Daniela Damiano (Amnistia Internacional)
En Venezuela existen varios problemas en cuanto al disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, pero hay uno en especial que transversaliza y agrava más la situación: la contaminación del agua potable y la falta de gestión en esta materia por parte del Estado. En los últimos meses buena parte de la ciudadanía se ha quejado del extraño color turbio y olor putrefacto del agua que sale de los grifos de sus hogares, sin embargo, esta es la cara superficial de un problema con un trasfondo mucho peor. Organizaciones no gubernamentales e individuos como las y los activistas de Amnistía Internacional Venezuela, no solo han denunciado en reiteradas ocasiones la mala calidad del suministro regular y la insalubridad del agua que está saliendo por los grifos venezolanos, sino la falta de información sobre la gestión de este servicio de primera necesidad que impide que se lleven a cabo los planes y trabajos pertinentes para que se resuelva esta problemática.
Según expertos como Germán Benedetti, ex Legislador del Consejo Legislativo del Estado Carabobo en el período del 2009 al 2012, el agua potable que llega a los hogares venezolanos del centro y región capital del país contiene grandes cantidades de excremento, materia orgánica en descomposición y peligrosos agentes químicos. ¿Las razones? El desvió de causes contaminados con aguas negras hacia los embalses de Pao Cachinche y Camatagua, la falta de mantenimiento de los canales hídricos y el deficiente y hasta inexistente tratamiento de las aguas para el consumo humano. Originalmente, estas aguas negras desembocaban en el Lago los Tacariguas también conocido como Lago de Valencia, -que además es receptor natural de 22 ríos y más de 300 millones de metros cúbicos de aguas residuales de origen industrial y doméstico al año- pero la paralización del riego de cultivos de la zona y la época de lluvias provocó que el lago se desbordara y pusiera en peligro a cientos de familias que se han asentado a su alrededor en las últimas décadas.
Ante esta inminente tragedia, el Estado en 2007 inició un plan de trasvase (desvío) de aguas que anteriormente llegaban al lago, hacia quebradas que desembocan en embalses de agua para el consumo humano. Estos dos embalses surten de agua a Caracas y los estados Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, lo que quiere decir que más de 10 millones de venezolanas y venezolanos usan y consumen aguas contaminadas.
Para Jesús Castillo, ingeniero y presidente de la organización civil Agua sin Fronteras, esta problemática tiene más de 30 años esperando que las autoridades den respuesta efectiva. “A pesar de que en el año 96 comenzaron obras para el saneamiento del Lago de Valencia y su desembocadura hacia el mar caribe, los proyectos quedaron a medias y no mitigaron el problema”. El experto calificó la situación del Lago de Valencia como el problema ambiental más grave de América Latina por su gravísimo impacto social, ya que aproximadamente 12 mil familias se han visto obligadas a desalojar sus hogares y las que aún permanecen viviendo a su alrededor -se estiman unas 900 familias- sufren las inundaciones de aguas negras dentro de sus hogares y refugios, el rebose de las cañerías y las enfermedades que proliferan a costa de la contaminación existente. “Incluso, estas familias no tienen acceso directo a agua potable, la consumen a través de la compra de botellones de extraña procedencia y a muy altos costos -cada botellón se vende en 500 y 1000 bolívares y cada familia debe comprar entre 2 y 3 diariamente-. Se presume que el agua que comercializan en la zona presenta cierto grado de contaminación y no es apta para el consumo humano por, justamente, provenir de manantiales y quebradas donde desembocan aguas servidas”.
Las aguas contaminadas no solo se encuentran dentro de los lugares de vivienda, las personas también deben ingeniárselas para recorrer las calles, muchas veces, inundadas por aguas putrefactas. Algunos se arriesgan a salir manteniendo el equilibrio sobre caminos improvisados hechos de bloques de cementos, rocas, gaveras y paletas de madera para no mojarse.
Contaminación extrema, salud en peligro
Las aguas que usan los hogares para sus labores domésticas se convierten en aguas residuales que llegan al lago sin ningún tipo de purificación debido a que las plantas de tratamientos construidas para tal fin se encuentran paralizadas y, algunas, hasta desmanteladas por la falta de seguridad que reina en la zona. Pero, el exceso de envío de aguas residuales de carácter doméstico e industrial, más las aportaciones naturales de otros ríos, hace que el lago no pueda albergar tanto líquido y retornen las aguas negras que están en las tuberías de los hogares. Por ello, colapsa y rebosa el alcantarillado en las calles y los inodoros en las viviendas.
Marianelly Larez, vecina de la urbanización Mata Redonda en el estado Aragua, denunció que la salud y la calidad de vida de los habitantes de su comunidad está reducida a niveles alarmantes. “El lugar donde decidimos vivir hasta envejecer paradójicamente nos está matando. Nuestra agua potable está contaminada con una mezcla de excremento, materia orgánica y niveles altos de cloro. Los sistemas están tan colapsados que las aguas negras y fétidas salen a las calles y conviven con nosotros todos los días”.
Ante este panorama el ingeniero Castillo asegura que “lo ideal es que estas aguas pasaran a unas plantas de tratamiento para que sean depuradas y sean reutilizadas para procesos industriales y para riego de cultivos en la zona ribereña de los estados Carabobo y Aragua”. Mientras esto no ocurre, en las comunidades más deprimidas que bordean el contaminado Lago de Valencia los habitantes sobreviven en casas debilitadas por la humedad y en medio de enfermedades de la piel, dolores estomacales, infecciones en los ojos y vías respiratorias. Los más vulnerables son niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes alegan que los médicos ya ni saben cómo tratarlos por la inexistencia de medicamentos en los centros de salud.
El agua, un derecho que no se garantiza
Evidentemente esta situación viola no solo los derechos a la vida, la vivienda y la salud de las comunidades afectadas por hacer vida cerca del lago, también el goce del derecho al agua está severamente menoscabado a la población que la consume a través de los embalses a los que le llega tal contaminación. El Estado ha desacatado la indemnización inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados por esta problemática del Lago de Valencia y no hace ningún esfuerzo por levantar estudios sobre el estado del agua que llega a los hogares venezolanos para programar planes de saneamiento y depuración, aseguró Castillo.
Aún no existe una declaración pública por parte del Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo que explique por qué los venezolanos tienen tantos problemas para gozar de su derecho al agua. “Las ONG que nos ocupamos de esta materia sabemos a través de pruebas aisladas que el agua que recibe el venezolano no respeta los estándares internacionales, pero sin un estudio general de los organismos oficiales encargados no podemos determinar las soluciones más adecuadas. Es deber del gobierno hacer saber a la sociedad qué está pasando para comenzar a buscar soluciones”, señaló Castillo.
Para Carlos Lusverti, abogado y miembro del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, el saneamiento es parte trascendental del derecho humano al agua, es decir, que además del derecho al goce diario y basto del servicio del vital líquido, este debe llegar al ser humano bajo determinadas características de inocuidad, lo que supone que el agua no debe generar ningún tipo de daño a la salud de las personas. Es tan importante que en julio de 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo declaró como derecho fundamental para la humanidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo contemplan para que los estados trabajen a favor de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Esta observación define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponerla de manera suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –del que Venezuela es parte –es el acuerdo que reconoce la existencia del derecho al agua y al saneamiento, específicamente en la adopción de la Observación General Número 15, la cual indica: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. El abogado explicó que la primera autoridad responsable en hacer garantizar el acceso al agua potable a los ciudadanos es el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo –fusión de lo que era antes los Ministerios de Vivienda y Ambiente –y las distintas hidrológicas que operan en el país. A nivel local, la legislación en materia de poder público municipal establece la responsabilidad a las alcaldías y las gobernaciones a través de sus secretarías para asuntos ambientales. Adicional a estas competencias, la Asamblea Nacional tiene el poder de legislar sobre el agua, en particular la Comisión de Administración y Servicios. Las personas tienen derecho de hacer sus peticiones y reclamos a los servicios de atención al cliente o al ciudadano de todas estas instancias.
El representante de Aguas sin Frontera indicó que en varias ocasiones se han dirigido a la Comisión Permanente de Administración y Servicios Asamblea Nacional para solicitar se hagan políticas públicas que garanticen el acceso al agua y saneamiento a toda la población sin discriminación de la zona rural y urbana donde habiten, tal como se establece en Ley Orgánica para la prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. “Además de los ya mencionados problemas con el agua potable, las personas que viven en zonas rurales están en una especie de limbo territorial, porque al solicitar la intervención del gobierno o hidrológicas locales para solucionar algún problema con el acceso al agua son ignorados por no vivir en lugares urbanizados. Con esta actitud el gobierno excluye a los sectores más deprimidos del disfrute del servicio de agua potable y viola sus derechos humanos”.
Finalmente, Castillo denunció la aparente falta de interés por el tema por parte de las autoridades competentes y la activación de medidas paliativas solo cuando ocurre algún desastre natural o avería. Puntualizó que se deben retomar las obras de saneamiento del Lago de Valencia y otras fuentes hídricas adyacentes, garantizar el acceso a la información sobre lo que ocurre con el servicio del agua en todo el país y garantizar que esta no represente un peligro para la salud del venezolano. “El agua siempre debe llegar de manera inocua, regular y basta para todos”.
[Tomado de https://www.derechos.org.ve/actualidad/amnistia-internacional-insalubridad-del-agua-potable-pone-en-peligro-a-familias-venezolanas.]
En Venezuela existen varios problemas en cuanto al disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, pero hay uno en especial que transversaliza y agrava más la situación: la contaminación del agua potable y la falta de gestión en esta materia por parte del Estado. En los últimos meses buena parte de la ciudadanía se ha quejado del extraño color turbio y olor putrefacto del agua que sale de los grifos de sus hogares, sin embargo, esta es la cara superficial de un problema con un trasfondo mucho peor. Organizaciones no gubernamentales e individuos como las y los activistas de Amnistía Internacional Venezuela, no solo han denunciado en reiteradas ocasiones la mala calidad del suministro regular y la insalubridad del agua que está saliendo por los grifos venezolanos, sino la falta de información sobre la gestión de este servicio de primera necesidad que impide que se lleven a cabo los planes y trabajos pertinentes para que se resuelva esta problemática.
Según expertos como Germán Benedetti, ex Legislador del Consejo Legislativo del Estado Carabobo en el período del 2009 al 2012, el agua potable que llega a los hogares venezolanos del centro y región capital del país contiene grandes cantidades de excremento, materia orgánica en descomposición y peligrosos agentes químicos. ¿Las razones? El desvió de causes contaminados con aguas negras hacia los embalses de Pao Cachinche y Camatagua, la falta de mantenimiento de los canales hídricos y el deficiente y hasta inexistente tratamiento de las aguas para el consumo humano. Originalmente, estas aguas negras desembocaban en el Lago los Tacariguas también conocido como Lago de Valencia, -que además es receptor natural de 22 ríos y más de 300 millones de metros cúbicos de aguas residuales de origen industrial y doméstico al año- pero la paralización del riego de cultivos de la zona y la época de lluvias provocó que el lago se desbordara y pusiera en peligro a cientos de familias que se han asentado a su alrededor en las últimas décadas.
Ante esta inminente tragedia, el Estado en 2007 inició un plan de trasvase (desvío) de aguas que anteriormente llegaban al lago, hacia quebradas que desembocan en embalses de agua para el consumo humano. Estos dos embalses surten de agua a Caracas y los estados Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, lo que quiere decir que más de 10 millones de venezolanas y venezolanos usan y consumen aguas contaminadas.
Para Jesús Castillo, ingeniero y presidente de la organización civil Agua sin Fronteras, esta problemática tiene más de 30 años esperando que las autoridades den respuesta efectiva. “A pesar de que en el año 96 comenzaron obras para el saneamiento del Lago de Valencia y su desembocadura hacia el mar caribe, los proyectos quedaron a medias y no mitigaron el problema”. El experto calificó la situación del Lago de Valencia como el problema ambiental más grave de América Latina por su gravísimo impacto social, ya que aproximadamente 12 mil familias se han visto obligadas a desalojar sus hogares y las que aún permanecen viviendo a su alrededor -se estiman unas 900 familias- sufren las inundaciones de aguas negras dentro de sus hogares y refugios, el rebose de las cañerías y las enfermedades que proliferan a costa de la contaminación existente. “Incluso, estas familias no tienen acceso directo a agua potable, la consumen a través de la compra de botellones de extraña procedencia y a muy altos costos -cada botellón se vende en 500 y 1000 bolívares y cada familia debe comprar entre 2 y 3 diariamente-. Se presume que el agua que comercializan en la zona presenta cierto grado de contaminación y no es apta para el consumo humano por, justamente, provenir de manantiales y quebradas donde desembocan aguas servidas”.
Las aguas contaminadas no solo se encuentran dentro de los lugares de vivienda, las personas también deben ingeniárselas para recorrer las calles, muchas veces, inundadas por aguas putrefactas. Algunos se arriesgan a salir manteniendo el equilibrio sobre caminos improvisados hechos de bloques de cementos, rocas, gaveras y paletas de madera para no mojarse.
Contaminación extrema, salud en peligro
Las aguas que usan los hogares para sus labores domésticas se convierten en aguas residuales que llegan al lago sin ningún tipo de purificación debido a que las plantas de tratamientos construidas para tal fin se encuentran paralizadas y, algunas, hasta desmanteladas por la falta de seguridad que reina en la zona. Pero, el exceso de envío de aguas residuales de carácter doméstico e industrial, más las aportaciones naturales de otros ríos, hace que el lago no pueda albergar tanto líquido y retornen las aguas negras que están en las tuberías de los hogares. Por ello, colapsa y rebosa el alcantarillado en las calles y los inodoros en las viviendas.
Marianelly Larez, vecina de la urbanización Mata Redonda en el estado Aragua, denunció que la salud y la calidad de vida de los habitantes de su comunidad está reducida a niveles alarmantes. “El lugar donde decidimos vivir hasta envejecer paradójicamente nos está matando. Nuestra agua potable está contaminada con una mezcla de excremento, materia orgánica y niveles altos de cloro. Los sistemas están tan colapsados que las aguas negras y fétidas salen a las calles y conviven con nosotros todos los días”.
Ante este panorama el ingeniero Castillo asegura que “lo ideal es que estas aguas pasaran a unas plantas de tratamiento para que sean depuradas y sean reutilizadas para procesos industriales y para riego de cultivos en la zona ribereña de los estados Carabobo y Aragua”. Mientras esto no ocurre, en las comunidades más deprimidas que bordean el contaminado Lago de Valencia los habitantes sobreviven en casas debilitadas por la humedad y en medio de enfermedades de la piel, dolores estomacales, infecciones en los ojos y vías respiratorias. Los más vulnerables son niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes alegan que los médicos ya ni saben cómo tratarlos por la inexistencia de medicamentos en los centros de salud.
El agua, un derecho que no se garantiza
Evidentemente esta situación viola no solo los derechos a la vida, la vivienda y la salud de las comunidades afectadas por hacer vida cerca del lago, también el goce del derecho al agua está severamente menoscabado a la población que la consume a través de los embalses a los que le llega tal contaminación. El Estado ha desacatado la indemnización inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados por esta problemática del Lago de Valencia y no hace ningún esfuerzo por levantar estudios sobre el estado del agua que llega a los hogares venezolanos para programar planes de saneamiento y depuración, aseguró Castillo.
Aún no existe una declaración pública por parte del Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo que explique por qué los venezolanos tienen tantos problemas para gozar de su derecho al agua. “Las ONG que nos ocupamos de esta materia sabemos a través de pruebas aisladas que el agua que recibe el venezolano no respeta los estándares internacionales, pero sin un estudio general de los organismos oficiales encargados no podemos determinar las soluciones más adecuadas. Es deber del gobierno hacer saber a la sociedad qué está pasando para comenzar a buscar soluciones”, señaló Castillo.
Para Carlos Lusverti, abogado y miembro del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, el saneamiento es parte trascendental del derecho humano al agua, es decir, que además del derecho al goce diario y basto del servicio del vital líquido, este debe llegar al ser humano bajo determinadas características de inocuidad, lo que supone que el agua no debe generar ningún tipo de daño a la salud de las personas. Es tan importante que en julio de 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo declaró como derecho fundamental para la humanidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo contemplan para que los estados trabajen a favor de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Esta observación define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponerla de manera suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –del que Venezuela es parte –es el acuerdo que reconoce la existencia del derecho al agua y al saneamiento, específicamente en la adopción de la Observación General Número 15, la cual indica: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. El abogado explicó que la primera autoridad responsable en hacer garantizar el acceso al agua potable a los ciudadanos es el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo –fusión de lo que era antes los Ministerios de Vivienda y Ambiente –y las distintas hidrológicas que operan en el país. A nivel local, la legislación en materia de poder público municipal establece la responsabilidad a las alcaldías y las gobernaciones a través de sus secretarías para asuntos ambientales. Adicional a estas competencias, la Asamblea Nacional tiene el poder de legislar sobre el agua, en particular la Comisión de Administración y Servicios. Las personas tienen derecho de hacer sus peticiones y reclamos a los servicios de atención al cliente o al ciudadano de todas estas instancias.
El representante de Aguas sin Frontera indicó que en varias ocasiones se han dirigido a la Comisión Permanente de Administración y Servicios Asamblea Nacional para solicitar se hagan políticas públicas que garanticen el acceso al agua y saneamiento a toda la población sin discriminación de la zona rural y urbana donde habiten, tal como se establece en Ley Orgánica para la prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. “Además de los ya mencionados problemas con el agua potable, las personas que viven en zonas rurales están en una especie de limbo territorial, porque al solicitar la intervención del gobierno o hidrológicas locales para solucionar algún problema con el acceso al agua son ignorados por no vivir en lugares urbanizados. Con esta actitud el gobierno excluye a los sectores más deprimidos del disfrute del servicio de agua potable y viola sus derechos humanos”.
Finalmente, Castillo denunció la aparente falta de interés por el tema por parte de las autoridades competentes y la activación de medidas paliativas solo cuando ocurre algún desastre natural o avería. Puntualizó que se deben retomar las obras de saneamiento del Lago de Valencia y otras fuentes hídricas adyacentes, garantizar el acceso a la información sobre lo que ocurre con el servicio del agua en todo el país y garantizar que esta no represente un peligro para la salud del venezolano. “El agua siempre debe llegar de manera inocua, regular y basta para todos”.
[Tomado de https://www.derechos.org.ve/actualidad/amnistia-internacional-insalubridad-del-agua-potable-pone-en-peligro-a-familias-venezolanas.]
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