Humberto
Decarli
El gobierno venezolano, luego de la entrega por parte de
la M.U.D. del referéndum revocatorio por la presión del Vaticano y Estados
Unidos para un supuesto diálogo, tomó oxígeno porque cerró la única
manifestación constitucional de democracia directa y además, continuó
reprimiendo libremente a la disidencia. Se dio el lujo de impedir la consulta
en referencia así como las elecciones regionales que debieron ocurrir en
diciembre de 2016.
Con base en las anteriores premisas era fácil prever la
eternización de la dictadura del siglo veintiuno. Se veía en profundidad ir
directo a Myanmar, Cuba, Corea del Norte o Kazajstán, acompañado de una
oposición fungiendo de comodín para salvar las apariencias de legalidad de
desempeño y apostar a la subida del precio del barril para completar la faena.
Sin embargo, no ocurrió el incremento del precio
petrolero y se multiplicaron los problemas sociales y económicos. Se produjo
desde el año pasado una hiperinflación adicionada a una fuerte recesión con el
consiguiente aumento del desempleo, la pobreza, el hambre y la inseguridad. Ni
siquiera pudieron elevar las importaciones en una economía de puertos porque el
pago de la ingente deuda externa, aparte de la corrupción y el despilfarro, ha
aprisionado el presupuesto público.
No obstante, la prepotencia embriagó a la gestión
militarista y llegó a niveles exponenciales cuando dos fallos del máximo
tribunal venezolano le otorgaron superpoderes al presidente al eliminar la
inmunidad parlamentaria y las facultades de control y legislación de la
Asamblea Nacional. Uno de los cometidos de tales sentencias era darle luz verde
al presidente de la república para llevar a cabo contratación sin supervisión
alguna. Lógicamente estaba previsto el remate de las materias primas
nacionales, esto es, los hidrocarburos y la minería.
La diplomacia
de la ofensa
Así las cosas, la arrogancia envolvió al chavomarurismo y
con la asesoría cubana ejerció una diplomacia de improperios y denuestos, muy
propios del servicio exterior de la isla. Los materializaron en el Mercosur
como respuesta desproporcionada cumplida por la canciller al impedimento de la
presidencia protèmpore de esa
entidad. De la misma manera, lograron enemistarse con los gobiernos de Chile,
México y Colombia, países con una actitud de neutralidad inicial frente al
conflicto venezolano.
Asimismo, la pugnacidad siguió y Mercosur llevó a cabo su
carta democrática contenido en el Protocolo de Ushuaia y excluyó a Venezuela de
la organización hasta que acceda a hacer tangibles los compromisos democráticos
formales contraídos.
Anteriormente atacaron inmisericordemente al secretario
general previo de la O.E.A., José Miguel Insulza, quien se comportó haciendo
honor a su apellido al aguantar la andanada de insultos propinados desde
Caracas. Luego le correspondió a su sucesor, Luis Almagro, soportar también las
infamias como la de ser agente de la CIA, mercenario y demás epítetos
descalificadores. Mas su conducta fue firme y respondió, de una manera
pormenorizada, al régimen madurista mediante una investigación completa sobre
todos los desatinos de Caracas.
El anterior cúmulo de circunstancias ha tenido secuelas
obvias. La correlación de fuerzas en la O.E.A. cambió. Primero por las derrotas
de la Kirchner en Argentina y luego por la defenestración de Dilma Ruseff en
Brasil, amén del cambio en varios países anteriormente al menos pasivo frente a
la situación venezolana. Unos, por las líneas abusivas de la política exterior
venezolana, otros por la imposibilidad de la práctica de la chequera petrolera
ante el colapso de la producción nacional de crudos. La resultante fue un
desbalance en las votaciones.
Mientras tanto, la actividad del secretario general del
organismo interamericano siguió. Almagro ha conseguido aplicar el artículo 20
de la Carta Democrática Interamericana que implica una decisión de la Comisión
Permanente la cual se dio el día lunes 3 de abril pese a las maniobras
superfluas del recién presidente boliviano. Con 17 votos a favor y 4
abstenciones acordó aceptar que en Venezuela hay una degradación institucional
dando inicio a las gestiones diplomáticas para que el Estado incumplidor pueda
rectificar.
Si no se alcanzaran avenimientos satisfactorios se
acudiría al artículo 21 de tal cuerpo legal cuya hipótesis normativa es
ejecutar sanciones como suspensión de su membrecía en la entidad, ruptura de
relaciones y otras.
Es la última fase del proceso de aplicación de la Carta.
En tal supuesto a Venezuela no le quedaría sino dos opciones: acata las
recomendaciones de respeto a la Asamblea Nacional o hace mutis de la O.E.A. En
el último caso hay una vigencia de un año, luego de su retiro, de las normas de
los organismos regionales.
Posturas chavomaduristas
frente al sistema interamericano
Venezuela no podía entrar al Mercosur porque el senado
paraguayo se oponía pero la destitución del presidente Lugo le dio al canciller
Maduro la oportunidad de suspender a Paraguay y solventar el único óbice que
impedía su incorporación al órgano económico de integración. En esta ocasión
Hugo Chávez se sirvió de los dispositivos formales de este ente y no los
desperdició.
La administración venezolana también invocó la Carta de
la O.E.A. cuando se produjo su efímero derrocamiento en 2002 y se activó de
inmediato. El derrocamiento de Zelaya en Honduras fue otra oportunidad usada
por el régimen venezolano para aplicarla.
Si favorece al gobierno nacional se argumenta y acata
pero si no lo beneficia entonces apelan al conocido ritornelo del ministerio de
las colonias, la agresión del imperialismo yanqui y la intervención de la CIA.
El injerencismo se argumenta cuando hay razones de conveniencia pero en el
supuesto contrario se acepta al sistema.
El entorno
internacional
La base de sustentación de los chavistas había sido el
manejo de un diálogo dominado por ellos y para su logro tuvo el apoyo de unos
mediadores que no eran tales, como Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y
Martín Torrijos, amén de los intereses de los Estados cubano, colombiano,
americano, colombiano y del Vaticano, y de las transnacionales energéticas y
mineras premiadas con verdaderas entregas, coincidentes en ligar a la
estabilidad en Venezuela. Pero hay un abuso cuando se burla cualquier salida
electoral y se criminaliza la protesta.
Las sentencias de la Sala Constitucional constituyeron la
gota desbordante. Con ellas se evidenció la intención de monopolizar más el
poder al eliminarse al único fuera de sus manos. Es la tesis de Chávez de un
solo gobierno y de la proposición de atenuar si no eliminar la separación de
órganos estatales.
Perspectivas
pendientes
El gobierno nacional, por primera vez en mucho tiempo,
está a la defensiva por la presión internacional y por la grave situación
económico-social. Las grandes mayorías pasando una situación de penurias por el
hambre y de muerte por la ausencia de medicinas gracias a las políticas
gubernamentales. Estos factores se pudiesen combinar para el logro de una
salida del marasmo en el cual nos encontramos.
No obstante, la solución no se encuentra en la O.E.A., el
Mercosur o cualquier organismo supranacional sino en las personas, hombres y
mujeres, en Venezuela. Una base que desborde al clientelismo de los partidos
políticos y participe en los espacios públicos, es la vía para lograr una panacea
a la hecatombe nacional sin permitir las consabidas negociaciones donde lo
único perseguido es conseguir prebendas a cambio de impunidad. Es la hora de la
verdad.
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