Empresas estatizadas van en caída libre afirman sus trabajadores

Evana Materán

Se vienen abajo. Las empresas e instituciones bajo control estatal van en caída desde hace una década. Las quejas de los trabajadores por el incumplimiento de promesas por parte del Gobierno nacional ya no se pueden ocultar porque las deudas salariales y falta de recursos son las denuncias que encabezan la lista de irregularidades.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la red de Abastos Bicentenarios, Lácteos Los Andes y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) son proyectos que se encuentran en manos del Gobierno nacional y los trabajadores confiesan que tanto ellos como las empresas están siendo aplastados por la crisis económica. Sus problemas van saliendo a la luz en boca de los empleados que tienen hasta más de 20 años trabajando en las empresas y que ven con tristeza en lo que se han convertido sus lugares de trabajo. Desde el año 2009 se escuchan las quejas graneaditas de los empleados de diferentes departamentos de Corpoelec por incumplimiento en las cláusulas, retrasos en cancelación de sueldos y fallas en las estructuras.

En marzo de 2017, un grupo de trabajadores protestaron porque se cansaron de esperar un pago que tenía cinco años de retraso. Además, este año solicitaron dotación de uniformes y equipos. El personal de Lácteos Los Andes, también intenta recibir ayuda para poder recuperar sus áreas de trabajo. Jimmy Marchán, secretario de reclamo de la empresa, se refirió a la situación que se agrava en la planta de Cabudare a pesar que en el mes de octubre se reunieron con el actual ministro de Alimentación, Luis Medina y con una representación del Ministerio de Industrias para explicar sus necesidades.

Marchán detalló que las respuestas que han recibido de los ministros es “no hay divisas”. El secretario de reclamo se mostró preocupado por la falta de recursos para invertir en la materia prima e incluso recordó que la empresa con sede en Cabudare tiene una capacidad para producir 14 millones de litros mensuales, pero en la actualidad producen 1 millón 700 mil litros; es decir, menos del 10 %.

En Cabudare se producen chichas y algunos jugos, pero hay 14 líneas de productos paralizados. Una situación similar se vivió a finales del año pasado cuando Lácteos Los Andes sólo producía jugos para las escuelas debido a un respaldo financiero de 11 mil 500 millones de bolívares que recibieron por parte de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE). “Es necesario el apoyo a la industria nacional”, expresó Marchán con firmeza al reiterar que las autoridades deben promover proyectos para realzar la producción en Venezuela y disminuir la importación de productos lácteos de otros países, como España.

La falta de compromiso con el sueldo de los trabajadores es otro mal en el sector público y lo viven de cerca quienes laboran en las sedes del Inces a nivel nacional, incluso en Lara hay 400 trabajadores que reclaman un ajuste en sus sueldos porque son insuficientes para cubrir sus gastos y trasladarse hasta su trabajo. “Nos quieren pagar 25 mil bolívares diario para cubrir los gastos de alimentación porque no hay comedor”, explicó Gabriel Silva, coordinador organizacional del Inces mientras destacaba que también padecen por la falta de un comedor en la institución, lo que viola la cláusula 33 de la convención colectiva.

Los trabajadores del Inces arrastran esta problemática desde el año pasado, pues había intermitencia en el servicio, lo que ha generado que algunos empleados hasta se desmayen del hambre por no tener comida. Los beneficios de salud para trabajadores activos y jubilados también están en el olvido. Armando Velásquez, coordinador de Cultura y Deporte, comentó que la póliza de HCM se quedó en pañales en comparación con los gastos que exigen las clínicas. Indicó que tampoco cuentan con un seguro que cubra un servicio funerario en casos de emergencia.

Un grupo de trabajadores manifestó que todas las sedes de la institución se encuentran en la misma crisis, pero a quienes se atreven a hablar los amenazan con botarlos. El incumplimiento con la convención colectiva para los trabajadores del Inces se ve desde el año 2013 cuando denunciaron las irregularidades que les impiden desempeñar sus funciones en la institución. Otra falla en las entidades estatales es la calidad educativa, pues según los empleados también ha desmejorado. “No están dando clases, se les imparte pura ideología política”, manifestó Silva.

[Versión de post publicado originalmente en http://www.laprensalara.com.ve/?p=407782.]