Pableysa Ostos (Correo del Caroní)
La noticia conmocionó a todo el país. 12 cadáveres, fueron localizados en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda el viernes pasado. Era similar a lo sucedido en Tumeremo, municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. Solo que en este caso había sido el líder de una banda minera quien realizó la masacre, mientras que en el caso de Barlovento, fueron 11 funcionarios del Ejército Nacional durante un operativo de Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
La noticia conmocionó a todo el país. 12 cadáveres, fueron localizados en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda el viernes pasado. Era similar a lo sucedido en Tumeremo, municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. Solo que en este caso había sido el líder de una banda minera quien realizó la masacre, mientras que en el caso de Barlovento, fueron 11 funcionarios del Ejército Nacional durante un operativo de Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
El criminalista Fermín Mármol García, estima que Venezuela cerrará el año 2016 con al menos cinco mil personas asesinadas a manos de cuerpos de seguridad del Estado. “Lo que aconteció en Barlovento vulnera el más elemental principio procesal y eso es condenable”, manifestó el experto a la prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al ser consultado sobre este caso.
Sostuvo “no solo mancha el plan de seguridad, no solo mancha la seguridad ciudadana del país, no solo aleja a la ciudadanía de sus instituciones, aún más de lo que ya estaba, sino que ahora también se mancha la República”. “El caso de Barlovento va a traer secuelas para la República. Es lamentable, porque las instituciones del Estado están para proteger a los ciudadanos, para hacer cumplir la Constitución, y cuando funcionarios del Estado vulneran derechos fundamentales, la República debe responder por esos daños”, agregó Mármol.
Investigaciones
Fermín Marmol exhortó a las instituciones estadales a que sean contundentes en las investigaciones, “pues de lo contrario los familiares estarían en su derecho de apelar a la justicia internacional, lo que comprometería una vez más al Estado en materia de Derechos Humanos”.
Indicó que las cifras no son alentadoras a la hora de hablar de la actuación de funcionarios de seguridad. “Nosotros estamos calculando que en el año 2016, en manos de policías municipales, estadales, policías nacionales y Fuerza Armada Nacional, alrededor de 5 mil personas han perdido y van a perder la vida en lo que resta del año 2016”, sentenció. Agregó que ese balance, por el contrario, arroja que “más de 400 policías y militares van a perder la vida o ya la perdieron en este año 2016”.
Criticó que el Ministerio Público no haya concretado acusaciones penales en casos como estos. “Es cierto que está investigando, pero no conocemos de acusaciones formales contra funcionarios en el marco de las OLP”, aseguró.
Rechazó que las autoridades apelen al silencio para evitar que se filtren de sus mismas filas hechos irregulares. “Me sorprendió, por ejemplo, que en menos de 48 horas, en un memorándum interno de las fuerzas de seguridad de Estado, se les pidiera a los jefes que estén pendientes con las aplicaciones que tienen en los teléfonos los funcionarios, como Whatsapp y Telegram, para que no se divulgue la información (…) ¿Señores, realmente esa es la prioridad? ¿La censura, la falta de transparencia? Esas son las cosas que no comprendemos”, acotó.
Lo que no se ha hecho
El criminalista Fermín Mármol García, en entrevista para la prensa afirmo que ninguno de los planes adelantados por el Gobierno se aprecia la intención de aplicar experiencias ya exitosas en otros países de la región. Y criticó que no se tomen en cuenta los aportes hechos por especialistas a la hora de adelantar planes como la OLP.
Aseguró que esto no existe ni una arista de rescate de la confianza ciudadana en ninguno de los planes ya aplicados, como el Plan Patrullaje Inteligente, el Plan Desarme, el Plan Pacificación - que dio nacimiento a las zonas de paz - y, mucho menos, el de la OLP.
Indicó también que en los países modernos la denuncia es uno de los ejercicios ciudadanos por excelencia, pero que el venezolano no quiere ejercer. “Realmente hemos alejado la denuncia del ciudadano de las instituciones. Eso afecta el ejercicio de la ciudadanía y genera desconfianza”, agregó.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/52030-masacre-de-barlovento-mancha-la-seguridad-del-pais-sus-instituciones-y-a-la-republica.]
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