Edo. Amazonas: Se presenta detallada investigación referida al impacto de la minería sobre indígenas yanomami

Luis J. Bello y Aimé Tillet

* Lo que sigue es la Introducción a Minería en la Amazonia venezolana: Derechos indígenas y ambientales. El caso del pueblo Yanomamí. Para descargar el texto completo, ir a http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Miner%C3%ADa-en-la-Amazon%C3%ADa-Venezolana.-Derechos-ind%C3%ADgenas-y-ambientales.pdf.

Esta investigación ha sido promovida por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) conjuntamente con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), con el objeto de generar un debate en torno a la minería, a propósito de cumplirse 20 años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 indígenas Yanomami, por mineros ilegales brasileros (garimpeiros), en el extremo sur-este del estado Amazonas, Venezuela. Este asesinato constituye un acontecimiento que ha marcado la vida del pueblo Yanomami en las dos últimas décadas, sobretodo por la situación que este hecho devela: la presencia violenta e incontrolada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, comúnmente llamados “garimpeiros”. Este trabajo pretende llamar la atención sobre la actividad minera ilegal que continúa practicándose en su territorio, sin haberse logrado la implementación de programas permanentes de control y vigilancia. En la actualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Ocamo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sur-este de Venezuela.

Se ha querido destacar la inminente ejecución de la nueva política minera del Estado venezolano, promovida por el Gobierno desde 2011, la cual incluye exploración y explotación de minerales (oro, diamante, bauxita, coltán, hierro, uranio, etc.) al sur del Orinoco (Arco Minero del Orinoco), en convenio con diferentes países y empresas trasnacionales (CITIC Group). Pareciera entonces que se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amenazas a la vida colectiva de los pueblos indígenas. En este sentido, los derechos constitucionales de los pueblos indígenas –tan valorados en términos de reconocimiento– el derecho a la demarcación de sus hábitats y tierras, los derechos culturales y la consulta previa e informada, pasan de una lenta e insuficiente implementación, a una posible violación.

La investigación cuenta con el prólogo del reconocido profesor universitario Esteban Emilio Mosonyi, el cual partiendo de algunos presupuestos globales hace un análisis crítico de las nuevas políticas extractivas del Estado venezolano y de sus posibles consecuencias para la sociodiversidad nacional, y amazónica en particular.

El académico no sólo cuestiona los planes mineros extractivos, sino que destaca la contradicción entre los postulados del Plan de la Patria 2013-2019, relativos a la salvación ambiental del planeta y la humanidad, y la promoción de nuevos modelos económicos basados en el rentismo petrolero-minero.

El trabajo comienza destacando el caso de la Masacre de Haximú, ocurrida en el año 1993, incluyendo no sólo sus aspectos materiales (hechos) sino particularmente el seguimiento del caso en diferentes instancias nacionales (investigación y proceso judicial) e internacionales, hasta llegar a un acuerdo con el Estado venezolano en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se presentan y analizan algunos planes de seguridad y defensa destinados a controlar la minería ilegal en la región amazónica, dando cuenta de sus aspectos positivos, pero también presentando aspectos críticos vinculados a la falta de permanencia estructural en la amplia margen fronteriza y la ausencia del carácter bilateral. También se incluyen aspectos relacionados con la promoción de la nueva política minera del Estado venezolano, vinculada a la aprobación en el año 2011, del “Arco Minero del Orinoco”, la nacionalización de la Minería del Oro, y de los Convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China para la exploración y explotación de minerales. Se incluyen aspectos relativos al marco jurídico de la actividad minera y de los posibles impactos ambientales y socioculturales, los planes de la Nación, el marco legal de los acuerdos bilaterales y los derechos constitucionales indígenas y ambientales en contraposición a la posible ejecución de proyectos mineros extractivos. Se hace referencia a los cuestionamientos nacionales a estos proyectos, y a la fuerte oposición que han expresado los pueblos indígenas y sus organizaciones.

En este sentido, este trabajo pretende llamar a la reflexión en torno a las contradicciones que la agenda de derechos indígenas y ambientales implican en el contexto de una economía nacional marcada por un modelo extractivista altamente dependientede los recursos naturales, como única vía aparente para mantener la inversión social dirigida a las grandes mayorías de la población venezolana e intentar dar un giro al modelo de sociedad imperante.

Esto implica una discusión más de fondo, que tiene que ver con los modelos de desarrollo socioeconómico sostenibles para la Amazonía. En concreto, es necesario discutir en profundidad y con los diversos sectores de la región los modelos de desarrollo a ser implementados, desde el punto de vista de su viabilidad ecológica, ambiental y social. La alta fragilidad del ecosistema amazónico y los impactos culturales en los pueblos que lo habitan, determinan que los modelos viables para la región no son los basados en el extractivismo masivo de recursos naturales (modelo extractivista minero), sino la preservación del agua para el futuro, el uso racional de la biodiversidad y de los recursos del bosque. Las diferentes políticas públicas para la Amazonía venezolana considerada como un todo, deberían entonces estar encaminadas -sobre todo en lo económico-, a superar el modelo de desarrollo extractivista rentista y a proyectar y promover alternativas realmente sostenibles ambiental y socialmente, preservando la riqueza que significan las fuentes de agua del país, la biodiversidad y la sociodiversidad amazónica.