Militares y boliburgueses se ceban en despojos del sector agropecuario venezolano

Marcos Valverde

De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.Con pasos firmes y desde las antípodas de la arenga socialista sobre la que ha cabalgado el chavismo, el actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, se ha convertido en el gran repartidor de lo que alguna vez fue o quiso ser la agroindustria revolucionaria.

Para ello le ha servido una figura etérea y recurrente, la de las “alianzas estratégicas”, el sello con el que otorga concesiones sin licitación y que sirve de motor a una institución pública de reciente data impulsada desde su despacho, la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A (Delagro), creada en 2016 y bisagra entre el ministerio y los grupos privados escogidos para las adjudicaciones.

Con frases como “en sinergia, con la empresa privada y el Estado, se busca trabajar por el bienestar del pueblo”, y escudado en su tono campechano, Castro Soteldo ha repartido los esqueletos de algunos proyectos que nacieron con el alza de los precios del petróleo que favorecieron a Hugo Chávez en la década de 2000. Para ello le ha servido una figura etérea y recurrente, la de las “alianzas estratégicas”, el sello con el que otorga concesiones sin licitación y que sirve de motor a una institución pública de reciente data impulsada desde su despacho, la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A (Delagro), creada en 2016 y bisagra entre el ministerio y los grupos privados escogidos para las adjudicaciones.

Con frases como “en sinergia, con la empresa privada y el Estado, se busca trabajar por el bienestar del pueblo”, y escudado en su tono campechano, Castro Soteldo ha repartido los esqueletos de algunos proyectos que nacieron con el alza de los precios del petróleo que favorecieron a Hugo Chávez en la década de 2000. Pero además de su prolífico crecimiento, Conejo Garcés encaja en el perfil de la nueva burguesía bolivariana que impulsa Castro Soteldo sin remilgos. La oficina principal de Agroinlaca (en la Zona Industrial II de Barquisimeto, Lara) es una estructura moderna de 780 metros cuadrados. “(Se trata de una) composición de muros de ladrillo organizados alrededor de este patio cubierto y un gran techo plano y articulado (…) su aspecto exterior de fortaleza hermética e intimidante refuerza por contraste nuestra intención de crear un ambiente íntimo y agradablemente fresco en su interior”, se detalla en el bosquejo de la estructura. El edificio fue creado por Domina Proyectos, un consorcio del que, como arquitecta directora, forma parte Claudia del Bufalo. La sede de Agroinlaca no es el único lazo entre ella y Conejo. Un rastreo en internet confirma que ambos comparten la propiedad de un apartamento de casi 800.000 dólares en Brickell, el centro financiero, no exento de lujos, más importante de Miami, en Estados Unidos.

Más allá de si hay simpatías entre Castro Soteldo y Conejo Garcés, no hay mucha claridad en torno del origen de sus conexiones. Amén de las fascinaciones mediáticas del ministro, quien promueve sus consignas y anécdotas en el programa de televisión, Cultivando Patria, el empresario ha optado por el bajo perfil, el mismo que mantuvo cuando tomó el control de las plantas arrocera (ubicada en Píritu, Portuguesa) y porcina (en Barquisimeto, Lara) de las empresas Del Alba, después de la liquidación de 2017. Una de las primeras alianzas conocidas y publicitadas entre Agroinlaca y el gobierno de Maduro fue la que se estableció en 2016 (a poco de la llegada de Castro Soteldo al ministerio) con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL). En las relaciones entre estas empresas (productivas, de acuerdo con fuentes consultadas que pidieron el anonimato) comenzaron los enlaces entre Conejo y Castro Soteldo.

Pero si la relación con el gobierno de Maduro había sido constante, la primera mención a Conejo ocurrió con la publicación de la Gaceta Oficial número 6.397, de agosto de 2018. En ella, a raíz de la segunda reconversión monetaria que implementó el chavismo (vigente a partir del 20 de agosto de 2018, con la que Nicolás Maduro eliminó cinco ceros al bolívar; con la primera, impulsada por Hugo Chávez y efectiva desde el 1 de enero de 2008, se había eliminado tres ceros a la moneda), un grupo de empresas privadas fue beneficiado con exoneración temporal de los aranceles, supresión del Régimen de Ilícitos Cambiarios, pago del diferencial del incremento salarial del sueldo mínimo por 90 días, fijación de cambio único en divisas a través del Dicom y tres subastas semanales a través del mismo organismo. Agroinlaca figuraba en la lista, al igual que su dueño, Fernando Conejo.

Del ruido comunal al silencio empresarial

La Gaceta Oficial 41.303, del 19 de diciembre de 2017, anunció la liquidación de Del Alba. Así comenzó el limbo en tres plantas industriales: dos en Portuguesa (las plantas de Píritu) y una en Guárico (la planta Llano Alto, intervenida en 2009 y expropiada finalmente en 2011), y quedaron a disposición del ministerio de Agricultura y Tierras que, utilizaría la figura de “alianza estratégica” para disponer de ellas y que en la exposición de motivos de la Ley de Contrataciones Públicas se menciona apenas de forma tangencial. Específicamente, en el artículo 5 de la norma señala que es posible la selección de contratistas privados para ejecutar proyectos estatales sin necesidad de licitación, en caso de “alianzas comerciales o estratégicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras entre personas naturales o jurídicas y los contratantes (del Estado)”. Ese apartado favoreció a Conejo con un viso de legalidad, pero no hay precisión sobre las condiciones en las que se entregaron las plantas ni los puntos de acuerdo, la norma cuando se trata de bienes públicos.

De las dos plantas de Del Alba que Castro Soteldo otorgó a Agroinlaca, en la de Arroz del Alba (originalmente, propiedad en 51 por ciento de Venezuela y en 49 por ciento de Cuba), en abril de 2019, hubo más visibilidad mediática y no necesariamente porque se ventiló en los medios estatales o en las redes de Agroinlaca.
Una década antes de que fuese entregada a Agroinlaca, y de acuerdo con la prensa oficial, la empresa producía 30 toneladas diarias de arroz. En los años siguientes fue notorio el declive. Ejemplo de ello es que en mayo de 2016, Tirso García, presidente del sindicato de Arroz del Alba, pedía al gobierno de Maduro “acciones urgentes” para salvar la empresa. “Viene decayendo la producción. Aquí se generaban 120, 140 toneladas diarias y fuimos mermando a 100, a 80 hasta que llegamos a 10 y ahorita 2.000 (kilos diarios, es decir, dos toneladas)”, detallaba.

Pero no hubo más inversión y luego vino el limbo de la liquidación de la empresa desde 2017 hasta 2019, cuando se concretó la entrega a Conejo. Los trabajadores protestaron en contra de la decisión de Castro Soteldo y las quejas encontraron apoyo en el exvicepresidente, exministro, excanciller y exdiputado, Elías Jaua, quien denunció en aquel momento la detención arbitraria de diez trabajadores que protestaban y la remoción de un busto de Hugo Chávez que adornaba la entrada de la planta.
Solo algunos productores y campesinos hablan hoy en Portuguesa acerca de esa historia. “Castro Soteldo hizo su emporio económico aquí, por supuesto. Eso para nadie es un secreto. Pero queríamos que al menos respetara la oportunidad de los pequeños productores. Esa fue una de las cosas que más se le pidió, pero lo que vino fue la judicialización”, explica uno de ellos, perteneciente a la plataforma nacional Lucha Campesina y cuyo nombre se omite para resguardar su seguridad.

La “oportunidad de los pequeños productores” a la que se refiere era la posibilidad de que los campesinos, si no tomaban el control de la planta, al menos tuvieran participación en el proceso productivo. Pero la orden del ministro Castro Soteldo no les permitió ni una ni otra cosa. En cambio, amparado en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas, se la entregó a un empresario privado. “Todas esas estructuras las dejaron en el suelo (en el lapso 2007-2017) y de allí comenzaron los convenios entre Wilmar Castro y los privados. A nosotros no nos llamaron, a pesar de que fue un compromiso del ministro. El año pasado lo que tuvimos fue una arremetida muy fuerte, con generales de la Guardia Nacional amedrentándonos. Fue allí cuando estuvo Elías Jaua”, recuerda otro productor de Portuguesa. Su identidad también se omite por seguridad.

En aquel momento, lejos de cualquier medio público y a través del portal Aporrea, Jaua escribió: “Ellos (los campesinos) piden que se respete la propiedad social, que se expliquen las condiciones legales bajo las cuales se entregaron activos nacionales a un privado, que se garantice la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que se reciba la producción de arroz de la zona, que un porcentaje de la distribución sea vendido en la comunidad. Nada de lo cual cumple en este momento el operador capitalista”. Luego de la liberación de los manifestantes, el ruido de las protestas bajó, así como la presión intentada por Elías Jaua, quien no respondió a las varias solicitudes de entrevista por parte de Armando.info. Pero el traspaso siguió, con sigilo y sin claridad legal.

Hoy, en Portuguesa, las cajas que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) también tienen, como parte de sus contenidos, los paquetes de arroz Del Alba. En los empaques todavía está el registro de información fiscal (RIF) gubernamental (G-20008205-4) y la denominación de “empresa mixta socialista”.
Abiertamente, nada confirma que las empresas están ahora administradas por Agroinlaca, salvo algunos mensajes de las cuentas de Delagro que señalan que, en efecto, las empresas de Conejo están al frente de estas plantas. Además de las voces disidentes del chavismo que han denunciado la falta de transparencia de los acuerdos, sin contar la ausencia de rendición de cuentas respecto de las cifras de producción y los alcances de la distribución.
 
La intermitencia del cochino

En un viernes de junio de 2020, la reja metálica del Bodegón Porcinos Caracas está a la mitad. Adentro, un vendedor organiza la única nevera de la tienda y dice que ni hoy ni en la semana se ha vendido cochino. De Barquisimeto no ha salido el camión porque no hay gasolina. Pero la interrupción del suministro no es exclusiva de esos días. Ya el vendedor habla de las fluctuaciones como una normalidad. “Nosotros venimos aquí a organizar las cosas y a limpiar, pero a vender, no mucho”, asegura. La tienda, apenas a unos pasos de la Plaza Bolívar del centro de Caracas, depende de Porcinos del Alba, con sede en la avenida Bolívar, de Barquisimeto, y una de las entregadas al holding de Conejo Garcés. Respecto de esta ha habido más claridad en la relación con el nombre del empresario. No así con la figura jurídica ni con los convenios que se establecieron. Nuevamente, la generalidad de la “alianza estratégica” prevalece.

En un tuit de agosto de 2019, en la cuenta de Twitter de Porcinos del Alba se informó acerca de una reunión entre el presidente de la empresa estatal, Amílcar Navas, y la presidenta de Avícola del Alba, María Alejandra González. Sonreído y escoltado por retratos de Hugo Chávez y Raúl Castro, estaba Fernando Conejo.  En aquella publicación solo se asomaba que el encuentro tenía como objetivo “establecer alianzas estratégicas para fortalecer el Plan Pernil 2019”. No hay números oficiales respecto de la producción de Porcinos a raíz del convenio con Agroinsumos Lara.

Antes, en julio de 2019, la relación entre Agroinsumos Lara y Porcinos del Alba había quedado definida. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión, la gobernadora pesuvista de Lara, Carmen Meléndez, celebraba la puesta en marcha de un matadero de cerdos en la localidad larense de  Carora. “Estamos dando (sic) inauguración después de varios años que estaba parado. Es una alianza entre el Ministerio de Alimentación, que transfirió esta empresa a la Gobernación y la Gobernación hizo una alianza con el privado: con Agroinsumos Lara”. No mencionó la también almiranta que la planta dejó de funcionar durante la gestión gubernamental ni cuáles serían las metas productivas de la alianza con Agroinlaca.

Como ocurre con Arroz del Alba, el RIF de Porcinos sigue siendo gubernamental (G-200008602-5) aunque no hay registro público acerca de los porcentajes de participación y ganancia de Agroinsumos Lara. “Lo único claro es que todas esas plantas fueron adjudicadas de manera directa”, confirma un empresario de Portuguesa que prefiere reservar su identidad. Una nota de prensa del ente que dirige Castro Soteldo daba cuenta de una reunión en el salón Alí Primera del Complejo Agroindustrial El Socorro para pactar la alianza institucional entre Alivensa y Del Alba. Aquel encuentro fue más institucional que de costumbre, pues había representantes de Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), Delagro, Avícola del Alba y AgroGuárico. Además del mismo Frías, en representación de su empresa.

No se anunció entonces alguna meta sobre producción ni certeza acerca de cuánto tiempo funcionaría la alianza con Alivensa. Los datos son los que se permean en las notas gubernamentales. En enero de 2019, siete meses después del comienzo de la alianza, el departamento de prensa de la Gobernación de Guárico (ente dirigido por José Vásquez, del Partido Socialista Unido de Venezuela) refería que 11.000  pollos para criar habían sido entregados desde el comienzo de la alianza hasta entonces.

En mayo de 2020, Vásquez informaba que, a pesar de la pandemia, 120.000 pollos habían sido incorporados al proceso de producción. El ministro de Agricultura y Tierras no se retrató con Frías. Solo utilizó Delagro para materializar la entrega a través de otra “alianza estratégica” que lleva al menos dos capítulos claros de adjudicaciones en las que se entrega mucho pero no se dan explicaciones.

El socio pintoresco

Gusta celebrar su cumpleaños con un concierto de Vitico Castillo y publicar en YouTube los videos en los que se le homenajea. Además de eso, desde 2017 es vicepresidente de Portuguesa F.C., equipo de la primera división del fútbol venezolano en el que, al entrar a formar parte, fue recibido y aplaudido como “prestigioso empresario”. Su nombre es Maiker Frías, director de Alimentos Venezolanos S&M (Alivensa), una empresa con sede en Acarigua, Portuguesa, dedicada a la comercialización de comida “de origen animal o vegetal”, según lo que se constata en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Aunque de estilos mediáticos contrapuestos, existe un punto de concordancia entre Frías y Conejo, Wilmar Castro Soteldo. Ese denominador común tiene todos los elementos que atañen a esta historia: Delagro, una planta de Del Alba que sucumbió ante la improductividad en la gestión gubernamental y una alianza estratégica publicitada como buena noticia en alguna página gubernamental pero cerrada a cualquier escrutinio.

Desde su asunción como ministro en 2016, Castro Soteldo no se ahorró elogios públicos hacia Frías. En una de las emisiones de Cultivando patria de octubre de ese año felicitó a Alivensa por la producción de 3.000 toneladas mensuales de harina de maíz:  “Aquí no hay desperdicio de nada. Además tienen contacto con productores de la zona, donde acopian su materia prima, reciben su pronto pago, procesan y lo distribuyen conjuntamente con la red del estado y la red comunal. Este es un proceso productivo donde está incluido todo el grupo familiar”. Frías ha repetido en varias declaraciones que Alivensa surgió con el apoyo de “la banca pública”. Aunque afirmación genérica, el apoyo estatal no se limitó al empujón inicial de aquel año ni a las palabras de aliento del ministro Castro Soteldo

En 2017 el nombre de Frías despuntó en el cuarto Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) que encabezó el vicepresidente sectorial de Economía, Ramón Lobo (a la postre, presidente del Banco Central de Venezuela). El resultado de aquel encuentro fueron diez acuerdos, todos alianzas estratégicas sin especificacificaciones. Al respecto, el ministro apenas despachó el tema destacando aquello como un logro en la concertación entre empresarios y el gobierno madurista. “Son los avances financieros que ya comienzan a visualizarse, como parte de las alianzas establecidas entre los productores públicos, privados y mixtos conjuntamente con el Ejecutivo nacional”. Una de esas alianzas era para la empresa de Maiker Frías, quien celebró las firmas anunciando: “Hemos concretado una serie de alianzas con la visión única de incrementar la producción en cada rubro a nivel nacional”. También estuvo entre las beneficiadas la empresa Gilmaty Construcciones, cuya representante, Amalys Rodríguez, es citada en los boletines oficiales como “empresaria patriota”.

Otro más para los CLAP

Un asterisco en la agenda del Consejo Nacional de Economía Productiva facilitó a Frías la apertura de más negocios con el Estado venezolano. Fue el momento en que Ramón Lobo señaló que la distribución de las cajas con el sello CLAP también sería una parte clave de las alianzas estratégicas para la que fue seleccionada Alivensa.

Así, en marzo de 2018, Alivensa obtuvo la mayor adjudicación en la séptima subasta del Dicom, el esquema de asignación de divisas para empresas por parte del régimen. Para la de Frías (una de las cuatro favorecidas) fueron asignados 33.362 dólares. En 2017 había recibido, en cuatro subastas entre el 12 de junio y el 3 de agosto, 493.132 dólares. El destino para todos los montos era la importación de insumos para la producción de harina precocida para los CLAP.

Otro capítulo de la historia de Frías que se desarrolla en 2018 se muda de los occidentales Portuguesa y Lara al central estado Guárico, específicamente a Chupadero, municipio El Socorro. En junio de ese año, y para consolidar “un circuito de producción”, una granja de Avícola Del Alba quedó en manos de Maiker Frías quien, lo mismo que Conejo Garcés, nunca respondió a las solicitudes de entrevista para este reportaje.

[Tomado de https://armando.info/Reportajes/Details/4645.]