¿Guerrilleros colombianos haciendo minería en Venezuela?

Rafael Uzcátegui

En el año 2012, el Centro Internacional de Toledo para la Paz -CITpax Colombia- divulgó su informe Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia en el que describe las actividades mineras realizadas por diferentes grupos armados ilegales en ese país. Como explicaron, no era una actividad reciente y de ella se han beneficiado tanto los paramilitares como las guerrillas.

Ya sea como beneficio directo o como una participación indirecta y en favorecimiento de otros, los actores armados ilegales han vulnerado derechos de la población, de líderes y de sindicalistas para conservar fuentes de financiamiento que obtienen por cuenta de la minería -de todo tipo de material- y del petróleo, así como por las acciones de sabotaje a oleoductos. “No es sorprendente -expresan en el informe- que el mapa de las actividades extractivas en el país coincida con la ubicación de los grupos armados ilegales y que la minería ilegal haya contribuido al desarrollo de mercados de violencia”. Según la investigación, el aumento del interés de los grupos armados por la minera es consecuencia de “haber encontrado nuevas modalidades para captar parte de las utilidades/ganancias de las empresas así como de las regalías que el Estado redistribuye a las regiones”; y en segundo lugar, porque “la producción y comercialización se volvieron menos complicadas y arriesgadas en comparación con la producción y procesamiento de la cocaína”.

Denuncias recopiladas por Provea en su Informe Anual 2015 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela parecen sugerir que algunas de estas organizaciones, específicamente de tipo guerrillero, han cruzado la frontera y estarían realizando actividades de minería en nuestro país.

En diciembre de 2014, indígenas Eñepa y Joti del estado Bolívar hicieron pública una denuncia sobre la presencia en sus territorios de grupos armados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la presunta complicidad de la FANB. Según el texto, 4 personas armadas y uniformadas recorrieron la Sierra Maigualida. El 2 de octubre de 2014 visitaron a la comunidad Eñepa y Joti de Mátura. En el sector indígena Joti Jkwiwi Jtaune, autoridades tradicionales los interrogaron por su presencia en la zona, a lo cual respondieron que se reunirían en Boca de Nichare del río Caura con otro grupo de guerrilleros y que tenían “presencia por el norte, por el sur, por el este y oeste”.

De igual forma el 11 de diciembre de 2014, la Organización de Mujeres Indígenas del Amazonas (Omida) emitió un comunicado para pronunciarse por la presencia de grupos armados que se autoidentificaron como integrantes de las FARC, así como de mineros ilegales en sus territorios.

“La presencia de grupos armados no estatales representa una amenaza para la vida, autodeterminación y derechos territoriales de los pueblos indígenas de Amazonas, circunstancia que afecta con mayor contundencia a las mujeres indígenas”. Denunciaron que acosan, hostigan y amenazan a las ancianas sabias, lideresas e integrantes de la organización. Estos grupos, según los indígenas, protegen a mineros ilegales a través de la coerción, amenaza y amedrentamiento, obligando al desplazamiento de las comunidades. Además hicieron un llamado de alerta para evitar el reclutamiento forzoso de sus miembros jóvenes y niños.

Por otra parte, en el documento Plan estratégico para desalojar y detener a los mineros ilegales -redactado por una organización indígena del Amazonas cuyo nombre nos reservamos ante la posibilidad de represalias- y entregado a las autoridades regionales, se denuncia que “supuestamente algunas máquinas utilizadas en los yacimientos pertenecen a las FARC”.

De extremo a extremo

Del otro lado del país, en el estado Zulia, también se ha denunciado la presencia de grupos armados de la guerrilla colombiana. La Sociedad Homo et Natura, en el texto llamado El cierre de la frontera, indígenas y factores armados, afirmaron: “hoy el Gobierno, alguno de sus funcionarios e instituciones permite y le ha entregado las fronteras culturales a la penetración física y cultural colombiana y sus grupos armados, a los que no por el simple hecho de accionar contra el Paraestado colombiano derechista pudiéramos considerarles una militancia revolucionaria. Es un grave error que sólo las comunidades deben padecer. Muchas aguas han pasado bajo el puente desde las luchas clandestinas y revolucionarias de estas selvas suramericanas. Su presencia e injerencia, aunque no de derecha clásica, es también un Paraestado. No podemos entregarles los destinos, el control y la vida de los pueblos fronterizos”.

Denunciaron que los municipios estarían sectorizados por grupos ideológicos armados, delincuencia común organizada o las policías. “Practican el cobro de vacunas, imponen órdenes a los indígenas”. Organizaciones indígenas de la Guajira formularon una denuncia similar ante Provea sobre la actuación de grupos identificados con la guerrilla colombiana; sin embargo, por temor a represalias, los denunciantes solicitaron que no se hiciera pública.

Las conversaciones de paz son una excelente noticia para Colombia, sin embargo ¿deberíamos preocuparnos por los sectores reacios a la desmovilización? ¿Cruzarán la frontera para controlar pedazos de territorio y, entre otras actividades, incorporarse a la minería en nuestro país?

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/45715-guerrilleros-haciendo-mineria-en-venezuela.]