Venezuela - Alerta pública ante el brutal deterioro en el respeto a los Derechos Civiles y a quienes los defienden

Organizaciones y Personas Firmantes

Nicolás Maduro expresó, que el domingo 3 de mayo, fuerzas militares y policiales ejecutaron una acción que dio como resultado la muerte, de a su decir, ocho “mercenarios” (de los cuales al momento se desconocen oficialmente mayores datos), y detuvieron a otros tantos, cuando intentaron una incursión marítima al país; posteriormente el 4 de mayo en Chuao y Puerto Maya en el Estado Aragua, señaló, se produjo la detención de otras 13 personas, según palabras dadas a través de los medios públicos. Todo ello en el marco de la autodenominada “Operación Negro Primero”, en unión “cívico-militar-policial”.

Es importante recordar que en su informe sobre Venezuela, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya había advertido que “el gobierno podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social“, agregando que en “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extrema“, sosteniendo que los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) recurrieron a estos métodos. La misma Alta Comisionada advirtió tiempo después, que lamentaba que Nicolás Maduro no considerara su solicitud de disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía y que, en vez de eliminarlas, hayan optado por reafirmar su apoyo a éstas públicamente. Los casos del Concejal Fernando Albán, el Inspector Óscar Pérez o el Capitán de Fragata Rafael Acosta Arévalo, han sido denunciados en el pasado por ser coincidentes a estas prácticas reflejadas por la Alta Comisionada en su informe.

En razón a ello, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos anunció en su cuenta Twitter que “Deben ser respetados los DDHH de las personas detenidas en los últimos hechos. Responsabilizamos a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz sobre posibles desapariciones forzadas y actos de tortura contra aprehendidos”.

A raíz de esta declaración de esta organización no gubernamental independiente, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela; Nicolas Maduro ha insistido en acusaciones y amenazas contra PROVEA en los términos siguientes “Ahora aparece Provea diciendo que se respeten los derechos humanos de estas nobles ovejas descarriadas, cuando tenemos suficiente material grabado con sus voces y sus imágenes diciendo que venían a matar a sangre y fuego”  agregando “que son una organización financiada por la CIA”, sumando estas afirmaciones a otras tantas como la de Diosdado Cabello quien en este mismo año en su programa de televisión “Con el mazo dando“, afirmó que “se han mostrado pruebas de que (PROVEA) está financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el propósito de desestabilizar Venezuela“, siendo estas declaraciones consecuentes a otras dadas por Nicolas Maduro, quien en agosto 2015, señaló a medios de comunicación públicos lo siguiente: “También, aquí están ataques, miren, el mismo libreto, lo mismo dice una organización política financiada por el gobierno de Estados Unidos llamada Provea, una organización política de la derecha venezolana (…) tenemos las pruebas de su financiamiento por parte de la NED, aquí están las pruebas de financiamiento por parte de la NED. El gobierno de los Estados Unidos financia Provea [sic], es una organización política que le ponen ONG para financiarlos y ponerlos a hablar en el mundo y en Venezuela. Bueno miren, mire el libreto. El partido político Provea, financiado por el gobierno de los Estados Unidos.”

Cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH resolvió en diciembre 2019, otorgar medidas cautelares al Equipo Coordinador de PROVEA, considerando que era objeto de declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado “…Tales mensajes buscan desacreditar la labor que realiza PROVEA como organización defensora de derechos humanos en Venezuela, calificándola de receptora de dinero del “imperialismo”, “vinculada a la CIA”, “carece de legitimación por estar financiada desde el extranjero”, “operadores políticos de derecha”, organización que “por razones ideológicas, pero sobre todo por dinero, se pasaron al servicio del imperio”, o como organización que elabora material “subversivo”, entre otros (…) La Comisión considera que las declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado contra personas defensoras de derechos humanos contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad…”

En este sentido, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado expresamos:

1) Que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de diversos órganos del Sistema Universal, contemplan que los detenidos o privados de libertad, se encuentran en las manos del Estado, en una relación de sujeción especial, que los sitúa en una condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a brindarles protección, hasta el punto de convertirse en garante y responsable de la vida e integridad de las personas que se mantengan bajo su custodia.

2) Que no les está permitido a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos constatar la condición de privación de libertad de los presos políticos, motivado a que tienen prohibido el ingreso a sus sitios de detención. Aunado a que el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo son organismos independientes e imparciales, no existiendo en consecuencia, garantía alguna para la realización de cualquier investigación respecto a posibles violaciones de derechos humanos.

3) Que la Resolución de la Asamblea General A/RES/53/144, del 8 marzo de 1999 mediante la cual se aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, establece que es obligación de los Estados “Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”, siendo las intimidaciones del régimen de Nicolas Maduro, hacia el trabajo de los defensores de derechos humanos, y específicamente PROVEA, una violación de las obligaciones internacionales del Estado bajo el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano; amén de que incumplen la Medida Cautelar No. 438-15, dictada en diciembre 2019, Resolución 63/2019, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, dictadas en favor del equipo coordinador de PROVEA.

Es por lo antes mencionado que quienes suscribimos declaramos:

1) Que deben ser respetados los Derechos Humanos de las personas detenidas en los últimos hechos señalados en el presente comunicado y de las que se hizo vocero Nicolas Maduro. Responsabilizando a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz sobre posibles desapariciones forzadas y actos de tortura contra aprehendidos; toda vez que, a decir del informe realizado sobre Venezuela, por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad por razones políticas, es sistemática; observando con preocupación lo ocurrido en los casos del Concejal Fernando Albán, el Inspector Óscar Pérez y el Capitán de Fragata Rafael Acosta Arévalo, quienes perdieron la vida en manos del régimen de Nicolas Maduro; y otros privados de libertad quienes en sus testimonios han denunciado tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes en estos procedimientos.

2) Que rechazamos y repudiamos las temerarias acusaciones provenientes del régimen de Nicolas Maduro, contra organizaciones de derechos humanos como PROVEA; desmeritando y desvirtuando, su legítima acción en favor de los derechos humanos, asumiendo públicamente que sus intervenciones poseen un interés de desestabilización, pudiendo con ello exponer a los miembros de esta organización y/u otras que desarrollan igual misión, a riesgos como amenazas a su vida e integridad personal y/o actos de intimidación; siendo que la verdadera desestabilización de la Republica deviene en el irrespeto a la Constitución, la voluntad popular así como los Pactos y Tratados que en materia de Derechos Humanos a suscrito y está obligado nuestro país.

3) Que demandamos detener inmediatamente la criminalización y hostigamiento contra Provea, por parte de Nicolas Maduro y demás funcionarios de su régimen como Diosdado Cabello; garantizando indubitablemente el libre desempeño de las organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela, ya que esta labor la ejecutan apegadas a la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna; así como hacer un llamado urgente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michele Bachelet, para que ponga especial atención a estos nuevos eventos que se suman al deterioro del ejercicio de los derechos civiles de los venezolanos.

[Ver la lista de quienes respaldan este documento en https://www.derechos.org.ve/actualidad/mas-de-130-organizaciones-alertamos-sobre-el-deterioro-a-los-derechos-civiles-y-rechazamos-la-criminalizacion.]