Tres veces los escuchó. “Pum, pum, pum”. Eugenio Morales ni se inmutó. Los disparos en la que una vez fue de las mejores zonas de la ciudad ya son costumbre. Estaba en el balcón de su apartamento viendo el periódico y el titular no le sorprendió: “Venezuela es el segundo país más violento de América”. Letras que confirman sus dos secuestros, el carro que le robaron a su esposa y el asesinato de su hermano para quitarle un celular. Ya está cansado de escuchar del relanzamiento del Plan Desarme y de medidas que prometen acabar con la delincuencia. Han sido solo palabras. Da la vuelta a la página y olvida rápido la estadística, como también lo hacen, a la perfección, quienes desde el Gobierno en los últimos 17 años han implementado 27 programas con nombres distintos pero resultados idénticos: la inseguridad es líder, todos los intentos por acabarla han sido estériles.
El equivalente a casi el triple de la población total del municipio San Diego, o cuatro veces el número de habitantes de El Hatillo en Caracas, o el estado Amazonas completo más Bejuma y Montalbán juntos han desaparecido. Han muerto en manos del hampa. Se trata de 254 mil 541 personas que forman la lista de homicidios desde 1999 hasta 2015. Los registros de 2016 no se han cerrado, pero técnicos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz aseguran que hasta septiembre se contabilizan más de 16 mil, sin incluir los casos que aún están en averiguación, ni aquellos que ocurrieron por resistencia a la autoridad. Todo indica que las cifras al cierre de este año superarán los 27 mil 875 contabilizados en 2015.
“El Gobierno ha tenido como norma ser tolerante con la delincuencia”, advirtió el consultor y analista de seguridad, Marcos Tarre. No hay espacio a dudas. Ninguno de los publicitados planes de seguridad ha funcionado. Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) lo confirman. La tasa de homicidios en el país aumentó 718,18% en los últimos 17 años: cuando el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder las estadísticas eran de 11 asesinatos por cada cien mil habitantes, ahora son 90, lo que hace que Venezuela esté solo por debajo de El Salvador en la lista de países más violentos de América Latina.
En secuestros Venezuela comanda. Hasta 1999 el promedio de este delito era de 60 al año. Ahora se registran más de mil. En la suma, el incremento de casos de este tipo es de 1566%, y lo convierte en el que más ha aumentado.
Poder al revés
La moda se impone. Incluso en la inseguridad. Secuestros express, extorsiones, robos a blindados, sicariatos, y la lista sigue. Siempre hay un delito en la palestra. Ahora es el turno de las megabandas que tienen todo el poder, incluso por encima del que ostenta el Ejecutivo. “Ellos lo dominan todo, desde sus guaridas, las cárceles y comunidades enteras que las han hecho suyas”. Se trata de al menos 12, según el Observatorio Venezolano del Delito Organizado.
La causa: las zonas de paz. Fueron implementadas en septiembre de 2013 como parte de un plan de Gobierno denominado Movimiento por la Paz y por la Vida. Dirigiéndolo estuvo el para entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos. Se trató de un programa calificado por Tarre como ingenuo, desafortunado y sin ningún soporte técnico, en el que se le ofreció a bandas delictivas ser parte de actividades socioproductivas a cambio de entregar sus armas. Fue un fracaso.
Aunque el Gobierno nunca lo ha admitido se dieron directrices a los cuerpos policiales para que no entraran a esas zonas de paz y los grupos armados aprovecharon esa oportunidad “en bandeja de plata” para obtener la territorialidad que antes no tenían, y se conformaron las megabandas. Pero esa no es la única evidencia de que el poder está al revés. En 2008 se lanzó el Plan Ruta Segura. Solo estuvo en funcionamiento una semana. A cuatro funcionarios de la Guardia Nacional les robaron sus fusiles mientras ejecutaban ese plan, que consistía en el resguardo militar en unidades de transporte público.
Los años electorales han sido los preferidos por el Gobierno para el anuncio de nuevos programas. En todos los casos se promete la erradicación definitiva de la delincuencia. La Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) fue una de ellas. Fue un trabajo de casi un año que lideró el entonces ministro Jesse Chacón, en conjunto con académicos y una serie de expertos, que entregaron un informe con consideraciones de relevancia, descartadas posteriormente con el cambio de gabinete que puso al frente de ese despacho a Pedro Carreño. La historia se repitió en 2012, cuando en plena pugna por la presidencia Hugo Chávez lanzó la Misión A toda Vida Venezuela, con un estudio integral de la situación y que planteaba que la seguridad correspondía a civiles. Pero al llegar Maduro al poder en abril de 2013 designó a un militar activo como ministro: Miguel Rodríguez Torres, quien sacó a la calle a funcionarios de la Guardia y el Ejército solo como impacto publicitario, para dar la sensación de resguardo.
Del Plan Desarme todos en el país han escuchado. En 1999 se implementó por primera vez, pero ante los resultados negativos tuvo que ser relanzado otras cuatro veces (2002, 2004, 2006 y 2014). También se crearon la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en 2006 y la Guardia Del Pueblo en 2009, se estableció en 2008 el Sistema Socialista Penitenciario, se creó en 2011 el Ministerio para el Servicio Penitenciario, y en 2013 se sancionó la Ley para el Control de Armas y Municiones.
Roberto Briceño León, presidente del OVV, fue enfático. “Ninguno de los planes del Gobierno ha tenido impacto. No se han erradicado las cifras delictivas. Por el contrario, van en aumento constante”. Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, coincide. “No se han tenido los resultados que se requieren porque no han sido planes serios ni con desarrollo teórico, muchos de ellos han sido solo propagandísticos”.
Sin dinero
Hasta 2013 todas las encuestas reflejaban que el principal problema para los venezolanos era la inseguridad. Eso cambió. Pero nunca fue una prioridad para el Ejecutivo. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz recibe cada año en promedio 17% del presupuesto nacional, según los informes de Memoria y Cuenta que presenta ante la Asamblea Nacional. Pero el grueso de esos recursos se destina a la protección del Gobierno y sus instituciones, no a la del pueblo. Más de 90% del dinero del ministerio se invierte en la compra de material para represión de manifestaciones.
En seguridad ciudadana apenas se gasta entre 0,5% y 0,8% de todo el dinero con el que cuenta el Gobierno para un año de gestión, de su producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las estimaciones de los especialistas. No hay números oficiales.
Esa inversión es deficitaria para un país con índices tan elevados de inseguridad. México, con un registro menos negativo que Venezuela invirtió 27,7% de su PIB en 2016, Colombia gasta 3,4% de sus ingresos anuales, Panamá 7%, Uruguay 3%, Perú 11,3%, El Salvador 2,8%, Honduras 10%, Costa Rica 2,5%, según reveló el índice sobre la paz global. Venezuela está al final de la lista pese a sus necesidades.
Entre 2014 y 2016 el Gobierno de Maduro invirtió, de acuerdo a investigaciones de Transparencia Venezuela, 53 mil 314 millones de bolívares en seguridad interna y del orden público, que es igual a 1,8% del presupuesto total con el que en esos tres años contó el Ejecutivo. La Misión A Toda Vida Venezuela, el plan que ha estado en vigencia por más tiempo, entre 2013 y 2016, tuvo 11 mil 434 millones de bolívares para su ejecución, que es 0,4% del PIB.
[Tomado de http://www.el-carabobeno.com/27-planes-seguridad-ciudadana-la-revolucion-todos-fracasados.]
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