Prensa OEP
En el Día Mundial del Trabajador, la cada vez más notoria precarización de las condiciones laborales en Venezuela destaca como uno de los elementos con incidencia en el avance del extractivismo en el país, sirviendo como principal motivador para quienes han migrado de empleos formales a sectores como la minería ilegal, o quienes han optado por la extracción directa de recursos naturales (leña, por ejemplo) para solventar necesidades básicas que no están siendo atendidas por el Estado venezolano, así como para l@s funcionari@s del sector de seguridad y defensa que apelan a prácticas de corrupción en zonas mineras para mejorar por esa vía sus condiciones de vida personales.
Política de precarización y reducción del Estado
El más reciente anuncio de aumento salarial hecho por el gobierno venezolano deja el nivel de ingreso mínimo en el sector formal en Venezuela en la pírrica cifra de $2,2, muy por debajo del salario en Cuba, por ejemplo, ($15) que ha sido históricamente uno de los más bajos de la región.
El anuncio evidencia dos elementos que han caracterizado la política no declarada de precarización de las condiciones laborales del actual gobierno venezolano: por una parte los anuncios no son realizados de manera explícita por el gabinete ministerial del gobierno, y se presenta el salario mínimo como un valor referencial que debería contemplarse en el marco de un paquete social que contempla el subsidio a los servicios básicos o la gasolina, lo que en las actuales condiciones de crisis del agua, electricidad, gas, y acceso al combustible pasa a ser fuertemente cuestionado por diversos sectores del país.
El grupo de investigación en materia económica 15 y último publicó una serie de gráficos que reflejan, con base en datos oficiales, el dramático aplanamiento del ingreso salarial en Venezuela, en relación con el comportamiento del valor referencial de la moneda.
Estos anuncios, y en especial la explicación de algunos funcionarios, que indican que el salario mínimo sólo parece cumplirse en el sector público pues el privado se ve obligado a mejorar las ofertas laborales para poder captar personal, ha sido interpretada por algunos analistas como una serie de medidas para impulsar una reducción de facto del aparato del Estado venezolano, sin declararla de tal forma por el costo político que tendría para un gobierno que se presenta como socialista.
Precarización laboral y migración como expansión del extractivismo
Diversas organizaciones han reportado cómo esta precarización laboral ha impulsado una migración interna hacia zonas tradicionalmente mineras en Venezuela. El Informe especial: Peligros y Vulneraciones de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes en la Frontera y Actividades Mineras de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) alerta que las principales razones que motivaron la marcada migración venezolana de los últimos años hacia el extranjero estaban relacionadas con las condiciones de vida y del ámbito laboral. También advierte el documento sobre la migración interna en el país de maestros, maestras, entre otros trabajadores del sur del país hacia las zonas mineras.
En este sentido cabe destacar que mientras una parte de la clase trabajadora venezolana que migró al extranjero terminó siendo captada como mano de obra barata para la minería y otras formas de extractivismo en países como Chile o Colombia, otro sector terminó siendo captado por el propio sistema extractivista en Venezuela en zonas como Bolívar.
Represión en el sector laboral en Venezuela
A finales del 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó a Venezuela como uno de los países con mayor riesgo de conflictividad social en el mundo, debido a la alta tasa de precariedad laboral que registra.
La OIT designó una comisión de encuesta para Venezuela, una decisión con muy pocos precedentes históricos en la entidad, para analizar reiteradas quejas de los empleadores y organizaciones sindicales sobre el irrespeto de normas laborales y las condiciones de informalidad y precariedad crecientes en el mercado laboral. Una situación que ha sido reportada por diversas organizaciones y activistas en el país.
En especial, destaca que la OIT hace un llamado enfático al gobierno venezolano por “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.”.
Este llamado de la OIT coincide con reportes de persecución y represión en contra de trabajadores venezolanos, dirigentes o activistas del sector laboral en el país. En este sentido destacamos el caso del trabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, quien formaba parte de los trabajadores que en Ferrominera del Orinoco se organizaban para luchar por el contrato colectivo y sus derechos, enfrentados tanto a la gerencia como a la burocracia sindical progubernamental y que desde el 2009 ha sido injustamente incriminado y privado de su libertad como forma de proteger a delincuentes al amparo del gobierno y de reprimir las luchas por los derechos laborales en el sector de las industrias básicas en Venezuela.
[Tomado de http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/01/precariedad-laboral-y-expansion-del-extractivismo-en-venezuela.]
En el Día Mundial del Trabajador, la cada vez más notoria precarización de las condiciones laborales en Venezuela destaca como uno de los elementos con incidencia en el avance del extractivismo en el país, sirviendo como principal motivador para quienes han migrado de empleos formales a sectores como la minería ilegal, o quienes han optado por la extracción directa de recursos naturales (leña, por ejemplo) para solventar necesidades básicas que no están siendo atendidas por el Estado venezolano, así como para l@s funcionari@s del sector de seguridad y defensa que apelan a prácticas de corrupción en zonas mineras para mejorar por esa vía sus condiciones de vida personales.
Política de precarización y reducción del Estado
El más reciente anuncio de aumento salarial hecho por el gobierno venezolano deja el nivel de ingreso mínimo en el sector formal en Venezuela en la pírrica cifra de $2,2, muy por debajo del salario en Cuba, por ejemplo, ($15) que ha sido históricamente uno de los más bajos de la región.
El anuncio evidencia dos elementos que han caracterizado la política no declarada de precarización de las condiciones laborales del actual gobierno venezolano: por una parte los anuncios no son realizados de manera explícita por el gabinete ministerial del gobierno, y se presenta el salario mínimo como un valor referencial que debería contemplarse en el marco de un paquete social que contempla el subsidio a los servicios básicos o la gasolina, lo que en las actuales condiciones de crisis del agua, electricidad, gas, y acceso al combustible pasa a ser fuertemente cuestionado por diversos sectores del país.
El grupo de investigación en materia económica 15 y último publicó una serie de gráficos que reflejan, con base en datos oficiales, el dramático aplanamiento del ingreso salarial en Venezuela, en relación con el comportamiento del valor referencial de la moneda.
Estos anuncios, y en especial la explicación de algunos funcionarios, que indican que el salario mínimo sólo parece cumplirse en el sector público pues el privado se ve obligado a mejorar las ofertas laborales para poder captar personal, ha sido interpretada por algunos analistas como una serie de medidas para impulsar una reducción de facto del aparato del Estado venezolano, sin declararla de tal forma por el costo político que tendría para un gobierno que se presenta como socialista.
Precarización laboral y migración como expansión del extractivismo
Diversas organizaciones han reportado cómo esta precarización laboral ha impulsado una migración interna hacia zonas tradicionalmente mineras en Venezuela. El Informe especial: Peligros y Vulneraciones de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes en la Frontera y Actividades Mineras de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) alerta que las principales razones que motivaron la marcada migración venezolana de los últimos años hacia el extranjero estaban relacionadas con las condiciones de vida y del ámbito laboral. También advierte el documento sobre la migración interna en el país de maestros, maestras, entre otros trabajadores del sur del país hacia las zonas mineras.
En este sentido cabe destacar que mientras una parte de la clase trabajadora venezolana que migró al extranjero terminó siendo captada como mano de obra barata para la minería y otras formas de extractivismo en países como Chile o Colombia, otro sector terminó siendo captado por el propio sistema extractivista en Venezuela en zonas como Bolívar.
Represión en el sector laboral en Venezuela
A finales del 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó a Venezuela como uno de los países con mayor riesgo de conflictividad social en el mundo, debido a la alta tasa de precariedad laboral que registra.
La OIT designó una comisión de encuesta para Venezuela, una decisión con muy pocos precedentes históricos en la entidad, para analizar reiteradas quejas de los empleadores y organizaciones sindicales sobre el irrespeto de normas laborales y las condiciones de informalidad y precariedad crecientes en el mercado laboral. Una situación que ha sido reportada por diversas organizaciones y activistas en el país.
En especial, destaca que la OIT hace un llamado enfático al gobierno venezolano por “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.”.
Este llamado de la OIT coincide con reportes de persecución y represión en contra de trabajadores venezolanos, dirigentes o activistas del sector laboral en el país. En este sentido destacamos el caso del trabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, quien formaba parte de los trabajadores que en Ferrominera del Orinoco se organizaban para luchar por el contrato colectivo y sus derechos, enfrentados tanto a la gerencia como a la burocracia sindical progubernamental y que desde el 2009 ha sido injustamente incriminado y privado de su libertad como forma de proteger a delincuentes al amparo del gobierno y de reprimir las luchas por los derechos laborales en el sector de las industrias básicas en Venezuela.
[Tomado de http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/01/precariedad-laboral-y-expansion-del-extractivismo-en-venezuela.]
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.