OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela

Runrun.es

Entre julio de 2015 y junio de 2017, al menos 560 personas fueron asesinadas en Venezuela en la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Un plan para “combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”, según aseguró el presidente Nicolás Maduro

Con la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El operativo fue usado para sustituir grupos delictivos por colectivos, también se prestó para proteger intereses de funcionarios del Gobierno y materializar venganzas personales. El estadounidense Joshua Holt ha sido una de las víctimas de la OLP. siendo detenido desde hace más de un año, sin juicio

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) es una política de seguridad que convirtió a los ciudadanos en objetivos de guerra. Esta investigación documenta el asesinato de 560 personas en operativos que se caracterizaron por la participación masiva de funcionarios policiales y militares, que actuaban en compañía de grupos paramilitares afines al gobierno, conocidos como colectivos.

Se suponía que el objetivo era devolver la paz a los habitantes de los sectores populares “liberándolos” del sometimiento de las bandas delictivas. Un documento “reservado” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, obtenido para la realización de este reportaje, define este plan de seguridad: “Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), la cual fue activada en julio del 2015, para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.

Pero en los hechos, esa promesa no se cumplió. Al contrario, lo que demuestran los datos y entrevistas recabadas para este trabajo es que luego de estos operativos hubo cambios de “gobierno” (poder) en los territorios donde operan los diferentes grupos criminales de Venezuela, y que incluyen a miembros de la fuerza pública y poderosos. Mientras que el terror y la zozobra se mantienen entre la gente que vive en las zonas menos privilegiadas, ahora aderezados con un nuevo ingrediente: el miedo a la OLP.

Los delitos siguieron aumentando. En 2016 se registraron 21.752 homicidios, 12 por ciento más que el año anterior, dice el informe anual del Ministerio Público. Además el supuesto uso de la OLP para perseguir a paramilitares colombianos que -según autoridades del Gobierno- operaban en territorio nacional, tampoco se percibió, entre otras cosas porque en los barrios de Caracas todos saben que no hay ese tipo de grupos irregulares.

En los estados fronterizos (Táchira, Apure, Barinas y Zulia) donde sí operan las organizaciones conocidas como bacrim (bandas criminales, derivadas de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia) casi no hubo OLP, ahí se registró 6,7 por ciento de víctimas de estos procedimientos. El contenido del documento denominado Actuaciones del Ministerio Público Relacionadas con la OLP en Venezuela y los datos recabados por el equipo de Runrun.es registra que 99,2 por ciento de las víctimas de estos operativos eran de nacionalidad venezolana y menos de 1 por ciento eran extranjeros.

Las OLP eran operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos móviles y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban. También usaron drones y prostitutas para identificarlos y ubicarlos. Aunque en sus inicios las motivación detrás de los procedimientos era hacer propaganda en los meses previos a las elecciones parlamentarias de 2015, estos operativos se prestaron para la venganza, la captación de territorios que pasaron al poder de bandas o colectivos afines al gobierno, y para dar protección a militares y personajes del Gobierno.

El improvisado plan estaba fuera de control desde el inicio, cuando se reportó la masacre de 15 personas en la primera OLP realizada en la Cota 905, al suroeste de Caracas. También hubo denuncias de destrucción de la propiedad y robo de bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. Estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se repitieron en todos los procedimientos. Testimonios de víctimas y victimarios, documentación rigurosamente contrastada, demuestran que 44 masacres se cometieron en silencio. Sin escándalos mediáticos, así murieron 338 personas, 60 por ciento de los asesinados en las OLP, pese a que estas operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica, que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos, drones y máscaras de la muerte.

El investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, lo denominó: “Una masacre por goteo” cubierta con máscaras aterradoras, cuyo uso tuvo mayor impacto que el de las propias muertes de centenares de venezolanos. Solo la masacre de Barlovento, ocurrida entre octubre y noviembre de 2016 (se desconoce el día exacto en que fueron asesinados los 12 hombres que estuvieron desaparecidos 40 días), capturó la atención de la opinión pública y se convirtió en un escándalo, aunque las autoridades se esmeraron en desvincularla de la OLP.

La OLP ha sido la última apuesta del gobierno de Nicolás Maduro para acabar con la criminalidad en Venezuela, el segundo país más violento de la región, con 21.752 asesinatos en 2016 y una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo superado por El Salvador. El 3 de agosto de 2015, ante un grupo de invitados casualmente del país centroamericano y de un centenar de militares y ministros de su Gabinete, Maduro dijo: “La OLP es el instrumento perfecto para lograr la paz desde adentro”. En el mismo discurso pidió “ir de frente, sin vacilaciones” contra los criminales. El procedimiento fue encomendado a los ministerios de la Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP).

En las OLP los funcionarios solían cubrir sus rostros con pasamontañas o usar máscaras de calaveras, conocidas como máscaras de la muerte. Similares a las que llevan los personajes en una de las versiones del video juego de guerra del futuro Call of Duty. El comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios de la policía judicial (actualmente Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc), explicó que está práctica violaba los reglamentos policiales, según los cuales los policías que actúan en procedimientos de este tipo deben llevar identificación visible y no cubrir sus rostros. “Los que usan estas máscaras están tratando de mostrarle a la ciudadanía que son un cuerpo policial dispuesto a matar. Quieren meter miedo, causar terror. Esa no es la función de un organismo del Estado”, apuntó el ex policía, quien agregó que ese efecto se completa con la indumentaria de color negro que visten los funcionarios en la OLP. Luego del escándalo mediático, el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, se pronunció sobre el tema y emitió un comunicado prohibiendo el uso de las máscaras. Sin embargo, sus funcionarios recibieron la orden de utilizar vestimentas similares —sin cubrir sus rostros— para patrullar los barrios de Caracas con armas largas durante los días de las protestas de 2017, como mecanismo de disuasión e intimidación para quienes quisieran salir a manifestar, reveló uno de sus subordinados. El terror perpetrado por el Estado no terminaba con los asesinatos. Alex añadió a su relato que los policías que mataron a su hijo ya están identificados, él lo pudo ver en el expediente que está en el Ministerio Público. Ha sido privilegiado, pues la mayoría de los familiares de víctimas de la OLP no han logrado tener acceso a los informes judiciales, las autopsias y las actas de defunción de sus hijos o esposos.

Desde el 13 de julio de 2015, cuando nació la OLP, cada vez que se practica un nuevo procedimiento, aparecen las mismas denuncias y las descripciones de los afectados sobre los abusos sufridos, coinciden. Esa repetición en el modus operandi de las fuerzas de seguridad ha llevado a los ciudadanos a identificar, designar o denunciar como OLP cualquier procedimiento que congregue a funcionarios de diversos cuerpos policiales y militares y se ejecute con las mismas características de terror y violaciones de DDHH, aunque no hayan sido ordenados por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

“Las OLP representan el operativo de seguridad más represivo en la historia de Venezuela”, sostiene Luis Izquiel, abogado penalista, criminólogo y ex fiscal del Ministerio Público. “Tiene el mayor saldo de ajusticiamientos y allanamientos policiales, denuncias de robo y destrucción del hogar. En el marco de estas operaciones, se han derribado barrios completos como La Ensenada en La Rinconada de Caracas y Brisas del Hipódromo en Carabobo. Estas ejecuciones improvisadas y selectivas penalizan a la pobreza. Las principales víctimas pertenecen a sectores populares sin capturar precisamente a los principales azotes (delincuentes). Tampoco han contribuido a disminuir la criminalidad”, dice el experto.

Los resultados de este plan de seguridad están lejos de ser exitosos. Además del aumento de los homicidios, delitos como el secuestro y la extorsión (de los que no hay cifras oficiales) no se detuvieron. “Los secuestros bajaron casi a la mitad en el primer semestre de 2017, eso básicamente por el cierre de vías debido a las protestas. Pero el delito sigue ocurriendo. Llevamos unos 230 casos denunciados”, dijo un funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien pidió no ser identificado porque tienen prohibido suministrar cifras a la prensa.

En el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la GNB, en Caucagua, reciben hasta cuatro reportes en una semana. Dentro de la sede, dos mujeres formulaban una denuncia por el plagio de un familiar, y uno de los funcionarios informaba por teléfono a sus superiores sobre los avances de una investigación en la que estaba involucrado un guardia nacional. “El GNB prestó su teléfono para que los secuestradores hicieran las llamadas para pedir el rescate”, explicó.

Además, la OLP como procedimiento ha estado marcada por denuncias de violaciones de derechos humanos, como ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas, así lo recoge el informe del Ministerio Público sobre las OLP. Según el documento fueron abiertas 357 investigaciones por homicidios presuntamente cometidos por funcionarios de la fuerza pública y 77 por violación de domicilio, abuso de autoridad, destrucción de viviendas y tratos crueles o tortura, entre otros.

El investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, aseguró: “Operativos como la OLP tienen un doble efecto criminógeno, incrementan las conductas delictivas cometidas por los propios funcionarios. Se manejan en una lógica de lucha contra el enemigo y la violencia contra el enemigo se convierte en el algo natural. Se termina justificando la muerte de un presunto delincuente y esta conducta se puede desplazar hacia cualquier ciudadano”. Esa afirmación explica también la actitud represiva que mostraron los cuerpos de seguridad durante las protestas de 2017, donde según la ONU también habrían sido ejecutados 27 manifestantes.

[Tomado de un reporte mas extenso y del mismo título accesible en https://runrun.es.]