Puerto Rico, la carrera hacia el desastre

Periódico Todo por Hacer (Madrid)

Once meses. Casi un año entero sin electricidad. Sin luz por las noches, sin poder poner la lavadora o el microondas. Once meses recordando una catástrofe, ¿cómo olvidarla? Si aún no has recuperado una mínima “normalidad”. El huracán María golpeó Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, pero a finales de agosto de este año aún quedaban familias en el interior montañoso de la isla sin energía eléctrica. Once meses se ha tardado en rehabilitar el tendido eléctrico que da luz a una población de 3,4 millones de personas. Y, aun así, ¿hasta cuándo habrá luz? Son muchas las voces que cuestionan estas reparaciones, se habla de un mero parche, de la precariedad de algunos puntos de la red. ¿El siguiente huracán volverá a dejar a oscuras a media isla?

La situación es bochornosa, pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? El primero en ser señalado es el presidente norteamericano, Donald Trump. Su verborrea racista contra los puertorriqueños, su intento obsesivo de negar las miles de muertes que se han producido en estos meses en la isla y la nefasta acción de su gobierno ante la crisis no le permiten salir bien parado. Tampoco es que las agencias federales de emergencia o el gobierno local hayan sido menos negligentes. El cóctel final nos recuerda a la desastrosa gestión de la crisis del Katrina en el Nueva Orleans de hace más de una década. Las similitudes son muchas, y como en dicho caso, no podemos entender la profundidad de la tragedia, y sus consecuencias, sin pararnos a analizar la coyuntura económica, política y social que posibilitó que todo se desbocara.
La política tras la catástrofe

Es en este punto en el que se inscriben los conocidos como “estudios críticos del desastre” [1]. Este campo de estudio (en el que se interrelacionan meteorólogos, antropólogos o ingenieros civiles) se centra en las relaciones existentes entre los desastres a gran escala y las respuestas que éstos generan en los grupos sociales. La clave está en observar los factores humanos relacionados con el desastre, y en entender que “no existen desastres naturales”. Existen una serie de eventos naturales (como puedan ser huracanes, terremotos o inundaciones) o directamente provocados por la acción humana (incendios provocados, contaminación industrial de aguas o accidentes en estaciones petrolíferas), que se convierten en desastres según cómo se relacionen con las vulnerabilidades individuales y comunitarias de las sociedades que los padecen. Es por tanto una cuestión política la que subyace. La intención última de esta disciplina es utilizar los desastres y sus consecuencias para generar cambios que mejoren nuestras sociedades.

Dentro de esta perspectiva, es por tanto imprescindible partir del conocimiento y los condicionantes locales para poder entender las causas y consecuencias del desastre en cuestión. En el caso de María, hay que entender cómo funciona Puerto Rico. A fin de cuentas, el huracán ha reproducido una serie de problemas sociales, de desigualdades y exclusiones ya existentes en la sociedad puertorriqueña. Son los/as pobres quienes más han sufrido a María, por tener menos medios y menor capacidad de adaptación a unas condiciones extremas, y al mismo tiempo, la posición política de la isla dentro de EEUU también ha condicionado las diversas respuestas políticas al huracán.

Puerto Rico, una posesión territorial

En este aspecto, no hay que olvidar que Puerto Rico es una colonia [2], sigue siéndolo tras cientos de años. Primero, de la corona española, y partir de 1898, de la floreciente EE. UU. En ningún momento ha sido incluido en la unión con plenos derechos, se mantiene como una posesión territorial no incorporada, lo que supone que el gobierno puertorriqueño únicamente tiene los poderes y competencias que el Congreso Americano le permite. Un congreso que, por otro lado, los puertorriqueños no pueden votar, al no ser considerados ciudadanos de un estado más de La Unión. Durante gran parte del siglo XX, la isla tuvo un papel hegemónico en la política americana en la región, pues al mismo tiempo se mantenía como una base militar que controlaba el canal de Panamá y la influencia soviética y cubana en Centro América, y como una importante productora de azúcar y café. Con los años, la producción económica de la isla fue mutando, y a partir de los 40 y 50, se convirtió en un laboratorio de la globalización y el libre comercio. El gobierno federal otorgó una serie de incentivos fiscales a grandes empresas norteamericanas industriales y manufactureras para que se instalaran en la isla, construyendo fábricas que contrataban trabajadores/as con sueldos más bajos que en el continente. Con los años, y los primeros tratados de comercio internacional, esta zona de procesamiento de exportaciones fue decayendo, y las empresas migraron a mercados con salarios y regulaciones más débiles, primero a Centro América, y más tarde a Asia. En Puerto Rico, el relevo lo dieron empresas tecnológicas y farmacéuticas, lo que ya no suponía puestos de trabajo locales.

La crisis se avecinaba, y finalmente estalló en 2006 [3]. Ese año se cortó del todo el grifo de los beneficios fiscales para atraer fabricantes a la isla, lo que terminó por generalizar una huida de capitales. Ante esta situación, el gobierno puertorriqueño entró en una fase de endeudamiento rampante que derivó en una crisis de deuda. Una deuda odiosa y no auditada de 72 mil millones de dólares. Una deuda que vino de la mano de una serie de políticas de austeridad sin freno. En 2009 se despidió a 30.000 trabajadores/as públicos en una sola semana. Desde entonces, se ha congelado la negociación colectiva, muchos organismos públicos, como la universidad o el Departamento de Familia, carecen de un mínimo de fondos y personal, y se han disparado las privatizaciones de infraestructuras y servicios básicos. Todo ello ha aumentado la desigualdad y la pobreza en la isla, al mismo tiempo que crecían las tasas de desempleo y migración hacia el continente. El último hito en esta carrera hacia la austeridad lo dio el Congreso Americano, durante la etapa del gobierno de Obama, con la aprobación de la ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (más conocida como la ley PROMESA por sus siglas en inglés). Dicha normativa establece un sistema de pago prioritario de la deuda que es controlado por una Junta de Supervisión y Gestión Financiera (FOMB) nombrada por las autoridades federales (un mecanismo similar al utilizado tras la bancarrota de la ciudad de Detroit). La Junta tiene las competencias para anular leyes o presentar planes fiscales propios. Todo esto acaba de facto con la independencia del gobierno puertorriqueño, que pasa a estar monitorizado por 7 funcionarios estatales (dos de ellos, para más inri, estuvieron involucrados en la venta de los bonos que generaron el crecimiento exponencial de la deuda). La deuda de la isla es claramente impagable, eso está claro, pero se convierte en una herramienta más a través de la cual reestructurar la economía puertorriqueña. Por las buenas o por las malas.

Y apareció María

Son estas las circunstancias en las que los/as puertorriqueños/as se encuentran a finales de agosto del año pasado. Y es entonces cuando hacen aparición dos huracanes. Primero, Irma, de nivel 4, que apenas pasó rozando la isla y no provocó grandes daños (que fueron rápidamente solventados por trabajadores/as públicos y comunidades autoorganizadas). Pero pocos días después, el huracán María, de nivel 5, impactó de lleno contra Puerto Rico. Su paso fue devastador: numerosos árboles derruidos, miles de techos de viviendas arrancados, barrios enteros inundados y la exuberante vegetación de la isla totalmente trastocada (el verde que da color a Puerto Rico dio paso al marrón de la tierra revuelta). Es a partir de este momento cuando todo se desboca. Años de austeridad, recortes y falta de inversión llevaron a un colapso de las infraestructuras [4]. Cada vez que un huracán o una tormenta tropical azotan Puerto Rico, le suceden un par de días de cortes de luz y agua. Pero esta vez fue diferente, el apagón eléctrico fue generalizado y acompañado por cortes totales en el suministro de agua potable. A ello se sumó el colapso de las vías de comunicación. Las consecuencias de todo esto fueron una falta total de suministros: ni alimentos, ni combustible, ni línea telefónica, ni internet, ni medios de comunicación (durante las primeras semanas sólo funcionaban algunas emisoras de radio). Las respuestas a esta situación fueron dispares. Mientras los/as vecinos/as y trabajadores/as de los servicios públicos se organizaban en tareas de desescombro y limpieza de sus comunidades, las autoridades, tanto locales como federales, no reaccionaron. Durante una semana, poco se hizo por su parte, más allá de negar la evidencia y asegurar que todo estaba bajo control. Los recuerdos del Katrina volvían a la mente de muchos/as americanos/as. Nuevamente, a ciudadanos/as de segunda, respuestas de segunda.

El reguero de cifras tras María es horroroso. Un mes después del paso del huracán, el 80% de la población seguía sin electricidad, medio millón de personas no tenían acceso a agua potable y miles de casas seguían sin techo, sin una mísera lona para cubrir sus viviendas. Cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) acabó por aterrizar en la isla, centraron su esfuerzo únicamente en el control de los puertos, los fondos de ayuda y la capital, y una de sus primeras medidas fue detener la ayuda que llegaba del exterior. Esta dinámica es la que explica el elevadísimo número de muertes que se han sucedido tras el paso de María. A pesar de los esfuerzos del ejecutivo de Trump y del gobernador de Puerto Rico para negarlo, un reciente estudio de la Universidad de Harvard habla de miles de muertes, alrededor de 3.000. En gran medida, estas muertes no son consecuencia directa de la fuerza de María, de sus fuertes vientos o inundaciones, sino del colapso de infraestructuras, del déficit de atención médica derivado de tanto tiempo sin electricidad ni agua potable. Son lo que se ha denominado “muertes en exceso”.

Más allá de la crisis de suministros que se ha generado tras el paso de María, es importante también analizar más en detalle las políticas post-huracán del gobierno de Puerto Rico. Como dijo el gobernador de la isla, el paso de María ha dejado la isla como “un lienzo en blanco”. Y ahora pueden empezar a pintar sobre él. Los meses antes del huracán, la sociedad puertorriqueña estaba experimentando un fuerte movimiento de contestación tras tantos años de crisis. Las manifestaciones del primero de mayo de 2017 fueron multitudinarias, y los procesos de lucha abiertos eran muy numerosos. Tras el huracán, la Junta y el gobierno han pasado al contraataque, y desde la perspectiva del capitalismo del desastre, están usando la conmoción popular para volver a acelerar el camino de la austeridad, planteando medidas como el cierre de 300 escuelas a lo largo de toda la isla (gran parte de ellas en zonas rurales), la derogación de la ley 80 para acabar con las compensaciones al despido en las empresas privadas, aumentos de las tasas universitarias, disminución del salario mínimo para los jóvenes o la total privatización de la red eléctrica de la isla. Las consecuencias inmediatas a todo esto han sido el aumento del paro y de la migración (en torno al 6% de los puertorriqueños que tuvieron que salir de la isla tras el huracán, no han regresado), favoreciendo la despoblación de ciertas zonas rurales. Si a esto se le suman los nuevos incentivos fiscales que se están aplicando para el cambio de la dirección fiscal de empresas norteamericanas a Puerto Rico, que les ayuda a disminuir enormemente los impuestos que pagan sobre las ganancias de capital, muy jugoso para empresas financieras, tecnológicas o de criptomonedas, podemos ver como este lienzo en blanco se va poblando de ricos/as americanos/as en busca de sol y bajos impuestos. En este sentido, no está de más echar la vista atrás hacia experiencias pasadas, como la del Katrina. En Nueva Orleans, el desastre del Katrina supuso una oportunidad, pero para los/as que más tienen. Con la excusa de la reconstrucción, se produjo un movimiento de privatización del sistema público de enseñanza y de vivienda de la ciudad, al mismo tiempo que ciertos barrios de clase trabajadora negra acabaron derruidos y pasaron a ser objeto de especulación urbanística.

¿Qué podemos aprender de este desastre?

Al final, el huracán María solo ha acelerado un proceso ya en marcha desde hace años, catapultándolo de lleno a la palestra internacional. La fuerza de María fue enorme, pero la incompetencia gubernamental, la posición política de Puerto Rico y años de austeridad fueron los que lo convirtieron en catastrófico.

¿Y ahora qué? ¿Podemos sacar algo en claro de todo esto? Lo primero, y más importante, es asumir que este tipo de desastres van a ser algo más común de aquí en adelante [5]. El cambio climático no se pude asociar a eventos extremos. No existen evidencias de que éste provoque un mayor número de huracanes, pero lo que sí sabemos es que las consecuencias del cambio climático están aumentando la frecuencia con que se generan huracanes de nivel 4 y 5, los más virulentos. Los huracanes pueden ser numéricamente los mismos de siempre, pero serán (ya están siendo) más fuertes. Esto es algo que ya podemos observar estadísticamente, pero también existen evidencias físicas que lo acompañan: el aumento de la temperatura superficial del agua de océanos y mares, la mayor humedad derivada de este aumento de temperatura, el alza en el nivel del mar o el aumento de la amplitud de las ondas planetarias, son factores de riesgo en la formación de huracanas o ciclones tropicales de gran intensidad.

Ante esta situación, no queda más que asumir la necesidad de crear comunidades más fuertes y resilentes que nos posibiliten hacer frente a estos eventos naturales. Es la gente quien salva a la gente, y no podemos confiar todas nuestras cartas a instituciones y gobiernos, más si cabe teniendo en cuenta la deriva social que vivimos, encaminada hacia una mayor precariedad y desigualdad. Necesitamos redes sociales densas y fortalecer el trabajo de base en los barrios, organizarnos como clase en pro de construir modelos sociales más igualitarios.

En esta dirección, podemos destacar dos experiencias de lucha que se han sucedido en el Puerto Rico post-huracán. La primera, la lucha contra el cierre de escuelas y el despido de profesores/as que se están dando en muchas comunidades. Una semana después del paso de María, cientos de escuelas reabrieron a lo largo de toda la isla. El esfuerzo de las comunidades se centró en desescombrar y arreglar estos lugares, para que los/as niños/as pudieran retornar a la “normalidad”. Ante la pasividad (y la negligencia) estatal, el siguiente paso fue ocupar los comedores de éstas para dar alimentos y agua a los/as niños/as y sus familias, muchos de los cuales carecían de todo. Ahora, en el seno de la lucha contra el cierre de muchas de estas escuelas, padres y profesores/as han vuelto a ocuparlas.

La otra experiencia que queremos remarcar parte de la evidente degradación de la red eléctrica de la isla. Cansadas de esperar meses al retorno de la luz, varias comunidades tomaron cartas en el asunto. Este es el caso del pueblo serrano de Mariana [6], al sureste de la isla. Tras el paso de María, varios/as activistas de la zona pusieron en marcha un proyecto de apoyo mutuo encaminado a coordinar tareas de limpieza, desescombro y alimentación comunitaria. Con el paso de los días, entran en contacto con el grupo del continente de orientación anarquista Mutual Aid Disaster Relief (MADR), una red descentralizada de activistas que trata de ayudar en desastres y catástrofes desde una perspectiva autónoma y solidaria. Los/as voluntarios/as del MADR se encontraban por esas fechas en Florida, atendiendo a los destrozos provocados allí por el paso de Irma, y deciden trasladar parte de su trabajo a Puerto Rico. En conjunto con la comunidad de Mariana, trabajaron durante semanas en la instalación de un equipo de energía solar y de varios purificadores de agua para el pueblo. La instalación fotovoltaica se realizó en una escuela abandonada transformada en cocina comunitaria, lavandería y oficina donde los habitantes del pueblo pueden cargar sus aparatos eléctricos. El diseño modular del sistema eléctrico, permite trasladarlo en caso de necesidad. Todo el sistema fue sufragado por diversas donaciones, y ahora pertenece y es gestionado por la comunidad de Mariana. Un módulo similar fue más adelante instalado por MADR en la vecina Caguas, en un centro de apoyo mutuo situado en un edificio ocupado por los habitantes del pueblo. Todo ello da pie a generar un debate en base a formas prácticas de dotar a las comunidades de herramientas de autogestión.

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[1] www.contraeldiluvio.es/2017/11/16/no-hay-desastres-naturales-una-conversacion-con-jacob-remes/
 

[2] www.jacobinmag.com/2017/12/puerto-rico-hurricane-maria-trump-us-status-history

[3] www.jacobinmag.com/2017/10/puerto-rico-natural-disaster-hurricane-maria

[4] www.jacobinmag.com/2018/06/the-shock-doctrine-comes-to-puerto-rico

[5] www.contraeldiluvio.es/2018/09/23/huracanes-y-cambio-climatico-afianzando-la-relacion/

[6] www.alasbarricadas.org/noticias/node/40756

[Tomado de https://www.todoporhacer.org/puerto-rico.]