantidad de unidades de transporte para trasladar a los internos, no se incrementó. Los nuevos juzgados de control, juicio y superiores penales, que empezaron a funcionar mayoritariamente en Caracas, se establecieron en los mismos edificios donde estaban los antiguos tribunales, con las mismas limitaciones de espacio para albergar a los detenidos mientras esperan ser atendidos por los jueces. No se aumentó proporcionalmente a las nuevas necesidades del sistema penal, el número de alguaciles, ni de asistentes de tribunal. Al contrario, fue sacado de la administración de justicia, a través de improvisados decretos de “emergencia judicial”, el personal adiestrado para implantar el COPP. Dada la evidente escasez de recursos humanos, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura mantiene en condiciones laborales tercerizadas, sin disfrute de convención colectiva, ni aumentos salariales a un importante porcentaje de trabajadores judiciales que no cuentan con insumos para responder ante la demanda de celeridad procesal: no hay papel, ni tinta, ni electricidad, ni aire acondicionado, ni pago de horas extras.

El ingreso de procesados a “El Rodeo” ha aumentado en la misma proporción que la criminalidad. Los retenes policiales no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar personas con medidas privativas de libertad. El crecimiento indetenible de la población de Caracas y zonas aledañas, los nulos efectos sociales de los supuestos programas de masificación educativa, el aumento del desempleo y del empleo precario, y en síntesis, los estragos del empobrecimiento generalizado del pueblo, inciden de forma determinante en el incremento de una población penal cada vez más hacinada, envilecida, viciada y por tanto, capaz de las peores atrocidades. Asesinatos crueles y numerosos, cementerios internos, esclavitud, tortura física y psicológica, capos dotados del mejor arsenal, controlando el mercado interno y externo de drogas, licor, cigarrillos, armas, sexo, comida, joyas, atención médica, teléfonos celulares y uso del baño, son algunas de las características resaltantes de la vida en “El Rodeo”…

A ello se suma la complicidad, cobardía y corrupción de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto en la Guardia Nacional como en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, responsables en primer término de la situación interna en los centros de reclusión penitenciaria. El reciente secuestro del personal de “El Rodeo” y la incapacidad absoluta de la Guardia Nacional para rescatarlo, evidenció la dimensión de la crisis por la que atraviesa la “autoridad” gubernamental. Pero además, las declaraciones irresponsables y desesperadas del actual Ministro de Interior y Justicia, la Defensora del Pueblo, la Fiscal General de la República y la Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, demuestran que hizo aguas, nuevamente, todo el andamiaje de la administración del justicia en Venezuela.

Resulta inadmisible, desde una perspectiva razonable y lógica, que como respuesta a la masacre cometida por los presos contra los presos y ante el rechazo social que generó la intervención del penal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, atentando también contra los presos, hoy mismo puedan estarse estudiando y hasta decretando por vía de emergencia, más de 3.000 medidas especiales, entre sobreseimientos, libertades condicionales y regímenes de presentación, que estarían destinadas a solucionar el hacinamiento y brindar celeridad procesal a la población recluida en “El Rodeo”.

¿Qué estudio precede a cada una de estas medidas? ¿Cómo sabemos si la administración de justicia está dejando en libertad a un asesino que incrementó su potencial criminal o a una persona capacitada para reinsertarse en la sociedad? Seguramente, esta salida que encontraron los capos del sistema penal venezolano, tan o más delincuentes que los procesados de “El Rodeo” (dadas las dimensiones de su responsabilidad institucional en esta crisis), contribuirá con el aumento de la inseguridad ciudadana, pero también será uno más de los pañitos calientes con los que suele atender el Gobierno los estallidos sociales que tienden a generalizarse en un país lleno de caos.

Denunciamos responsablemente que la verdadera vocación de todas las autoridades penales venezolanas, es proseguir la masacre. Quizá se atenúe su cantidad o sea menos perceptible y más silenciosa. Pero una vez que cese la atención pública sobre “El Rodeo” e independientemente del mecanismo que usen los cuerpos de seguridad del Estado, tanquetas, requisa, traslado de penal en penal, desaparición o fusilamiento, este recinto penitenciario y las demás cárceles, seguirán llenándose de hijos e hijas del pueblo pobre, marginados, excluidos, envilecidos por la droga y el alcohol, sedientos de venganza y convertidos en parias. Ese es el resultado del capitalismo salvaje que se sostiene en Venezuela. Las cárceles son una vitrina al mundo de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida en nuestro país.

(*) Ex Presidenta Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores Administración de Justicia (SUONTRAJ 1998-2006)

Miembro de C-CURA