Edo. Bolívar: Promesas de la Misión Vivienda quedaron en esqueletos de metal vacíos

 

Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)
 
En el sector Villa Betania, en la parroquia Unare, la Asociación Civil Residencias Kariña resguarda un terreno desde 2008. Es lo que indican los paredones de esta área totalmente desolada y en la que no es posible visualizar un pronto reinicio del proyecto.

Más adelante, frente a la avenida Norte Sur 7 de Puerto Ordaz están los terrenos de lo que serán los urbanismos Villa Betania I y II. Gran parte del terreno está baldío, algunos espacios con losas y apenas se ve la edificación de una torre medianamente avanzada. Los beneficiarios no viven allí, pero implementaron una dinámica de resguardo: En el transcurso del día cada uno acude para inspeccionar y continuar con los trabajos de autoconstrucción. En la noche, se turnan para resguardar y evitar una invasión. Al entrar al edificio, se observan los apartamentos solo con bloques y algunos frisados. No hay puertas ni ventanas. Las escaleras están sin pasamanos. Algunos vecinos están en plena faena de cortar y soldar parte de las estructuras próximas a montar.

Este urbanismo es un proyecto de 14 edificios de 20 apartamentos cada uno, para un total de 280 familias. La obra se paralizó en 2013, como decenas de proyectos habitacionales impulsados por el gobierno que, antes y después de ese año, se detuvieron por completo, profundizando el déficit habitacional en el estado Bolívar. Mientras la construcción se frenó, el mercado secundario entró en el proceso de dolarización espontánea que ha arropado a la mayoría de los bienes y servicios en el país, haciendo complicada la compra y alquiler por esta vía.

Cifras oficiales indican que en Bolívar han entregado 179.755 viviendas desde que comenzó el programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, la transparencia sobre la construcción y entrega de las viviendas es nula.
Los montos invertidos para cada urbanismo son una caja negra. Además, muchos de los proyectos que iniciaron y en los que se invirtieron recursos, están paralizados o son sus preadjudicatarios los que continúan la construcción por autogestión y con recursos propios. En otros urbanismos reanudaron los trabajos, también por autoconstrucción, pero con el apoyo del Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras) en la dotación de materiales.

La autoconstrucción ha sido una de las alternativas a la que se han visto obligados quienes por años han esperado por un techo propio. En 2017, los beneficiarios de una de las torres de Villa Betania II decidieron culminar la obra por autoconstrucción, pero con el apoyo del Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras) en dotación de materiales. Una segunda torre apenas comienza con los mismos trabajos.

«Estamos desde 2013 esperando por la entrega de los apartamentos. En una oportunidad se paralizó por problemas con la Alcaldía por el tema de la zonificación. Actualmente nos están apoyando con la entrega de bloques y cemento», comentó Francielis Cedeño, una de las beneficiarias que lleva la coordinación para la culminación de ambas torres en Villa Betania 2.
La mayoría de los beneficiarios son trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Aunque aún no habitan los apartamentos, hacen guardias para evitar una invasión, como ocurrió en febrero de 2020.

Autoconstrucción sin apoyo estatal

En el urbanismo El Gigante, en el sector Paratepuy, la situación es diferente a la del urbanismo en Villa Betania II, que actualmente cuenta con el apoyo para la dotación de materiales de construcción. Beneficiarios recuerdan que el 19 de septiembre de 2012 se protocolizó el urbanismo de 13 torres, que beneficiaría a 260 familias ya preasignadas. Beneficiarios del urbanismo El Gigante asumieron la mano de obra de una de las seis torres que quedaron pendiente de construcción.

De las 13 torres, solo se concluyeron y entregaron siete en 2013. Las otras seis no se construyeron. 12 familias de la torre 8 tomaron en 2018 la decisión de concluir el edificio que ya tenía su estructura metálica y, poco a poco, han ido acondicionando los apartamentos y los servicios de agua y alumbrado. «Cuando llegamos, aquí no teníamos agua, luz, todo eso lo pusimos nosotros. Hicimos el esfuerzo para poner un transformador. La institución lo que ha hecho es tomarnos el pelo. El año pasado protestamos y vino un director patrimonial, que supuestamente iban a retomar la construcción de las dos torres (la 8 y la 11), y no cumplió. Lo que alegaron en ese momento es que no había recursos para concluir las seis torres», relató José Subero, uno de los beneficiarios de la torre 8, una de las más avanzadas en construcción con recursos propios.

En la torre 11 hicieron lo mismo y actualmente habitan cuatro familias que, con recursos propios, empezaron a levantar la construcción. Pero la crisis económica los paraliza. «Hemos hecho todas las diligencias, pero cada vez que cambian a un director ministerial, se pierde todo (…) cada familia se ha ajustado a la necesidad de ir acondicionando sus apartamentos con sus ingresos», mencionó Subero.

El urbanismo El Gigante está a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih). Los adjudicatarios han sufrido al menos cinco intentos de invasión y asedios de bandas organizadas, así como amenazas de sacarlos de la lista del beneficio de GMVV por las protestas que han realizado. «Nos dicen que somos problemáticos, guarimberos, opositores». Aunque son quienes asumieron la mano de obra, sin apoyo económico alguno, hasta ahora no hay acuerdo de descuento de los gastos de construcción. La institución les cobraría el monto completo de la vivienda.
Construcción sin estudios previos y violando zonificaciones

En el sector La Hoyada en Toro Muerto hay una particularidad. De tres estructuras metálicas que había en la zona para construir tres edificios de Misión Vivienda, en febrero de 2021 solo quedaba una. Las estructuras las han hurtando poco a poco, relataron vecinos. La jefa del consejo comunal, Amelia Morales, quien defendió la gestión gubernamental en torno a la GMVV, atribuyó el abandono de esa construcción a que el suelo no estaba apto para la obra. El hecho demuestra no solo la improvisación con la que trabajó el Órgano Estadal de la Vivienda, sino que muchos de los terrenos usados para construcciones de la GMVV violan sus zonificaciones. Algunas áreas destinadas para salud, educación o recreación fueron tomadas para proyectos habitacionales.

En Puerto Ordaz, aproximadamente 49% de estas obras están en terrenos no zonificados para uso residencial. En 2018, de 122 proyectos de la GMVV en Ciudad Guayana, 60 se construyeron o empezaron su construcción en tierras de usos no conformes al residencial, admitió una fuente de la Alcaldía de Caroní a El Pitazo. El ingeniero Simón Yegres, quien dentro de su trayectoria fue gerente de Desarrollo Social de la CVG y director de Desarrollo Social de la gobernación de Bolívar, explicó lo que implican las violaciones de las zonificaciones. «Lo primero es que altera la planificación que ha habido de una ciudad, de un sector específico. En Ciudad Guayana rompe con la planificación de muchos años, 44 años desde que se inició la planificación con nueve instrumentos, con el Plan Maestro del 64-65 hasta la presente fecha. Cuando se rompe con la planificación del área reservada para equipamiento urbano, significa que no irá ya la escuela, no se hará ya el hospital, no podrá la gente disfrutar de un espacio reservado para parques», detalló.Agregó que a esto se suma la disminución de los índices legales exigidos. «Hay ordenanzas, hay la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, hay estándares, incluso internacionales, mínimos para la vida adecuada de la población. Si se disminuyen los espacios reservados para estos usos, está afectando la calidad de vida».

Yegres, quien actualmente es coordinador de la ONG Grupo para Salvar a Caroní y miembro de la Contraloría de lo Público y de lo Urbano, destacó que a medida que pasa el tiempo será cada vez mayor el daño, ya que al aumentar la población se hacen más necesarios los espacios cuyas zonificaciones fueron violadas.«Otro elemento es que afecta la efectividad de los servicios públicos, porque estos son calculados desde un diámetro para una tubería, como una carga en la tensión para la alimentación eléctrica, como el número de aulas o puestos de estacionamientos, todo eso ha sido calculado para una determinada población, si se aumenta la población entonces se hace menor la capacidad para atenderlo en materia de servicios», explicó.

La toma de terrenos zonificados para espacios recreativos, educativos o de salud, para construir residencias también afecta la densidad poblacional planificada por metros cuadrados en la ciudad. Yegres sostuvo que «a medida que crece la población será más evidente la problemática que hay con ese tipo de planificación». En el mismo sector de La Hoyada quedaron pendientes las entregas de casas que terminaron de construir sus habitantes. Morales señaló que hay cinco casas pendientes por construir, y sostuvo que todas tienen en resguardo el material entregado para su construcción.

Vecinos, en cambio, difieren de esta afirmación. «Teníamos el material asignado por Inviobras y el consejo comunal lo iba entregando poco a poco, pero desde hace tiempo preguntamos y nos dijeron que eso ya no existía», dijo uno de los habitantes.De 31 casas, en su mayoría terminadas, hay dos en construcción. «El Gobierno no se ha negado a culminar las viviendas, pese a la guerra económica que tenemos. Esas viviendas se van a culminar, tenemos el proyecto de electricidad con apoyo de la diputada Angélica Barroso, que es nuestra madrina. Tenemos asfaltado, brocales, aguas blancas», manifestó la jefa del consejo comunal.

Villa Caura: un proyecto para 140 familias sin inicio

Frente a la sede de la Policía Municipal de Caroní está el terreno cercado de Villa Caura, urbanismo cuyo vaciado de losas comenzó en 2015. Este proyecto beneficiaría a 140 familias, pero no se levantó ni una estructura.

La valla que identifica al urbanismo con su nombre junto a los rostros del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el presidente Nicolás Maduro, suele ser la base de exhibición de zamuros, mientras el resto del terreno lo cubren la maleza y la basura. El terreno está sin resguardo de sus preadjudicatarios, como muchas otras tantas estructuras de Misión Vivienda que quedaron en el abandono.

Al lado de la misma sede policial se ubica el espacio de otra promesa de GMVV inconclusa. Este lleva por nombre Corazón de Caroní Lote A, justo al lado de los tráileres de Alcasa, y que se supone beneficiaría a los que habitan en el Campamento de Tráileres de Unare III, algunos damnificados a raíz de la tragedia de Vargas, ocurrida en 1999, a quienes reubicaron en el estado Bolívar. Este urbanismo contaría con 260 apartamentos, cuya construcción estaba a cargo del Minvih. Ninguno se construyó y no se espera un pronto reinicio de la obra.

Entre las obras inconclusas están la segunda y tercera parte de los proyectos que llevan por nombre Corazón de Caroní. El Lote B se ubica en la urbanización Caujaro, un proyecto de 370 apartamentos, cuyos beneficiarios esperan desde 2015. Solo hay dos torres construidas a medias; una de ellas fue la que en enero de este año invadió un grupo de 20 familias que fueron desalojadas por las autoridades, luego de la protesta de vecinos de la zona.

Los vecinos señalan que todavía no hay una asignación definida y solicitaron el pronunciamiento del Minvih para retomar el proyecto y, de forma organizada, hacer las respectivas asignaciones. Del proyecto Corazón de Caroní Lote C, en la urbanización El Guamo, solo se observa una estructura metálica entre la maleza. Empezó a edificarse en 2016. No se obtuvo mayor información del urbanismo.

La GMVV también prometió Villa Chipia, en el sector Los Olivos de Puerto Ordaz, donde entregarían 220 apartamentos, pero no se levantó ni una estructura desde 2015 cuando comenzó la limpieza del terreno. En 2016, el exgobernador Rangel Gómez prometió 120 apartamentos en el sector Villa Bolivia. Este lleva por nombre Venezuela Avanza y es uno de los que actualmente está en construcción; al menos una de las seis torres que debieron construirse.
Entregas recientes, que no borran el déficit

En agosto del 2020, en plena pandemia, el Ministerio de Hábitat y Vivienda informó sobre la entrega de 30 viviendas en el estado Bolívar. 20 fueron entregadas en el urbanismo La Pastoreña, en la parroquia Unare de Puerto Ordaz. Las otras 10 fueron bajo la modalidad de sustitución de ranchos por viviendas dignas, en los sectores Villa Jade -en la parroquia Unare de Puerto Ordaz- y Renny Ottolina -en la parroquia 11 de abril de San Félix-. En el sector Río Negro se ubica el urbanismo La Pastoreña, cuyas casas comenzaron a entregarse en 2015. En septiembre de ese año se entregaron 76 casas tipo town house a trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras industrias de Guayana.

En el sector Riberas del Caroní, estaba previsto beneficiar a 1.140 familias, según informó -en 2015- el entonces secretario del Órgano Estadal de la Vivienda (OEV), Héctor Herrera Jiménez. Sin embargo, en 2018 se entregaron solo 180 apartamentos. Parte de la entrega tenía el proyecto de 240 apartamentos de 80 y 85 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, sala-comedor y cocina. En el mismo eje de la avenida Atlántico, en Puerto Ordaz, en el sector Santa Rosa se observan tres estructuras metálicas de la GMVV. En el resto del terreno quedan también las losas sobre las cuales debieron levantarse ocho edificaciones. Lo mismo ocurre en un terreno frente a la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG). Solo se levantaron las estructuras metálicas de dos torres para 20 apartamentos cada uno. También se observaron unas 14 losas y parte de las estructuras de lo que serían casas.

La deuda en San Félix

En el caso de San Félix, la mayoría de las obras pendientes son de la promesa del plan Sustitución de Ranchos por Viviendas. En 25 de Marzo y en Vista al Sol son decenas de familias las que han denunciado que solo hicieron el vaciado de losas y fueron olvidados, mientras que hoy viven hacinados en casas de zinc. Hacia la UD-146 queda pendiente la construcción del urbanismo Villa La Llovizna. Inicialmente estaba a cargo de Inviobras, pero en la actualidad está bajo responsabilidad del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat Caroní (Invihabitat).

Son 80 familias las que desde hace cinco años esperan por la construcción que, aseguran, está próxima a reiniciar por orden del alcalde Tito Oviedo, informaron Dairilis Cedeño y Carolina Cedeño, beneficiarias del proyecto que comenzó el exalcalde José Ramón López. Precisaron que el terreno cuenta ya con alumbrado, sistema de aguas blancas y aguas negras, y falta por incluir una de las cuatro losas. Dos de las familias que esperan por este urbanismo viven en un cubículo que pertenece a la milicia, en la parroquia Dalla Costa. Justo al frente está el terreno de dos obras prometidas y nunca materializadas: el del hospital tipo III para San Félix y, al lado, el urbanismo Villa Olímpica. En ambos casos solo está el terreno baldío.

En 2015, Herrera Jiménez dijo que se construirían 2 mil apartamentos en Villa Olímpica, aunque de acuerdo con una resolución del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), de fecha 4 de enero de 2013, el terreno estaba destinado para construir viviendas a 3 mil familias. En 2016, una nota de prensa del Minvih reseña el avance de la construcción de este urbanismo, pero no hay ni una vivienda en construcción desde 2012 cuando se hizo la limpieza del terreno. De acuerdo con el comité de Villa Olímpica, se beneficiarían 5.830 familias. No obstante, en el proyecto se estima una primera etapa con 1.158 viviendas, y una segunda etapa con 1.350.

Opacidad a todo terreno

Desde que comenzaron las obras de GMVV, en Bolívar se desconoce el monto de inversión destinado a los urbanismos. La mayoría ni siquiera tiene una valla con la información pública que debería contener, entre otros datos: recursos invertidos, quién está a cargo de la obra, fecha estimada de entrega. De estas, apenas sobrevive la de Villa La Llovizna, que indica que la construcción estaba a cargo de la empresa Corporación Albouch Ingenieros C. A., con monto de contrato por Bs. 21.088.724,83; y César Alcalá y Carlos Arias como ingenieros presidente e inspector, respectivamente.

La opacidad de la GMVV no es nueva. La página del Ministerio de Vivienda no precisa los detalles de cada obra entregada ni las que faltan por construir o concluir. Solo señala que hay más de 3 millones de viviendas entregadas en el país, pero sin posibilidad de hacer contraloría de ello.

[Tomado de https://www.correodelcaroni.com/la-promesa-de-la-mision-vivienda-en-guayana-se-redujo-a-esqueletos-de-metal.]