Opinión: Sobre la actual crisis político-institucional en Venezuela

Milton D'León

La confrontación entre el gobierno de Maduro y oposición, que mantiene el control de la Asamblea Nacional, ha escalado nuevamente elevando la tensión política. No es para menos, el conflicto llega a niveles de mayor confrontación con el desconocimiento completo de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de Maduro, amparado en las resoluciones del TSJ que le es afín, llegando a arrogarse el propio Tribunal Supremo competencias que son de facultad del poder legislativo. Aunque formalmente no se resuelve la disolución de la Asamblea Nacional, con la anulación de sus competencias que pasan ahora al TSJ, se trata del desconocimiento absoluto, y por tanto de toda nulidad de cualquier función que puedan cumplir, mientras exista, lo que desde el gobierno y desde el TSJ llaman estado de “desacato”. Es claro que Maduro consigue avanzar con este tipo medidas pues es un gobierno que cada vez más se apoya en las Fuerzas Armadas, que mantiene una altísima presencia en el gobierno y en empresas claves del Estado, como explicamos más adelante.

La sentencia del TSJ que responde a la política del gobierno de Maduro, a la que llamamos categóricamente a repudiar, más que para enfrentar a la oposición como sostiene el chavismo, sirve para azuzar a la reacción, a la derecha, así como al derechismo continental. Y nada en absoluto tiene que ver con los intereses del pueblo trabajador, todo lo contrario, responde más bien, a políticas de supervivencia de un gobierno en decadencia y toda una burocracia parásita y corrupta, completamente antiobrera, que mantiene el control de las grandes empresas del Estado en función de intereses materiales propios.

En lo más mínimo los trabajadores y los sectores populares deben identificarse con tal medida del TSJ, que actúa en función de las necesidades del gobierno. Tampoco deben identificarse con los intereses de la oposición burguesa, que también encarna todo un proyecto antiobrero y antipopular, que hoy resiente y denuncia esta política autoritaria del gobierno nacional –aunque siempre haciendo eje, por supuesto, en aquellos aspectos que le dificultan su lucha por el control del Estado, dejan de lado cualquier “lucha” contra el recorte de libertades hacia el movimiento obrero, campesino y popular.

La oposición, al recorrer las horas buscó tensionar aún más con un llamado a las Fuerzas Armadas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a romper el silencio frente a lo que llaman una “ruptura” constitucional por parte del presidente Nicolás Maduro: “La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos que sucede en Venezuela”. La oposición busca incidir y provocar algún tipo de división en las Fuerzas Armadas, que se encuentran completamente alineadas con el gobierno de Maduro. Pero la situación crítica interna tuvo su gran repercusión a nivel internacional con posicionamiento de la gran mayoría de gobiernos latinoamericanos, centralmente los gobernados por el derechismo continental y bien en consonancia con la oposición aglutinada en la MUD. El gobierno de Pedro Kuczynski de Perú llegó a retirar su embajador de Venezuela por la resolución del TSJ, por su parte el presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático", el canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático”, en el mismo sentido se expresaron representantes de gobiernos de Panamá, Brasil, Costa Rica, Chile entre otros. No faltó a la cita, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que calificó la decisión del Supremo de "autogolpe”, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos con sus clásicas declaraciones intervencionistas.

La profundización del bonapartismo del gobierno

Con la actual medida del TSJ asistimos la profundización del bonapartismo del gobierno de Maduro en medio de la crisis reinante. Desde la llegada de Maduro al gobierno en extrema debilidad, para conseguir mantenerse avanzó cada vez más en sustentarse en las Fuerzas Armadas a niveles superiores a los que mantenía el fallecido Hugo Chávez, al mismo tiempo que alargaba su brazo político sobre el Tribunal Supremo de Justicia. La “fidelidad” de los militares a Maduro se explica con los grandes privilegios con los que cuentan las Fuerzas Armadas. Cuentan con empresas de gran envergadura para su propio beneficio, la penetración en empresas ya existentes como PDVSA, en grandes empresas básicas y otra multiplicidad de negocios, la presencia en gran porcentaje en cargos políticos de alto escalón, centralmente en aquellos de mayor manejo de recursos económicos. Como complemento, el gobierno ha venido gobernando por decreto y bajo restricción de derechos democráticos, imponiendo un Estado de excepción, que se renueva permanentemente, lo que implica un condicionamiento de las libertades públicas y ampliación de las atribuciones de las fuerzas represivas, reforzando el control social y una militarización cada vez mayor, llevando además a cabo medidas políticas y económicas sin ningún control amparado bajo tal estado de excepción. Si le sumamos a todo esto el cerrar filas de las distintas facciones internas del chavismo, es lo que explica que el gobierno de Maduro no se haya tambaleado más políticamente, asolado también por la profunda crisis económica que casi alcanza niveles catastróficos.

Este bonapartismo se ha expresado también en la negativa del gobierno a convocar elecciones como las de gobernadores que debían haberse realizado a fines del año pasado. A mediados de febrero Maduro dejó claro que no piensa convocar a elecciones en un futuro próximo, a sabiendas hay elecciones pendientes como las regionales, llegó a afirmar que "Cuando haya elecciones que el CNE las convoque, no sé cuándo, en qué año…”, no era otro indicio que para los gobernantes del chavismo, a sabiendas seguramente de una derrota, las elecciones no estaban en su horizonte. Para abonar más esta situación, el Consejo Nacional Electoral, llamó al proceso antidemocrático de renovación de los partidos políticos, lo que llevaba ya de hecho, esta vez, con el amparo del CNE, a que tampoco habrían elecciones.

Los trabajadores y el pueblo pobre no deben ser furgón de cola ni del gobierno ni de la oposición

Como hemos manifestado al principio, la tensión política va en una escalada cada vez mayor. En esta situación tanto desde el gobierno como desde la oposición buscarán mover sus fuerzas con sus llamados a movilizaciones. Sostenemos que los trabajadores y el pueblo nada tienen que ganar de tras de uno u otro sector, y deben pelear por una política independiente en función de sus intereses. Es claro que desde la perspectiva de los intereses de las clases explotadas y sectores oprimidos, ninguna pugna contra sectores reaccionarios de las clases dominantes puede llevarnos a justificar que el Estado avance con un conjunto de medidas que recortan las más elementales libertades democráticas, pues cualquier restricción de las mismas caerá mucho más fuerte sobre las masas explotadas que sobre las facciones de las clases dominantes que circunstancialmente estén en la oposición.

[Tomado de http://www.laizquierdadiario.com.ve/La-sentencia-del-Tribunal-Supremo-acentua-el-bonapartismo-del-Gobierno-de-Maduro?id_rubrique=5442.]