Dictadura venezolana manipula información sobre incidencia del COVID-19 para intentar apaciguar descontento

Armando Altuve

* La epidemia por el nuevo coronavirus le ha servido a Nicolás Maduro para paralizar la agitación política generada por la crisis socioeconómica, concuerdan especialistas. Sostienen que el gobernante, quien tomó el control de la vocería en medio de la emergencia, carece de credibilidad para comunicar el impacto de la epidemia en el país.

Es significativo que el chavismo, que se reservó la información epidemiológica en Venezuela durante la pandemia de influenza AH1N1 en 2009, asuma una actuación distinta con el virus de COVID-19, que actualmente afecta a 185 países. Nicolás Maduro, gobernante cuestionado por 61 naciones del mundo, tomó el control de la vocería relacionada con el abordaje de la enfermedad sin dar espacio al Ministerio de Salud. Pero expertos y analistas del área política, resaltan que las contradicciones u omisiones de datos relevantes para comprender el curso de la epidemia y el matiz ideológico de su discurso, y el de sus demás voceros, buscan apaciguar el descontento social generado por la crisis y acentuar el control de la ciudadanía.

“El Gobierno pretende, en su maquillaje de la realidad, no alarmar ni enardecer a la población. Incluso usa subterfugios para vender la imagen de control y gobernabilidad sobre la situación y convertir esto en otra ‘victoria del huracán bolivariano’ y matizar las pérdidas humanas y económicas que generará el mal manejo de la pandemia”, suelta Tarek Yorde, consultor especializado en marketing de políticas públicas y comunicación política.

Yorde explica que el Gobierno ofrece informaciones que están divorciadas del contexto de crisis actual. Señala, por ejemplo, que al principio ni Maduro ni sus voceros de la comisión presidencial del COVID-19 divulgaron las cantidades de pruebas de detección realizadas e ignoraron el déficit de reactivos para el procesamiento y análisis de muestras denunciado por bioanalistas desde hace cuatro años. “El subregistro de casos es mayor”, subraya.

El Gobierno reconoció los dos primeros casos de COVID-19 el 13 de marzo. Desde esa fecha, Maduro y sus voceros sostienen que la curva epidémica se han mantenido aplanada, lo que supone que tienen controlada la propagación del virus que afectó, hasta el 23 de abril, a 311 personas en 20 estados, de las cuales 10 murieron.

El Gobierno, en al menos tres oportunidades, ofreció cifras que no concordaban con las manejadas por los gobernadores de Miranda y Táchira. Tampoco ha informado detalles sobre el primer paciente que arribó al país con coronavirus, a pesar de que uno de los fallecidos contrajo la enfermedad el 29 de febrero, dos semanas antes de la confirmación de los primeros casos. “Las discrepancias en estadísticas obedecen a que el Ejecutivo tiene años negando la información oficial, y los gobierno regionales y alcaldes no tienen acceso real a cifras de casos ni letalidad”, opina Yorde.

El ocultamiento de información sanitaria no es nuevo: el Gobierno prohibió la publicación del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud en 2016 y, hasta la fecha, no lo ha difundido. Los documentos permitirían conocer el comportamiento de las enfermedades de notificación obligatoria y de epidemias, aún activas en el país, como las de malaria y difteria.

Yorde se ampara en un patrón que, a su parecer, ha caracterizado la actuación del Gobierno para justificar que su actuación frente a la pandemia no es acertada. Sostiene que Maduro sigue un guión que han reeditado gobernantes con ideales totalitarios y por eso su gestión no ha gozado de responsabilidad institucional.

Describe que el Gobierno controla todos los espacios de la vida social, para dividir y agitar el conflicto político, pero se niega a admitir responsabilidad alguna cuando comete errores. “Todas las crisis estallan en la cara, pero en vez de asumir correctivos contra la improvisación, la mediocridad y la corrupción, huyen y atacan a un tercero, como al ‘bloqueo económico’ o a la oposición”.

El Gobierno de Maduro aseguró el 20 de abril que “sospechaba” que el reciente aumento de casos de COVID-19 en Nueva Esparta había sido dirigido por la oposición. El virus se propagó luego de identificar a 20 deportistas de la academia de beisbol Roberto Vahlis, ubicada en el municipio Gómez, con la enfermedad. El Ejecutivo cuestionó que el recinto estuviera funcionando en medio de la cuarentena y, a raíz de ese hecho, el Ministerio Público imputó a la epidemióloga regional Carmen Hernández y a cuatro miembros de su equipo por no reportar los contagios y, además, responsabilizó a Alfredo Díaz, gobernador de la entidad, quien ejerce funciones bajo el peso de la figura de protector que asume Dante Rivas, que tiene vocería en el abordaje de la epidemia en la isla.

Alí Daniels, abogado de la ONG Acceso a la Justicia, señala que el Gobierno en su discurso alimenta la confrontación política en vez de unir a todos los sectores para mitigar las consecuencias de la epidemia. Comenta que el Ejecutivo aprovecha la coyuntura para aplicar lo que denomina “doctrina de enemigo interno”. “La pandemia es un caldo de cultivo para que el Gobierno persiga y aplique la fuerza hasta con el personal sanitario que cuestione su proceder”, señaló Daniels.

Bajar la presión

Yorde asegura que la medida de aislamiento social beneficia al Gobierno porque con esta estrategia de prevención, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó para mitigar la propagación del COVID-19, logra paralizar el descontento de los ciudadanos, la agitación política opositora, incluso la posibilidad de “estallidos sociales” que pudieran generarse, por ejemplo, por las fallas de electricidad, la hiperinflación, el poco suministro de agua potable y, ahora, de gasolina.

Carmen Beatriz Fernández, politóloga y profesora de la Universidad de Navarra de España, opina que, contrariamente al pensamiento de que la llegada del COVID-19 al país es la “gota que rebasó el vaso”, cree que el Gobierno se ha valido de la epidemia para hacer una pausa a la “tormenta perfecta” que ha supuesto la crisis, especialmente por el quiebre de la economía.

Venezuela está en recesión desde 2013 por el descenso progresivo de los precios del petróleo, principal producto de exportación. En paralelo, tiene a su industria perjudicada por la merma en la producción de crudo ocasionada por la corrupción, la desinversión y la falta de mantenimiento en las refinerías para procesar gasolina y otros combustibles. El revés de la actividad petrolera ocurre en medio de una coyuntura económica hiperinflacionaria, que deprecia el salario e impacta en el alza de costos de bienes de primera necesidad. Las sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Venezuela, especialmente las que afectaron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cercaron no solo la posibilidad de que Maduro exportara crudo, sino que lo importara desde otras naciones.

“En paralelo, con las limitaciones que suponen las sanciones norteamericanas, el país en recesión y con una mermada capacidad para producir petróleo, y el aislamiento, configuran un freno en el acceso a combustible y desmovilización de la población», considera Fernández.

El desplome económico, en medio de una crispación política e institucional, arrastró al país a un colapso que se tradujo en dificultades en el acceso a servicios de salud y alimentación. La oposición a Maduro reclama que Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja. La epidemia de COVID-19, cuyo foco de propagación inició en China, afecta a la nación cuando no hay condiciones sanitarias: una capacidad hospitalaria reducida con fallas continuas de medicinas e insumos, incluso déficit de médicos y enfermeras. Por eso, la OMS consideró que Venezuela es vulnerable para enfrentar un brote del virus.

“La epidemia es una gran oportunidad que el Gobierno usará para enfriar la calle, desmovilizar y atemorizar. En este contexto, la gente asustada y necesitada será mucho más sumisa ante quienes tienen la posibilidad de traficar favores políticos, asignando agua por cisternas, bolsas de comida, bonos y medicamentos. Hoy la población venezolana está en manos de extorsionadores ideológicos. No habrá medicinas ni salvación para los opositores porque, al final, todo termina en las UBCh (Unidades de Batalla Hugo Chávez), los coordinadores del Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción) y otros grupos de control social creados por el chavismo para someter a los ciudadanos”.

Tanto Fernández como Yorde coinciden en que, en un primer plano, el Gobierno tomó medidas acertadas en medio de la epidemia, como aislar a la población y tomar la vocería de la información, pero resaltan que Maduro, pese estas decisiones, arrastra poca credibilidad, un factor que juega en contra de las estrategias implementadas.

“Maduro y los hermanos Rodríguez son personajes rechazados por el 80% de la población, sin ninguna credibilidad, empatía, calidez y capacidad real de inspirar confianza. La vocería médica está ausente, por más que el psiquiatra Jorge Rodríguez esté allí, su rol no cala y solo se dedica a acusar y elogiar a China”, cuestiona Yorde.

Fernández resalta que los gobernantes, ante una crisis, deben garantizar que la ciudadanía les adjudique confianza. Pero el control en sí mismo de la información impide el ejercicio del escrutinio por parte de la sociedad. “El peso del descrédito de Maduro hace que nadie crea que sea capaz de manejar la emergencia por el coronavirus. Si la crisis estuviese bien manejada, por ejemplo, no tiene sentido la ampliación de la cuarentena, una medida insostenible para la población con capacidad económica y de ahorro limitada”.

[Tomado de https://elpitazo.net/reportajes/contradicciones-expertos-sostienen-que-el-gobierno-manipula-informacion-sobre-covid-19-para-apaciguar-descontento-social.]