Erick Camargo
En 2020 advertimos de una serie de eventos que apuntaban a una privatización de los Parques Nacionales, parques urbanos y espacios públicos, ante la anomia de un Estado incapaz y desinteresado de cumplir sus obligaciones legales y constitucionales. Para este primer trimestre de 2021 los hechos evidencian ya un comportamiento sistemático, que apunta a que dicha privatización es una política de Estado, compartida por todos los sectores, aunque no bien se haya formalizado o legalizado, aún.
La semana del 12 de marzo se presentó la noticia de la intervención de la administración del Parque Nacional Morrocoy, pues estos cobraban “vacunas” dolarizadas a trabajadores y vendedores ambulantes en el parque nacional; así como el alquiler de espacios a discreción y otorgamiento de permisos para expendios de los propios funcionarios. Las denuncias fueron tantas, tan insistentes y constantes, desde hace dos años, que las autoridades de INPARQUES fueron removidas y se intervino la administración; realizándose una auditoria. Trabajadores del Instituto denuncian que estos funcionarios del estado Falcón y del Parque Morrocoy son personas de confianza del presidente de INPARQUES, tomando las medidas porque ya es insostenible la situación y el gran número de denuncias, por parte de trabajadores, usuarios, comerciantes y habitantes de los pueblos cercanos.
Sin embargo, éste no es un caso aislado; pudimos ver el año pasado como las autoridades de INPARQUES en Yaracuy, encargadas de la protección de los espacios naturales, vendían madera del mismo de forma ilegal, hasta ser apresados. No podemos olvidar el caso del concierto en Parque Miranda (Parque del Este) que con gran publicidad y difusión en redes sociales, luego de la tragedia de la muerte de la niña, las autoridades del parque negaron el haber dado permiso y se libraron de toda responsabilidad, alegando desconocer la existencia del concierto. Pero también podemos observar como el Parque Nacional Waraira Repano (Ávila) es víctima también de eventos de usufructo privado, como las carreras de Enduro y bicicross, ilegales por cierto, en sus espacios, con permiso de las autoridades del parque, contraviniendo la normativa establecida.
Es una política, de abandono del espacio, de incapacidad para mantener protegidas las áreas y de buscar una rentabilidad financiera de esos espacios, en detrimento de sus condiciones ambientales y ecológicas, con el fin de obtener usufructo de las mismas. Es una política sistemática que se puede vincular incluso con la extracción minera en el Parque Nacional Canaima, o en el Monumento Natural los Morros de Macaira; todos los espacios protegidos, en manos de INPARQUES, tienen alguna nota o denuncia por explotación económica, ilegal o revestida de vericuetos legales, que apuntan al aprovechamiento privado de los mismos.
Igual informan los trabajadores de SUNEPINPARQUES, que se tuvo que intervenir la administración regional de Sucre, por iguales casos de corrupción. La vocera del sindicato, Marlene Sifontes, comentó que han puesto la denuncia en fiscalía contra el presidente de INPARQUES, pues consideran que él es el principal responsable de la situación, pues fue este funcionario quien ha nombrado a los administradores y el personal involucrado en casos de corrupción.
Alegan que las intervenciones son con el fin de desviar la mirada a las continuas violaciones al Parque Nacional Waraira Repano, no sólo por las actividades de ciclismo, sino las construcciones ilegales, el avance de la carretera, la activación del Hotel Humboldt, entre otras actividades que evidencian la conexión de este Parque con un plan de desarrollo turístico por parte del Estado, en manos privadas, utilizando los Parques Nacionales.
Por otro lado, podemos ver el caso del municipio Chacao que ha cedido la administración del Parque Boyacá a un empresario privado, ante su propia incapacidad de mantener el parque en buen estado. Situación que puede evidenciarse en otros municipios, como en Sucre (Petare) en dónde varios parques han pasado a manos de empresarios privados que los han convertido en desarrollos urbanísticos, a pesar de la queja de vecinos y la denuncia de no respetar las ordenanzas de zonificación y uso del suelo.
[Tomado de https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/03/25/parques-nacionales-en-venezuela-tambien-estan-siendo-privatizados.]
En 2020 advertimos de una serie de eventos que apuntaban a una privatización de los Parques Nacionales, parques urbanos y espacios públicos, ante la anomia de un Estado incapaz y desinteresado de cumplir sus obligaciones legales y constitucionales. Para este primer trimestre de 2021 los hechos evidencian ya un comportamiento sistemático, que apunta a que dicha privatización es una política de Estado, compartida por todos los sectores, aunque no bien se haya formalizado o legalizado, aún.
La semana del 12 de marzo se presentó la noticia de la intervención de la administración del Parque Nacional Morrocoy, pues estos cobraban “vacunas” dolarizadas a trabajadores y vendedores ambulantes en el parque nacional; así como el alquiler de espacios a discreción y otorgamiento de permisos para expendios de los propios funcionarios. Las denuncias fueron tantas, tan insistentes y constantes, desde hace dos años, que las autoridades de INPARQUES fueron removidas y se intervino la administración; realizándose una auditoria. Trabajadores del Instituto denuncian que estos funcionarios del estado Falcón y del Parque Morrocoy son personas de confianza del presidente de INPARQUES, tomando las medidas porque ya es insostenible la situación y el gran número de denuncias, por parte de trabajadores, usuarios, comerciantes y habitantes de los pueblos cercanos.
Sin embargo, éste no es un caso aislado; pudimos ver el año pasado como las autoridades de INPARQUES en Yaracuy, encargadas de la protección de los espacios naturales, vendían madera del mismo de forma ilegal, hasta ser apresados. No podemos olvidar el caso del concierto en Parque Miranda (Parque del Este) que con gran publicidad y difusión en redes sociales, luego de la tragedia de la muerte de la niña, las autoridades del parque negaron el haber dado permiso y se libraron de toda responsabilidad, alegando desconocer la existencia del concierto. Pero también podemos observar como el Parque Nacional Waraira Repano (Ávila) es víctima también de eventos de usufructo privado, como las carreras de Enduro y bicicross, ilegales por cierto, en sus espacios, con permiso de las autoridades del parque, contraviniendo la normativa establecida.
Es una política, de abandono del espacio, de incapacidad para mantener protegidas las áreas y de buscar una rentabilidad financiera de esos espacios, en detrimento de sus condiciones ambientales y ecológicas, con el fin de obtener usufructo de las mismas. Es una política sistemática que se puede vincular incluso con la extracción minera en el Parque Nacional Canaima, o en el Monumento Natural los Morros de Macaira; todos los espacios protegidos, en manos de INPARQUES, tienen alguna nota o denuncia por explotación económica, ilegal o revestida de vericuetos legales, que apuntan al aprovechamiento privado de los mismos.
Igual informan los trabajadores de SUNEPINPARQUES, que se tuvo que intervenir la administración regional de Sucre, por iguales casos de corrupción. La vocera del sindicato, Marlene Sifontes, comentó que han puesto la denuncia en fiscalía contra el presidente de INPARQUES, pues consideran que él es el principal responsable de la situación, pues fue este funcionario quien ha nombrado a los administradores y el personal involucrado en casos de corrupción.
Alegan que las intervenciones son con el fin de desviar la mirada a las continuas violaciones al Parque Nacional Waraira Repano, no sólo por las actividades de ciclismo, sino las construcciones ilegales, el avance de la carretera, la activación del Hotel Humboldt, entre otras actividades que evidencian la conexión de este Parque con un plan de desarrollo turístico por parte del Estado, en manos privadas, utilizando los Parques Nacionales.
Por otro lado, podemos ver el caso del municipio Chacao que ha cedido la administración del Parque Boyacá a un empresario privado, ante su propia incapacidad de mantener el parque en buen estado. Situación que puede evidenciarse en otros municipios, como en Sucre (Petare) en dónde varios parques han pasado a manos de empresarios privados que los han convertido en desarrollos urbanísticos, a pesar de la queja de vecinos y la denuncia de no respetar las ordenanzas de zonificación y uso del suelo.
[Tomado de https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/03/25/parques-nacionales-en-venezuela-tambien-estan-siendo-privatizados.]
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.