Manuel Sutherland
*Extractos de un amplio informe sobre el tema, que en versión resumida está disponible en https://provea.org/trabajos-especiales/informe-especial-las-sanciones-economicas-contra-venezuela-consecuencias-crisis-humanitaria-alternativas-y-acuerdo-humanitario.
Un trabajo anterior que engloba, desde una perspectiva independiente y no políticamente polarizada, el espinoso asunto relativo a las sanciones económicas impuestas al gobierno de Venezuela, fue publicado en mayo del año 2019 (Sutherland, Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, 2019). En esa investigación se hace un análisis histórico previo, desde la Venezuela colonial hasta el devenir del chavismo. En esta ocasión dicho análisis se va a suprimir, ya que está previamente disponible, así como otros aspectos relacionados con la génesis de la crisis venezolana y sus principales aristas. Así las cosas, es de recordar que las sanciones económicas, fundamentalmente petroleras, estaban apenas asomando la crisma cuando dicha pesquisa se realizó. En julio de 2020 las sanciones han alcanzado su clímax. En algo más de un año y medio las sanciones han crecido exponencialmente y poco a poco han colaborado en el derruir de lo exiguo que aún queda en pie, en una economía en una recesión de casi siete años consecutivos. Por lo antes dicho, la actual indagación abordará el devenir más reciente del proceso de cercamiento a la economía, y sus consecuencias más inmediatas.
La sobrevaluación del tipo de cambio crea un país ficticio en el que la economía luce mucho más fuerte de lo que en verdad es, al equiparar la productividad del sector petrolero con otros fragmentos de capital mucho menos eficientes. Ello ofrece un poder de compra mucho más grande que el agregado que devendría de la productividad de cada factor económico no petrolero. Ello deriva en una disminución de los precios artificial de las mercancías importadas y en el ineludible destruir de la frágil competitividad de las empresas locales. Cuando la renta cae estrepitosamente, no hay divisas para importar y se sobreviene un fuerte ajuste cambiario que trae inflación y una maciza fuga de capitales que agudizan el ciclo recesivo de la economía. Eso trae consigo el agravante, que la producción interna ha sido devastada por la inserción rentística del provento petrolero, por ello los problemas recesivos de la crisis se multiplican.
La gestión bolivariana de la renta agudizó todos los procesos anteriormente descritos y que ya habían sucedido en nuestro país. La nefanda sobrevaluación extrema fue impulsada por la tríada: control cambiario con asignación de divisas a discreción, congelamiento de tasas de interés y emisión de dinero suplementario de manera excesiva. Todo ello aunado a una hipertrofia estatal que elevó a las importaciones públicas en más de mil por ciento (2003-2012) y que tejió una red clientelar de corrupción sin límites que literalmente lumpenizó a la economía. Todo ello tenía que terminar muy mal, el colapso debía ocurrir en proporción a los horrores económicos cometidos. El estallido de la crisis fue, y debía darse con o sin sanciones, absolutamente inevitable.
Las sanciones y sus consecuencias económicas inmediatas
Para julio de 2020 las sanciones han alcanzado su punto más alto luego de una acumulación importante de las mismas en diversos sectores, desde el ámbito armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía. El verdadero efecto de las sanciones económicas está manifestándose, ya que las sanciones financieras de agosto de 2017 vinieron a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de PDVSA y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración. Las sanciones económicas arrancan a finales del año 2018 y las sanciones directamente petroleras dirigidas a la producción (sin dudas las más fuertes y destructivas de todas) apenas se han estructurado en enero de 2019, además de contar con “Licencias Generales” emitidas por el DTE, que ofrecían ciertas excepciones para hacer negocios, hasta finales de abril o mediados de julio de 2019.
Si bien es innegable que desde 2017 es mucho más difícil para el gobierno importar alimentos y medicinas, esta no es la causa de la fuerte escasez de los mismos, que se debe fundamentalmente a la crisis económica que desde 2004 se ha ido lentamente gestando en el país. Así las cosas, es muy fácil decir que la importación de alimentos y medicinas podría realizarse a empresas de: India, Rusia, China, entre otros, sin casi ningún problema. La dificultad es la extrema escasez de divisas causada por la caída en la producción de casi todas las mercancías, en el caso de la exportación, se hace referencia particular al petróleo, acero y la petroquímica. El hecho de que la importación de comida y alimentos en 2018 sólo haya sido de 2600 millones de dólares (Weisbrot & Sachs, 2019), cuando en 2012 llegó a ser 8 veces más (Instituto Nacional de Estadísticas (INE)), no es causado por las “sanciones”, sino por la crisis de economía capitalista centrada en el rentismo petrolero.
El asunto es que la gravedad de los problemas económicos ha alejado a los prestamistas internacionales que desde 2016 ven imposible que Venezuela pueda cancelar sus acreencias. Así las cosas, desde hace cerca de cinco años que el Banco de Desarrollo Chino no le presta más dinero a Venezuela. El gigante: Banco de Asia, tampoco suministra ni abre líneas de créditos al país, incluso teniendo enormes cantidades de dinero sobrante. Aunque para las instituciones chinas el préstamo a un socio estratégico como Venezuela podría representarle una minúscula migaja de su inmenso capital, el gobierno de dicho país se ha mostrado reticente a incrementar los empréstitos que en su esplendor alcanzaron los 60 mil millones dólares. Tan dispar e interesante relación se ha investigado de manera específica en otro trabajo: (Sutherland, La relación económica entre China y Venezuela en el contexto de la crisis y la extrema pobreza, 2019). Por ende, China no le sigue proporcionando recursos financieros a Venezuela no por las sanciones, sino por el desastroso estado de la economía y la muy fuerte inseguridad jurídica, que hace prácticamente inviable la devolución de cualquier empréstito, incluso si se tiene un acuerdo para ser pagado con el mismo petróleo que las empresas chinas extraen en Venezuela.
La caída en la producción petrolera tiene múltiples factores por completo ajenos a las medidas de reciente data contra PDVSA. Podría decirse que la exigua inversión efectiva, la venta de divisas que le ingresan por exportación a un precio bastante disminuido, la escasez de fuerza de trabajo calificada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el irrisorio ingreso interno al regalar la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un precio microscópico, son los elementos constitutivos de una destrucción empresarial sin precedentes. Los inefables (Weisbrot & Sachs, 2019) omiten esta parte del cuento por completo.
La no disponibilidad de medicinas no se debe a las sanciones
Según (Weisbrot & Sachs, 2019) las sanciones son las culpables del incremento en la muerte de unas 40.000 personas en el período 2017-2018, por motivos de salud: falta de medicinas y atención médica. Dicha afirmación es completamente falaz y debería empezar por preguntarse algo muy sencillo: ¿Por qué Venezuela no produce por sí misma sus alimentos y medicinas? ¿Por qué no usaron parte del trillón, si, un millón de millones de dólares que ingresaron entre 1999 y 2015, para construir una industria farmacéutica estatal? En vez de ello el gobierno prefirió aumentar la importación de fármacos de manera indiscriminada, porque el negocio de la importación era apropiarse con base a fraudes de divisas “preferenciales” mucho más baratas que en el mercado paralelo. Es de recordar que la importación total de medicinas alcanzó la grotesca cifra de 3.410 millones de dólares en el 2012, cuando en 1998 apenas fue de 222 millones de dólares (Sutherland, La enorme escasez de medicinas y el fraude en su importación, 2015). Con 222 millones de dólares se satisfacía la totalidad del mercado local y no había la escasez de medicinas que ya en 2013 se podía apreciar. Aun así, la gran caída en la importación de medicamentos se puede apreciar entre 2013 y 2016, donde según (Atlas Económico, s.f.) la importación de fármacos descendió en un impresionante 65 %, dicha cifra es igual a la caída (en valor) en la importación de sueros y vacunas, pero para un período más breve: 2014-2016 . Por ello, la caída en la importación de los mismos, es muy anterior a las sanciones.
De un sugestivo paper work sobre las sanciones: (Bahar, Bustos, Morales, & Santos, 2019), el Dr. M. Santos, saca unas llamativas conclusiones en las que parece colocar un cierto límite puntual a la nociva incidencia de las sanciones en la economía:
“(…) al cierre de 2018, cuando todavía no habían entrado en vigor las medidas más relevantes, las importaciones de medicamentos habían caído 96 % en relación con 2012 y las de alimentos más de 70%. (…) El efecto económico de las medidas, en relación a la catástrofe que engendró el chavismo, es relativamente marginal, y en cualquier caso bastante menor de lo que muchos analistas interesados han querido hacer ver. (…) para mí está claro que entre el 80% y 90% del deterioro generalizado que estamos padeciendo se había producido ya antes de las sanciones.” (Santos M. A., 2020)
Los destacados economistas (Weisbrot & Sachs, 2019) se atreven a decir en su paper, que el colapso eléctrico que sumergió a la ciudad en largos apagones que duraron días, también tiene que ver con las sanciones. El colapso del sistema eléctrico y los durísimos racionamientos devienen de una serie de grotescos subsidios que han arruinado a las empresas estatales que, al dispensar sus servicios con tarifas ínfimas, ya no pueden recuperar lo que requieren para invertir en mantenimiento e infraestructura. Literalmente, el servicio eléctrico lleva años regalándose. La tarifa de varios apartamentos no alcanza a un solo dólar mensual (sumados). Ni hablar de que la gran compañía estatal CADAFE pierde alrededor del 40% de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales. Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de 10 veces la deuda externa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, esa cifra podría equivaler a cerca de dos veces el PIB promedio real del año 2020. Esto es evidentemente insostenible y una invitación a la dilapidación. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6 % del PIB, muy por debajo del subsidio energético otorgado (Sutherland, Venezuela y el colapso eléctrico, 2019).
Las sanciones son nocivas a la economía, pero no causaron la crisis
En este punto, lo primero sería recordar que las sanciones son impuestas (2017) cuando ya la economía venezolana atravesaba el punto más bajo de su historia. De 2013 a 2016 la economía había caído ya en casi 25 % (Salas, 2017), y por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpen en agosto de 2017. En los primeros 2 trimestres de ese año la caído en al menos 30 %, una de las peores caídas del PIB en la historia de América. Por tanto, cuando las sanciones ingresan al escenario financiero, ya la economía estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada (Sutherland, 2018).
La prohibición de reestructurar la deuda externa con los bonistas estadounidenses dificulta de manera grave la posibilidad de renegociar la deuda externa de la República (y de PDVSA) con empresas y personas naturales estadounidenses. Pero estas ordenanzas no implican que otras firmas, no estadounidenses, no puedan recomprar los bonos, máxime, los bonos venezolanos tienen la denominación de “junk bonds” lo cual hace que tengan un precio muy por debajo de su valor facial. Países amigos pudieran hacer un increíblemente lucrativo negocio con los bonos venezolanos. Pero no lo hacen, no por las sanciones, sino por la seguridad de un default que ya desde 2016 se había manifestado de diversas maneras, tras varias peticiones de prórrogas y períodos de gracia. Por ende, la imposibilidad de reestructurar la deuda no es culpa de las sanciones sino del devenir desastroso de la economía. Según la firma: Ecoanalítica, el monto global del atraso en los pagos de la deuda venezolana a 2019, alcanza la suma de 18 mil millones de dólares (Salmerón, 2020), sin incluir deudas a proveedores y otros empréstitos.
Las sanciones no causan colapsos económicos: Sus resultados en otros países sancionados
Es indudable el efecto negativo de las sanciones sobre la economía de los países que la reciben. Todos, sin excepción, sufren en mayor o menor grado los efectos de las mismas. Las sanciones son esencialmente diferentes y se aplican con diverso grado de intensidad, y con disímil alcance. Actualmente, alrededor de cuarenta países sufres sanciones económicas emitidas por EEUU,. La iniciativa comparativa surgió de la lectura del informe de (Neuenkirch & Neumeier, 2015) en relación al impacto de las sanciones en el PIB en varios países, en el cual se evidenciaron caídas en el PIB de entre 1 % y 2 % interanual, lo cual es bastante significativo, pero está a años luz de justificar la caída probable de – 86 %, acaecida en Venezuela (2013-Junio 2020). Por ende, era menester revisar la data de algunos países sancionados, y explorar su devenir. Países como Cuba tienen sesenta años de bloqueo y patrias como Venezuela tienen apenas tres, por tanto, es importante no sobrestimar la comparativa y apresurarse en conclusiones.
A manera de resumen sintético podríamos decir, centrados en el país que nos atañe en este estudio, que:
- Sólo Sudán y Siria tienen caídas en su PIB tan severas como la Venezuela, sin embargo, tienen realidades bélicas completamente diferentes.
- Siria ha experimentado un auge enorme en su economía, aun cuando aún no ha salido de la guerra y las sanciones siguen estando ahí.
- La inflación en Venezuela (2017-2019) es cerca de mil veces más alta que la del segundo país con mayor inflación: Sudán. Países como Cuba tienen inflación de 5 %.
- Las reservas internacionales de Venezuela han caído en 69 %, mucho más que en cualquier otro país. Incluso un país petrolero como Rusia, las ha visto crecer.
- Entre 2013 y 2019, la liquidez monetaria en Venezuela ha crecido en 332 millones por ciento, mucho más que el segundo país con más expansión de liquidez: Sudán, con un incremento de 757 % en el mismo período.
- De manera llamativa, las exportaciones (2017-2019) han crecido de forma sólida en Venezuela, a pesar que en 2017 es cuando arrancan las primeras sanciones
financieras.
- Es bastante sugerente el decrecer de las importaciones en Venezuela (2017-2019), debido a que no parecen ser las sanciones las culpables del mismo, ya que las exportaciones crecieron y las importaciones privadas no están sujetas a sanción, lo que explica el auge de los bodegones en el país, que han aumentado la oferta total de bienes. En Irán, un país con sanciones más profundas, las importaciones se incrementaron en 23 % (2017-2019).
Con cuidado diríamos que las sanciones no parecen tener los efectos devastadores en la economía, que los defensores del gobierno bolivariano esgrimen. Aunque las sanciones han deprimido con mucho vigor a las exportaciones de crudo iraní, es interesante notar que todas sus 153 plataformas petroleras siguen activas (OPEC, 2019) y que sus importaciones crecieron. Más aún, los problemas económicos severos de Venezuela, lucen muy distantes a los que tienen otros países sancionados, con excepciones (Sudán y Siria) parecen realidades completamente distintas.
La inflación en los países sancionados
Es cierto que las causas de la inflación son multifactoriales. Es verdad que diversas fuerzas pueden converger sinérgicamente, e impulsar los precios hasta convertir a una economía en hiperinflacionaria. De acuerdo. Podríamos resumidamente decir que el déficit fiscal, la caída en la producción y la productividad, son factores muy importantes en este respecto. Sin embargo, el componente monetario no se puede soslayar. El incremento feroz en la cantidad de dinero en una economía cuya producción de bienes y servicios viene en continuo descenso, tiene que elevar los niveles de precios. La emisión de signos de valor sin ningún tipo de respaldo ni conexión con las necesidades de circulación de mercancías, debe obligatoriamente incidir en el crecimiento de los precios.
La expansión desorbitada del capital ficticio, Marx dixit, trae consigo una depreciación de los símbolos monetarios con los cuales se ejecuta tan funesta operación. La pérdida de valor del signo monetario hipertrofiado, se traduce en que se exijan más unidades de él, por los mismos bienes y servicios: Inflación. Diríamos que, en el caso de la extrema inflación, no ha tenido nada que ver el fuste sancionatorio, y sí con [el aquelarre disparatado en la toma de decisiones de política monetaria. Poco más. Querer responsabilizar a otros de los errores propios, es la vía más larga y empinada hacia el necesario subsanar del desequilibrio.
[El informe completo está disponible en https://provea.org/actualidad/imagenes-que-no-se-pueden-olvidar.]
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