Rafael Uzcátegui Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, (JCAP por sus siglas en inglés) es una ONG con sede en Toronto, Canadá, que trabaja con abogados voluntarios en apoyo a comunidades indígenas y campesinas en América Latina. Una de sus actividades es monitorear la actividad de las empresas mineras canadienses en la región, por lo que recientemente han publicado el informe La marca Canadá: Compañías mineras canadienses y violencia en América Latina, sólo disponible en idioma inglés.
La investigación nos interesa porque empresas de esa bandera, Gold Reserve y Energol Mineral son socias del Estado venezolano en el Arco Minero del Orinoco, lo cual genera preguntas sobre su posible comportamiento entre nosotros.
Los resultados sobre el nivel de violencia y criminalización, entre los años 2000 y 2015, fueron: a) Los incidentes involucraron a 28 empresas; b) 44 muertes, 30 de las cuales fueron clasificadas como selectivas; 403 heridos, 363 de los cuales ocurrieron en protestas y en enfrentamientos con cuerpos de seguridad; c) 709 casos de criminalización, que incluyen quejas legales, arrestos, detenciones y acusaciones judiciales; d) Una extendida distribución geográfica de violencia debidamente documentada: Muertes en 11 países, lesiones en 13 naciones y criminalización en 12 países.
Este año, 180 organizaciones de América Latina enviaron una carta al primer ministro canadiense para exigir acciones sobre las promesas de establecer mecanismos de responsabilidad estatal y empresarial.
Según JCAP “Canadá ha sido criticada internacionalmente por su falta de control de las empresas mineras canadienses”. Según sus datos, 41% de las grandes empresas mineras presentes en América Latina son de origen canadiense. Refieren que cuatro organismos de Naciones Unidas le pidieron al Gobierno canadiense mantener responsabilidades sobre el funcionamiento de las empresas canadienses en el extranjero. Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado tres audiencias sobre la responsabilidad de las empresas mineras canadienses, pidiendo a Canadá a adoptar medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo recordaron que en junio de 2016, 180 organizaciones de América Latina enviaron una carta al primer ministro canadiense Trudeau para exigir acciones sobre las promesas de establecer mecanismos de responsabilidad estatal y empresarial.
Según la ONG, el Gobierno canadiense continúa promoviendo la Marca Canadá, apoyándose en voluntarios y no vinculantes códigos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para medir la conducta de las compañías. Las dos principales oficinas gubernamentales de RSE son la Oficina Consejera de la Responsabilidad Social Empresarial del sector extractivo (CSR Counsellor, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), con la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OECD, por sus siglas en inglés). Ninguna de las oficinas, expresa la JCAP, puede realizar investigaciones ni tienen la capacidad de sancionar las compañías directamente o compensar a las víctimas. Su único poder es recomendar la retirada del apoyo financiero del gobierno y la embajada canadiense.
Los datos recopilados por el estudio reflejan que el país con mayores víctimas es Guatemala, con cuatro proyectos de explotación bajo mineras canadienses: 44 muertos, cuatro desaparecidos, 403 lesionados, 15 abusados sexualmente, 196 bajo quejas y sanciones legales y 537 personas detenidas. Le sigue México, con 8 personas asesinadas y El Salvador, con cinco víctimas de homicidio.
En la lista de casos emblemáticos está la explotación en El Salvador por parte de la empresa Pacific Rim, donde a partir de la oposición de miembros de la comunidad al proyecto cinco personas fueron asesinadas entre 2009 y 2011. Otro, lo constituye la explotación de la empresa Tahoe Resources en la mina Escobal en Guatemala, donde la comunidad aledaña aseguró que habría contaminación a sus fuentes de agua, organizando referendos contra el proyecto y diferentes protestas. La mina generó la militarización de la región y la persecución contra los líderes comunitarios. La Plataforma Internacional contra la Impunidad en Centroamérica y Mining Watch Canada documentó 100 casos de criminalización contra manifestantes pacíficos. En 2014, una adolescente que se oponía a la mina fue asesinada durante un ataque armado. Un año después, otro reconocido activista contra el proyecto fue asesinado por personas desconocidas.
“Las propias empresas mineras -apunta JCAP- reconocen la prevalencia de la violencia vinculada a sus actividades. En sus documentos de divulgación, las empresas describen la agitación política y social en las regiones donde operan. La posibilidad de riesgos operacionales y materiales, incluyendo lesiones y la muerte de su personal, se tienen en cuenta en sus análisis de riesgos”. Para la ONG, dos aspectos son esenciales para determinar la responsabilidad empresarial en los hechos documentados: a) El vínculo entre minería, violencia y criminalización y b) La posible complicidad de las compañías en contribuir en los contextos que producen abusos a los derechos humanos.
Hay una variedad de recomendaciones -finaliza el reporte JCAP- que van desde una nueva legislación para crear una defensoría, que pueda investigar al Estado y el comportamiento de las empresas, hasta para revisar el apoyo que el gobierno da a las empresas mineras canadienses.
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