Correo del Caroní
Las autoridades confirmaron el pasado jueves 13/4 la
muerte de una sexta persona en las manifestaciones que estallaron hace una
semana en rechazo al golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional.
El gobernador de Lara, Henri Falcón, informó que un
hombre que resultó herido en una manifestación la noche del martes murió en un
hospital, lo que elevó a tres las víctimas mortales en esa región del occidente
del país. "En la entidad tenemos tres fallecidos", señaló Falcón en
una rueda de prensa, en la que insistió en responsabilizar a grupos civiles
afines al Gobierno por los hechos. Agregó que en las protestas también se
registraron alrededor de 30 heridos. "Estos grupos procuran callar el
sentimiento de una gran mayoría, estamos haciendo trabajos de inteligencia para
descubrir a infiltrados en las protestas", señaló y agregó que lo sucede
en Lara es el descontento generalizado del país frente a un "Gobierno que
no gobierna". El diario regional "El Impulso" dijo que la
persona que murió en la madrugada de este jueves era un hombre de 32 años, que
fue herido durante una protesta en Barquisimeto, capital de Lara. En la
protesta del martes en Lara murieron también un hombre de 36 años y un menor de
13, ambos a causa de disparos, según confirmó la Fiscalía General.Las víctimas
en Lara se sumaron a las tres muertes que se registraron desde que comenzaron
los reclamos hace una semana.
La semana pasada murió en Miranda un joven de 19 años
a causa de un disparo en el pecho por el que fue imputado un agente de la
Policía Nacional. Además, esta semana murió en Valencia un estudiante
universitario, quien sufrió un disparo en el cuello en una manifestación que
fue reprimida por la Policía regional del estado central de Carabobo. La muerte
fue ocasionada por un balazo disparado con un arma de la Policía de Carabobo,
según confirmó el gobernador de esa región, Francisco Ameliach, quien anunció
que el agente responsable será presentado a la Fiscalía para ser encausado.
El diputado opositor Juan Requesens denunció que el
lunes murió por asfixia de gases lacrimógenos una mujer de 84 años, quien se
encontraba en su casa durante una manifestación en el este de Caracas, informó
el diario El Nacional. Las protestas, que además causaron cientos de heridos y
detenidos, ocurrieron después que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitara
a la Asamblea Nacional, medida que luego fue revertida. Ahora representantes de
la Asamblea buscan poner en marcha un proceso para destituir a los magistrados,
a los que acusan de haber dado un golpe.
Mientras, el ministro de Defensa, general Vladimir
Padrino, aseguró que el Estado tiene el deber de proteger los reclamos
pacíficos, que están amparadas en la Constitución, pero advirtió que cuando
cruzan la línea “se tiene el deber de restablecer el orden y garantizar el
libre tránsito”. “El que quiera manifestar puede hacerlo como dice la
Constitución, pacíficamente y sin armas. Eso no se toca ni con el pétalo de una
rosa, pero cuando esto deja de ser pacífico se pierde el derecho a manifestar”,
apuntó. “Ahora hay una campaña nacional e internacional que nos hacen ver a
nosotros como unos gorilas, cuando aquí la Guardia Nacional (policía
militarizada) no sale a la calle con armas de fuego”, dijo en un encuentro con
militares.
Padrino llamó a la dirigencia de la oposición a asumir
las responsabilidades sobre las líneas que envían a sus seguidores, ya que a veces
marchan hacia sitios donde no están autorizados. “Estas situaciones de
incitación a la violencia nos tienen que poner en un estado de alerta superior
para preservar nuestras vidas. Yo les pido que nos mantengamos firmes,
respetando la dignidad del ser humano”, dijo a un grupo de soldados.
En Miranda, el gobernador y líder opositor Henrique
Capriles denunció que en varias localidades de la región ocurrieron saqueos a
comercios la noche del martes y acusó al oficialismo de promover esas acciones
para desvirtuar las protestas opositoras. “Nuestra lucha es en defensa de la
Constitución y para que haya una solución a la crisis que la narco corrupta
cúpula madurista creó”, escribió en su cuenta de Twitter.
Más de 300
detenidos
El abogado defensor de los Derechos Humanos y director
de la ONG Proiuris, Nizar El Fakih, informó que según los registros de la ONG,
van más de 300 detenidos desde el 4 de abril y 100 de ellos ya han sido
liberados. El director de Proiuris indicó que las fuerzas del Estado están generando
la violencia que se ha visto en las calles por estar haciendo un uso desmedido
de la fuerza. El Fakih dijo “hacemos un
llamado a las autoridades para que cesen de inmediato los abusos policiales
contra ciudadanos”.
Sobre el uso de bombas lacrimógenas para reprimir a
los manifestantes, el abogado sentenció que “absolutamente nada justifica
lanzar bombas lacrimógenas a clínicas y zonas residenciales. Esto es
inadmisible”. El Fakih denunció en dos entrevistas radiales que se está
produciendo un “nuevo patrón de procesamiento por el cual los tribunales están
asumiendo atribuciones de la Fiscalía. La potestad de imputar le corresponde a
la Fiscalía no al tribunal”, explicó, a la vez que denunció como absolutamente
grave e ilegal que se está generalizando la arbitraria imposición de una fianza
por parte de los tribunales de control penal en desconocimiento a lo requerido
por la Fiscalía.
El abogado explicó que así se prolonga la prisión de
decenas de manifestantes apresados en todo el país, que no han salido en
libertad hasta tanto se constituyan las referidas fianzas, cuestión que, además
de ilegal por desconocer la autoridad fiscal, supone un trámite burocrático que
puede demorar varios días, semanas o incluso meses.
En la calle
por el desvío dictatorial
Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia,
arrebatando las funciones a la Asamblea Nacional, además de haber constituido
un claro golpe de Estado por la vía judicial, significaron el
desenmascaramiento definitivo del gobierno de Nicolás Maduro como una
dictadura.
El desvío dictatorial de Maduro se ha traducido en una
menor tolerancia de la comunidad internacional, con fuertes llamados de la ONU,
OEA, Mercosur y la Unión Europea. El apoyo a la revolución bolivariana, fundada
por el fallecido presidente Hugo Chávez, se erosiona y esto abre las compuertas
a una desmedida represión policial contra las manifestaciones opositoras que
salen a las calles a exigir el cumplimiento de la Constitución que pasa por
devolverles todas las facultades al Parlamento y fijar fechas de las elecciones
secuestradas por los representantes del chavismo.
En el plano interno, la presión crece y destaca la
posición del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que catalogó como
dictadura al gobierno de Maduro. Este pronunciamiento coincide con lo expresado
por la coalición organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos
opositores y disidentes del régimen, los estudiantes, las universidades, los
colegios de abogados, gremios profesionales y un grueso de la población que
aboga por una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis venezolana.
El estrategia de Maduro y del círculo de militares y
civiles que le acompañan, cuya única motivación es proteger sus intereses particulares
y ambición de poder, es la radicalización, lo cual se traduce en mayor
represión y cierre de más espacios de participación.
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