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lunes, 30 de septiembre de 2019

La Venezuela extractivista no puede tener desarrollo sustentable: Entrevista a Alejandro Álvarez



Gloria Carucci

- ¿Qué opinas tú de la “Minería Ecológica”?

° Alejandro Álvarez: Es un concepto absurdo, es como hablar de bombardeo humanitario. En algunos países que aceptan y propician la minería como parte de la economía del Estado, se ha logrado un nivel aceptable de regulación; pero toda minería genera daños muy altos. No hay minería ecológica en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países donde esa actividad está bajo regulaciones muy grandes. De hecho, la minería es una actividad insustentable. Porque simplemente las vetas se acaban, y en el momento en que la mina deja de producir, la misma se abandona, y toda la infraestructura de la comunidad alrededor es frecuentemente abandonada. Generalmente dejando una serie de pasivos ambientales, daños sociales, e incluso daños culturales.


Por otra parte, Eduardo Gudynas plantea en su libro más reciente que existe una relación clara entre extractivismo y corrupción. Se ha demostrado que, en todo el mundo, incluso en los países de mayor nivel económico, los grupos mineros pueden llegar a influenciar en las políticas públicas e incluso en las elecciones presidenciales. Tenemos como ejemplo, en los EEUU el caso de los hermanos Koch, empresarios mineros del carbón, que tuvieron una influencia importante en la campaña de Donald Trump y sobre los grupos negacionistas del cambio climático. Asimismo, en muchos países existen denuncias graves de la relación entre extractivismo y corrupción. Entonces, tú no puedes pensar en desarrollo sustentable, y en la sustentabilidad ecológica bajo un sistema basado en el extractivismo.

Yo no estoy en contra de la minería per se. Es un asunto de realismo. En el sentido de que gran parte de las cosas nacen de algún tipo de actividad minera. Pero creo que para regular esa actividad se necesita de regímenes sólidos y democráticos, donde la sociedad civil tenga una capacidad real de hacer auditoría sobre lo que está ocurriendo en las zonas mineras, a la vez que el Estado tenga capacidad política y técnica para imponer regulaciones, en particular de ordenamiento territorial, y bajo unas normas de lineamientos político-éticos que impliquen medidas como acordar áreas que no deben ser intervenidas con actividades extractivas sin importar lo que haya debajo del suelo. Cuando no se tienen esas condiciones surgen las contradicciones: Uno de los peores casos en América Latina lo tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, donde se aseveró que no iban a tocar jamás el Yasuní, pero al final de su mandato dio órdenes para que se otorgarán concesiones para la explotación petrolera dentro de ese territorio.

- ¿A qué te refieres con Ordenamiento Territorial?

° El ordenamiento territorial es un proceso político-técnico que se hace desde el Estado. En su ejecución técnica implica la descripción a distintos niveles de un territorio de sus características, recursos existentes, potencialidades, capacidades y limitaciones con el fin de poder tomar decisiones sobre el tipo de actividades pueden desarrollarse en ese espacio y bajo cuáles condiciones. Ese proceso está establecido claramente en la Constitución Nacional y en la legislación venezolana. Esta técnica de planificación ambiental se realizó en Venezuela durante muchos años, quizás de forma insuficiente, pero buena parte de las de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, faltando los planes a nivel municipal y nacional. Estos planes eran la base para toda la permisería ambiental necesaria para desarrollar actividades que implicaran deterioro del ambiente, fuesen petroleras, mineras o de construcción.

El ordenamiento del territorio es un proceso técnico, muy profesional y complejo y, por supuesto, sometido a presiones económicas y políticas, pero a pesar de ello se logró una buena base de trabajo para la planificación territorial del país. Esta acción del Estado se vio reflejada en la importante superficie del país bajo protección en forma de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Asimismo, se decretaron zonas de aprovechamiento tales como: lotes boscosos, reservas forestales y reservas hidráulicas; pero bajo determinadas normas y criterios de sustentabilidad y de control en la zona.

Por supuesto que no fue un proceso perfecto, ni ideal. Los sucesivos gobiernos manipularon sus resultados o ignoraron sus recomendaciones para favorecer ciertas acciones y grupos de interés. Pero aún a pesar de los errores, me parece rescatable el esfuerzo que permitió sentar las bases, tanto legales como técnicas, para una política de ordenamiento territorial del país.

Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos cinco años es la destrucción de todos esos avances. Ya previamente se había cometido el error de separar a nivel legal el ordenamiento del territorio del ordenamiento urbano, que son procesos necesariamente solapados. Pero la situación en este tema se hizo insostenible durante la gestión de Farruco Sesto, que a partir del lema “de que en Caracas caben 2 Caracas”, se construyeron edificios en zonas que no tenían ni la capacidad de agua, ni cloacas, electricidad, colegios, ni el resto de lo que legalmente se conocen como variables urbanas. Por otra parte, el ordenamiento territorial en Venezuela se comenzó a desmantelar desde mediados del año 2006, cuando el presidente Chávez, en una alocución desde Los Venados (Aló Presidente N.º 257, junio de 2006), anunció que se realizarían siembras de café dentro del Parque Nacional Ávila (Hoy llamado Waraira Repano) A partir de estas ideas se construyeron viviendas en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, y el Parque Nacional Médanos de Coro. Lo peor de todo, es que tales situaciones dieron origen a permisos de construcción y actividades dentro de áreas protegidas incompatibles con sus objetivos, muchas veces a través de procesos corruptos.

Desde ese momento, el ordenamiento territorial del país se comenzó a diluir y a desmantelar la institucionalidad que lo sustentaba. En el año 2014 fueron secuestradas gran parte de las competencias de Inparques, desviándose dichas atribuciones a los Ministerios de Turismo y de Defensa, lo que dio paso a un proceso acelerado de destrucción del ordenamiento dentro de los Parques Nacionales (que era uno de los más avanzados del país) Esta operación destructiva continuó con la eliminación del Ministerio del Ambiente en 2014.

- Al inicio hablabas de un tema interesante. La relación entre minería y poder. Tomando en cuenta la fuerte tensión entre ambiente y economía. ¿Qué criterios establecerías para los estudios de impacto ambiental si la minería no va a desaparecer? ¿Cómo garantizar que no ocurra daño?

° No hay forma de garantizarlo. Lo que debemos buscar es controlar la actividad. En este caso podemos usar la idea de las plagas como analogía de la forma como actualmente se hace minería en Venezuela. Todos los que han estudiado ecología saben que las plagas no se pueden eliminar, sólo pueden ser controladas.

- ¿A qué te refieres con “controlar”?

° Depende del punto de vista que lo mires. Desde uno económico, significa mantener su acción hasta un límite en el cual económicamente no generas pérdidas graves. Desde uno ecosistémico, implica que la plaga no genere un daño a los ecosistemas locales. Desde uno socio-ecológico, que no pongan en peligro los servicios ambientales de los cuales dependen las comunidades. Desde uno agrícola, de que no genere daños a la siembra.

Cuando hablamos de control de la minería, vale ese concepto clásico que tiene más de 60 años: “El máximo daño permisible”. Tú aceptas la idea de que cualquier actividad humana genera daños y el país debe decidir cuánto daño es aceptable en función de las ganancias generadas por el proyecto.

El problema grave que se ha tenido durante muchísimo tiempo es que los costos ambientales y sociales jamás entran en la ecuación, sólo los aspectos económicos. Si tienes una actividad económica que genera tantos millones de dólares al año y no tienes la contrapartida de los otros costos, lo único que ves es la ganancia. La verdadera valoración ambiental nace de incluir los costos reales provenientes del deterioro ambiental y social que genera la minería o cualquier otra actividad humana.

[Tomado de http://revistasic.gumilla.org/2019/alejandro-alvarez-no-se-puede-pensar-en-desarrollo-sustentable-bajo-un-sistema-basado-en-el-extractivismo.]

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