Humberto Decarli
El 18 de agosto se cumplieron dos años de la última reconversión monetaria, anunciada estridentemente como la salida correcta ante la crisis en todos los segmentos del aparato productivo, de consumo y comercial. Incluso se le puso el adjetivo calificativo al Bolívar de soberano como una manera de insistir en la segunda supuesta independencia, falsa de toda falsedad. No obstante, los resultados de tan aciaga medida la hemos vivido en toda su extensión y ahora más que nunca.
El 18 de agosto se cumplieron dos años de la última reconversión monetaria, anunciada estridentemente como la salida correcta ante la crisis en todos los segmentos del aparato productivo, de consumo y comercial. Incluso se le puso el adjetivo calificativo al Bolívar de soberano como una manera de insistir en la segunda supuesta independencia, falsa de toda falsedad. No obstante, los resultados de tan aciaga medida la hemos vivido en toda su extensión y ahora más que nunca.
Consecuencias inmediatas de esta infame decisión
Los efectos de la segunda reconversión son devastadores especialmente para los trabajadores cuyos derechos han sido destruidos. Los salarios, las prestaciones sociales, las pensiones, las jubilaciones, las convenciones colectivas y las cajas de ahorro, quedaron literalmente destruidos. Los laborantes han perdido interés en las reclamaciones y las demandas por esos conceptos debido a lo superfluo que representa litigar a largo plazo sin restablecer las violaciones a los beneficios correspondientes. No existe sueldo alguno para enfrentar la hiperinflación si no se derrota a esta.
El salario mínimo es una manifestación de la miseria con la cual cuentan los trabajadores sobre todo si estimamos al noventa por ciento de la población activa en ese nivel. Ni siquiera ficciones como el bono de alimentación o de guerra económica ayuda a efectuar los gastos elementales para subsistir como seres humanos. Las pensiones y las jubilaciones se pagan alrededor de este valor lo cual delata el paupérrimo nivel de quienes han dado lo mejor de su vida al trabajo en su interactuación con la naturaleza y los seres humanos.
Los contratos colectivos se han visto enervados y todo cálculo se fundamenta en el salario mínimo. Es la conocida aplanación llevada a cabo por el Estado, uno de los principales patronos como lo evidencian las empresas públicas como CANTV, Corpoelec, la Corporación Socialista de Cemento y las empresas básicas de Guayana. Esto ratificado por la conducta cómplice de los sindicalistas vinculados al sector oficial quienes han permitido este palmario abuso.
Secuelas económicas
Supuestamente la decisión en cuestión era para mejorar la situación económica del país y las personas pero ha sido todo lo contrario no tanto por errores en la conducción nacional sino por la intención de financiar el déficit fiscal a través de la emisión de dinero inorgánico. Todo ha sido planificado para buscar la asfixia de la gente y aumentar la dependencia del Estado.
Ocurre un fenómeno espantoso como es la hiperinflación, convencionalmente entendida como estatuir un cincuenta por ciento de inflación mensual. Hace tiempo ya, desde el mes de noviembre de 2017, de haber entrado en esta coyuntura sin poder revertirla aunque el Estado ha intentado por otro lado disminuir la liquidez al aumentar el encaje legal bancario para impedir el crédito y la liquidez en manos de la población.
Asimismo, ha transcurrido más de siete años de recesión por la disminución de las exportaciones de crudo debido a la dependencia del petróleo. Incluso se habla de depresión porque la contracción es espectacular y desde la eliminación de los cinco ceros al signo monetario, se ha reducido a la mitad del PIB.
Los dos fenómenos, la hiperinflación y la depresión se han profundizado contradiciendo el principio económico de la llamada Curva de Phillips, principio de la teoría según la cual cuando hay inflación se puede mantener la expansión del sector productivo y comercial y viceversa, se contrae la economía pero se detiene la inflación. En Venezuela se han mantenido estos dos hechos funestos para la calidad de vida y el poder los ha empleado para mantener la coyuntura de dominación creando a la gente una suerte de síndrome de Estocolmo para congraciarse con su verdugo. Son las asimetrías del dominio sobre las personas partiendo de daños a los sometidos aprovechables para la consolidación de la estructura de sumisión.
La reiterada devaluación
Mientras este episodio funesto acontece, el Bolívar como signo monetario ve esfumarse su valor y está en una constante disminución frente a las divisas. Constituye un mecanismo de ahorro porque existe la convicción, respaldada por los hechos,queal detentar dólares americanos se fija su valor porque la paridad ante el Bolívar siempre será favorable a la moneda del Tío Sam. Se ha dolarizado de facto algunos rubros de la economía mas no así en los conceptos laborales como los salarios, pensiones y jubilaciones. Para dolarizar la economía habría que realizar una reformulación de las políticas sobre las bases productivas y de comercio del país con inclusión de un aumento ostensible de las reservas internacionales para poder responder de las obligaciones contraídas. Debería haber una caja de conversión para elaborar el respaldo de un signo monetario por otro.
El colmo de la desfachatez del gobierno es la satanización del dólar como instrumento del imperialismo norteamericano en el pasado para después aceptarlo como una concesión divina sin el más mínimo pudor. Simplemente la escasez del circulante y la debilidad del valor del Bolívar hacen posible la existencia de la moneda gringa como unidad de circulación.
Lesiones sociales
Una de las grandes consecuencias de la segunda reconversión ha sido el incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. El desempleo ha aumentado pero lo más elevado es la economía informal en la cual milita la mayoría de la población en edad para trabajar.Con la pandemia es mayor el hambre cuando no existe, por razones del aislamiento, elementos para trabajar para quienes viven al día por razones estructurales de ser un capitalismo promovente de la exclusión social.
La pobreza es un rubro impresionante. El último estudio Encovi, encuesta sobre condiciones de vida en el presente año llevado a cabo por la UCAB, nos indica que aproximadamente el ochenta por ciento de la población reside en la pobreza extrema, un dieciséis por ciento está en la pobreza relativa y solo un cuatro por ciento se encuentra fuera del espectro de las dos condiciones previas. En síntesis, somos pobres en un noventa y seis por ciento, lo cual es un dígito escandaloso.
Adicionalmente la desigualdad está en izamiento. Existe una mínima proporción de personas en Venezuela con capacidad adquisitiva, acceso a los alimentos y a los servicios, tienen sus hijos estudiando en el exterior en buenas universidades y se tratan en las mejores clínicas. Por el contrario, la inmensa mayoría no puede ni siquiera comer ni menos posibilidad de alcanzar los servicios mínimos y viaja en una migración constreñida por la necesidad cuyo número se aproxima a los seis millones de personas.
En síntesis, el Estado ha causado unos daños inconmensurables a toda la sociedad venezolanapor sus políticas tanáticas. Ese perjuicio algún día podrá ser reclamado como forma de indemnización por las apodícticas reducciones patrimoniales y financieras engendradas a los afectados, fundamentalmente los trabajadores, los profesionales y a la escualidísima clase media. Sería una fórmula de compensación con el aditamento que el Estado cuenta con algunos activos para pagar antes de que los acreedores internacionales lo hagan.
Mirada panorámica hacia el futuro
La situación de indigencia en la cual se mueve la población puede ser revertida, por supuesto. Significaría hacer un giro de ciento ochenta grados en la conducción del país para enderezar estos largos entuertos. Implicaría dejar de emitirse dinero inorgánico para financiar el déficit fiscal, dejar de monetizar la deuda pública, reivindicar la respuesta al débito social (vivienda, educación, servicios), alejarse del extractivismo y de la minería, orientar la actividad petrolera hacia la petroquímica y no a la exportación de crudo, habría que revaluar el Bolívar para impedir el hábito importador e invertir en educación vinculada a las áreas productivas.
Obviamente que la actual gestión no lo hará porque implicaría una modificación del ánimo esclavista dejado por la destrucción cuyo telos es la dependencia del Estado por los hombres y mujeres de la nación. Es un supuesto negado la probabilidad de un enfoque diferente porque afectaría estructuralmente la esencia política de la élite gobernante venezolana, guiada por gestionar una concepción autoritaria y militarista del gobierno.
La oposición en todas sus gamas, unas más que otras, tampoco plantea una reformulación de la trayectoria económica llevada hasta hoy. El Plan País es una repetición del extractivismo y el rentismo del pasadoproponiendo una elevación dela producción del crudo cuando el mercado indica su caída aunado a la incapacidad de producción de PDVSA y por encima de todo, el futuro ominoso del excremento del diablo como fuente energética.
Mientras tanto, Venezuela se hunde en el tremedal de la inopia, el hambre y la frustración de no poder cubrir las necesidades básicas. Son los efluvios de una situación terrible acaecida en el lugar donde se ha profundizado la inflación, la recesión, la pobreza y la desigualdad. Son dos años de un punto de inflexión en el trámite de la descomposición nacional.
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