Margarita López M.
El
gobierno de Nicolás Maduro viene haciendo todos sus esfuerzos por consolidar lo
que, a falta de un concepto mejor, podemos definir como una dictadura del siglo
XXI. Esto es así desde 2013 cuando ganó las elecciones presidenciales con
escaso margen. Para entender sus maniobras podemos recurrir al imaginario de
una partida de ajedrez, donde el gobierno juega contra la mayoría del país. La
más reciente jugada del gobierno en marzo fue notablemente audaz. Sin embargo,
un imprevisto en sus piezas lo ha obligado a retroceder momentáneamente. Su
juego, empero, sigue bien montado; el retroceso no fue tan grande como algunos
quisieran creer. El gobierno quedó todavía bien posicionado en el tablero e,
incluso, con una situación ventajosa para seguir avanzando.
Como
sabemos, el ajedrez es un juego complejo, que implica un pensamiento
estratégico de cierta sofisticación. Para comprender bien el juego que hoy se
desarrolla en Venezuela y evaluar el significado de las sentencias recientes
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debemos recordar algunas jugadas
previas y, también, dejar más clara la finalidad del juego.
El
gobierno de Maduro, desde sus inicios, ha escogido estabilizarse a través de la
construcción de un régimen autoritario, dirigido por una cúpula militar y civil
que se dice heredera del legado del Hugo Chávez, su comandante eterno. Esta
cúpula, gobierna patrimonialmente hoy a la república, es decir, por encima de
la ley y como si territorios, bienes y personas fueran de su propiedad. Chávez,
con su legitimidad carismática, dejó, entre otros muchos males, la absurda
manera de manejar la economía del gobierno “socialista”, que ha llevado a la
catástrofe económica y social que vive hoy el país. Así mismo, fue su dedito el
que ungió directamente a Maduro para dirigir los menesteres de gobierno. Él
busca afanosamente darle un jaque mate a las instituciones democráticas para
consolidar este régimen de desigualdad, servidumbre y represión.
Lo
sucedido la última semana de marzo, con las dos sentencias dictadas por el TSJ,
espurio y desvergonzado que se remozó en diciembre de 2015 para servir a
propósitos como estos, fue un zarpazo más a la Constitución y las leyes, de la
larga lista, que viene sucediéndose desde que Chávez inventara en 2005 lo del
Socialismo del siglo XXI, que, recordemos también, fue rechazado por el voto
popular y que hoy su gente no sabe qué es y muchos han dejado de creer en él.
Si bien el discurso sigue ahí, es más que nada un trapo rojo –una ficción
ideológica de acuerdo a Hannah Arendt– para engañar en instancias
internacionales o mantener los apoyos de izquierdistas despistados o fanáticos,
pero, hace rato que ese proyecto fracasó. Dos de los pilares que lo sostenían ya
no existen: el carisma de Chávez y la botija de los petrodólares. Chávez, como
sabemos, murió y los precios promedios anuales de la cesta venezolana desde
2013 no sube la barrera de los $40, secando la otrora nutrida botija.
El
objetivo gubernamental tropezó con un obstáculo desde diciembre de 2015, cuando
las fuerzas opositoras de la MUD obtuvieron las mayorías de la Asamblea
Nacional (AN), liberando, después de diez años, ese poder público de su
subordinación a los dictámenes del chavismo. Las jugadas para avanzar en el
modelo dictatorial se aceleraron desde entonces, buscando neutralizar la
dinámica de ese poder público sustraído del control de Maduro y su cúpula.
Destacan dos de ese mismo diciembre de 2015. Una, la designación irregular de
un número importante de magistrados (13) y suplentes (20) del TSJ, para
reforzar el control sobre el Poder Judicial. La otra fue la sentencia dictada
por ese remozado TSJ de declarar sospechas de fraude en las elecciones
parlamentarias en el estado remoto indígena de Amazonas. Con ello despojaron a
los partidos opositores de tres diputados allí obtenidos, con lo cual perdieron
la mayoría de dos terceras partes en la AN, necesarios para decidir
nombramientos de nuevas autoridades en los otros poderes públicos, cuando los
períodos de algunas autoridades se vencieran en este periodo parlamentario.
En 2016
continuaron avanzando, con los atropellos de un Consejo Nacional Electoral
(CNE), también controlado por la cúpula chavista, que suspendió irregular y
abruptamente un referendo revocatorio presidencial en curso, después de que sus
promotores habían satisfecho los rocambolescos requisitos inicialmente
exigidos. La causa que esgrimieron fueron unas sentencias dictadas en
tribunales estadales de primera instancia, que carecen de competencias
electorales, según las cuales hubo un fraude electoral en la recogida en esos
estados del requisito del 1% de firmas para avalar a la MUD como promotor del
referendo. Como premio a sus servicios, dos de las rectoras fueron ratificadas en
sus cargos por el TSJ para el siguiente período electoral. Igualmente
suspendieron las elecciones de gobernadores, pautadas constitucionalmente para
ese año, sin que a la fecha se les vea voluntad alguna de establecer el nuevo
cronograma electoral.
Otra de
las grandes jugadas para avanzar en este jaque mate a la democracia fue el
Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que Maduro hizo aprobar
en el TSJ. Gracias a este recurso y, como es evidente, controlando a sus anchas
el TSJ, el chavismo fue despojando a la Asamblea de todas sus funciones
contraloras y legislativas. El TSJ ha dictado no menos de sesenta sentencias
para obstaculizar medidas aprobadas en la AN, derogar leyes o paralizar sus
iniciativas.
Así que
las dos sentencias emitidas en marzo, son un paso más en el desmantelamiento
definitivo de las institucionales democráticas del país. La N° 155 le da al
Ejecutivo potestad para legislar en toda materia penal, e incluso le ordena
gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica, o como afirma
Allan Brewer Carías, le dio permiso para gobernar “como le da la gana”.
Aprovecha la sentencia para quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados
opositores, basándose el TSJ en un desacato de la Asamblea dictado por el mismo
Tribunal, porque formalmente no ha retirado a los diputados de Amazonas. La
otra sentencia, la 156, interpreta el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos,
dándole a Maduro la potestad de crear empresas mixtas y realizar otras
actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN,
contrariamente a lo establecido en la referida normativa. Y la Sala
Constitucional del TSJ aprovechó ahí para decidir que ella, o quien ella
disponga, asumirá las competencias de la AN mientras dure el supuesto desacato.
Como vemos, este TSJ compite con ventaja en los anales de la ignominia
judicial.
Lo que ha
sucedido después de estas sentencias aún no ha culminado para tener claro los
saldos. Por lo pronto, lo más significativo fueron las declaraciones de la
Fiscal, quien sorprendentemente en su acto público de presentación de Memoria y
Cuenta, afirmó que las sentencias significaban una “ruptura del orden
Constitucional” y desconocían el Estado consagrado en la CRBV. Estas
declaraciones de una de las autoridades del Poder Ciudadano, un poder hasta
ahora subordinado a las directrices de Maduro, puso en carrera al gobierno,
quien utilizó para retractarse parcialmente de algunos contenidos de las
sentencias el recurso de la convocatoria a un Consejo de la Defensa Nacional, que
no tiene competencia para sugerirle nada al TSJ.
Como
resultado, algunas de las materias que se asentaron en esas sentencias fueron
eliminadas atendiendo al inefable Consejo, como el tema de la inmunidad
despojada a los diputados y el traspaso de las funciones legislativas al TSJ.
Para esa parcial rectificación se recurrió al absurdo recurso de unas
sentencias llamadas “aclaratorias”, que no están contempladas en ninguna parte.
Sin embargo, quedaron vigentes otros temas que, junto a las sesenta y tantas
sentencias previas, han castrado a la AN de sus competencias y al país de su
democracia.
La muy
grave potestad concedida a Maduro para crear empresas mixtas, endeudarse y
realizar todo tipo de actividades financieras y económicas, sin necesidad de
que sean aprobadas por el Legislativo, no fue tocada. De esta manera, Maduro
puede continuar sin control alguno, haciendo lo que “le da la gana” para
conseguir dinero, y proseguir en su desquiciada, corrupta e inviable economía
socialista.
Por otra
parte, en el ámbito internacional, el gobierno corrió peor suerte. En la OEA,
los improperios de la canciller y del embajador venezolano ante ese organismo
tuvieron el efecto de precipitar una severa resolución de la mayoría de los
países, llamando al gobierno de Maduro a volver a la Constitución y al Estado
de Derecho. Mercosur también se pronunció por el regreso al Estado de Derecho,
al respeto a los derechos humanos y en particular, a la separación de los
poderes públicos. Otras instancias de la comunidad interamericana e
internacional siguieron. Así pues, finalmente, el vecindario y la comunidad
internacional comienzan a expresar disposición a presionar por la búsqueda de
una salida a la crisis humanitaria y política venezolana. Sin embargo, sus
buenos oficios sólo tendrán efecto si, y sólo si, las fuerzas políticas y
sociales pro democráticas nacionales logran unirse tras unos objetivos claros y
una estrategia inteligente, para conformar un gran movimiento social y político
que rescate a la nación de las manos de la cúpula militar y civil inepta y
corrupta presidida por Maduro.
Desafortunadamente,
ese movimiento se ve incipiente y el juego de ajedrez sigue favoreciendo al
gobierno. Avanzó audazmente y un mal cálculo lo ha obligado a retroceder sólo
de manera parcial. No es suficiente para cambiar el juego. Sin embargo, el
hecho de que se vio forzado a rectificar y quedaron al aire fisuras en el hasta
ahora compacto bloque en el poder, da un respiro y nuevos bríos. Las recientes
actuaciones de los partidos y los diputados opositores también. Pero, sigue
siendo un reto de las fuerzas opositoras entender que el principal y primer
objetivo para comenzar la difícil sanación de la nación comienza por deponer
intereses particulares para enfrentar a un gobierno que parece agonizar, pero
todavía puede seguir haciendo estragos.
[Tomado
de http://prodavinci.com/2017/04/06/actualidad/dos-pasos-adelante-y-uno-atras-el-golpe-continua-por-margarita-lopez-maya.]
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