Oriana Faoro (Correo del Caroní)
La Gran Misión Vivienda Venezuela es el programa habitacional del Estado, vigente en todo el país, tutelado por el Ministerio de Vivienda. En Puerto Ordaz, el 49% de sus obras se alza sobre terrenos no zonificados para uso residencial. En los sectores Toro Muerto y Santa Rosa, el plan estatal no tomó en cuenta los proyectos previstos para reurbanizar, y su propuesta tampoco mejoró los servicios básicos ni erradicaron el hacinamiento. Es ese el basamento de la segunda entrega de esta serie.
La avenida Loefling es una de las vías que ejemplifican la amplia y moderna vialidad que caracteriza a Ciudad Guayana, pero su continuidad está en veremos. Todavía no se ha terminado de construir y su final temporal se convierte en una angosta calle, rodeada de basura, que conduce al barrio Toro Muerto. Allí, un conjunto de 11 edificios, pintados con la cara del expresidente Hugo Chávez, dan la bienvenida a la única comunidad informal de la parroquia Universidad de Puerto Ordaz, estado Bolívar. Es una de las dicotomías de la planificación urbana en Guayana. La continuidad de la avenida Loefling se ve truncada por las invasiones de Toro Muerto, un sector formado hace más de 40 años en la periferia de Puerto Ordaz. Más allá, otra invasión llamada Santa Rosa se opone en el camino.
La Gran Misión Vivienda Venezuela es el programa habitacional del Estado, vigente en todo el país, tutelado por el Ministerio de Vivienda. En Puerto Ordaz, el 49% de sus obras se alza sobre terrenos no zonificados para uso residencial. En los sectores Toro Muerto y Santa Rosa, el plan estatal no tomó en cuenta los proyectos previstos para reurbanizar, y su propuesta tampoco mejoró los servicios básicos ni erradicaron el hacinamiento. Es ese el basamento de la segunda entrega de esta serie.
La avenida Loefling es una de las vías que ejemplifican la amplia y moderna vialidad que caracteriza a Ciudad Guayana, pero su continuidad está en veremos. Todavía no se ha terminado de construir y su final temporal se convierte en una angosta calle, rodeada de basura, que conduce al barrio Toro Muerto. Allí, un conjunto de 11 edificios, pintados con la cara del expresidente Hugo Chávez, dan la bienvenida a la única comunidad informal de la parroquia Universidad de Puerto Ordaz, estado Bolívar. Es una de las dicotomías de la planificación urbana en Guayana. La continuidad de la avenida Loefling se ve truncada por las invasiones de Toro Muerto, un sector formado hace más de 40 años en la periferia de Puerto Ordaz. Más allá, otra invasión llamada Santa Rosa se opone en el camino.
Los 11 edificios de Toro Muerto llevan por nombre Villa Aponwao, y pertenecen a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el programa habitacional del Gobierno venezolano. Cada torre tiene 16 apartamentos, para un total de 176 inmuebles que son el único rastro de orden urbano en la barriada. Sin embargo, su construcción no significó mejoras para el sector o reubicación de todas las familias en riesgo. Las torres son la continuación de un proyecto iniciado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en 2006, en el contexto del “Plan especial Villa Aponwao”, que se incorporó durante la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) 2006-2026. Se remonta a la década de los años 80 con la política de Reordenamiento de barrios que desarrolló la CVG, luego retomada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) a principios de la década de los años 2000 como Plan sectorial de habilitación física de barrios.
Las ideas para ordenar Toro Muerto se quedaron en papel. La construcción de estos edificios se paralizó en el mismo 2006. La CVG tardó seis años en retomarla y terminó inaugurando el conjunto dos veces: a finales de 2013 lo hicieron la Alcaldía de Caroní y la CVG; y a mediados de 2014 la Gobernación del estado Bolívar, Ministerio de Vivienda y CVG.
El proyecto original de este conjunto consistía en 400 apartamentos, divididos en 25 edificios, pero solo se erigieron 11. Las viviendas serían destinadas, principalmente, a la reubicación de familias en riesgo por la ubicación de sus casas: bajo líneas de alta tensión, al borde de dos riachuelos y en la cota de seguridad del embalse de la represa Macagua. Otra parte de familias debía ser reubicada por haber ocupado parte del trayecto de la avenida Loefling, planteada en el año 1974 dentro del Plan Funcional de Vialidad, como vía paralela a las avenidas Atlántico y Paseo Caroní, para conectar Puerto Ordaz de este a oeste.
El Plan especial Villa Aponwao fue el único de los planes especiales incorporados por el PDUL 2006-2026 que se aprobó en la Cámara Municipal de Caroní, el 30 de mayo de 2006, publicado en la Gaceta Municipal 397. Las obras se paralizaron, en parte, por la resistencia de los vecinos de moverse de sus hogares. 12 años después de su formulación, este plan especial permanece olvidado, y las torres de la GMVV son la prueba de que el Estado solo se acordó de construir viviendas sin invertir en equipamiento urbano para mejorar la calidad de vida de sus residentes, o de reubicar a las familias requeridas para continuar el proyecto vial de Puerto Ordaz.
El fracaso de la GMVV en Toro Muerto
La GMVV es una de las puntas de lanza del Gobierno nacional: informes oficiales aseguran que, en todo el país, se han construido 2.023.623 viviendas en los últimos siete años, para acabar con el hacinamiento y reubicar a quienes viven en zonas de riesgo. En Puerto Ordaz no ha tenido tal efecto, y no solo por el caso planteado en Toro Muerto: “De 122 proyectos (terminados y en ejecución) de la GMVV en Ciudad Guayana, 60 están ubicadas en tierras de usos no conformes al residencial. Es un plan que acabó con parte del ordenamiento local”, reveló una fuente vinculada con la Alcaldía de Caroní, que pidió no ser identificada. Es decir, el 49% de la GMVV erigió casas en zonas educativas, de recreación pasiva, de salud o en derechos de vía.
En el caso de Villa Aponwao los edificios sí están en una zona residencial, pero la GMVV no aprovechó la oportunidad para invertir los recursos y continuar un proyecto suficientemente estudiado por expertos municipales y nacionales. Luego de hacer los edificios, en Toro Muerto sigue faltando el transporte público, el agua potable y el aseo urbano; y persiste el hacinamiento. En la última parcela de Toro Muerto, sector llamado La Hoyada, hay un lote de 20 casas de concreto que resalta entre los ranchos hechos de zinc y tablas. Tienen dos habitaciones, un baño y sala-comedor. Fueron construidas en 2012 por la Gobernación de Bolívar, dentro del Plan Sustitución de Rancho por Vivienda (SUVI), adjudicadas a familias locales en situación de riesgo por vivir a orillas de una quebrada. Las casas se entregaron sin culminar, y pocas familias pudieron acondicionarlas por cuenta propia.
Ana María Valenzuela vive en una de ellas junto a su esposo y sus siete hijos, de entre 5 y 15 años de edad. La casa no tiene tuberías, o siquiera friso en las paredes. “Me vine para acá porque ya no aguantaba vivir en mi rancho, en cualquier momento se me podía venir encima… esta casa es más segura, pero no tengo agua, la luz me la robo de un poste… es difícil”, lamenta. “A nosotros nos habían anotado en una lista para entregarnos una casa completa, no así”, añade. Su esposo es el sustento del hogar y trabaja en un conuco como agricultor. Su hijo mayor es el ingreso secundario, como mesonero de una pollera. El dinero solo les alcanza para comer. Sus hijos menores tienen la barriga inflamada, signo claro de desnutrición, condición que ha aumentado significativamente desde el año pasado en Venezuela, y que en el último trimestre ha causado la muerte de al menos 30 niños guayacitanos.
Frente al lote de casas hay unas bases metálicas de edificios, abandonadas desde 2006. Representan el olvido del proyecto inicial de apartamentos, pues solo se construyeron 11 de las 25 torres previstas para reubicar a las familias de Toro Muerto. Es decir, en esta área, los 14 edificios con 272 apartamentos que faltaron por construir fueron suplantados por 20 casas unifamiliares, adjudicadas a medio terminar. A todo esto se suma la poca transparencia en la ejecución de los recursos monetarios. En 2006 la CVG anunció una inversión de 48 mil millones de bolívares para los 25 edificios, equivalentes a 22.325.581 dólares, al cambio oficial controlado de este entonces en Venezuela (2.150 bolívares por dólar), pero no terminó el proyecto.
En 2013, la CVG reportó una inversión de otros 92.674.542 bolívares para construir las 11 torres, equivalentes a 14.710.244,76 dólares al cambio oficial de hace cinco años (6,30 bolívares por dólar). El Plan Especial Villa Aponwao fue diseñado por expertos que se reunían periódicamente con la comunidad entre 2005 y 2006. Se planteó una zonificación específica en el sector, compuesto por las unidades de desarrollo (UD) 240 y 247, con áreas R3 (edificios de tres pisos), R5 (de cinco pisos), áreas comerciales de una y dos plantas (C1 y C2), servicios educativos (SE), Servicio de Recreación Pasiva (SRP) y Servicio Deportivo (SD); pero casi ningún planteamiento fue retomado.
Sin avenida Loefling
Rigoberto Mosquera, vecino y vocero del Comité de Tierras Urbanas (CTU) de Toro Muerto, espera por reubicación desde los años 90, pues su casa invadió terrenos de la avenida Loefling. “¿Será que cuando por fin construyan esa avenida por aquí, yo estaré vivo?”, se pregunta. En su calle muy pocos han sido reubicados a urbanismos de la GMVV.
-¿Por qué?
°Siempre está la trampa de los consejos comunales (asociaciones de vecinos) que se prestan para adjudicar a la gente que les cae bien y no al que lo necesita.
En palabras más claras: los vecinos denuncian que la mitad de los habitantes de Villa Aponwao son familias de Toro Muerto. El resto fue adjudicado a discreción de la CVG y de la Gobernación.
De la avenida Loefling solo se construyó un tramo de 1,2 kilómetros, inaugurado en 2008, frente a los clubes sociales Ítalo Venezolano y Portugués, que comienza en la avenida Leopoldo Sucre Figarella y finaliza en la entrada del sector Toro Muerto. Paralela a esta vía, en el Plan Especial de Macagua se proyectó la avenida costanera, más próxima a la orilla del río Caroní, que definiría el espacio de uso público y privado recreacional de la ribera. Su espacio también está ocupado por casas informales. Todo sigue en papel. La otra comunidad de Puerto Ordaz donde se ocuparon terrenos de la avenida Loefling y la avenida Costanera es Santa Rosa, una de las muchas comunidades informales asentadas en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, y en donde tampoco se concretó el Plan especial Santa Rosa, cuya discusión comenzó y se paralizó en 2007.
El plan especial contemplaba reubicar a familias que invadieron en el trayecto de la avenida Loefling, y también quienes construyeron bajo líneas de alta tensión, al borde de una cárcava y en el área proyectada para construir la segunda planta de tratamiento de aguas servidas de Puerto Ordaz. En 2007 los vecinos solicitaron a la Cámara Municipal parar las discusiones, exigiendo primero el parcelamiento de las tierras aptas antes de aprobar reubicaciones. La CVG cedió los terrenos pero lo demás se congeló. Para 2018, la estampa de la GMVV se repite en Santa Rosa: en la entrada de la comunidad se construye un lote de edificios del plan habitacional del Estado, pero no para los vecinos en zona de riesgo, sino para trabajadores de la empresa mixta Vhicoa -de capital público y privado- que se dedica a la construcción de piezas metálicas.
Cifras ocultas
En la Sala Situacional del Órgano Estadal de la Vivienda (OEV), ente administrador de la GMVV en el estado Bolívar, se solicitó una entrevista con el coordinador subjefe de la institución, Javier Pérez, pero no fue respondida por él o por algún subalterno. El presidente del órgano, Javier Febres, no estaba disponible pues acababa de ser removido de su cargo y su reemplazo no había sido designado. El personal de la Sala Situacional del OEV informó que la GMVV ha construido en Ciudad Guayana 51.962 viviendas entre 2012 y enero de 2018. Los funcionarios no suministraron las cantidades especificadas de viviendas por parroquia o por urbanismo entregado. En las memorias y cuentas del Ministerio de Vivienda de 2012, 2013, 2014 y 2015: tampoco hay detalles de gastos, contratos o número de viviendas construidas en Ciudad Guayana.
La ONG Transparencia Venezuela calificó a esta y a todas las misiones del Estado como estrategias político-electorales para asegurar votos. Y por eso las caras de Chávez y de Nicolás Maduro tapizan los edificios. “Los urbanismos de la GMVV son construidos sin respetar técnicas de diagnóstico e intervención para la organización de las ciudades”, amplía el informe de la ONG en 2017. Además, criticó que “no hay mecanismos de rendición de cuentas transparentes que indiquen el estatus de viviendas, beneficiarios, contratos y licitaciones”.
El silencio del OEV Bolívar se repitió en la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Caroní y en la Gerencia de Bienes Inmuebles de CVG, en donde no aceptaron declarar sobre la consecución de los proyectos de planificación urbana de Ciudad Guayana.
Ruptura de la continuidad administrativa
Ángela Díaz Márquez, arquitecto PhD, directora del Grupo de Investigación en Dinámicas Urbanas y Territoriales y Latinoamericanas y docente de la Universidad de Las Américas, hizo su tesis doctoral sobre una comparación entre Ciudad Guayana y Santiago de Los Caballeros (República Dominicana), llamada “Ciudades intermedias latinoamericanas ante modelos urbanos externos”. “El déficit habitacional hay que solventarlo, pero no por eso puedes construir donde sea, sin tomar en cuenta estudios técnicos”, precisa la fuente vinculada con la Alcaldía de Caroní consultada para este trabajo. “En Santa Rosa había que reubicar poco más de 200 familias en 2007, pero ahora son muchas más… Esta debería ser la prioridad de la GMVV, no construcciones a conveniencia”, sentencia.
La GMVV no ha mostrado públicamente nuevos estudios que avalen el desarrollo de sus proyectos habitacionales, mientras que los estudios técnicos y rigurosos de la planificación de Ciudad Guayana, el Plan Rector (1984), el Plan de Ordenación Urbanística (1995), y el PDUL 2006-2026, están empolvándose. Los planes especiales de Toro Muerto y Santa Rosa no han vuelto a ser discutidos en el parlamento local, de acuerdo con el concejal oficialista de la Cámara Municipal de Caroní Herzen Marzano. El edil alega que el Ayuntamiento no cuenta con suficiente presupuesto.
El exconcejal de la Cámara Municipal de Caroní para el periodo 2004-2008 Simón Yegres opina que desde hace 12 años hay fallas dentro de la Alcaldía para obtener el financiamiento y ejecutar estos planes especiales. “Como Alcaldía no te puedes limitar en lo nacional. Hay entes internacionales que pudieran financiar estos proyectos que tienen que ver con algo vital, que es la preservación de una cuenca de agua potable como el río Caroní. Hizo falta gerencia y, actualmente, hace falta visión de ciudad. Han echado todo al olvido”, dice, con referencia a la actual gestión del alcalde de Caroní, Tito Oviedo.
Pero sí ha habido recursos. Solo en el caso de Toro Muerto el Estado ha reportado, entre 2006 y 2014, una inversión total de 37.035.824,76 dólares. El manejo no ha sido transparente, pues no están disponibles los balances oficiales. El gobierno ha centralizado el financiamiento de los proyectos desestimando los planes locales existentes con la GMVV. Pese a las dificultades, Ciudad Guayana sigue siendo “una joya de la planificación urbana”, de acuerdo con la arquitecta PhD e investigadora Ángela Díaz Márquez. Con políticas acertadas, a mediano y largo plazo, puede recuperar el brillo que una vez tuvo como ejemplo urbanístico y vanguardista de Latinoamérica.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/63434-desorden-y-corrupcion-en-la-mision-vivienda-truncaron-la-modernizacion-de-toro-muerto-y-santa-rosa.]
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