Marco Valverde
El Gobierno continúa con el plan de explotación minera que amenaza etnias, flora, fauna, soberanía y derechos laborales. Instituciones independientes alertan sobre las consecuencias del proyecto, que podría entrar en una nueva fase de ejecución este 2017.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro presentó el proyecto como su más reciente apuesta para la diversificación de la economía petrolera: la Zona estratégica de Desarrollo Integral del Arco Minero del Orinoco. En la alocución de ese día, lo prometió como la verdadera “vía de desarrollo del país (…) para equilibrar ingresos, diversificar y sustituir el petróleo”: un punto descollante de la agenda económica bolivariana.
La teoría gubernamental, iniciada en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial N°. 40.855, la pinta inocentemente como un área de 111 mil kilómetros cuadrados —alrededor de 12 % de la geografía nacional—, que parte de las desembocaduras de los ríos Apure y Orinoco hasta Parguaza, pasando por las fronteras de Delta Amacuro, la cuenca del Caura y el río Paragua. Sus atractivos: oro, cobre, coltán, diamantes, caolín y bauxita.
Los (muchos) peros
Desde la publicación del decreto, el Arco Minero del Orinoco —conocido como AMO— se han generado un sinfín de reacciones adversas por diversos flancos. El primer plomo en el ala ocurrió el 5 de marzo: la masacre de Tumeremo, que a los ojos de muchos fue la muestra de la incapacidad gubernamental para controlar las mafias que operan en las minas del estado Bolívar.
Uno de los primeros en denunciar la situación en vista de la masacre fue el diputado por Bolívar ante la Asamblea Nacional (AN), Américo de Grazia: para él, las más de 150 empresas trasnacionales que fueron convocadas para la explotación del AMO necesitan la certeza de que la zona estará limpia de mafias. Eso ha generado asesinatos en circunstancias turbias, principalmente con la actuación de la Operación liberación del pueblo (OLP).
Las universidades han enfatizado especialmente en la amenaza para más de 15 etnias que habitan en la zona del arco: la Universidad Católica Andrés Bello-Guayana centró el documento “Manifiesto de Guayana sobre el AMO” en la explicación del porqué el proyecto viola los artículos 119 y 120 de la Constitución. Lo primero que achaca es el irrespeto inconsulto a los hábitats indígenas.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) especifica que las comunidades Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako. Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi serían desplazadas: más de 50.000 indígenas.
Flora y fauna en la mira
Además de lo sociológico, hay otros impactos. El Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) tilda sin miramientos al proyecto como la destrucción del ambiente. “Pasamos del rentismo petrolero al rentismo minero, con una explotación minera a cielo abierto, que es de las más destructivas”, ha dicho en varias oportunidades su vicepresidenta nacional, exdiputada y exalcaldesa de Caroní, Pastora Medina. ¿Todo para qué? Simplemente, para garantizar una bocanada de divisas al Gobierno.
Otro ámbito en riesgo es la estabilidad laboral: el decreto amenaza “los principios de universalidad y progresividad, como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares”. Es decir, dos golpes: uno a los convenios con la Organización Internacional del Trabajo y otro, una vez más, a la Constitución.
Pero voces que alguna vez comulgaron con el chavismo, hoy también se suman al coro contra el AMO: una de ellas, Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente, alerta la necesidad de “priorizar qué es más importante: sacar el oro, sacar el coltán o proteger el agua que es indispensable para la vida”.
Más allá de las consecuencias previstas, hay un asterisco: el proyecto del AMO, prácticamente, entrega a las trasnacionales la explotación desmesurada de la zona. En síntesis, el proyecto amenaza la soberanía, una de las críticas persistentes del chavismo sobre gobiernos anteriores. Todo se establece en el decreto de creación. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue adelante. En septiembre, el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, anunció que la fase de explotación ya había comenzado.
Las consecuencias, han alertado las instituciones denunciantes, serían irreversibles en esta amenaza de 111 mil kilómetros cuadrados que, a esta fecha, comienzos de 2017, sigue adelante.
[Tomado de http://www.laboratoriosdepaz.org/arco-minero-una-amenaza-de-111-mil-kilometros-cuadrados.]
El Gobierno continúa con el plan de explotación minera que amenaza etnias, flora, fauna, soberanía y derechos laborales. Instituciones independientes alertan sobre las consecuencias del proyecto, que podría entrar en una nueva fase de ejecución este 2017.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro presentó el proyecto como su más reciente apuesta para la diversificación de la economía petrolera: la Zona estratégica de Desarrollo Integral del Arco Minero del Orinoco. En la alocución de ese día, lo prometió como la verdadera “vía de desarrollo del país (…) para equilibrar ingresos, diversificar y sustituir el petróleo”: un punto descollante de la agenda económica bolivariana.
La teoría gubernamental, iniciada en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial N°. 40.855, la pinta inocentemente como un área de 111 mil kilómetros cuadrados —alrededor de 12 % de la geografía nacional—, que parte de las desembocaduras de los ríos Apure y Orinoco hasta Parguaza, pasando por las fronteras de Delta Amacuro, la cuenca del Caura y el río Paragua. Sus atractivos: oro, cobre, coltán, diamantes, caolín y bauxita.
Los (muchos) peros
Desde la publicación del decreto, el Arco Minero del Orinoco —conocido como AMO— se han generado un sinfín de reacciones adversas por diversos flancos. El primer plomo en el ala ocurrió el 5 de marzo: la masacre de Tumeremo, que a los ojos de muchos fue la muestra de la incapacidad gubernamental para controlar las mafias que operan en las minas del estado Bolívar.
Uno de los primeros en denunciar la situación en vista de la masacre fue el diputado por Bolívar ante la Asamblea Nacional (AN), Américo de Grazia: para él, las más de 150 empresas trasnacionales que fueron convocadas para la explotación del AMO necesitan la certeza de que la zona estará limpia de mafias. Eso ha generado asesinatos en circunstancias turbias, principalmente con la actuación de la Operación liberación del pueblo (OLP).
Las universidades han enfatizado especialmente en la amenaza para más de 15 etnias que habitan en la zona del arco: la Universidad Católica Andrés Bello-Guayana centró el documento “Manifiesto de Guayana sobre el AMO” en la explicación del porqué el proyecto viola los artículos 119 y 120 de la Constitución. Lo primero que achaca es el irrespeto inconsulto a los hábitats indígenas.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) especifica que las comunidades Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako. Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi serían desplazadas: más de 50.000 indígenas.
Flora y fauna en la mira
Además de lo sociológico, hay otros impactos. El Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) tilda sin miramientos al proyecto como la destrucción del ambiente. “Pasamos del rentismo petrolero al rentismo minero, con una explotación minera a cielo abierto, que es de las más destructivas”, ha dicho en varias oportunidades su vicepresidenta nacional, exdiputada y exalcaldesa de Caroní, Pastora Medina. ¿Todo para qué? Simplemente, para garantizar una bocanada de divisas al Gobierno.
Otro ámbito en riesgo es la estabilidad laboral: el decreto amenaza “los principios de universalidad y progresividad, como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares”. Es decir, dos golpes: uno a los convenios con la Organización Internacional del Trabajo y otro, una vez más, a la Constitución.
Pero voces que alguna vez comulgaron con el chavismo, hoy también se suman al coro contra el AMO: una de ellas, Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente, alerta la necesidad de “priorizar qué es más importante: sacar el oro, sacar el coltán o proteger el agua que es indispensable para la vida”.
Más allá de las consecuencias previstas, hay un asterisco: el proyecto del AMO, prácticamente, entrega a las trasnacionales la explotación desmesurada de la zona. En síntesis, el proyecto amenaza la soberanía, una de las críticas persistentes del chavismo sobre gobiernos anteriores. Todo se establece en el decreto de creación. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue adelante. En septiembre, el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, anunció que la fase de explotación ya había comenzado.
Las consecuencias, han alertado las instituciones denunciantes, serían irreversibles en esta amenaza de 111 mil kilómetros cuadrados que, a esta fecha, comienzos de 2017, sigue adelante.
[Tomado de http://www.laboratoriosdepaz.org/arco-minero-una-amenaza-de-111-mil-kilometros-cuadrados.]
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