Equipo Colombia Plural
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. “Quebranta la integridad de un ser humano, en un proceso inverso al del revelado de una fotografía: pretende borrar la identidad de una persona hasta velarla por completo, hasta volverla invisible”, en palabras del sociólogo Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que presenta ahora un durísimo informe titulado Hasta Encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia (1970-2015).
El asunto es así. Mientras la narrativa oficial habla de un país en democracia durante ese lapso de 45 años al menos 60.630 fueron desaparecidas de forma forzada. Y el “al menos” en este caso es especialmente importante. El CNMH explica que la naturaleza del delito, la falta de interés del estado durante muchos años, la participación de agentes estatales o para estatales como perpetradores y la estigmatización de las víctimas hacen muy difícil saber la cifra exacta. Hay un altísimo subregistro y Martha Nubia Bello, una de las tres relatoras del informe (junto a Andrés Fernando Suárez y Mónica Márquez), teme que “la cifra real de desapariciones forzadas pueda ser de casi el doble”.
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. “Quebranta la integridad de un ser humano, en un proceso inverso al del revelado de una fotografía: pretende borrar la identidad de una persona hasta velarla por completo, hasta volverla invisible”, en palabras del sociólogo Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que presenta ahora un durísimo informe titulado Hasta Encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia (1970-2015).
El asunto es así. Mientras la narrativa oficial habla de un país en democracia durante ese lapso de 45 años al menos 60.630 fueron desaparecidas de forma forzada. Y el “al menos” en este caso es especialmente importante. El CNMH explica que la naturaleza del delito, la falta de interés del estado durante muchos años, la participación de agentes estatales o para estatales como perpetradores y la estigmatización de las víctimas hacen muy difícil saber la cifra exacta. Hay un altísimo subregistro y Martha Nubia Bello, una de las tres relatoras del informe (junto a Andrés Fernando Suárez y Mónica Márquez), teme que “la cifra real de desapariciones forzadas pueda ser de casi el doble”.
Al dato de 60.630 ha llegado el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH después de consultar decenas de fuentes institucionales fragmentadas, de organizaciones de víctimas y de medios de comunicación. En esta cifra tampoco están las “personas dadas por desaparecidas” en el marco del conflicto armado, una nueva categoría para este horror sin límites que ha sido introducida en las negociaciones de La Habana y que contempla una variedad de casos inmensa que incluye “a los combatientes [de todos los actores] que en desarrollo de las acciones bélicas hayan muerto y fueron enterrados sin identificación en fosas o en cementerios”.
El informe, en sus 426 páginas, describe con detalle la tipología legal, las formas, los momentos, el perfil de las víctimas, el papel de sus familiares (también víctimas según la portergada ley 589 del año 2000), las razones de la desaparición, la geografía del horror… Y nos recuerda que no es un asunto del pasado: 8 de cada 10 personas desaparecidas de forma forzada lo fueron en los últimos 20 años. Mientras usted hacía planes, soñaba, se equivocaba, compraba en un supermercado, iba al cine o leía un poema, en Colombia era desparecida una persona cada 8 horas. Es más, en el brutal periodo de 1996 a 2005 se producía una desaparición forzada cada dos horas y media.
Los relatores del informe recuerdan que, además del cuestionable papel del Estado y la innegable responsabilidad de los perpetradores, “resulta cuestionable también la ausencia de movilización y de solidaridad ciudadana. Golpea a las víctimas la soledad en la que sufren su tragedia y la estigmatización y sospecha con que en ocasiones son vistas”. Martha Nubia Bello cree que “no se trata de culpabilizar a la sociedad colombiana. La gente no puede conmoverse con lo que no se conoce… pero lo cierto es que para los familiares de las personas desaparecidas es una doble desaparición: se desaparece a la persona y se desaparece del debate social el tema”.
Muchos victimarios para una diversidad de víctimas
En Colombia, el fenómeno de la desaparición forzada puede ser más cercano al caso de México que al del Cono Sur durante la etapa dictatorial. Al menos porque este delito ya no es un monopolio de agentes del Estado y por la “tremenda diversidad de las víctimas”, explica Bello. “La desaparición forzada dejó de ser monopolio del Estado y pasó a hacer parte de los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas y los grupos paramilitares”, se explica en el informe. De hecho, si bien es cierto que la mayoría de los casos de los que se tiene información sobre el presunto victimario (la mitad del total) aparecen los grupos paramilitares o sus herederos tras el proceso de Justicia y Paz (sumados suponen el 54,9% de los casos) y que los agentes estatales de forma directa estarían detrás de otro 8% de los casos, las guerrillas también serían las responsables de hasta el 19,9% de las desapariciones forzadas. Eso en el caso de los victimarios, pero Bello consideras que el caso de Colombia también es especial “por la diversidad de perfiles de las personas desaparecidas. No se trata sólo de militantes políticos, como en Argentina o Chile, sino de campesinos, discapacitados… de cualquiera que entrara en un lugar y rompiera las reglas del actor” violento.
En Hasta encontrarlos se aclara que el hecho de “que el crimen sea cometido por particulares no disminuye ni exime de responsabilidad al Estado, no solo por su participación como perpetrador del delito y por su aquiescencia y complicidad demostrada en muchos casos, sino por su incapacidad para cumplir con su deber constitucional de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas”. De hecho, en conversación con Colombia Plural, Martha Nubia Bello explica cómo “bien por su participación directa en las desapariciones, especialmente en la década de los ochenta aunque regresa con los ‘falsos positivos’, o bien por su complicidad o silencio los agentes del Estado han obstaculizado el proceso de búsqueda y de esclarecimiento”. Las víctimas recuerdan que si ante el secuestros e creó un bloque de búsqueda no ocurrió nada parecido ni con la misma intensidad para buscar a los desaparecidos con la urgencia que imponen estos casos.
Tal y como se detalla en el informe, “la falta de voluntad política, expresada en el largo tiempo de reglamentación y funcionamiento de las medidas dispuestas para la atención, le ha significado a quienes sufren la ausencia de sus seres queridos, episodios de revictimización y desinformación frente a la desaparición forzada”. Aunque, la otra cara de la moneda es “la persistencia de las organizaciones de víctimas en la reivindicación de sus derechos, e incluso en la iniciativa de plasmar en papel referencias sobre la desaparición forzada en Colombia, en momentos en que esta no era reconocida, permiten constatar la negativa de las víctimas a ocupar un lugar pasivo y expresa su larga postura de resistencia”.
En la mesa de negociación de La Habana entre el Gobierno y las FARC se escuchó la voz y las propuestas de los familiares de las y los desaparecidos. Cerca de 60 organizaciones de familiares ayudaron a perfilar lo que los acuerdos contemplan para mejorar la búsqueda de los desaparecidos y resarcir a las víctimas. “Por eso es tan grave esta parálisis respecto a los acuerdos”, recuerda Bello, “porque está en vilo que se pongan en marcha los mecanismos que esta vez han sido consensuado con las víctimas y eso deja en suspenso la posibilidad de que recobren su protagonismo”.
Las recomendaciones
Ante esta realidad “pluriofensiva”, el CNMH hace muchas recomendaciones, aunque Martha Nubia Bello, también directora del futuro Museo Nacional de la Memoria y quien coordinó el informe ¡Basta ya!, las resume en tres: mucha más integración institucional para lograr una acción unificada y colaborativa que evite la dispersión y la superposición actual; mucho trabajo de campo en los territorios “porque ahí es dónde está el subregistro, en la gente que no ha podido hablar, denunciar los casos que no aparecen en ningún registro”, y la puesta en marcha de nuevos mecanismos institucionales, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición incluida en los acuerdos de La Habana porque “las víctimas han dejado claro que este informe –Hasta encontrarlos– no puede sustituir el trabajo de esa Comisión, que ojalá pueda hacer una trabajo exhaustivo en los territorios”.
En todo caso, las recomendaciones formales que hacen los relatores y relatoras pasan porque la Fiscalía no condicione la búsqueda de las víctimas en función de quién es el victimario; porque el estado aclare las funciones y evite solapamientos entre la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), mandatada por la Ley 589 de 2000, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que emana de los acuerdos de paz de La Habana; porque la nueva UBPD debe tenga autonomía financiera y organizativa y un enfoque que entienda las diferencias territoriales; por buscar la ayuda de expertos internacionales y forenses nacionales independientes; por un apoyo financiero y técnico contundente de la cooperación internacional; por implicar a la ciudadanía en la búsqueda de los desaparecidos; por un sistema de información que despeje las dudas que hoy hay sobre el número, el nombre y las circunstancias de las desapariciones forzadas; por eliminar la asimetría que hay en el tratamiento preferencial que el estado le ha dado a las víctimas de secuestro frente a las de desaparición forzada, entre otras.
Además el CNMH recomienda “al presidente de la república y otros altos funcionarios del Estado, realizar un acto público de reconocimiento por la responsabilidad del Estado en la acción u omisión de agentes del Estado en la perpetración de la desaparición forzada en Colombia” y que se realicen “las depuraciones necesarias en el personal de las Fuerzas Armadas, de Policía y de inteligencia, de sus agentes encontrados culpables o sospechosos de la conducta de desaparición forzada o de complicidades con este delito, impidiendo cualquier tolerancia o medida de protección a las personas responsables”. También pide a las Fuerzas Armadas que deje de interferir en los procesos judiciales ordinarios instalando procesos paralelos en la jurisdicción militar.
Muchos victimarios para una diversidad de víctimas
En Colombia, el fenómeno de la desaparición forzada puede ser más cercano al caso de México que al del Cono Sur durante la etapa dictatorial. Al menos porque este delito ya no es un monopolio de agentes del Estado y por la “tremenda diversidad de las víctimas”, explica Bello. “La desaparición forzada dejó de ser monopolio del Estado y pasó a hacer parte de los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas y los grupos paramilitares”, se explica en el informe. De hecho, si bien es cierto que la mayoría de los casos de los que se tiene información sobre el presunto victimario (la mitad del total) aparecen los grupos paramilitares o sus herederos tras el proceso de Justicia y Paz (sumados suponen el 54,9% de los casos) y que los agentes estatales de forma directa estarían detrás de otro 8% de los casos, las guerrillas también serían las responsables de hasta el 19,9% de las desapariciones forzadas. Eso en el caso de los victimarios, pero Bello consideras que el caso de Colombia también es especial “por la diversidad de perfiles de las personas desaparecidas. No se trata sólo de militantes políticos, como en Argentina o Chile, sino de campesinos, discapacitados… de cualquiera que entrara en un lugar y rompiera las reglas del actor” violento.
En Hasta encontrarlos se aclara que el hecho de “que el crimen sea cometido por particulares no disminuye ni exime de responsabilidad al Estado, no solo por su participación como perpetrador del delito y por su aquiescencia y complicidad demostrada en muchos casos, sino por su incapacidad para cumplir con su deber constitucional de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas”. De hecho, en conversación con Colombia Plural, Martha Nubia Bello explica cómo “bien por su participación directa en las desapariciones, especialmente en la década de los ochenta aunque regresa con los ‘falsos positivos’, o bien por su complicidad o silencio los agentes del Estado han obstaculizado el proceso de búsqueda y de esclarecimiento”. Las víctimas recuerdan que si ante el secuestros e creó un bloque de búsqueda no ocurrió nada parecido ni con la misma intensidad para buscar a los desaparecidos con la urgencia que imponen estos casos.
Tal y como se detalla en el informe, “la falta de voluntad política, expresada en el largo tiempo de reglamentación y funcionamiento de las medidas dispuestas para la atención, le ha significado a quienes sufren la ausencia de sus seres queridos, episodios de revictimización y desinformación frente a la desaparición forzada”. Aunque, la otra cara de la moneda es “la persistencia de las organizaciones de víctimas en la reivindicación de sus derechos, e incluso en la iniciativa de plasmar en papel referencias sobre la desaparición forzada en Colombia, en momentos en que esta no era reconocida, permiten constatar la negativa de las víctimas a ocupar un lugar pasivo y expresa su larga postura de resistencia”.
En la mesa de negociación de La Habana entre el Gobierno y las FARC se escuchó la voz y las propuestas de los familiares de las y los desaparecidos. Cerca de 60 organizaciones de familiares ayudaron a perfilar lo que los acuerdos contemplan para mejorar la búsqueda de los desaparecidos y resarcir a las víctimas. “Por eso es tan grave esta parálisis respecto a los acuerdos”, recuerda Bello, “porque está en vilo que se pongan en marcha los mecanismos que esta vez han sido consensuado con las víctimas y eso deja en suspenso la posibilidad de que recobren su protagonismo”.
Las recomendaciones
Ante esta realidad “pluriofensiva”, el CNMH hace muchas recomendaciones, aunque Martha Nubia Bello, también directora del futuro Museo Nacional de la Memoria y quien coordinó el informe ¡Basta ya!, las resume en tres: mucha más integración institucional para lograr una acción unificada y colaborativa que evite la dispersión y la superposición actual; mucho trabajo de campo en los territorios “porque ahí es dónde está el subregistro, en la gente que no ha podido hablar, denunciar los casos que no aparecen en ningún registro”, y la puesta en marcha de nuevos mecanismos institucionales, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición incluida en los acuerdos de La Habana porque “las víctimas han dejado claro que este informe –Hasta encontrarlos– no puede sustituir el trabajo de esa Comisión, que ojalá pueda hacer una trabajo exhaustivo en los territorios”.
En todo caso, las recomendaciones formales que hacen los relatores y relatoras pasan porque la Fiscalía no condicione la búsqueda de las víctimas en función de quién es el victimario; porque el estado aclare las funciones y evite solapamientos entre la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), mandatada por la Ley 589 de 2000, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que emana de los acuerdos de paz de La Habana; porque la nueva UBPD debe tenga autonomía financiera y organizativa y un enfoque que entienda las diferencias territoriales; por buscar la ayuda de expertos internacionales y forenses nacionales independientes; por un apoyo financiero y técnico contundente de la cooperación internacional; por implicar a la ciudadanía en la búsqueda de los desaparecidos; por un sistema de información que despeje las dudas que hoy hay sobre el número, el nombre y las circunstancias de las desapariciones forzadas; por eliminar la asimetría que hay en el tratamiento preferencial que el estado le ha dado a las víctimas de secuestro frente a las de desaparición forzada, entre otras.
Además el CNMH recomienda “al presidente de la república y otros altos funcionarios del Estado, realizar un acto público de reconocimiento por la responsabilidad del Estado en la acción u omisión de agentes del Estado en la perpetración de la desaparición forzada en Colombia” y que se realicen “las depuraciones necesarias en el personal de las Fuerzas Armadas, de Policía y de inteligencia, de sus agentes encontrados culpables o sospechosos de la conducta de desaparición forzada o de complicidades con este delito, impidiendo cualquier tolerancia o medida de protección a las personas responsables”. También pide a las Fuerzas Armadas que deje de interferir en los procesos judiciales ordinarios instalando procesos paralelos en la jurisdicción militar.
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