PROVEA
* El siguiente texto corresponde a la introducción
al capítulo dedicado a la educación en el reporte sobre la situación de los
Derechos Humanos en Venezuela para el año 2016 [ver informe completo en https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2016].
Esencialmente se centra en señalar cómo el gobierno venezolano intenta esconder
las evidencias de los graves problemas que hoy afectan a la educación
venezolana mediante los grotescos recursos de ocultar e impedir el acceso a la
información que describe su situación en
este momento.
El presente capítulo se redactó en un contexto
difícil que produjo un resultado parcialmente distinto al que durante más de 15
años consecutivos veníamos realizando. A diferencia de los años anteriores
presentamos pocas estadísticas. La razón: Ni el Ministerio del Poder Popular
para la Educación, ni el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria Ciencia y Tecnología (PPPEUCT) hicieron públicas sus Memoria y
Cuenta. Tampoco respondieron las comunicaciones que le fueron enviadas
solicitando dichas Memorias
La única información oficial se logró mediante un
minucioso rastreo de notas de prensa, documentos con información parcial o
declaraciones audiovisuales de altos funcionarios de tales ministerios.
El ocultamiento de la Memoria y Cuenta 2017 por
parte de los ministerios se inscribe dentro de una política del gobierno que
apuntala cada vez más el secretismo del Estado. Una política que obstaculiza la
contraloría ciudadana sobre la gestión pública. Que favorece los hechos de
corrupción y sobre todo constituye una obstrucción para investigar la situación
de la educación y realizar propuestas de políticas públicas para el sector. En
el sitio Web del MPPEUCT, por ejemplo, sólo están publicadas las memorias y
cuenta de los años 2010 y 2011, lo cual demuestra la falta de interés de
facilitar la información pública .
Para garantizar coherencia con los capítulos de
años pasados y mantener fresca información de análisis sobre la situación educativa,
hemos conservado algunas cifras y análisis fundamentales del informe 2015. La hemos
complementado con información oficial y no oficial que permita tener una mirada
sobre la situación del derecho a la educación en nuestro país.
El contexto socioeconómico en 2015 y 2016 en el
cual se agudizó el hambre y la miseria pareciera haber tenido una incidencia
negativa para profundizar algunas regresiones que desde el año 2013 empezaron a
producirse en la satisfacción del derecho a la educación. Regresiones que
primero aparecieron como tendencias leves pero que se vienen consolidando.
El cero crecimiento de la educación primaria en una
década, el decrecimiento de la matrícula en el sector educación media en los
últimos tres años, el aumento progresivo de la deserción escolar, el
crecimiento de los casos de violencia escolar y aumento de hechos delictivos
contra las escuelas, son algunos de los aspectos resaltantes que destacamos en
el informe anterior A ello se suma una tendencia al decaimiento de las misiones
educativas.
Solo en el sector de educación universitaria se
registra, según nota de prensa del Ministerio, un crecimiento de la matrícula y
además continúa el incremento de institutos de educación universitaria. Para
2015, según
cifras del MPPPEUCT, la cifra total de estudiantes
ascendía a 2.622.013. Para 2016, según declaraciones del Ministro esa cantidad aumentó
a 2.800.000.
La no asignación de presupuestos adecuados, genera
innumerables consecuencias negativas para el buen funcionamiento de las universidades.
El cerco presupuestario, junto a medidas que atentan contra la autonomía universitaria
sigue produciendo deterioro de la infraestructura, baja en la calidad de los
servicios prestados a los estudiantes y renuncia de profesores por los bajos
salarios [1]. Junto a ello, limitaciones de carácter administrativo que afectan
la operatividad de las universidades para atender asuntos cotidianos como
consecuencia de imposiciones del Ejecutivo Nacional.
El nuevo Sistema de Ingreso continuó generando
cuestionamientos y dificultades a las universidades y aunque es muy temprano
para evaluar lo conveniente o no de dicho sistema, hasta ahora los resultados
parecieran ser preocupantes.
Con respeto a los niveles educativos primaria y
media, sobresale que, las expectativas que produjo la Consulta Nacional sobre la
Calidad Educativa, no se tradujo por segundo año consecutivo en medidas
concretas de ejecución de las recomendaciones. No hay voluntad política para
adelantar las conclusiones y recomendaciones de la consulta.
Salvo algunas medidas puntuales positivas, no se
desarrolló un plan sistemático y participativo para adelantar trasformaciones
académicas que apunten a elevar la calidad de la educación. Se adelantó una
propuesta de reforma curricular, que no fue consultada con los educadores y
generó un amplio rechazo del personal docente. El Ministro Rodulfo Pérez no
abrió espacios para debatir el conjunto de observaciones e impuso la reforma curricular.
Sin embargo, al ser sustituido y asumir la cartera ministerial el sociólogo Elías Jaua, una de sus primeras medidas fue la
de suspender la implementación del nuevo diseño curricular. A la fecha de
redacción de este informe no se conocía ninguna propuesta por parte del
Ministerio de Educación en cuanto a currículo, ni tampoco se había promovido un
proceso de consulta con el sector docente. No se conoció de reformas legales adelantadas,
que habían sido prometidas al finalizar el 2014 como recomendaciones de la consulta
nacional sobre la calidad educativa.
No se obtuvo información oficial que permita
establecer si la reducción de la matrícula de educación primaria que venía
ocurriendo en los dos últimos años se revirtió o al contrario se profundizó. La
misma situación se presenta en el sector de educación media, donde en los últimos
tres años se había producido un decrecimiento de la matrícula.
Nota
[1] Las universidades públicas vienen siendo
afectadas por una progresiva renuncia de profesores quienes optan por dedicarse
a actividades privadas o se suman a la emigración en búsqueda de mejor calidad
de vida. Gremios universitarios calculan que en los últimos 4 años más de 1600
profesores han renunciado.
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