Cuba: Ecos desde un (VI) Congreso

Por Armando Chaguaceda

\"¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos,y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado\"

“El gatopardo\", Giuseppe T. di Lampedusa, 1957

Está aún fresco el informe de Raúl Castro y disponible la variopinta cobertura que medios isleños (Cubadebate, Granma, Juventud Rebelde) e internacionales (IPS, CNN, AFP) han dado al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). Por su importancia quiero abordar en las próximas líneas varios asuntos ventilados en el cónclave y su relación con problemáticas de la actualidad política cubana, de impacto en toda la región.

Un amigo me preguntaba como evaluaría este Congreso, si tuviéramos una escala donde el 0 significaría el inmovilismo absoluto y el 10 una reforma radical/estructural del orden vigente. Yo le daría un 4 o 5, lo cual destaca un desempeño moderado, con tendencia a la baja. Le asigno ese valor a partir de un conjunto de medidas positivas que en lo material y simbólico significarán cambios en el modelo actual de socialismo de estado: desestatización y expansión de la iniciativa privada, institucionalización y limites a los mandatos. Sin embargo, las limitaciones, ambigüedades y ausencias del cónclave obligan a moderar cualquier falso entusiasmo, y los testimonios prevalecientes en la comunicación sostenida estos días con siete amigos (de ellos seis residentes en la isla y un emigrado) tienen un matiz común: escepticismo.

El clamor popular

Como antesala de este Congreso hubo un crecimiento del debate, no sólo en los espacios institucionales (partidistas, sindicales, barriales) autorizados para discutir los “Lineamientos”… sino en los foros y publicaciones intelectuales y en toda la sociedad. Las demandas de la población han sido claras, extendidas y persistentes, al punto que permiten delinear una suerte de Programa Mínimo de salida a la crisis: mejora de la situación económica (con recuperación del salario, autorización del trabajo privado, atención a la vivienda y el transporte) y expansión de los derechos ciudadanos (de viaje, información, expresión, etc.). Dicho clamor lo avalan las declaraciones de artistas como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, las encuestas de instituciones cubanas, los estudios de expertos extranjeros, las opiniones de cualquier vecino.

Ante tamaña demanda (y esperanza) en temas cruciales de impacto e interés popular el VI Congreso no ha mostrado la discusión requerida, en extensión y calidad. Se ha denostado una vez más el igualitarismo, término que confunde errores reconocibles (como el ejemplo de los cigarros otrora entregados por la libreta de racionamiento a toda la población) con los mecanismos compensatorios que en algo ayudaron a compensar los magros salarios de los trabajadores. Resulta inconcebible (e indignante) que los delegados pareciesen más funcionarios complacientes que ciudadanos comunes al debatir el asunto de la libreta, al expresar el cronista que “Los delegados consideraron como magistral la explicación ofrecida al respecto \"la víspera por el compañero Raúl y no se extendieron en el análisis de ese aspecto” . ¿Irresponsabilidad de los presentes y/o torpeza de la prensa, al mostrar una visión tan aduladora y simplista de los mismos? ¿Acaso mezcla de ambos problemas?

Es muy positivo que se apruebe la compra y venta de viviendas y automóviles, así como la expansión de la entrega de tierras a aquellos que deseen trabajarlas. Las limitaciones existentes a la propiedad personal y privada en Cuba (en su posesión legal y disfrute real) favorecen la indefensión ciudadana ante funcionarios corruptos, la expansión de diversas formas de delito y la generalización de lo ilícito como mecanismo de regulación social. Ahora las personas sentirán que es posible obtener bienes e ingresos con esfuerzo propio, sin depender de asignaciones o vetos institucionales. Sin embargo, habrá que regular sin demora sobre el particular, para evitar la concentración de propiedad en pocas manos y el desamparo de sectores y personas vulnerables: discapacitados, ancianos, niños.

Algo que muchos esperaban era un cambio de la discrecional política migratoria vigente, decisión que pertenece por entero a las autoridades cubanas ya que el mantenimiento de la misma obedece más a su uso como mecanismo estatal de captación de divisas y control (premio/castigo) de emigrados y nacionales que a la necesidad de defenderse del terrorismo derechista. Téngase en cuenta que los actos más recientes de ese tipo (1997) los han cometido visitantes foráneos y no por ello se elimina el ingreso de turistas. Como han demostrado regímenes aliados -como China- es posible una normalización de la política migratoria, que elimine los pagos y permisos absurdos, aportando a la solución del grave problema

sociodemográfico y económico nacional, al eliminar la emigración definitiva como opción de muchos nacionales y permitir el aporte de cubanos en el exterior al desarrollo nacional.

Sería un cambio donde ganarían todos: los ciudadanos obtendrían más derechos y el gobierno podría concentrarse en las tareas de desarrollo y reordenamiento interior, ganando legitimidad ante el pueblo y el mundo. Sin embargo, aparentemente eso no preocupó a los participantes del Congreso, cuyas familias parecen no sufrir los avatares de tan absurda política.

Llama la atención la salida del Buró Político del ministro de Cultura, Abel Prieto, uno de los pocos dirigentes dialógicos del estado, cuyo trabajo le ha valido legitimidad entre amigos y detractores del proceso.

Si unimos este “dato” a señales ambiguas de los últimos tiempos (expansión de temas y debates sociales en circuitos académicos y de prensa nacional, junto a acciones punitivas contra el activismo cultural autónomo) deberíamos encender un foco rojo. Como la protesta masiva de intelectuales socialistas cubanos del 2007 (atendida personalmente por Abel Prieto) no modificó el orden de sujeción de la política cultural a la política política y en tanto conocemos experiencias anteriores de “retrancas” al debate (1971, 1996) valdría la pena mantener una alerta sobre los peligros que tecnócratas y militares quieran interpretar el llamado de Raúl a un debate “en forma, lugar y modo” a la administración aldeana del debate y activismo popular. Entendiendo este como un proceso donde la llave de paso de las opiniones se cierra y abre a gusto del funcionario de turno, propiciándola o tolerándola en momentos críticos (como los previos al Congreso) y suprimiéndola en otros, en nombre del “orden y la eficiencia”.

Las reformas al ruedo

En su intervención inaugural Raúl ponderó el incremento del sector no estatal de la economía, ya que este “(…) permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo el pueblo y desprenderse de la

administración de actividades no estratégicas para el país”. Fin de la Cita. Ello nos pone en una situación de doble crítica potencial, tanto al viejo modelo socialista de estado como a las fórmulas neoliberales, pero dada la memorable precariedad teórica y el pragmatismo de los burócratas isleños habrá que ver como el aparato implementa las reformas, transfiriendo cuotas de poder que hasta ahora controla de forma cuasi monopólica. Bastará ver si la concepción de lo no estatal se traduce en persistir en la actual proliferación de los timbiriches -típica de una economía de supervivencia- o si se asume conceptualmente la necesidad de fortalecer un sector socialista no estatal (cooperativas, empresas autogestionadas, emprendimientos comunitarios, asociaciones varias, pequeña propiedad privada) facilitando créditos, insumos y asesoría en los ritmos y niveles adecuados.

En Cuba el discurso oficial, en voz de Raúl, habló de “(…) avanzar con solidez y sin retrocesos en la paulatina descentralización de facultades, desde el Gobierno Central hacia las administraciones locales y desde los ministerios y otras entidades nacionales en favor de la autonomía creciente de la empresa estatal socialista.” Ello sucede tras reconocer que “La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera “arriba” y en consecuencia, dejaban

de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían.” Fin de la Cita.

¿No significa nada esta prolija sentencia para los grupos dirigentes que en la propia Cuba (o más recientemente en “países amigos” como Nicaragua y Venezuela) han atacado la tendencia descentralizadora iniciada en todos los contextos hace dos décadas, en lugar de corregir sus errores manteniendo una correspondencia y competencias específicas entre los niveles nacional, regional y local de gobierno? ¿Será compatible esta descentralización con un modelo de participación como el que persiste en Cuba -y que hoy promueven otros liderazgos nacionales- básicamente redistribuidor, movilizativo y consultivo, donde la autonomía de las organizaciones sociales es sustituida por la subordinación centralizada y vertical al aparato estatal y en especial a los presidentes? Mi respuesta es negativa.

Sin esa participación autónoma las reformas institucionales y administrativas, por bien intencionadas y pensadas que sean, se quedan en un conjunto de medidas tecnocráticas ligadas a una noción de eficiencia también tecnocrática. Se trataría de aceitar (y amplificar/sistematizar) los mecanismos de democracia consultiva y deliberación intermitente que han caracterizado la gestión del actual presidente, para permitir una mayor retroalimentación del estado con los criterios de la población, lo cual queda demostrado en positivo con la rectificación de numerosos artículos de los Lineamientos y el frenazo dado al desempleo masivo (anunciado para inicios de este 2011) y la ampliación de apoyos (créditos, insumos) al sector privado. Pero se trata de una comunicación de un lado, donde el receptor (estado) se arroga todo el derecho de interpretar las demandas en las velocidades y profundidad que estime conveniente, sin tener el emisor (ciudadanía) capacidad para controlar el proceso ni validar sus resultados en términos de medidas concretas de política pública.

Enroques del liderazgo

Pero sin duda la “perla” del discurso resulta la sentencia de que “Resulta recomendable limitar, a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales.” Fin de la Cita. Aunque sin señalar que las situaciones que llevan a esa reflexión obedecen a los errores de un modelo donde la personalización a todo nivel y la concentración de roles en las máximas autoridades estatales y partidistas han generado fenómenos nefastos (ensoberbecimiento, falta de control popular/institucional, repetición de los mismos errores, corrupción, etc.) la sentencia es lo suficientemente clara como para prever un cambio en la concepción del liderazgo político cubano en los próximos años. Sin embargo, no es la primera vez que se acometen reformas en Cuba (así fue en 1976 y 1993) que luego se revierten ante la sensación de estabilidad económica, postergando (y encareciendo) los cambios estructurales. Cabe esperar que en esta tercera ocasión la reforma no sea abortada si, por ejemplo, aparece el añorado (y explotable) maná de petróleo del Golfo de México.

En torno a la temporalidad de los cambios vale la pena mirar atrás…y a los patios vecinos. ¿Hay que seguir aceptando gobiernos donde los caprichos personales se convierten en política de estado y se bloquean sistemáticamente la emergencia de nuevos liderazgos y la participación popular? ¿Acaso si en Cuba se hubiera rectificado real y tempranamente la concentración de poder en una fecha como 1970 (momento de crisis y autocrítica generadas por la dirección de la Revolución, encabezadas entonces por Fidel Castro) hoy la historia no podría ser otra y mejor? ¿Tomarán nota de esto los “socialistas del siglo XXI”?

Porque, aunque tardía y sin reconocer explícitamente daños y responsables, la propuesta del presidente cubano debería dar que pensar a quienes pretenden hoy depositar “vino nuevo en odres viejos”, apostando por reelecciones indefinidas y concentraciones de poder, en varios de los llamados “gobiernos progresistas”. Por demás, aunque pueda entenderse como una respuesta a la demanda estabilidad para acometer los cambios, ¿la concentración de poderes estatal/partidista –ahora en la figura de Raúl Castro- no señala otro rasgo del viejo modelo que sería necesario modificar, para este y futuros mandatos?

La sustitución de Fidel en todos sus cargos resulta un acto formal, importante sin duda, pero que obedece al sentido común y avala una situación de facto. La composición del “nuevo” Buró Político refleja más continuidad que cambio, con predominio casi absoluto de militares y viejos

dirigentes del partido en sus curules. De quince miembros, sólo fueron incluidos tres nuevos integrantes, y el promedio de edad ronda los 67 años, con la ausencia de intelectuales y la solitaria adscripción de una mujer funcionaria.

Destaca el retorno del antiguo Secretario Ideológico y ex ministro de Salud Publica, Ramón Balaguer, representante de la ortodoxia partidista y cuya remoción hace unos meses parecía significar un silencioso reconocimiento de la dirigencia cubana de la incapacidad/responsabilidad del funcionario ante el desastre ocurrido en el hospital psiquiátrico de la Habana, que conllevó la muerte de hipotermia de ancianos internados, por el cual fue procesado personal médico y directivo de la instalación.

Esto ratifica que en Cuba hay un núcleo de “insumergibles”, cuyo estatus no está relacionado con el desempeño sino con su pertenencia a la vieja guardia, y señala los limites y contradicciones de la intención del presidente de “reforzar la institucionalidad”.

Todos los debates y acuerdos se zanjaron, según nos dice la prensa (y grafican las fotos) con voto unánime de los delegados. En este sentido parecería que el IV Congreso (1991) mostró más protagonismo de sus participantes que el recién concluido, ya que en aquel tuvimos incluso un delegado que se atrevió a proponer – a contrapelo de la opinión de Fidel- la restauración del mercado libre campesino, mientras otros proponían cambios como la aceptación de los religiosos en el PCC y la conversión de este como “partido de la nación”. Ante semejante desempeño del conclave actual, con la persistencia del falso unanimismo tantas veces denunciado por el propio Raúl, quedan claros los límites estructurales y culturales

del modelo actual para promover la participación y deliberación serias de la gente, incluso en los foros y personas que le son afectas. En este rubro la señal parece clara: más de lo mismo.

¿Conclusiones?

El VI Congreso quedó corto en cosas que muchos reclamamos (participación autónoma y no solo convocada estatalmente, derechos de viaje e información, reconocimiento claro irreversible de la economía social como elemento importante del nuevo modelo) aunque aludió problemas centrales (déficits de ingresos, burocratismos, doble moral) sin repetir promesas populistas de acueductos terminados y abundantes vasos de leche. Continuó la retórica (auto) complaciente del apoyo masivo de la población a cada decisión gubernamental y la identificación maniquea entre estado, nación y pueblo, estigmatizando con el sambenito de contrarrevolucionario a un segmento de la población al que se le niega (y penaliza) el acceso a foros y plazas públicos. Pero insistió de forma positiva –aunque insuficiente- en el reconocimiento de la diversidad social, en ampliar la participación y debate en canales oficiales y profesar el respeto al disenso para con los segmentos adherentes y pasivos de la ciudadanía.

Cuando tantos camaradas en toda Latinoamérica- víctimas de propagandas y dogmas- conciben y defienden una Cuba ideal (e irreal) donde sobran los médicos y se exportan, la vivienda es un problema resuelto y funciona una perfecta democracia participativa, valdría la pena que leyeran, con calma y entre líneas, los discursos de Raúl y analizaran, en su real dramatismo, los ecos y contexto de este congreso. Se trata de un momento histórico donde los pataleos y acomodos de un viejo orden (y sus gestores) coinciden con los destellos (en las iniciativas y demandas de la gente) de algo nuevo que aún no alcanza nacer.

Por lo que señala y por lo que sugiere, habrá que esperar secuelas concretas de este conclave, de sus frenos y avances, de lo cual se podrán sacar lecciones. De las medidas que se implementen en semanas sucesivas quedará en claro si este Congreso fue un aquelarre que selló una bancarrota o sirvió como plataforma para relanzar los objetivos y promesas de justicia social, desarrollo e independencia de la Revolución de 1959.

Espero que los debates de nuestra precaria esfera pública, por calidad intelectual y por civismo, tomen nota de estos escenarios y den cuenta de las esperanzas (¿frustradas?) y energías populares para enfrentar el futuro. A fin de cuenta, aquí como allá, el problema ha sido la superación del capitalismo subdesarrollado y dependiente con un sistema social superior, que preserve la soberanía nacional sin sacrificar la popular.

Y sobre todo el abandono, sin abrazar las recetas neoliberales, de un modelo de gestión político social donde las personas (y sus derechos) son subordinadas por las estructuras, los medios más perversos devoran a los fines más nobles y la democracia popular termina siendo una consigna y práctica vacías, que hipotecan el ideal del socialismo. Eso -y no una retórica vacía e irresponsable- es lo que se juega en Cuba hoy, más allá de cualquier Congreso.