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martes, 28 de noviembre de 2017

Educación en el Informe Provea 2016: Gobierno pretende ocultar un retroceso evidente



PROVEA

* El siguiente texto corresponde a la introducción al capítulo dedicado a la educación en el reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela para el año 2016 [ver informe completo en https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2016]. Esencialmente se centra en señalar cómo el gobierno venezolano intenta esconder las evidencias de los graves problemas que hoy afectan a la educación venezolana mediante los grotescos recursos de ocultar e impedir el acceso a la información  que describe su situación en este momento.

El presente capítulo se redactó en un contexto difícil que produjo un resultado parcialmente distinto al que durante más de 15 años consecutivos veníamos realizando. A diferencia de los años anteriores presentamos pocas estadísticas. La razón: Ni el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ni el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (PPPEUCT) hicieron públicas sus Memoria y Cuenta. Tampoco respondieron las comunicaciones que le fueron enviadas solicitando dichas Memorias

La única información oficial se logró mediante un minucioso rastreo de notas de prensa, documentos con información parcial o declaraciones audiovisuales de altos funcionarios de tales ministerios.

El ocultamiento de la Memoria y Cuenta 2017 por parte de los ministerios se inscribe dentro de una política del gobierno que apuntala cada vez más el secretismo del Estado. Una política que obstaculiza la contraloría ciudadana sobre la gestión pública. Que favorece los hechos de corrupción y sobre todo constituye una obstrucción para investigar la situación de la educación y realizar propuestas de políticas públicas para el sector. En el sitio Web del MPPEUCT, por ejemplo, sólo están publicadas las memorias y cuenta de los años 2010 y 2011, lo cual demuestra la falta de interés de facilitar la información pública .

Para garantizar coherencia con los capítulos de años pasados y mantener fresca información de análisis sobre la situación educativa, hemos conservado algunas cifras y análisis fundamentales del informe 2015. La hemos complementado con información oficial y no oficial que permita tener una mirada sobre la situación del derecho a la educación en nuestro país.

El contexto socioeconómico en 2015 y 2016 en el cual se agudizó el hambre y la miseria pareciera haber tenido una incidencia negativa para profundizar algunas regresiones que desde el año 2013 empezaron a producirse en la satisfacción del derecho a la educación. Regresiones que primero aparecieron como tendencias leves pero que se vienen consolidando.

El cero crecimiento de la educación primaria en una década, el decrecimiento de la matrícula en el sector educación media en los últimos tres años, el aumento progresivo de la deserción escolar, el crecimiento de los casos de violencia escolar y aumento de hechos delictivos contra las escuelas, son algunos de los aspectos resaltantes que destacamos en el informe anterior A ello se suma una tendencia al decaimiento de las misiones educativas.

Solo en el sector de educación universitaria se registra, según nota de prensa del Ministerio, un crecimiento de la matrícula y además continúa el incremento de institutos de educación universitaria. Para 2015, según
cifras del MPPPEUCT, la cifra total de estudiantes ascendía a 2.622.013. Para 2016, según declaraciones del Ministro esa cantidad aumentó a 2.800.000.

La no asignación de presupuestos adecuados, genera innumerables consecuencias negativas para el buen funcionamiento de las universidades. El cerco presupuestario, junto a medidas que atentan contra la autonomía universitaria sigue produciendo deterioro de la infraestructura, baja en la calidad de los servicios prestados a los estudiantes y renuncia de profesores por los bajos salarios [1]. Junto a ello, limitaciones de carácter administrativo que afectan la operatividad de las universidades para atender asuntos cotidianos como consecuencia de imposiciones del Ejecutivo Nacional.

El nuevo Sistema de Ingreso continuó generando cuestionamientos y dificultades a las universidades y aunque es muy temprano para evaluar lo conveniente o no de dicho sistema, hasta ahora los resultados parecieran ser preocupantes.

Con respeto a los niveles educativos primaria y media, sobresale que, las expectativas que produjo la Consulta Nacional sobre la Calidad Educativa, no se tradujo por segundo año consecutivo en medidas concretas de ejecución de las recomendaciones. No hay voluntad política para adelantar las conclusiones y recomendaciones de la consulta. 

Salvo algunas medidas puntuales positivas, no se desarrolló un plan sistemático y participativo para adelantar trasformaciones académicas que apunten a elevar la calidad de la educación. Se adelantó una propuesta de reforma curricular, que no fue consultada con los educadores y generó un amplio rechazo del personal docente. El Ministro Rodulfo Pérez no abrió espacios para debatir el conjunto de observaciones e impuso la reforma curricular. Sin embargo, al ser sustituido y asumir la cartera ministerial el sociólogo  Elías Jaua, una de sus primeras medidas fue la de suspender la implementación del nuevo diseño curricular. A la fecha de redacción de este informe no se conocía ninguna propuesta por parte del Ministerio de Educación en cuanto a currículo, ni tampoco se había promovido un proceso de consulta con el sector docente. No se conoció de reformas legales adelantadas, que habían sido prometidas al finalizar el 2014 como recomendaciones de la consulta nacional sobre la calidad educativa.

No se obtuvo información oficial que permita establecer si la reducción de la matrícula de educación primaria que venía ocurriendo en los dos últimos años se revirtió o al contrario se profundizó. La misma situación se presenta en el sector de educación media, donde en los últimos tres años se había producido un decrecimiento de la matrícula.

Nota

[1] Las universidades públicas vienen siendo afectadas por una progresiva renuncia de profesores quienes optan por dedicarse a actividades privadas o se suman a la emigración en búsqueda de mejor calidad de vida. Gremios universitarios calculan que en los últimos 4 años más de 1600 profesores han renunciado.


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