Opinión: Venezuela en compás de espera

Juan Gallardo

De la calle al palacio. Así se podría resumir la dinámica de la crisis política venezolana en su momento actual, tras la instalación de la Constituyente y en vista a las elecciones regionales de octubre. Esto no significa una vuelta a la “normalidad”, sino que tras cuatro meses de enfrentamiento en las calles las disputas pasan al plano institucional donde el gobierno negocia y presiona desde la posición de un bonapartismo en decadencia, cada vez más apoyado en las fuerzas armadas, y la oposición descansa en el injerencismo extranjero y en las denuncias de la exfiscal general, en el camino de unas elecciones que tendrán carácter plebiscitario.

Los objetivos de una Constituyente fraudulenta

La Constituyente chavista es fraudulenta no por las controversias sobre la cantidad de gente que la eligió, que por cierto es una incógnita inauditable, sino por la forma y por » los objetivos con las que fue convocada. En mayo pasado, en medio de movilizaciones diarias de la oposición de derecha y una represión creciente de las fuerzas de seguridad, Maduro convocó una Asamblea Constituyente en base a candidatos elegidos por territorio y sector, en una combinación que solo podía favorecer al partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En el territorio, tenía el mismo peso una ciudad de millones de habitantes que un pueblo de unos cuantos miles, mientras que la elección sectorial estaba estrechamente ligada al trabajo de las misiones administradas por el PSUV.

La Constituyente tampoco se sometió a referéndum previo, lo que fue interpretado como una violación a la actual constitución chavista de 1999 y generó descontento incluso dentro de los seguidores del gobierno. Muchos de ellos se sintieron identificados con las críticas de la fiscal general Ortega Díaz que, viniendo de las filas del chavismo, se fue convirtiendo en la figura de oposición que más daño podía hacerle al madurismo en crisis.

Pero además la Constituyente se convocó en un país gobernado bajo un estado de excepción y emergencia económica que rige desde febrero de 2016 y restringe, entre otras cosas, el derecho a manifestación y huelga. A la vez, despliega una creciente represión estatal, destinada tanto a las movilizaciones de la derecha como a los trabajadores que reclaman por sus condiciones de vida o los jóvenes que protagonizan estallidos por hambre en los barrios más empobrecidos. A esto se suma la multiplicación de las denuncias de sanciones contra los trabajadores públicos y usuarios del carnet Patria (con el que se accede a productos subsidiados), por no votar en las elecciones constituyentes.

Para que quede claro, la imposición de la Constituyente no se logró por la superación del empate catastrófico en las calles que venía manteniendo con la derecha, ni tampoco por un reverdecer del apoyo de sectores de masas hacia el chavismo. Por el contrario, careciendo de estas “virtudes”, Maduro impuso una constituyente completamente antipopular a fuerza de coerción y un giro decididamente bonapartista apoyado en la represión y persecución estatal, ejecutada por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.

En este marco, y con la oposición negándose a participar con candidatos propios de la elección, la Constituyente terminó convirtiéndose en una suerte de congreso ampliado del PSUV, con una escasa legitimidad, que el madurismo degradado suple con bonapartismo puro y duro.

Los objetivos de llamar a una Constituyente de estas características estaban muy lejos de poner en pie un “órgano del poder popular originario”. Ante la crisis política de un madurismo cada vez más desacreditado, el gobierno necesitaba recuperar la iniciativa con una nueva institucionalidad, apoyada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que le permitiera ganar tiempo mientras confronta y busca negociar en las mejores condiciones con la oposición de derecha.

Parte de este juego es el de asumirse como órgano plenipotenciario, es decir, concentrar la suma de los poderes públicos, con lo que consolidó su giro bonapartista al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. En su lugar, colocó al defensor del pueblo, Tarek William Saab (que ahora tendrá las dos funciones, una contradicción por definición); y luego avanzó sobre la Asamblea Nacional, a la que no eliminaron pero dejaron virtualmente sin poderes.

En este punto es necesario recordar el hecho que desencadenó las movilizaciones que duraron cuatro meses y dejaron un centenar de muertos y miles de heridos. El intento del gobierno, a fines de marzo, de quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional buscaba darle vía libre a Maduro para negociar con los activos públicos, sobre todo de la petrolera PDVSA como con los yacimientos mineros del arco del Orinoco. Es decir, avanzar en privatizaciones parciales o en el establecimiento de empresas mixtas sin depender de la aprobación parlamentaria (en la que iba a una derrota segura). La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, no se opone por principios a estas medidas de saqueo, pero no iba a permitir que el gobierno ganara algo de oxígeno en el terreno económico o que decidiera unilateralmente beneficiar a sus socios rusos, chinos o canadienses, dejando afuera de esta entrega de los recursos nacionales al capital estadounidense.

Entonces, existe un elemento de fondo en el establecimiento de la Constituyente como plenipotenciaria, que es la posibilidad de avanzar sobre la entrega de los recursos naturales. La contratendencia a este objetivo es el rechazo de los principales imperialismos y de la derecha regional, que desconocen a la Constituyente y por ende se adelantan a la posibilidad de emitir sanciones económicas sobre los países beneficiarios de sus decisiones.

Ninguna de estas opciones supone una salida progresiva, ni contemplan los padecimientos del pueblo venezolano frente a la catástrofe económica, sino que se trata de una rapiña por el control de los recursos y del Estado.

Una oposición proimperialista

La oposición de derecha quedó atenazada entre las negociaciones que llevaba adelante en forma secreta con el gobierno y la notoria merma de su poder de movilización. Tras cuatro meses de acciones callejeras de un alto nivel de violencia y represión estatal, ni el gobierno ni la oposición pudieron mantener una participación masiva como la que se vio durante el mes de abril. Este desgaste complicó más a la oposición, que fue quien eligió la calle como escenario privilegiado de confrontación.

Tras el plebiscito convocado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a mediados de julio, la oposición perdió la iniciativa a pesar de mostrarlo como un gran triunfo político. Los quince días que separaron este plebiscito de las elecciones a Constituyente mostraron las fisuras el interior de la derecha, que está presionada tanto interna como externamente a virar hacia una salida negociada.

El diario venezolano El Nacional publicó una crónica[1] sobre las negociaciones entre el gobierno y la oposición en la víspera de la elección a Constituyente, que contaron con la mediación del expresidente español Rodríguez Zapatero. Allí comenzaron a aflorar las internas en la oposición de derecha que venían de proponer un combo de medidas que incluían la instalación de un gobierno de “unidad nacional” y el llamado a una “hora cero” en la movilización, algo que solo podía llevar adelante la intervención activa de la FANB, es decir, con un golpe de Estado. Y si bien no le faltó oportunidad a la MUD para hacer llamados a la Fuerza Armada, no fue su falta de vocación golpista lo que falló, sino que el nivel de concentración de poder político y económico en manos de la FANB la ubican hoy aún en el campo del chavismo que les garantiza sus negocios.

Ante el fracaso de las negociaciones y la pérdida de la calle, la mayoría de la oposición terminó acordando presentarse a las elecciones regionales de octubre. Se abrió así un momento de impasse durante el cual se puede esperar todo tipo de maniobras y acusaciones. Las denuncias cruzadas de corrupción y, sobre todo, la presentada por la exfiscal Luisa Ortega Díaz desde su “exilio” brasileño, por los supuestos sobornos de Odebrecht a Maduro y Cabello, son parte del escenario preelectoral, donde volverán a medir fuerzas gobierno y oposición. También las restricciones del gobierno a los candidatos de la MUD, como la persecución a alcaldes opositores, buscan mejorar las chances de los candidatos del PSUV, hacia unas elecciones donde la derecha se juega a repetir el resultado de 2015 en el que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional.

Por ahora, la derecha ha venido cubriendo sus fisuras con el respaldo que le da la injerencia externa, que incluyó la suspensión indefinida de Venezuela del Mercosur impulsada por Macri y Temer, la declaración de condena contra el gobierno de Maduro de parte de 12 países latinoamericanos en la conferencia de Lima, y las sanciones de Trump.

En el caso del imperialismo estadounidense, que se venía debatiendo entre las sanciones individuales a funcionarios del gobierno venezolano y la posibilidad de avanzar sobre los activos de la filial norteamericana de la petrolera estatal PDVSA, Trump dio un giro dramático al anunciar que no descartaba una opción militar. Una salida tan brutal que ni siquiera podía ser aceptada por la derecha regional que venía a la cabeza de los ataques contra el gobierno de Maduro. La visita de Mike Pence, el vicepresidente de Trump, a Colombia, Argentina, Chile y Panamá, tuvo el objetivo de apoyar a los gobiernos con un perfil más injerencista sobre Venezuela, y a su vez de matizar los anuncios del presidente estadounidense sobre una opción militar.

La oposición venezolana guardó silencio antes de anunciar su oposición a una posible intervención militar estadounidense, lo que muestra su carácter abiertamente proimperialista y, que en su objetivo de hacerse del poder del Estado y de los recursos del país, al igual que Trump, no descarta ninguna opción. A fines de agosto la administración estadounidense descartó la “carta militar” en el corto plazo, pero aceleró una nueva serie de sanciones que afectan ya no a los funcionarios chavistas sino al sistema financiero de una economía semiquebrada. Aunque sin tocar la importación de petróleo a EE.UU., Trump prohibió “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”. Mientras que la oposición festejó las medidas, el gobierno no perdió oportunidad para pedir “un juicio histórico” contra los miembros de la derecha que hayan apoyado o pedido sanciones económicas contra el país. Una carta que podrá ser usada para censurar o limitar a los candidatos de la MUD hacia las elecciones regionales.

El rol de las Fuerzas Armadas

La situación catastrófica que atraviesa Venezuela combina los efectos devastadores de una crisis económica producto del sostenimiento de la estructura rentística petrolera, que el chavismo nunca modificó, con la crisis de representación política abierta tras la muerte de Chávez.

Maduro, que carece de la posibilidad de plebiscitarse como lo hizo Chávez durante años, lidera un bonapartismo apoyado cada vez más en las Fuerzas Armadas.

Si ya bajo Chávez la FANB había venido jugando un rol preponderante, en la etapa “madurista” se hicieron de una acumulación de poder político y económico sin precedentes que los vuelve el actor principal para cualquier salida a la crisis en curso.

Hoy casi la mitad de los gobernadores son generales en actividad o retirados, como también lo es un tercio de los ministros del gobierno. Además Maduro promovió a 800 oficiales al rango de general o almirante, llegando a un récord de unos 2.000 generales, lo que le garantiza un alto nivel de lealtad entre los mandos superiores, y diluye al mismo tiempo el peso de los oficiales, que de todas maneras acceden a importantes prebendas. Esto implica beneficios que van desde el control del reparto de alimentos o combustible (incluida su venta en el mercado negro), el acceso a divisas al tipo de cambio oficial y el control directo de empresas con presupuestos multimillonarios.

De un total de 20 empresas manejadas por los militares, 14 fueron creadas en los últimos 4 años y medio, bajo el gobierno de Maduro. Hoy los militares tienen el control del banco BANFANB, de la constructora CONSTRUFANB, de la cantera CANCORFANB, de la empresa agrícola AgroFANB, de Camimpeg (para la extracción de crudo y minería), entre otras empresas que incluyen: transporte, medios de comunicación, compañías de seguro y fondos de inversión, una planta embotelladora de agua, producción de ropa e imprentas[2]. En total, manejan un presupuesto mayor a los 2 billones de bolívares.

El agravante es que los militares han estado en el centro de varias denuncias de corrupción, no investigadas ni por el gobierno ni por la oposición, y con esta concentración de poder económico y político quedan en una situación de impunidad absoluta.

Este esquema consolida el rol de árbitros de los militares frente a la crisis política. Los permanentes llamados de la oposición a la FANB están destinados a buscar una salida hacia una transición poschavista que pueda venir tanto de un golpe como de una negociación con sectores del chavismo. Esta salida, que sin duda sería reaccionaria para la mayoría de los trabajadores y el pueblo venezolano, no encuentra una alternativa progresista en el actual sostenimiento del chavismo por la FANB en su etapa de degradación madurista.

Ni gobierno ni oposición
Mientras que camino a las elecciones de octubre (no descartemos que se vuelvan a aplazar), se puede esperar todo tipo de acusaciones e intrigas, lo que sigue definiendo el ánimo de la calle es la crisis económica.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) el precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) alcanzó en el mes de julio los 2.043.083 bolívares, lo que representa un aumento del 17,5 % con relación al mes anterior. Con estos valores, una familia de cinco personas necesitaría 21 salarios mínimos (97.531 bolívares) para cubrir sus necesidades. El salario mínimo se incrementa con un bono alimentación de 153.000 bolívares, para llegar a un total de 250.531 (unos 23 dólares al tipo de cambio paralelo). Esta precariedad de las condiciones de vida, junto con el hastío de cuatro meses de protestas dirigidas por una oposición de derecha con ADN golpista, están en la base de un desencanto de sectores amplios que no ven salida ni en el gobierno ni en la oposición.

Una encuesta de la consultora Datanálisis previa a las elecciones, en el momento álgido de las protestas, expresaba que en cuanto a la “autodefinición política” (chavista/ antichavista) existía un fuerte peso del sector “Ni-Ni”. Entre los que no se definían “de ninguno de los dos grupos” se contaba un 42,9 % de los encuestados, siendo la mayoría de este segmento los jóvenes (de entre 18 a 41 años), y casi un 50 % perteneciente a los sectores más bajos. Este porcentaje intermedio/independiente (Ni-Ni) crecía aún más cuando se preguntaba directamente sobre partidos. Allí el PSUV llegaba a un 15 %, los partidos de la MUD a un 19,8 %, mientras que los “independientes” llegaban al 61 %.

Si bien es posible que hacia las elecciones regionales se puedan polarizar las preferencias políticas, lo cierto es que en la crisis en curso hay un amplio sector, en particular entre los jóvenes, que no ven salida entre las dos fuerzas en pugna.

El desencanto frente a las opciones políticas, Maduro o la oposición de derecha, develan la ausencia de alternativas que respondan a los grandes problemas que marcan la vida de las mayorías venezolanas. Trabajadoras y trabajadores, despojados de derechos democráticos elementales como el derecho a huelga o manifestación, no ven en la derecha una salida que recuerda al rancio golpismo de 2002 y huele demasiado a injerencia imperialista. La desconfianza es más profunda todavía entre la juventud, que no llegó siquiera a disfrutar el “derrame” de los “años dorados” de la renta petrolera y solo conoció las muecas del “socialismo” chavista. En los últimos meses la intelectualidad progresista latinoamericana se dividió entre los que hicieron una defensa cerrada del madurismo (y de sus miserias)[3], y los que se hicieron eco del clamor de la “comunidad internacional” para ir hacia algún tipo de salida negociada[4].

Tras años de apoyo a los proyectos reformistas latinoamericanos, hoy en bancarrota, de los que el chavismo fue su versión más de izquierda, ambas salidas reservan a los trabajadores y el pueblo venezolano una posición subordinada a uno u otro proyecto burgués. La resolución de los padecimientos del pueblo venezolano no está contemplada ni en la fraudulenta Constituyente chavista, ni en la plataforma política de la MUD. Mucho menos en una salida negociada bendecida por los militares, el imperialismo y el vaticano. Los tiempos se acortan y se vuelve cada vez más necesario que esa insatisfacción y hastío creciente puedan ser canalizadas hacia una alternativa independiente del gobierno y la oposición de derecha.

Notas

[1] “Revelaron detalles sobre últimas reuniones entre el gobierno y la oposición”, El Nacional, 4/8/2017.

[2] “Con 20 empresas las FANB acapara el poder económico”, Crónica.Uno, 20/8/2017.

[3] “Con Maduro no se puede derrotar a la derecha”, La Izquierda Diario, 7/6/2017.

[4] “Ilusión ‘progresista’ en nuevos intentos de mediación en Venezuela”, La Izquierda Diario, 1/6/2017.

[Tomado de http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/venezuela-en-compas-de-espera.]