Polarización social y lucha por los derechos humanos

En diferentes ocasiones algunos voceros, cercanos al Gobierno nacional, han intentado descalificar los cuestionamientos realizados desde las organizaciones de derechos humanos al describirlos como “polarizados”. Si bien es cierto que desde el año 2000, aproximadamente, el país se ha inmerso en una aguda confrontación que ha decantado, entre otros aspectos, en una intensa polarización social, por otra parte es falso que cualquier crítica a la gestión de los poderes públicos, per se, provenga de una postura maniquea.

¿Qué proceso denota el concepto “polarización social? Manuel Mireles, licenciado en Ciencias Pedagógicas, la define como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los bandos que participan en un conflicto. Dicha ubicación es excluyente: cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras. Mireya Lozada, psicóloga social, por su parte ha realizado los desarrollos más completos sobre el fenómeno en nuestro país. Según sus textos la polarización social puede ser entendida psicológicamente como un estrechamiento del campo perceptivo a través de una percepción estereotipada “nosotros-ellos”; la presencia de una fuerte carga emocional, en la cual hay procesos de aceptación y rechazo sin matices; un intenso involucramiento personal, en el que cualquier hecho afecta a la persona; un quiebre del sentido común, en donde las posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de las posiciones encontradas; la polarización territorial de los espacios sociales, en el cual las propias familias, escuelas y otros lugares de encuentro son obligados a colocarse en alguno de los polos; un aumento de la solidaridad y la cohesión como producto de la confrontación y la exclusión de los otros y otras, así como, por último, una percepción mutua desfavorable junto a interacciones hostiles o inexistentes. Como bien lo establece la profesional graduada en la UCV, la polarización ha venido transformando el imaginario de los venezolanos y venezolanas, así como “naturalizando” la violencia. Para Lozada el aprendizaje del fenómeno fue particularmente duro. Su acercamiento al concepto fue realizado en el año 1986 en el taller “Polarización social en El Salvador”, realizado en Caracas en el marco del Congreso Interamericano de Psicología. Su profesor en aquel seminario fue el jesuita Ignacio Martín-Baró, quien sería asesinado tres años después, junto a otros cinco religiosos, por un escuadrón de la muerte en la Universidad donde trabajaba en el país centroamericano.

La misión de las organizaciones de derechos humanos es velar por su satisfacción para todas las personas y el fortalecimiento del llamado estado de derecho en el país. En 1999 muchas de estas asociaciones lograron transmitir sus recomendaciones al equipo constituyente que redactó una nueva Carta Magna, saludando su resultado debido a las amplias garantías en materia de derechos sociales, en un momento en que parte del país mostraba sus reticencias frente al nuevo pacto social. Provea saludó, en su momento, la aparición de la Misión Barrio Adentro debido a su inmediato impacto en la atención primaria en los sectores populares. Similar situación ocurrió con el resto de las políticas sociales, transmitiendo su preocupación acerca de la poca sostenibilidad de las mismas a largo plazo -debido a su dependencia de los altos ingresos petroleros- y su difusa coordinación estructural con la institucionalidad existente. En el caso del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, investigación realizada por Provea desde el año 1988, se han reconocido en los últimos diez años los avances en las políticas públicas en la materia. Sin embargo, también se han alertado sobre sus retrocesos y estancamientos. Además, los excesos e ineficiencias de los poderes públicos se han señalado independientemente si son cometidos por poderes locales, regionales o nacionales controlados por factores políticos ligados o no al proyecto bolivariano. Una evaluación honesta del trabajo de Provea puede determinar que no se ha ubicado incondicionalmente en ninguno de los bandos en conflicto, desarrollando una perspectiva propia, desde la defensa y promoción de los derechos humanos, que, en cambio, siempre se ha puesto del lado de los y las afectadas y sus familiares.

Pero además de las ONG’s en derechos humanos, existen en el país diferentes iniciativas y actores que en la última década han sido críticos, por igual, tanto de los sectores estatales como los de la denominada oposición. Estas voces, como sabemos, han sido invisibilizadas por ese maniqueísmo mediático que sólo amplifica las opiniones extremas. Analistas como Domingo Alberto Rangel o Pablo Hernández Parra, por citar dos ejemplos, difícilmente avalan que existen en el país únicamente dos posibles identidades dentro del panorama político.

La acusación de “polarización” se ha convertido en un recurso fácil, y de corto vuelo, que ha intentado deslegitimar opiniones disidentes acerca de la gestión del Ejecutivo nacional. Necesariamente, la lucha por los derechos humanos necesita no la fidelidad ciega con una ideología o una tolda partidista, sino la incondicionalidad con sectores vulnerables cuyos derechos están siendo arrebatados por los poderes fácticos. Para un activista la única polarización verdadera no es la representada por el binomio chavismo-antichavismo, sino entre oprimidos y opresores.

Rafael Uzcátegui