Opinión: Maduro aplica un paquete de “racionalidad” capitalista contra los trabajadores y el pueblo

Milton D'León

Maduro ha anunciado un conjunto de “medidas económicas” hablando de “un vuelco de la economía”. La pomposidad y la demagogia no le ha faltado hablando ahora de que se trata de "políticas del nuevo comienzo". Dentro de la pomposidad demagógica Tarek El Aissami, ministro de Industria y Producción, dijo que se trata de "un programa para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela". Más bien digamos, para buscar la sobrevida de una alta burocracia estatal chavista y de los negocios de los grandes empresarios.

Son medidas que se lanzan en medio de una economía al borde del colapso, donde la hiperinflación amenaza alcanzar cifras siderales en este año de acuerdo a muchos pronósticos (el FMI ha calculado que será de 1.000.000%) y donde los ingresos en divisas por exportaciones y las reservas del Banco Central (BCV) sumadas no alcanzarían para pagar las importaciones imprescindibles y el servicio de la deuda externa.

En los hechos el pueblo trabajador y popular vive una situación catastrófica donde la hiperinflación ha pulverizado el salario (una botella de aceite de cocina puede rondar el equivalente a dos sueldos mínimos), los servicios públicos como la salud, el transporte, el suministro de energía, el servicio de agua, etc., están desmoronándose y ya se cuentan por millones las personas que han emigrado del país. La situación popular hace rato se ha vuelto insoportable, y los reclamos obreros que han empezado por un salario digno al nivel de la canasta familiar, son una importante demostración del gran malestar social.

El gobierno habla esta vez que ha lanzado un “plan” y no medidas aisladas, pero hasta el momento todas las medidas económicas y planes que uno tras otro ha anunciado pomposamente Maduro en los últimos 3 años han fracasado sin pena ni gloria contribuyendo a la anarquía económica y financiera y el descalabro general. Y todo indica que el recién lanzado “plan” tendrá el mismo fin.
 

Las medidas gubernamentales

Maduro ha anunciado un conjunto de seis medidas hasta el momento, entre ellas, que a partir del 20 de agosto se le quitarán cinco ceros al bolívar, cuando hasta no hace mucho se trataba de sacar solamente tres ceros (en 2008 se le sacaron tres ceros, es decir, vamos a ocho ceros menos en una década). Es que la hiperinflación que arrasa en el país develó rápidamente que tal espiral dejó sin sustento medidas anunciadas hacía apenas un par de meses, entrando ahora en circulación un nuevo grupo de billetes con nuevas denominaciones que en la dinámica que sigue volverán a sacarle más ceros. Pero lo que no dice es que al eliminar 5 ceros, y sin haber monedas ni billetes de baja denominación, el pasaje urbano (que ya lleva rato aumentando a voluntad de los transportistas), la gasolina y algunos otros servicios etc., serían reajustados en varias veces su valor actual.

Aunque ya lo había dicho en febrero de este año, Maduro vuelve a remarcar que el valor referencial de la moneda estará anclado al valor del “petro”, una criptomoneda de reciente creación que estaría “asociada al precio de la canasta de petróleo venezolano". Además, se decretó la exoneración de impuestos a las importaciones de materia prima y maquinarias para todo tipo de producción durante un año, una medida festejada por empresarios para la continuación de sus negocios.

Frente a la debacle de las reservas internacionales que se ubican hoy en 8.766 millones de dólares Maduro anuncia que “estoy aprobando la propuesta que me hace el BCV (...) de entregarle un bloque completo de reserva petrolera certificada (...) para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país". Se trata del Ayacucho 2, ubicado en la rica Faja Petrolífera del Orinoco "consistente en 29.298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselos como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del BCV". Explicando que ahora el BCV “regentará y emitirá los documentos financieros necesarios y suficientes para fortalecer su capacidad de pago, las reservas internacionales y el músculo financiero". Busca atraer préstamos y confianza del capital internacional poniendo como “respaldo” estos bienes de la nación.

Además, y esto fue lo que más llamó la atención e interesó a economistas de todas las latitudes y empresarios, “pidió” a la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) una nueva legislación “para flexibilizar el control cambiario estatal” y permitir "el libre flujo" de inversiones en otras monedas. Sosteniendo que esta ley debe ser revisada para "facilitar" los trámites a los inversionistas extranjeros, a que "quien quiera venir a invertir pueda repatriar sus capitales en divisas extranjeras" y “eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondiente a otros tiempos".

Pero habrá otros anuncios que vienen en camino, como sostuvo Elías Jaua durante el inicio del llamado Congreso del PSUV. Allí, el actual ministro de Educación expresó que también está planteado debatirse el precio de la gasolina, existiendo dos propuestas: "el aumento progresivo del precio de los combustibles" y "la internacionalización de precios". Maduro ya insinuó que la entrega de gasolina se reorganizaría mediante el llamado Carnet de la Patria, lo que puede significar que se racione la entrega al mes, además de ser un chantaje a la población.
 

Liberando la economía en función de intereses empresariales y la alta burocracia chavista

Lo primero que se destaca en estas primeras medidas es que el gobierno da pasos hacia una “liberación” de la economía, pero busca hacerlo controlado por el Estado y la burocracia chavista. El gobierno sabe que, desde el punto de vista de una economía capitalista, tiene que abrirse cada vez más pero con el cuidado de mantener la “estabilidad” de una burocracia estatal ligada a los grandes negocios, y entrelazada con las Fuerzas Armadas, a sabiendas que su sobrevida está ligada al Estado, pues se trata de una burocracia con intereses propios, antiobrera y antipopular. Un carácter que a todas luces lo ha demostrado no sólo en todo el período anterior, siendo cómplice y parte de una descomunal fuga de capitales, que le sustrajo al país miles de millones de dólares provenientes de la renta petrolera, sino también en medio de la catástrofe económica, donde no le ha temblado el pulso al decidirse a favor de los grandes acreedores internacionales pagando puntillosamente una fraudulenta deuda externa y en contra de los intereses del pueblo trabajador, al grado extremo de llevar a que el salario no sobrepase el par de dólares y a condiciones de vida de grandes padecimientos.

De allí que las medidas que toma no implican una sorpresa, pues ya ha venido dando pasos en la liberación de la economía, como, por ejemplo, con la promulgación de la Ley de inversiones extranjeras, las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, avanzando más aún la apertura petrolera, constituyendo empresas en petróleo con mayoría accionaria de las transnacionales, y más recientemente la autorización de casas de cambio que cotizan el dólar al nivel del mercado paralelo, lo que en los hechos constituye legalizar el llamado mercado “negro” de divisas y la megaevaluación de la moneda nacional con relación al dólar. Además, Maduro ya tiene adelantado el gran sueño de todo neoliberal: reducir el salario a la nada y, más aún, bonificado, dando así garantías de extracción de plusvalía absoluta a los grandes empresarios para la maximización de sus ganancias.

El “plan” de Maduro, si es que se le puede llamar plan incluso entre comillas, es a todas luces no sólo antipopular y antiobrero, sino además entreguista. No extraña entonces el hecho de que todos los economistas, incluso los ligados a la oposición, lo que más han rescatado justamente es la posible “liberación cambiaria” con todo lo que ello acarrea. Así, José Guerra, diputado de la derecha y neoliberal, considera que lo más importante es el decreto que persigue dicha flexibilización cambiaria, posición similar a la de Jorge Roig, expresidente de la patronal Fedecámaras.

Es decir, que tanto las empresas y establecimientos comerciales como las personas comunes, puedan ofertar, vender o comprar, libremente bienes, productos y hasta servicios, tanto en moneda extranjera como en bolívares ahora “soberano”. Se trata de legalizar en los hechos de algo que ya ocurre, pues es común que en centros comerciales del país, sobre todo aquellos de productos electrónicos o importados se venden libremente en dólares incluso en euros, con la limitación nada más de no poder poner públicamente hasta el momento el precio en tal moneda, de igual manera para la transacción de compra de automóviles y muchos otros bienes, incluso la venta o el alquiler de inmuebles que ya en gran parte no se realiza en la moneda local.

Esta posible liberalización de la tenencia y compraventa de divisas sería la señal de una semidolarización de la economía, creando dos circuitos económicos separados: ciertos bienes de consumo popular a precios subsidiados y racionados, y una rápida y más amplia actualización de precios y mercado libre para el resto.

Sobre las otras medidas, como, por ejemplo, el anclaje del ahora llamado bolívar “soberano” al “petro”, carece de sustentabilidad, es más propio para el discurso interno buscando dar sensación de “solidez” de los anuncios, o a lo sumo podría servir como una especie de “unidad de cuenta” para la contabilidad, una medida de segundo orden, subsidiaria a la puesta en orden de las finanzas fiscales y nacionales. Se trata de hacer un anclaje con una pretendida divisa inexistente y que no es aceptada absolutamente por nadie como tal en el ámbito financiero internacional. Más aún es el anclaje a una criptomoneda respaldada en crudo –en el subsuelo, sin títulos y controlado por el mismo gobierno– con la que no se pueden realizar transacciones en muchos países, centralmente en Estados Unidos y por extensión en otros países por medidas ejecutivas del gobierno de Donald Trump.

En el mismo sentido va lo de “entregarle” al BCV el bloque completo de reserva petrolera certificada Ayacucho 2 como “respaldo para instrumentos y el ejercicio financiero y económico” de dicha institución. Como destacan algunos economistas “no se trata de activos que están a disposición inmediata del BCV. Así, ni el BCV –ni ningún operador económico- podría disponer de las reservas petroleras de inmediato, y no solo por razones jurídicas: esas reservas solo podrían ser aprovechadas a través de la asignación de derechos de exploración y explotación, con lo cual, en realidad, el BCV no podría disponer de las reservas petroleras para implementar instrumentos de política monetaria. La clave para comprender ello es que, económica y jurídicamente, las reservas petroleras no son activos que puedan ser enajenados”, tal como lo explica José Ignacio Hernández en un reciente artículO.

Agreguemos de igual manera que si el “respaldo” es una “garantía”, digamos de antemano que el gobierno se apresta a continuar empeñando activos de la nación, hipotecando más al país, pues si se incumple con una obligación principal, el acreedor podrá ejecutar o hacer cumplir la garantía (es de recordar los préstamos con China que deben ser pagados con producción petrolera, dinero que en buena parte se dilapidó sea vía la fuga de capitales o usado discrecionalmente por la alta burocracia estatal chavista y los negociados con empresarios del ramo).

Un plan de “racionalidad” capitalista, “gradualista” y de patas cortas

Las nuevas medidas de Maduro, que aún no están del todo clara ni definidas, apuntan en dirección a la “racionalidad económica capitalista” que reclaman la burguesía y el imperialismo, pero justamente, buscando sostener los intereses de la alta burocracia chavista y su poder. Pero la alta burocracia estatal se encuentra en una gran encerrona en su “plan” de liberación económica, lo que lleva a medidas de “estabilización de patas cortas”, pues en este camino en clave de medidas entreguistas y antipopulares el gobierno carece de apoyo financiero (y político) internacional.

Busca hacerlo gradualmente, pero tiene escaso margen y parece difícil que logren una “estabilización” (de hecho, Maduro no puede esperar asistencia financiera, quizás ni negociar una reestructuración de pagos de la deuda), o al menos encauzar la inflación y la asfixia del sector externo dentro de marcos “manejables”, pero que ya amenazan afectar aún más la situación popular y, encubren aumentos encubiertos y racionamiento de los bienes básicos y la gasolina que el Estado subsidia.

Este “plan” de Maduro no apunta más que a ser un paquetazo con el punto débil de cierto “gradualismo”, de la nula “confianza” que puede despertar en los empresarios y acreedores internacionales, y de la falta de una palanca de apoyo financiero internacional. Ahorcado económicamente como está, no sería de extrañar que pudiera estar buscando negociar en tal sentido con sectores externos. Aunque tiene encima una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos que le impide refinanciar y/o reestructurar la deuda externa. Además, es de considerar que el gobierno tiene que pagar este año alrededor de 9 mil millones de dólares en concepto de deuda externa, aunque se considera que el país ya se encuentra en “default sigiloso”. Con una PDVSA en completa crisis, y la producción petrolera más baja de su historia en décadas, de unos 1,39 millones de barriles diarios, no puede si quiera aprovechar el alza que ha habido en los últimos meses de los precios del petróleo.

Hasta el momento, todos los planes de “estabilización económica” de países que han tenido fuertes procesos hiperinflacionarios han contado con tal apoyo con todas las condiciones que ello implica. No es casualidad que un economista burgués, como Henkel García, de la firma Econométrica, considera que el plan debió incluir “una estrategia para captar ayuda financiera internacional por el orden de los 30.000 millones de dólares”, al menos durante "los primeros años". Es que estos sectores reclaman un plan más en dirección al programa imperialista.

De acuerdo a instituciones como el FMI para Venezuela sería necesario un “paquete” de asistencia financiera, atado a la completa apertura y entrega, de 56.000 millones de dólares, de los que 20 mil millones deberían ser de entrega inmediata para apuntalar la estabilización y las importaciones necesarias; para esto, debería acompañarse además de “ayuda humanitaria” para paliar las consecuencias de un megapaquetazo, que multiplicarían el hambre y la miseria que hoy viven grandes sectores de la población.

En este cuadro, se fortalece la presión burguesa e imperialista, incluyendo sanciones y declaraciones diplomáticas. Desde el punto de vista de discutir una salida, proponen y exigen un plan de estabilización y apertura cuyo precio sería que haya un “gobierno políticamente responsable” (y por supuesto, obtener el control de las reservas petroleras que siguen siendo las mayores del mundo a pesar del derrumbe de la producción de PDVSA). Es que en verdad, la política económica del gobierno de Maduro tiene un valor que tiende a “0”, como el bolívar, pues todo plan de estabilización antiobrero y de “racionalidad” capitalista como el que busca necesitaría de “un rescate internacional”, pero el gobierno no tiene el aval de los grandes imperialistas. El plan más “coherente” y de “fondo” desde el punto de vista capitalista es el que discuten los medios imperialistas y que apoya la oposición burguesa local.
 

Frente la catástrofe económica la única alternativa es imponer un plan de emergencia obrero y popular

La mayor desgracia que se vive es que la política criminal de Maduro lleva aguas al molino no sólo de la “democracia” liberal (con su bonapartismo cada vez más reaccionario); sino a la del programa neoliberal, sumiendo en la desesperación y desmoralizando a la clase obrera y el pueblo humilde, que no ven salida. Esto es lo que expresan incluso economistas que hasta se reivindican “marxistas”, insinuando que cualquier plan burgués “viene bien” frente al descalabro económico, y que incluso les cuestionan a los trabajadores que reclaman un salario al nivel de la canasta familiar que es una demanda “irrealizable” e “irracional” pues llevarían al desencadenante de mayor crisis y que deben pedir algo “más coherente”.

Pero hay que sostener categóricamente que frente la catástrofe que ya se vive, para que una supuesta “normalización económica” –ya sea la que presenta el gobierno de Maduro como la que propone también la oposición de derecha de la mano del imperialismo– no la paguen los trabajadores, la única alternativa es imponer mediante la movilización un plan de emergencia obrero y popular anticapitalista de salida a la crisis, que parta del no pago de la deuda externa para frenar semejante sangría de recursos, imponer la repatriación obligada de la enorme suma de dólares fugados (y que pasen a estar bajo control de los trabajadores y las comunidades, para combatir la irresponsable y corrupta administración de la burocracia estatal), establecer un control obrero y popular del abastecimiento y los precios, ejercido directamente por los propios trabajadores y comunidades, no poder el gobierno, los empresarios ni los militares, y demás medidas de “salvación popular” que se imponen con urgencia.

Sólo con la más amplia y combativa movilización de los trabajadores y los sectores populares, totalmente independiente del gobierno, los empresarios y la oposición proempresarial y proimperialista, se pueden imponer semejantes medidas, para hacer frente la semejante tragedia social que no descargan. Esto en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno obrero y popular, el único que podría garantizar llevar hasta el final las medidas anticapitalistas necesarias para que la calamidad no siga cayendo sobre el pueblo y la clase trabajadora.

[Tomado de http://www.laizquierdadiario.com.ve/Maduro-aplica-un-paquete-de-racionalidad-capitalista-contra-los-trabajadores-y-el-pueblo?id_rubrique=5442.]