El próximo domingo 20 de marzo se cumplirán 18 años de uno de los accidentes laborales de peores consecuencias en el país. En el Hospital José Antonio Vargas, mejor conocida como La Ovallera, en Palo Negro, estado Aragua y adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 300 personas resultaron intoxicadas.
La falta de previsión al usar una serie de químicos para limpiar los ductos del aire acondicionado, produjo una mezcla con otras sustancias que se propagaron por las áreas de quirófanos, emergencia y hospitalización. El hospital tuvo que ser desalojado y duró varios meses cerrado. Sin embargo, muchas de las personas que sufrieron intoxicación quedaron enfermas de por vida hasta el punto que años después el IVSS tuvo que determinar su incapacidad.
Aunque las víctimas tuvieron una asistencia oportuna la misma no fue adecuada. La atención de salud se limitó a primeros auxilios básicos, pero no se indagó a fondo en las consecuencias producidas. Años después fue cuando se les sometió a exámenes médicos toxicológicos de alto nivel.
Han pasado 18 años del accidente, las víctimas continúan esperando por pensiones justas y por atención de salud adecuada. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) no hace entrega de los certificados de incapacidad necesarios para recibir las pensiones e indemnizaciones correspondientes. El IVSS no garantiza un equipo médico estable que brinde atención integral a las personas afectadas.
Un grupo de víctimas con la asesoría de Provea acudió en 2004 ante el Tribunal Supremo de justicia para demandar al IVSS por no garantizarles atención médica adecuada. Cinco años después la Sala Político Administrativa dictó sentencia favorable obligando al Seguro a indemnizarlas y garantizar asistencia y atención de salud. Pero el Instituto, en vez de cumplir con su obligación de garantizar seguridad social se negó a cumplir la sentencia y solicitó a la Sala Constitucional que revisara la sentencia alegando asuntos formales del proceso.
La Sala Constitucional obviando el mandato que la obliga a no sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, anuló la decisión dictaminando que el juicio prácticamente se reiniciara.
Para la Sala fue más importante defender al ente del Estado y obviar la actitud negligente del IVSS durante todo el juicio. Una vez más se puso de manifiesto la reiterada actitud de favorecer a los entes del Estado sacrificando los derechos de las personas.
A casi dos décadas de los hechos, las personas afectadas no han podido obtener justicia ni por los procedimientos administrativos, ni por la vía judicial.
Los años pasan, la salud se deteriora, y algunos desafortunadamente han fallecido, pero la esperanza y ganas de seguir luchando se mantiene. Este lunes 21 tomarán las calles de Maracay para reclamar respuesta de las autoridades. Convocamos a las organizaciones sociales del estado Aragua a acompañar a estos hombres y mujeres a exigir una vez más ¡Justicia!
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