En 2019 la dictadura venezolana siguió pulverizando derechos laborales

PROVEA

* Lo más destacable del Informe Anual PROVEA 2019 en lo que toca a derechos de l@s trabajador@s.

El 2019 continuó marcado por unas políticas anti laborales de Nicolás Maduro. El llamado “Presidente obrero” siguió pulverizando los derechos laborales y sin garantizar la capacidad adquisitiva de millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos.  Profundizó el al deterioro de la calidad de vida de empleados públicos y privados: con un salario mínimo en $4 que obligó a sectores diversos del campo laboral a realizar paros, huelgas y movilizaciones de calle para exigir salarios dignos y otros beneficios. Los reclamos tuvieron como respuesta represión, amenazas, despidos y sustituciones no calificadas que registramos en nuestro Informe Anual 2019.

El panorama laboral de 2019 también estuvo marcado por una dolarización de facto que benefició a una pequeña porción de los trabajadores de Venezuela, la cual ocasionó la profundización de una desigualdad cada vez más marcada entre quienes tienen acceso a divisas y quienes solo perciben salario en bolívares. Además, en el 2019 siguieron presentes las violaciones a los contratos colectivos, a las cuales también se les sumó una política de hostigamiento contra quienes exigían sus derechos. De 811 casos de amenazas y hostigamiento registrados en nuestro Informe Anual del 2019, 405 fueron contra trabajadores, lo que representó el 50%, la mayoría estuvo marcada por docentes, personal de salud y trabajadores de empresas del Estado.

Deterioro de salarios se tradujo en protestas y paros
A finales del enero de 2020, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la economía venezolana cerró 2019 con una inflación de 9.585,5% una cifra superior al 7.374,4% divulgado por la Asamblea Nacional (AN) a mediados de enero. Al cierre de 2019, el salario mínimo estaba fijado en Bs. 150.000, monto al que se sumaba el bono de alimentación sin incidencia salarial de Bs. 150.000. Mientras la remuneración mínima legal alcanzaba a Bs. 300.000, la canasta básica familiar ―que incluye alimentos y gastos en categorías como educación, vivienda, vestido y salud para una familia de cinco miembros― se ubicaba en 27.322.672,78 bolívares, equivalentes a 182 salarios mínimos o 546,45 dólares americanos, de acuerdo con el reporte mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). El alza en un año fue de 5.776,5%.

El descontento social tiene entre sus causas la pulverización del salario. Las protestas por derechos laborales siguieron en en el 2019, con 4.756 según el balance anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), quienes más salieron a las calles fueron los maestros con 3.714 manifestaciones en todo el año, seguidos del sector salud con 474 y los transportistas con 290. Pero, estas acciones de calle fueron perseguidas por amenazas de la Administración de Maduro, El Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara denunció un “brutal acoso laboral” que ocasionó la suspensión de sueldos y apertura de expedientes que podían terminar en despidos. Según un testimonio recopilado por Provea en 2019, el cual afirmaba que estas sanciones y persecución sucedían por “el simple hecho de haber participado en las luchas”. Estas amenazas no se mantuvieron solo en el interior del país, en el 2019 Provea documentó y denunció cómo presuntos colectivos dispararon activamente a una concentración de maestros, todo bajo la vista de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que no ejecutaron acciones de defensa contra los agresores, ni tampoco defendieron a los educadores.

Dolarización para algunos pocos

Producto de la imposición de una dolarización de facto que se aceleró por el apagón nacional del 2019, algunos sectores laborales venezolanos comenzaron a percibir salarios en moneda extranjera, lo que aceleró la profunda desigualdad en un país con una crisis económica y en hiperinflación. Los trabajadores comenzaron a reclamar sus pagos en dólares, sectores como el de los enfermeros realizaron paros para exigir que sus salarios fueran fijados en aproximadamente 600 dólares al cambio.     “No estamos exigiendo que la moneda venezolana sea el dólar, pero debe ir equiparado al dólar. Todavía no nos ha dado respuestas” afirmaba Betty Acosta, enfermera y miembro de la junta directiva del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Una de las tantas profesionales que no tuvieron garantizadas su calidad de vida o estabilidad laboral.

Desempleo sobrepasa el millón de personas

Después de un retraso de un par de años, el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó las cifras de la Fuerza de Trabajo hasta 2018, cuando la tasa de desocupación se ubicó en 6,4%. Con  una población económicamente activa de 16.029.529 personas, 15.011.108 personas estaban empleadas, lo que resulta en una tasa de ocupación de 93,6%. El restante, 1.018.421 personas, estaban desempleadas. Del total de desocupados, 452.277 eran hombres y 566.144 eran mujeres, lo que indica que la tasa de desocupación es superior en las mujeres, que registran 6,6% de desempleo. De la población ocupada, 8.929.536 personas estaban en el sector formal (59,5%), mientras que 6.081.572 trabajaban en la informalidad (40,5%), una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2017.

Contratos colectivos violados y aumento del hostigamiento

En el 2019 se repitieron las violaciones a las contrataciones colectivas. Provea registró que hasta 2018 apenas se suscribieron 16,2% de convenciones colectivas del sector público. Los maestros continuaron reclamando la falta de respuesta por el incumplimiento de su contratación colectiva, un sector que apenas recibió el 5% de lo que se les había prometido. La que debería ser una de las labores mejor remuneradas, se convirtió en una con eliminación de bonos y desconocimiento de aumentos regulares.

Los trabajadores de las empresas básicas de Guayana también sufrieron desmejoras laborales, quienes en el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), negaron y se opusieron a la imposición de un tabulador de puertas cerradas sin los trabajadores presentes. Lo que continuó con la negación de pagos adeudados y acordados en contrataciones previas. El hostigamiento también formó parte de las políticas laborales de Maduro en el 2019, Provea registró 405 casos de amenazas contra trabajadores de Venezuela, la mayoría fueron maestros, personal de salud y empleados públicos.

Caso Rubén González

El 13 de agosto, el Tribunal Militar emitió una sentencia ilegal contra el civil Rubén González, para cumplir una pena de cinco años y nueve meses de prisión. Rubén fue ubicado en el Anexo de Procesados Militares del Internado Judicial de Monagas, la llamada “cárcel de La Pica”, siendo el único civil detenido en ese recinto penitenciario militar. La detención de Rubén ha sido en un momento donde su salud ha estado más crítica. Según información obtenida por Provea, mediante las voces de sus familiares, Rubén ha sufrido de crisis hipertensivas durante el tiempo que ha estado detenido, tiempo en el cual no ha recibido atención médica adecuada y oportuna. Esta negación a la asistencia a un preso enfermo es considerada como un trato cruel e inhumano, de acuerdo al Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.

Los derechos laborales continúan vulnerados, aquellos derechos que están en la Constitución de Venezuela, en sus artículos 87, 88, 89, 91, 95 y 97. Mientras Maduro siga con su política anti obrera, los trabajadores continuarán en las calles exigiendo reivindicaciones, mejores condiciones de vida y el respeto a sus derechos humanos. Desde Provea nos mantendremos para acompañar a todas las víctimas en sus reclamos.

[Nota final de El Libertario: Se puede ver el texto completo del capítulo Derechos Laborales del Informe Anual 2019 de PROVEA en https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/07laborales-5.pdf.]

[Versión resumida de nota informativa originalmente publicada en https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-anual-derechos-laborales-maduro-continuo-pulverizando-derechos-y-trabajadores-en-resistencia.]