Dictadura llama “bioterroristas” y “declara guerra” a venezolanos que retornan al país por trochas

Mario López

* Primero fue el Comando Estratégico de la Fuerza Armada (Ceofanb), luego el propio Maduro, y hasta el cura Numa Molina se sumó a la cruzada que estigmatiza y criminaliza a quienes retornan a su país por vías irregulares. En lugar de atender sus múltiples necesidades y problemas, el Gobierno los declara “enemigos” y les promete penas de hasta 12 años de prisión. ¿Por qué razón se ven obligados a ingresar por vías irregulares?

Hace pocos días, desde la cuenta de Twitter del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), se despacharon con un hilo que estigmatizaba brutalmente a los venezolanos y venezolanas que ingresan desde Colombia por las llamadas trochas, además, llamaba a denunciarlos y dar sus direcciones. El término empleado fue ni más ni menos que “bioterroristas”.

“Un trochero o trochera infectado es un bioterrorista (…) que puede acabar con tu vida y la de tu familia (…) denúncialo sin que nadie se entere que fuiste tú. Envía un correo con el nombre de la persona, descríbelo como es y la dirección exacta”. Eran parte de las expresiones usadas por la máxima jefatura operacional de las Fuerzas Armadas, y dejaban un correo para hacer la denuncia.

Dos días después, en cadena de radio y televisión, el propio Presidente de la República repetía y ampliaba las calificaciones estigmatizadoras. Además de “bioterroristas”, ahora le llovieron los calificativos de “irresponsables”, “inconscientes”, de “no valorar a su propio país”, y de ser los responsables de “contaminarlo” del Covid-19. “Los trocheros han contaminado nuestra patria. ¡Denunciémoslos y rompamos la cadena [de transmisión del virus]!”, sentenció Maduro.

El cura Numa Molina, afín al Gobierno nacional, no faltó a la cita y publicó también mensajes secundando a los jefes de las Fuerzas Armadas, con el mismo calificativo criminalizador de “bioterroristas”. El que después “corrigió” por el de “biopeligrosos”, llamando igualmente a denunciarlos. Actitud que motivó incluso una respuesta de los jefes de los jesuitas en el país rechazando las afirmaciones de Molina, quien forma parte de esta congregación.

El día 16 de julio, en un acto de graduación, ascenso y condecoraciones de la policía nacional (PNB), el ministro del Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, continuó y subión más aún de tono la política criminalizadora. Señaló que los venezolanas y venezolanas que retornen al país por vías no oficiales, serán “enviados inmediatamente” a la cárcel de El Dorado (en el estado Bolívar), y que serán juzgados conforme a la Ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada, afrontando penas de entre 8 y 12 años de cárcel. Ya circulan por la redes videos de cómo son aprehendidos venezolanos que ingresan por trochas.

¿Por qué entran por trochas?

Maduro, alimentando más la estigmatización de los venezolanos y venezolanas que retornan por esas vías, señaló que son enviados del presidente colombiano Iván Duque. El discurso del Gobierno es que Duque se coordina con los paramilitares que controlan los pasos ilegales para que pasen venezolanos “contaminados” hacia el país, para usarlos como “armas biológicas”.

Más que cuestionar a Duque, esa es una teoría estrafalaria para estigmatizar a los venezolanos que vuelven. Duque no es amigo ni del pueblo colombiano ni del pueblo venezolano, a su pueblo lo somete a la continuidad de las políticas neoliberales, represivas y asesinas del uribismo, y sobre los venezolanos inmigrantes combina la demagogia con el dejar correr de la xenofobia. Así mismo, permite que echen a la calle a familias enteras de venezolanos, que se quedaron sin ingresos para pagar alquiler. Eso es claro, pero no tiene absolutamente nada que ver con que los venezolanos que se ven obligados a pasar por trochar sean “armas biológicas” usadas por Duque.

uienes en las redes sociales justifican toda esta política reaccionaria se preguntan, con una lógica que pretenden “capciosa”: ¿por qué no se someten a los canales regulares?, ¿qué lleva a alguien a tomar esa “extraña decisión” de ingresar a su país por vías no regulares? ¡De eso se trata! ¿Qué circunstancias llevan a hombres, mujeres y sus hijos incluso, a esta acción riesgosa y desesperada?

Lo primero que hay que hacer es ordenar las preguntas. ¿Qué llevó a esos venezolanos a salir del país y qué los lleva ahora a buscar desesperadamente el retorno? En ambas respuestas están las responsabilidades del propio gobierno que ahora los criminaliza y las de los gobiernos de los países de donde retornan.

Millones de venezolanos y venezolanas se fueron del país huyendo de la pobreza, la miseria, el colapso casi total de los servicios más elementales y, no pocas veces, huyéndole también a la muerte (por falta de alguna medicina, tratamiento médico, operación, o incluso por hambre). Conformando la que es ya la migración más grande de un país de América Latina en tan corto tiempo. Desde 2014 aproximadamente, en el país se desató la que es hoy por hoy la crisis más profunda y grave que haya atravesado el país en más de un siglo, esa crisis brutal del capitalismo venezolano, les fue descargada sin piedad al pueblo por parte de los empresarios privados y el propio gobierno de Maduro.

La fuga descomunal de capitales en el período previo, el pago de la deuda externa a expensas de restar recursos a las necesidades básicas del país, la voraz y prolongada hiperflación, la destrucción como nunca antes del salario y del bolívar, los despidos masivos, cierres de empresas, la destrucción del sistema de salud y un largo etcétera. Siendo Maduro el jefe del gobierno que tiene responsabilidad central en esta situación, es un caradurismo que se limite a señalar con el dedo acusador a los que salieron huyendo de esta desgracia, y ahora deben retornar, igual o más desesperados que al salir.

Con la llegada de la pandemia, muchos de estos y estas inmigrantes, que ya estaban en otros países de la región trabajando y viviendo en condiciones precarias, soportando la estigmatización y la xenofobia –no pocas veces expresada en ataques directos-, vieron recrudecer sus problemas con más precariedad, desempleo, hambre, falta de atención médica y desalojos de viviendas. Tal como a muchos de los trabajadores, trabajadoras y pobres de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, etc., les toca la peor parte de la pandemia, pues en la lógica de la economía capitalista son quienes deben perder: despidos, rebajas salariales, desmejoras laborales, cuarentena sin garantías económicas para quienes viven del día a día, desalojos por no pagar alquileres, etc. En el caso de los inmigrantes venezolanos, se suma el recrudecimiento de la xenofobia.

Además del impedimento para conseguir ingresos para sostenerse, dados los despidos y el cese de muchas labores económicas, muchos venezolanos y venezolanas están siendo desalojados en varios de estos países por no tener para pagar el arriendo. Esto pasa también con algunos nacionales de esos países, pero es mucho más común con los inmigrantes.

Todo eso es lo que precede al momento que un inmigrante venezolano, se ve en la “extraña” necesidad de volver al país “por cualquier vía”. Y se encuentra con que los mecanismos establecidos por el gobierno nacional pueden significarle prolongar desesperadamente su situación de precariedad y hambre, ¡o incluso de contagiarse del virus! Veamos.

Son decenas de miles los venezolanos y venezolanas que, no solo desde Colombia, sino también procedentes de países como Ecuador y Perú, desbordan la capacidad de los Punto de Asistencia Social Integral (PASI) dispuestos por el gobierno venezolano.

En muchos casos, estamos hablando de personas que llevan semanas y quizá meses de difíciles travesías, a veces a pie (entre otras cosas, porque el transporte interprovincial en Colombia está restringido y el costo de carros privados por puestos no les es accesible a muchos), y en condiciones de mucha precariedad para poder llegar a la frontera de retorno al país. Si la asistencia del lado colombiano tampoco les garantizar condiciones mínimas, quedan expuestos a su suerte.

El gobierno venezolano, junto con cerrar el espacio aéreo a vuelos de esos países, suspendió los vuelos humanitarios “Vuelta a la Patria”, estableció sólo tres días para ingresar al país (lunes, miércoles y viernes) y con un límite por día de 300 personas. Así mismo, no reconocía las pruebas de despistaje que realizaban del lado colombiano a los venezolanos que retornaban. Todo esto hace más lento el ingreso y aumenta la acumulación de personas que esperan entrar. Luego de la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del lado venezolano se ha aceptado validar las pruebas hechas del lado colombiano y se ha ampliado el ingreso a cinco días a la semana (de lunes a viernes) y con igual límite diario (300 personas).

El “embudo” que se arma para ingresar al país por la vía formal, la poca capacidad dispuesta por el Gobierno nacional para la recepción, es una de las razones fundamentales por las cuales se opta por ingresar por las trochas.

Agreguemos que el ingreso por las vías formales puede significar que, luego de llegar a la frontera, la persona pase un período adicional de entre 20 a 30 días que pueden ser en condiciones de precariedad. Del lado colombiano los recibe la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y les aplican una prueba por la cual espera entre 3 y 5 días el resultado, esos días deben sostenerse con sus propios medios, la mayoría improvisa carpas a la intemperie. Luego, si logra alcanzar el cupo para pasar a lado venezolano, acá les hacen la prueba rápida y son confinados por 15 días. Luego de esos 15, les hacen las pruebas PCR, cuyo resultado puede tardar de 5 a 10 días. Dependiendo del resultado, la persona es enviada al municipio donde vive, donde lo ponen en otra cuarentena de 7 a 15 días, dependiendo de la política del alcalde o alcaldesa local.

El confinamiento aquí no es la versión idílica que el Gobierno publicita. La alimentación puede ser bastante precaria, pero además hay denuncias sobre cuestiones graves, como el manejo de las pruebas y las condiciones de bioseguridad.

Han trascendido videos en los que las personas confinadas denuncian estar casi todo el día solo con una arepa, así como la falta de agua, jabón y alcohol en algunos de los lugares de confinamiento. Además de eso, el hecho de que las pruebas rápidas pueden arrojar tanto falsos positivos como falsos negativos, genera otro riesgo adicional, porque es con base al resultado de esa prueba que clasifican para el confinamiento: es decir, una persona no contagiada (falso positivo) puede terminar confinada con personas contagiadas realmente y contagiarse allí, así mismo, alguien con el virus, pero estar con los que dieron negativo y contagiar a otros, sin saberlo.

A lo que hay que agregar otra cuestión, relacionada con la opacidad con la que el gobierno se maneja: hay numerosas quejas y denuncias de las personas confinadas sobre que no les muestran los resultados de sus pruebas, les niegan el derecho elemental de conocer de primera mano la verdad sobre su situación de salud. Deben confiar ciegamente en lo que les diga el militar o funcionario estatal a cargo, y punto.

Toda esta realidad demuestra que no es del todo cierta la idea del Gobierno de que por sus vías regulares se garantiza cortar las cadenas de contagio, porque en realidad allí anidan muchas probabilidades de expandirse y propagarse. Pero muestra además que son muchas las penurias, irregularidades y riesgos a los que se ven sometidos los inmigrantes venezolanos en su estancia en otros países y retorno el suyo, que explican decisiones como las de ingresar trochas para llegar lo más pronto posible a sus casas.


Declarando “la guerra” a “los trocheros”… buscando chivos expiatorios

El lenguaje usado por el Gobierno es el bélico, declarando prácticamente como enemigos del Estado y el país a estos venezolanos y venezolanas, que son fundamentalmente víctimas. Víctimas de la realidad del capitalismo venezolano y de las políticas de este gobierno, que los empujó a irse, por lo general en condiciones precarias. Víctimas de las condiciones del capitalismo de los otros países y las políticas de esos gobiernos, que los hace regresar desesperados.

Pero el gobierno venezolano, lejos de asumir su responsabilidad con las necesidades de esta parte del pueblo, los estigmatiza, los criminaliza y les “declara la guerra”. Con esas palabras se expresó el ministro Reverol: “Le hemos dedicado la guerra a los trocheros para garantizar la salud de nuestro pueblo”. Ya no son venezolanos, ahora son “trocheros”, y son ahora los culpables de que se deteriore la salud del pueblo.

Una población estigmatizada por la xenofobia en otros países y estigmatizados aquí también por el gobierno de su propio país. Son varias las voces que en las propias redes sociales se han manifestado contra este lenguaje hostil y criminializador por parte del Estado.

El investigador y profesor universitario Keymer Ávila, en una entrevista con Contrapunto, cuestionó el lenguaje bélico en estos términos: “se considera al enemigo como un ser no susceptible de derecho (…) Hasta han asimilado a los migrantes retornados con ‘armas biológicas’, esto muestra un grado de deshumanización de uno de los sectores sociales más vulnerables que tenemos en el país”.

Que el gobierno de Iván Duque se proponga tener políticas hostiles contra el gobierno de Maduro, no cabe la menor duda, por supuesto. Es un gobierno totalmente subordinado a las políticas imperialistas de Estados Unidos, servil con Trump hasta la humillación. Pero usar eso para acusar de “armas biológicas” o “terroristas” a los trabajadores, trabajadoras y pobres de nuestro país que ingresan de manera desesperada por las trochas, es de una vileza enorme, que solo busca conseguir un chivo expiatorio a la realidad de la expansión del virus a y los múltiples problemas para afrontar la pandemia, derivados de la propia crisis nacional en la que Maduro y las FFAA tienen gran responsabilidad.

[Tomado de http://www.laizquierdadiario.com.ve/Maduro-y-FANB-llaman-bioterroristas-y-declaran-guerra-a-venezolanos-que-retornan-por-trochas.]