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martes, 7 de marzo de 2017

Fiscalía certifica víctimas del puntofijismo, pero silencia las del chavomadurismo



Humberto Zavala

La Comisión por la Justicia y la Verdad, presidida por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, acaba de certificar más de 10 mil víctimas del terrorismo de Estado bajo el puntofijismo, entre 1958 y 1998. Luces y sombras marcan la pauta en dicha labor, donde es evidente que privó un criterio de memoria selectiva para el ayer, pues esos autoproclamados "denunciantes" callan ante similares crímenes para el lapso en que ha gobernado el chavomadurismo. 
La Comisión aprobó su Informe Final, según lo anunció la Fiscal, en el que se certifica oficialmente la existencia de 10.071 víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre torturas, asesinatos y desapariciones perpetrados por las fuerzas represivas del Estado durante los gobiernos del período 1958-1998. Según relata una nota de la página oficial de la Comisión, “fue firmada la providencia administrativa N° 001-2017 en la que se reconoce a 283 personas identificadas y 176 sin identificar como muertos-desaparecidos”. Es decir, sumarían más de 400 los reconocidos oficialmente como desaparecidos en este período “democrático”. Con casi dos décadas de retraso es que el chavomadurismo en el gobierno viene a dar cifras oficiales, presentándolas como un gran logro, mientras la casi totalidad de los perpetradores y responsables de estos crímenes continuaron haciendo vida normal tanto en política como en los cuarteles y oficinas de los cuerpos represivos.

A pesar de destacar mucho la denuncia de este pasado, con el chavomadurismo nunca se desarticularon estos organismos ni se hizo pagar sus crímenes a los responsables. Es muy importante, por supuesto, el reconocimiento oficial desde la Fiscalía de los centenares de desaparecidos, las miles de víctimas y la visibilidad de estas prácticas, pero hasta la fecha, después de casi 20 años en el gobierno, apenas unos pocos juicios se han adelantado, y no suman los dedos de una mano los responsables juzgados y encarcelados. Incluso en masacres tan masivas y recientes con la del Caracazo. En pocas palabras: en nuestro país se mantiene la impunidad con los violadores de derechos humanos de los años 60’s, 70’s, 80’s y 90’s, peor aún, algunos continuaron haciendo vida política y exaltados como dirigentes del… chavismo: los casos más notables son los de Cordero Lara y Rodríguez Chacín.

Roger Cordero Lara, piloto de uno de los aviones que bombardeó en la Masacre de Cantaura (1982), elevado a diputado por el PSUV y dirigente regional de este partido, a quien Elías Jaua (hoy ministro de Educación) -para colmo, ex militante de la organización que sufrió la masacre (Bandera Roja)-, llegó a justificar diciendo que “a un piloto lo mandan a un objetivo determinado”, es decir, acudiendo a la lógica de la “obediencia debida”, principio que toda la izquierda y organizaciones de DD.HH. han rechazado a lo largo y ancho del continente, e incluso gobiernos han tenido que rechazarla oficialmente. A su vez, el para entonces Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín –actual gobernador de Guárico por el PSUV-, junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaban parte en el año ‘88 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) cuando este organismo llevó a cabo la masacre de los 14 pescadores en El Amparo, y de por lo menos otras 42 personas en operaciones previas conocidas como “Los Amparitos”, todos casos de “falsos positivos”. El gobierno se ha negado en todo momento a investigarlo. La existencia en las filas de la oposición de responsables de los crímenes del período “democrático” del puntofijismo, es por supuesto mucho más común y amplia –entre otras cosas, he allí su total demagogia al hablar de “democracia” y “derechos humanos”.

Está bien mirar atrás… pero no para ocultar el presente

La Fiscalía se centra en investigar los crímenes del régimen político anterior, ignora conscientemente las violaciones y crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo el chavismo, que ya lleva casi 20 años en el poder. Están impunes los asesinatos de destacados dirigentes obreros, como el de los tres dirigentes de la UNT de Aragua, Richard Gallardo, Luís Hernández y Carlos Requena, triple asesinato sobre el que el chavismo se encargó de bloquear la investigación, Giovanni Vásquez, secretario de organización de SintraToyota, los dos obreros asesinados en la Mitsubishi por la represión policial de un gobernador chavista (¡hoy Defensor del Pueblo, Tarek William Saab!), los obreros de Civetchi presos en Tocuyito por orden del Ministerio de Industrias porque quisieron poner en pie un sindicato en esta empresa de capital mixto, y una larga lista de trabajadores acosados por los cuerpos represivos, enjuiciados y hasta encarcelados por ejercer derechos democráticos elementales. En el campo, superan los 200 el número de campesinos asesinados por orden de terratenientes y ganaderos, complicidad de los cuerpos del Estado, verdugos también de la comunidad Yukpa, cuyo caso más emblemático es el del cacique Sabino Romero.

Las desaparición política volvió a surgir como la del dirigente popular Alcedo Mora y los hermanos Vergel (Mérida, 2015), ante lo cual el gobierno guarda total silencio. Y ni hablar de la oleada de crímenes y ajusticiamientos que se ha desatado contra decenas de jóvenes de los sectores populares con las nefastas “OLP”, y demás políticas represivas bajo la figura del Estado de Excepción, cuyo más reciente acto ha sido la "Masacre de Barlovento".

Entre tanto, este informe de la Comisión impulsada por la Fiscalía permite que centenares de rostros que permanecieron tantos años a la sombra y bajo anonimato, adquieran nuevamente visibilidad ante los ojos de la nación, reflejando a su vez la verdadera cara de sus verdugos que hoy por hoy aparecen en la MUD reciclados, aggiornados y hasta fortalecidos en buena medida por la debacle del proyecto del chavomadurismo, además de los casos emblemáticos en las filas del oficialismo. Pero más que nunca decimos, no se trata simplemente de una cuestión de memoria histórica, es importante que los organismos de derechos humanos y los familiares y todo el pueblo exija juicio y castigo a todos los culpables de tantas atrocidades del terrorismo de Estado. ¡Basta de impunidad!

[Versión resumida de texto mas extenso accesible en http://www.laizquierdadiario.com.ve/Fiscalia-certifica-mas-de-10-mil-victimas-del-terrorismo-de-Estado?id_rubrique=5442.]


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