Reporte sobre la represión del Estado venezolano

Foro Penal Venezolano

Desde enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2016, el Foro Penal Venezolano ha registrado 6.535 arrestos con fines políticos, por distintos motivos que van desde   la publicación de mensajes en redes sociales contra el gobierno nacional o algún funcionario público, al haber participado en una manifestación política o protesta social contra la escasez de alimentos o productos básicos, inseguridad o mal funcionamiento de un servicio público, entre otros.

Actualmente, de ese número de personas que fueron arrestadas, 101 se mantienen tras las rejas y han sido calificadas por el Foro Penal como presos políticos o presos de conciencia, de conformidad con los criterios internacionales preponderantes.

Dentro del concepto de preso político incluimos a aquellas personas que han quedado detenidas tras haber sido presentadas a un tribunal de control el cual decidió preventivamente su privativa de libertad, así como aquellas personas condenadas por un tribunal de juicio. De este número, 24 presos políticos se encuentran condenados mientras que 77 se encuentran detenidos con procesos judiciales pendientes. Por otra parte, 2.055 personas que fueron arrestadas en alguna oportunidad, con fines políticos, se encuentran, aunque fuera de prisión, sometidas a medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales. Dentro de las medidas restrictivas se incluye la presentación obligatoria y regular ante tribunales, la prohibición de salida del país o de la ciudad de residencia, la prohibición de asociación y la prohibición de emitir mensajes públicos, ya sea en medios de comunicación o en redes sociales.

Como se ha señalado en informes anteriores, el  régimen utiliza lo que hemos denominado efecto de puerta giratoria, es decir, arresta a un número alto de personas a las que de forma planificada libera mientras a otros los mantiene privados de libertad. En este sentido, en el tercer trimestre del año desde el 1º de julio hasta el 30 de septiembre, en Venezuela han sido detenidas 253 personas de las cuales 13 han sido privadas de libertad tras ser presentadas en los tribunales mientras 57 se encuentran con restricciones a su libertad o bajo procesos judiciales. Respecto a esto último es de notar que el ciudadano Carlos Melo [1] si bien no ha sido contabilizado dentro de la cifra de privados de libertad en vista de que un tribunal de control decidió el 3 de septiembre su libertad bajo fianza, el 30 de septiembre aun continuaba tras las rejas en el SEBIN Helicoide por retardo procesal en cuanto a la compilación de requisitos para cumplir con los trámites de la fianza.

En virtud de la categorización de presos políticos [2], en este trimestre contabilizamos casos que se enmarcan dentro de alguna de las tres tipologías. Como ejemplo de la primera categoría, destaca el caso de Delson Guarate [3] quien el 2 de septiembre pasó a ser el cuarto alcalde detenido desde que Nicolás Maduro asumió  la  presidencia. Respecto a esta detención, llama la atención como el 30 de septiembre en sesión extraordinaria del Concejo Municipal se decidió su destitución, quedando como alcalde el concejal Brullerby Suárez del partido oficialista.

En la segunda categoría resalta una detención cuya finalidad no es más que una advertencia a todos los que en Venezuela difunden información, esto es el caso de la detención de Braulio Jatar [4], director de un medio digital de noticias que reportó una protesta efectuada contra el presidente Nicolás Maduro en su visita al sector Villa Rosa del Estado Nueva Esparta.

En lo que concierne a la tercera categoría, destacan las detenciones de Yon Goicoechea [5] y Alejandro Puglia [6], las cuales son consecuencia de una campaña de vieja data pero intensificada desde el 2014 de convertir al dirigente opositor en un terrorista o golpista para así justificar ampañas gubernamentales que se refieren a la supuesta existencia de una conspiración o golpe de Estado.

Ahora bien, desde el 1º de enero hasta el 30 de septiembre de 2016, el Foro Penal Venezolano ha registrado 2.436 arrestos, de los cuales quedaron encarcelados 35 presos políticos.

Es de notar que, contradictoriamente, desde el comienzo de las reuniones para el diálogo entre el gobierno y la oposición, conducidas este año por los mediadores José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, la cifra de detenidos y presos políticos se ha incrementado exponencialmente.

En este sentido, desde el 1º de enero hasta el 30 de abril de este año, se habían efectuado 248 arrestos con fines políticos, de los cuales 4 quedaron encarcelados como presos políticos. Por su parte, en el mes  de mayo, cuando los mediadores visitaron al país por primera vez asumiendo dicho rol, hasta el 30 de septiembre, 2.188 personas fueron arrestadas, de las cuales 31 quedaron encarceladas como presos políticos.

Ahora bien, en el último trimestre observamos con preocupación la persecución y detención a activistas y dirigentes políticos. En este sentido, resaltamos el arresto por 6 días de 5 activistas juveniles del partido Voluntad Popular en el Estado Bolívar quienes se encontraban reunidos en una panadería para posteriormente repartir panfletos. Asimismo destacamos el arresto por 2 días de 5 activistas juveniles del Partido Primero Justicia en el Estado Zulia.

Preocupa, a su vez, la persecución mediante allanamientos y citaciones contra otros dirigentes como Lester Toledo, Concejal en el Estado Zulia; Warner Jiménez, alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas; y David Smonlansky, alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Miranda.

En este trimestre no solo las detenciones arbitrarias han sido una práctica represiva, el Foro Penal Venezolano ha registrado trato cruel e inhumano en protestas por escasez de alimentos como lo es el caso de Emanuel Hernández, quien tras realizar un reclamo cuando se encontraba en una cola para comprar productos alimenticios escasos a las afueras de un supermercado, fue arrestado arbitrariamente por la guardia nacional y encerrado en un cuarto oscuro dentro del mismo supermercado donde recibió fuertes golpes que le produjeron una fractura en el tabique.

Por otro parte, la enfermedad de los presos políticos y la falta de atención médica se han convertido en algo regular. El 14 de septiembre de 2016 el Foro Penal hizo entrega a la Defensoría del Pueblo de un informe sobre el delicado estado de salud de 35 presos políticos. Respecto a esto es de resaltar el caso de Efraín Ortega [7], quien además de haber sido torturado tras su detención con golpes y descargas eléctricas, se le ha negado la atención médica adecuada cuando requiere de forma urgente una cirugía cardiovascular. Actualmente mientras Efraín espera por atención medica, sus familiares temen por su vida en vista de que presenta síntomas tales como intenso dolor de cabeza, tensión alta, mareos, pupilas dilatadas y zumbidos en los oídos. Ello sin contar que desde su detención padeció un quiste en el riñón derecho por sus problemas de hipertensión, escabiosis, problemas renales y hepatitis A y B. Efraín ha rebajado más de 50 kilos desde su reclusión.

En una situación similar se encuentra Vladimir Araque [8], detenido desde mayo del 2014 por presuntamente financiar las protestas de ese año. Vladimir sufre de un tumor cerebral y diversas complicaciones, producto del mismo. Sobre su estado de salud, el secretario general  de la OEA, Luis Almagro, se pronunció y pidió urgentemente su asistencia médica la cual no se ha realizado.

Tal como lo hemos señalado en diversas oportunidades, el sistema de justicia venezolano funciona efectivamente como arma política de persecución  e intimidación sistemática de la disidencia mientras Venezuela se coloca en el último lugar del mundo en cuanto a la existencia de un Estado de Derecho [9].

Notas

[1] Carlos Melo, detenido el 31 de agosto del 2016 por el SEBIN, es dirigente del partido Avanzada Progresista.

[2] Categoría 1: Aquellos individuos presos o detenidos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político aislándolo del resto de la población; Categoría 2: Aquellas personas que se detienen, no por representar una amenaza política individual para el régimen, sino por ser parte de un grupo social, tales como estudiantes, comunicadores,  defensores de derechos humanos, jueces o  militares, con el objeto de intimidar a ese grupo social; Categoría 3: Está conformada por aquellas personas que no representan una amenaza política para el gobierno ni de forma individual ni como parte de un grupo social, pero son utilizados como justificación de una campaña o propaganda política.

[3] https://foropenal.com/content/delson-guarate

[4] https://foropenal.com/content/braulio-jatar

[5] https://foropenal.com/content/yon-alexander-goicoechea-lara

[6] https://foropenal.com/content/alejandro-puglia

[7] https://foropenal.com/content/efra%C3%ADn-jos%C3%A9-ortega-hurtado

[8] https://foropenal.com/content/vladimir-ar%C3%A1que-hainal

[9] Ver índice de Estado de Derecho en www.worldjusticeproject.org

[Tomado de https://foropenal.com/sites/default/files/INFORME%20REPRESION%202016%20OCT12%20RE%20%281%29.pdf.]