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domingo, 17 de marzo de 2019

La situación en Nicaragua es extremadamente preocupante



Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas



El 18 de abril del 2018 marcó el inicio de la crisis política en Nicaragua. Hoy, el régimen autoritario de Ortega-Murillo, que no respeta los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sigue en el poder. Los resultados de la represión llevada a cabo por el gobierno nicaragüense son cientos de víctimas. Según el reporte publicado el 21 de diciembre del 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo encargado de investigar los acontecimientos sucedidos en Nicaragua, los hechos violentos ocurridos dejaron más de 350 muertes, más de 1400 heridos y casi 700 detenidos [1]. Este reporte revela que la aplicación de la estrategia represiva y asesina utilizada por el gobierno nicaragüense ha llevado a que cometa y siga cometiendo crímenes de lesa humanidad [2].

 

Si bien la crisis política comenzó el pasado abril, las reivindicaciones de diferentes sectores de la población nicaragüense en contra del gobierno de Ortega y Murillo comenzaron antes. En 2012 el proyecto de construir un canal interoceánico con fondos privados chinos, cuya concesión estaba establecida a 50 años, más 50 años prolongables, llevó a una parte del campesinado nicaragüense a organizarse y a crear el Movimiento Campesino de Nicaragua – Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía. De la misma manera, el movimiento feminista se levantó en contra de Ortega desde el inicio de su mandato a raíz de la prohibición del aborto terapéutico. Diversos movimientos ecologistas se alzaron también en contra de los grandes proyectos (intensificación de la extracción minera) y en contra de la tala y quema de árboles en varias reservas naturales del país. En 2013, los pensionados y estudiantes también quisieron mostrar su descontento en varias ocasiones a causa de la primera reforma al sistema de seguridad social. Si bien estos sectores manifestaban por causas diferentes, la respuesta del Gobierno de Ortega fue la misma: represión. Las caravanas campesinas dirigidas hacia Managua nunca lograron llegar a causa de los bloqueos policiales. Los estudiantes y pensionados que manifestaron en 2013 contra la reforma a la seguridad social fueron atacados violentamente. A inicios de abril 2018 el gobierno impidió a estudiantes manifestar en contra de la actitud injerencista de este con respecto al incendio a la Reserva Indio Maíz en el sureste del país. Frente al aumento del uso de la violencia por parte del gobierno, los diversos sectoressociales se unieron para constituir un bloque en contra de Ortega y su política represiva. Desde entonces la represión ha aumentado y ha tomado varias formas.


Desde el 18 de abril, el gobierno nicaragüense ha desarrollado diferentes etapas o facetas de represión. La primera fase va de abril a julio del 2018. Esta fue la más asesina y se caracterizó por el uso desmesurado de la fuerza en contra de las manifestaciones pacíficas. La policía y grupos paramilitares, entrenados y guiados por la Policía Nacional, recibieron la orden de disparar sobre los manifestantes, las personas heridas no tenían acceso a atención médica en los hospitales ya que existía una orden del gobierno de no atenderlos, y los ciudadanos que querían apoyar a los manifestantes eran amenazados. El auge de la violencia ocurrió en mayo, junio y julio. Un ejemplo emblemático fue el ataque a la “Madre de todas las marchas” del 30 de mayo, Día de la madre. Ese día, los nicaragüenses decidieron marchar en apoyo a las madres de las personas asesinadas por el gobierno. Este ataque provocó más de 15 muertes. Otro evento fue el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua donde estudiantes atrincherados tuvieron que refugiarse en una iglesia bajo el ataque de paramilitares. Durante este asalto la población se movilizó para brindar apoyo a los estudiantes pero toda la ayuda fue imposibilitada por la policía que esta estableció un perímetro de “seguridad” que era imposible atravesar. Varias organizaciones que se encargaron de realizar investigaciones sobre estos eventos confirmaron que los tiros de la policía y de los paramilitares estaban destinados a matar ya que las partes del cuerpo a las cuales estas fuerzas disparaban eran el cuello, el torso y la cabeza. El nombre del segundo reporte que Amnistía Internacional publicó sobre la situación de Nicaragua se llama justamente “Shoot to Kill”. [3]

En julio, cuando el país se encontraba en un estado de crisis, tuvo lugar la segunda etapa de la represión. La mayoría de las carreteras y calles fueron bloqueadas por tranques o barricadas construidas por los manifestantes con el fin de protegerlos de la policía y de los paramilitares. A finales de este mismo mes el gobierno se da la tarea de imponer un “regreso a la normalidad” a través de la “Operación Limpieza”. Esta operación fue una serie de ataques armados en contra de las personas que pedían la renuncia de Daniel Ortega y de su gobierno. La operación conducida en la región de Carazo dejó alrededor de 38 muertos en un día. Durante este periodo el gobierno adoptó una actitud de cacería en la cual fueron amenazados los opositores al gobierno y sus familias. Esta cacería obligó a muchas personas a exiliarse en otros países como clandestinos. Desde el inicio de la crisis más de 30 000 personas han cruzado la frontera sur del país para refugiarse en Costa Rica.

La tercera etapa de la represión estuvo marcada por la criminalización de las acciones y movilizaciones realizadas por la ciudadanía. Durante esta fase los ataques violentos disminuyeron pero empezó otro tipo de represión. El gobierno promulgó una ley antiterrorista, que fue seguida por la prohibición de manifestar. La policía y los paramilitares empezaron a ocupar los lugares públicos con el objetivo de evitar toda expresión individual o colectiva en contra del gobierno. Desde entonces todas las personas que manifiestan son detenidas y acusadas de terrorismo o cualquier otro crimen inventado. Es importante recalcar que este proceso judicial no respeta los derechos humanos fundamentales, ya que se trata de detenciones violentas y las personas son llevadas al centro de detención “El Chipote”, donde los detenidos sufren interrogatorios violentos y torturas. Los familiares de los detenidos tienen poca o nada de información sobre los arrestos y las visitas son raramente permitidas. Cuando lo son los familiares denuncian diversos tipos de violencia injustificada: violaciones, tortura, condiciones de vida infrahumanas y negación a cuidos médicos.

A partir de octubre se entró en la cuarta etapa de la represión, en la cual se multiplican los ataques dirigidos hacia los representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y en contra de periodistas considerados como figuras emblemáticas de la rebelión. En diciembre del 2018 el gobierno nicaragüense atacó directamente diversas organizaciones que luchaban por el respeto a los derechos humanos. Dentro de estas organizaciones se encuentra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fundado por Vilma Núñez, antigua presidenta de la Corte Suprema de Justicia de 1980 a 1987. El Cenidh acompañó Zoilamérica en 1998 cuando acusó a su padrastro, Daniel Ortega, de haberla violado. El Cenidh se vio retirar su personería jurídica y su sede fue allanada por la policía nacional sin contar con una orden de allanamiento. Varios medios independientes como Esta Semana, Esta Noche o Confidencial fueron victimas del mismo trato. Otras ONG como Popol Na o la Fundación del Río, organizaciones ambientalistas, también vieron sus personerías jurídicas anuladas y sus sedes fueron allanadas [4]. El 23 de diciembre del 2018, 100% Noticias, una de las últimas cadenas de televisión que no pertenece a la familia Ortega-Murillo, fue allanada por la policía y tanto su director, Miguel Mora, como su directora de redacción Lucía Pineda, fueron arrestados y acusados de terrorismo y conspiración. Estas dos personas se encuentran hoy en “detención preventiva” [5]. Desde entonces este canal de televisión, que fue cerrado, ha dejado de emitir. La mayoría de los periodistas en Nicaragua están exiliados. Esto dificulta el acceso de la población a una fuente de información independiente, ya que la mayoría de la población no tiene acceso a internet y se informa por radio y televisión. Mientras tanto, el gobierno continúa secuestrando y reprimiendo de todas las maneras posibles toda crítica o contestación con el único objetivo de mantenerse en el poder.

La situación actual en Nicaragua es extremadamente preocupante. Varias organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos se han ido del país, como el Cenidh y la ANPDH. Aquellas que todavía están en Nicaragua (CPDH) no tienen mucha capacidad de acción ya que ésta es limitada por el gobierno. Las misiones internacionales han sido suspendidas y expulsadas del territorio nicaragüense por el Ministerio de Relaciones exteriores. La primera fue la Misión del Alto Comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 31 de agosto. En diciembre, fue el turno del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) [6], misiones enviadas por la Organizaciones de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para justificar la represión y la violencia, el gobierno afirma que los diferentes sectores que se oponen a él (manifestantes, medios independientes, organizaciones de protección de derechos humanos y del medio ambiente) intentan fomentar un golpe de estado financiado por los Estados Unidos y los partidos de oposición. Sin embargo, la carta de renuncia de Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y antiguo representante del FSLN, publicada el pasado 10 de enero, desmiente los argumentos del gobierno. Efectivamente, Solís niega la existencia de un intento de golde de estado y denuncia la instrumentalización del poder judicial para culpar a los manifestantes de una “serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca se cometieron”. También afirma que el gobierno ha perdido “la razón y el derecho” de gobernar [7].

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