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domingo, 22 de enero de 2017

Informe Anual 2016 de Derechos Humanos en Venezuela de HRW


Human Rights Watch

* Este post reproduce el capítulo sobre Venezuela del citado Informe, rep´roducido desde https://www.derechos.org.ve/actualidad/human-rights-watch-informe-anual-capitulo-sobre-venezuela

Bajo el liderazgo del Presidente Hugo Chávez, y ahora del Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide y persiga a críticos, e incluso actúe penalmente contra ellos.

La grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos se ha intensificado desde 2014, y las pobres respuestas gubernamentales a la crisis han vulnerado los derechos de los venezolanos a la salud y la alimentación. Se ha detenido en forma arbitraria a manifestantes, que han sufrido abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares han dado origen a denuncias generalizadas de abusos. Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en las prisiones, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento continuo contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de funcionarios gubernamentales.
Acciones legales contra opositores políticos

El líder opositor Leopoldo López cumple una condena de 13 años en una prisión militar por haber supuestamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de evidencias creíbles que vincularan a López con ningún delito. Varias otras personas arrestadas arbitrariamente en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

En 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a decenas de personas y alegó que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno, incluidas algunas que fueron en realidad manifestaciones pacíficas. Muchas de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia, o que no les permitieron ver a familiares ni abogados durante horas, o a veces días, después de la detención. En varios casos, los fiscales no presentaron evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos. En algunos, las pruebas consistían en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. El 29 de agosto, agentes de inteligencia detuvieron a Yon Goicoechea, activista del partido opositor Voluntad Popular, mientras conducía para asistir a una conferencia de prensa sobre una marcha opositora programada para el 1 de septiembre. Los familiares y el abogado de Goicoechea no recibieron información oficial sobre su paradero por más de 56 horas. Posteriormente, un juez acusó a Goicoechea de diversos delitos y dispuso su prisión preventiva.
Represión de protestas

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a las manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso brutal de la fuerza. A lo largo de varias semanas, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que no estaban armados y transeúntes, y toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, o a veces incluso colaboraron de manera directa con estas. En muchos casos, las personas detenidas permanecieron incomunicadas en bases militares por 48 horas o períodos mayores antes de ser llevadas ante un juez, y algunas sufrieron abusos que incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligadas a mantenerse en cuclillas o arrodilladas, sin moverse, por varias horas.

Manifestantes siguen siendo procesados penalmente por participar en protestas pacíficas. El estudiante universitario José Gregorio Hernández Carrasco fue detenido en mayo de 2016, dos días después de haber participado en una manifestación contra el gobierno en Caracas. Afirmó que fue golpeado y torturado hasta que aceptó firmar una confesión. Las técnicas de tortura incluyeron aplicarle descargas eléctricas, asfixiarlo con una bolsa plástica y colocarle un palo en el recto y amenazar con usarlo para violarlo. Hernández Carrasco fue liberado en julio, pero sigue sujeto a proceso penal.

En 2016, varios venezolanos indicaron haber sido detenidos durante protestas callejeras por la escasez de alimentos —algunas de las cuales fueron organizadas y otras espontáneas— y haber sufrido maltratos durante la detención. Profesionales médicos y de enfermería que hablaron públicamente sobre la crisis humanitaria afirman haber sido amenazados con la posibilidad de perder su empleo.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes han dado origen a numerosos señalamientos de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En febrero de 2016, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz manifestó que 245 personas habían sido asesinadas durante redadas de la OLP en 2015, en incidentes en los cuales “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Decenas más han muerto durante 2016, según ha trascendido en los medios de comunicación. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno han afirmado que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados. Sin embargo, en al menos 20 casos, familiares de víctimas o testigos indicaron que no se produjo ningún enfrentamiento. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.
Crisis humanitaria

Debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos, para los venezolanos es sumamente difícil obtener atención de salud esencial. En agosto, una red de médicos residentes que trabajan en hospitales públicos en todo el país informó que había grave escasez de medicamentos básicos en el 76 por ciento de los hospitales relevados, un aumento respecto del 55 por ciento en 2014 y del 67 por ciento en 2015.

Las estadísticas oficiales indican que los índices de mortalidad infantil y materna en 2016 fueron considerablemente superiores a los de años anteriores. La tasa de mortalidad infantil correspondiente a los cinco primeros meses de 2016 fue de 18,61 muertes cada 1.000 nacimientos, es decir, un 45 por ciento mayor que la de 2013. La tasa de mortalidad materna en los primeros cinco meses de 2016 fue de 130,70 muertes cada 100.000 nacimientos, un 79 por ciento más elevada que la informada para 2009, el año más reciente sobre el cual hay datos disponibles.

La escasez severa de alimentos es un obstáculo para que muchas personas tengan una nutrición adecuada. A través de una encuesta llevada a cabo en 2015 por organizaciones de la sociedad civil y dos universidades venezolanas, se determinó que el 87 por ciento de los entrevistados en el país —que, en su mayoría, pertenecían a hogares de bajos ingresos— tenían dificultades para comprar alimentos. El 12 por ciento hacía dos comidas por día o menos.

El gobierno venezolano ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, y ha realizado gestiones muy limitadas para conseguir la ayuda humanitaria internacional que se encuentra disponible.
Independencia judicial

Desde que el ex Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo, en respuesta al pedido del Presidente Maduro de que examinara la constitucionalidad de las leyes, ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En octubre, quitó al Congreso la potestad de adoptar el presupuesto, y permitió que sea el presidente quien disponga el presupuesto de 2017 mediante un decreto que deberá ser aprobado por el Tribunal Supremo.

La Jueza María Lourdes Afiuni continúa procesada penalmente como consecuencia de una decisión dictada en 2009, en la cual concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno. El pronunciamiento de Afiuni era acorde con una recomendación emitida por veedores internacionales de derechos humanos. Fue puesta en libertad tras un año de prisión y dos años de arresto domiciliario, pero continúa el proceso penal en su contra por cargos que incluyen abuso de autoridad.
Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios con una posición crítica. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”—una infracción definida de manera muy poco precisa— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a sufrir represalias gubernamentales es habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2016. El 3 de septiembre, Braulio Jatar, un conocido periodista venezolano nacido en Chile que dirige un medio digital independiente en el estado de Nueva Esparta, desapareció luego de haber dado cobertura a un cacerolazo espontáneo contra el Presidente Maduro en un barrio de la Isla Margarita donde la mayor parte de la población solía apoyar al gobierno. Su cobertura periodística había tenido amplia repercusión en Venezuela y a nivel internacional. Durante más de 36 horas, sus familiares no tuvieron información sobre su paradero. Un fiscal acusó posteriormente a Jatar de cometer el delito de “legitimación de capitales” —que prevé una pena de hasta 15 años de prisión— por tener, presuntamente, alrededor de USD 25.000 en efectivo en su automóvil. Jatar afirma que las pruebas fueron colocadas para incriminarlo. Al momento de la preparación de este documento, Jatar se encontraba en prisión preventiva.
Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —emitidas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En mayo, el Presidente Maduro dictó un decreto mediante el cual, además de declarar el “estado de excepción” y arrogarse la potestad de suspender derechos, instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspendiera todos los convenios que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. Maduro prorrogó el estado de excepción dos veces, en septiembre y en noviembre.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrán ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política

En junio, decenas de empleados públicos de la administración aduanera y tributaria fueron despedidos, presuntamente en represalia por haber apoyado el referéndum revocatorio contra el Presidente Maduro. A través de los medios se informó que cientos de otras personas que apoyaron el referéndum en distintos lugares del país fueron despedidas en circunstancias similares, y que se discriminó a críticos del gobierno al implementar un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a precios controlados.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de los internos dentro de las cárceles. La organización de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que 6.663 personas murieron en las cárceles entre 1999 y 2015. Hasta julio, según el Observatorio, la sobrepoblación de las cárceles venezolanas era en promedio del 210 por ciento.

En marzo, cuatro internos y un guardia penitenciario murieron durante un enfrentamiento entre detenidos y agentes de seguridad en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado de Lara. Resultaron heridos 52 internos, cuatro guardias y el director del centro penitenciario. Los medios han informado sobre otros incidentes violentos en prisiones durante 2016, en los cuales murieron al menos otras 20 personas.
Actores internacionales clave

En mayo de 2016, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó un informe sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, e instó a invocar la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los estados miembros de la OEA. En junio, el Consejo Permanente de la OEA rechazó la posición de Venezuela de que celebrar un debate sobre el informe sería violatorio de su soberanía, y la mayoría de los países miembros votaron a favor de avanzar en este sentido y evaluar el cumplimiento de la Carta por Venezuela. En noviembre, Venezuela se retiró de una reunión del Consejo Permanente, cuando el órgano adoptó una resolución que apoyaba el diálogo entre el gobierno y la oposición, argumentando que la resolución violaba su soberanía.

El diálogo iniciado entre el gobierno y la oposición a comienzos de 2016, que estuvo encabezado por el expresidente español José Luis Zapatero, no tuvo resultados significativos. En octubre, el Vaticano anunció que mediaría entre los sectores y, posteriormente, intervino en una serie de encuentros que, en noviembre, posibilitaron la liberación de algunos presos políticos y la publicación de una declaración conjunta —cuya redacción es muy vaga– sobre la necesidad de recibir asistencia internacional para abordar la crisis humanitaria y designar a nuevos miembros en el Consejo Nacional Electoral.

En septiembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay impidieron que Venezuela asumiera la presidencia del bloque de comercio regional Mercosur.

En 2013, el gobierno venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha. No obstante, la CIDH continúa el seguimiento de la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no requiere ratificación por los estados.

En agosto, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que Venezuela atravesaba una “crisis humanitaria”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado preocupación por la situación cada vez más precaria de los derechos humanos, incluida la escasez de medicamentos y alimentos, las campañas gubernamentales de intimidación contra defensores de derechos humanos y las severas reacciones de las autoridades contra expresiones pacíficas de disenso.

La situación de los derechos humanos en Venezuela fue evaluada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre. Varios estados instaron a Venezuela a cooperar con los procedimientos especiales de la ONU; abordar las detenciones arbitrarias, la falta de independencia judicial y la escasez de medicamentos y alimentos; liberar a personas detenidas por motivos políticos; respetar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; y asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo sin represalias.

En 2015, el Presidente Barack Obama aplicó por decreto sanciones dirigidas a siete funcionarios venezolanos. En julio de 2016, el Congreso de Estados Unidos prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a personas presuntamente implicadas en abusos cometidos contra participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra el seguimiento de violaciones de derechos humanos, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Bielorrusia e Irán.


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