Opinión: Estado de terror y muerte

J.R. López Padrino

El país vive tiempos de golpes de Estado, de represión y farsas judiciales, de torturas y asesinatos. Las hordas de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares del régimen han sido los encargados de reprimir salvajemente y asesinar a los venezolanos que ejercen el derecho a la protesta contemplado en el artículo 68 de la Carta Magna. Perversiones que responden a la Doctrina de Seguridad Nacional, adefesio de inspiración fascista destinado a domesticar y criminalizar la protesta social a la cual etiquetan como enemigo interno. Hoy, el Estado reprime, tortura, militariza la justicia y asesina a venezolanos en nombre de la paz y tranquilidad ciudadana. Se ha institucionalizado una complicidad perversa entre la FAN, los cuerpos de seguridad y las turbas hamponiles armadas del régimen como estrategia de guerra contra quienes disienten de la política oficial. La plaga cívico-militar en el poder lleva la confrontación al terreno de la violencia, pues sabe que en todos los demás escenarios está derrotada. Para la fecha más de 80 personas han sido asesinadas por las pandillas de la GN, PNB y paramilitares, cerca de 1.400 personas han resultado lesionadas, más de 3.500 han sido procesadas y 532 han sido enviados a cárceles de alta peligrosidad o recintos militares.

El asesino de Maduro, carente de apoyo popular (no alcanza al 12% según todas las encuestas) y con un liderazgo desacreditado dentro sus propias filas ha recurrido a la represión indiscriminada en su intento por imponer su excluyente y fraudulenta constituyente comunitaria, maniobra fascista-corporativista desesperada para impedir las elecciones democráticas en el país. Sus bandas fanatizadas apelan a las tácticas violentas nazi-fascistas del siglo pasado de arremeter contra todo vestigio disidente. Muchas han sido las zonas residenciales de la capital (La Candelaria, El Valle, El Paraíso, La Vega) y del interior del país (Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal) víctimas de la violencia, de la intimidación y del asesinato a manos de esas bandas armadas del régimen. Perversidades que nada envidian a las actuaciones de la Sturmabteilung o SA (camisas pardas) en la Alemania de Hitler o la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional (camisas negras) en la Italia de Mussolini. Utilizaban la violencia y el terror para "aplastar" a sus oponentes.

Un discurso oficial apologético a la violencia y denigrante hacia el disidente ha conllevado a crear una identidad social despreciable que justifica su aniquilación física. La imposición de una política maniquea e irreconciliable por parte de la barbarie milico-madurista (patriotas-antipatriotas) han hecho del terror, del odio, y de la eliminación del oponente los arquetipos del Estado lumpen-militar que nos "desgobierna". Ello explica el accionar de los sicarios de la GN y PNB de disparar sus armas en contra del cuerpo de los manifestantes (enemigo) a fin de ocasionarles su muerte. Crímenes que han sido calificados cínicamente por el milico Reverol como "uso indebido y desproporcionado de la fuerza".

Además, el inquilino de Miraflores ha dispuesto como parte de su agenda del terror el enjuiciamiento masivo de civiles por tribunales militares, lo cual constituye una transgresión al debido proceso, ha instruido la aplicación de la Ley antiterrorista para enviar a cientos de jóvenes a cárceles de máxima seguridad, ha ordenado la creación del Comando Antigolpe y del Comando Nacional de Seguridad Antiterrorista. Todos ellos mecanismos de intimidación y persecución contra la disidencia política los cuales confirman su naturaleza militarista-dictatorial.

Las denuncias por la Fiscal General de la República de la ruptura del hilo constitucional, de los abusos de funcionarios militares y policiales, incluyendo el asesinato de Juan Pablo Pernalete a manos de la GN y del cuestionamiento en la designación exprés de los miembros del TSJ por la anterior Asamblea Nacional enfureció a la nomenclatura madurista. De inmediato las hordas armadas del régimen sitiaron la sede del Ministerio Público y los genuflexos del TSJ admitieron una solicitud de antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General. El facho-madurismo recurre al miedo y al terror a fin de subordinar al Ministerio Público a sus intereses.

El facho-madurismo no trasciende más allá de un trasnochado autoritarismo que reivindica un Estado militarizado, represor y asesino. Representa el empoderamiento de un lumpemproletariado delincuencial y alienado que pretende un mayor control social del individuo, y por ende su eternización en el poder. Frente a ello hay que profundizar y ampliar la base social de la lucha de calle a fin de consolidar la resistencia popular. No hay cabida para agendas conciliatorias o salidas mágicas a espalda de quienes son los verdaderos protagonistas de esta lucha: los valientes guerreros del asfalto, quienes "armados" con escudos de cartón o latón, una máscara antigás y una piedra o una molotov enfrentan a la pestilente y ensangrentada bota militar.