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miércoles, 23 de marzo de 2016

Violencia en Venezuela: Desmontando la censura y la historia oficial



Observatorio Venezolano de Violencia

El 2015 cerró como el año más violento y con mayor criminalidad: las cifras más grandes de homicidios, robos, secuestros, extorsiones en la historia del país. Sin embargo, las cifras oficiales no dijeron nada. El silencio parece ser la política oficial desde hace más de una década… El presente trabajo recoge lo que ha sido la historia y metodología de trabajo del Observatorio Venezolano de Violencia, el informe que presenta la institución del año 2015 y un artículo de su director, que intenta comprender y explicar la violencia y la criminalidad en nuestro país.

A comienzos del año 2004 fue la última vez que se entregaron o se permitió a investigadores o periodistas el acceso a las cifras oficiales de criminalidad. Fueron las cifras del año 2003 y mostraban una cruda realidad que se deseaba ocultar: durante el gobierno de Hugo Chávez los homicidios habían crecido de una manera excepcional. Cuando el candidato Chávez estaba en campaña electoral, en el año 1998, se cometieron en el país 4.550 homicidios, y luego de cinco años de gobierno, en el año 2003, hubo 11.342 asesinatos, es decir 2,5 veces más. Ante esas alarmantes cifras, las autoridades consideraron que la población no debía conocer más esa realidad; por eso no emitieron más informaciones, cerraron la oficina de prensa que había en la sede de la policía de investigación y, para inicios del año 2005, cuando debían hacerse públicos los acumulados de delitos conocidos por la policía, hubo silencio. En el año 2005 no se entregaron las cifras correspondientes al año 2004, los funcionarios dijeron que debían revisar los datos, luego fueron esquivos en las respuestas y, al final, simplemente dejaron de contestar solicitudes y no hubo más respuestas.

Para ese momento los grupos de investigadores de las universidades nacionales, que ya teníamos más de diez años trabajando sistemáticamente en el tema de la violencia y la inseguridad, entendimos que había algo más que un simple percance burocrático.  Había una decisión de ocultar una cruda realidad, de no permitir que la población común conociera lo que estaba aconteciendo con la criminalidad y, podíamos intuir, el deseo de construir sobre la censura y la ignorancia una historia oficial sobre el tema.

La creación del Observatorio Venezolano de Violencia
Por esa razón, en el año 2005, un grupo de investigadores de las universidades nacionales, públicas y privadas, decidimos que debíamos ofrecer una información alternativa a la sociedad y creamos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). El grupo inicial estuvo conformado por los equipos de investigación de las universidades que ya estábamos integrados en una red: la Universidad Central de Venezuela, en Caracas; la Universidad del Zulia, en Maracaibo; la Universidad de Oriente, en Cumaná y la Universidad Católica del Táchira, en San Cristóbal. Posteriormente se fueron incorporando la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto y la Universidad Católica Andrés Bello en Ciudad Guayana y en Caracas. El propósito fue ofrecer a la sociedad información veraz y oportuna sobre cuatro derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad y el derecho al debido proceso judicial. Esto significa conocer sobre la ocurrencia de homicidios, lesiones, robos, secuestros y funcionamiento del sistema de justicia penal.

Para poder tener información local más detallada de la evolución de la violencia, este año 2016 el OVV fortalecerá la presencia nacional con el establecimiento de cinco observatorios regionales: en el estado Táchira, con la Universidad Católica del Táchira; en el estado Sucre, con la Universidad de Oriente; en Lara, con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado; en el estado Bolívar, con la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana;  y en Caracas, con la Universidad Central de Venezuela. En varios países de América Latina, y más recientemente en Venezuela, han surgido muchos Observatorios de Violencia o Seguridad que difieren de la experiencia del OVV porque surgieron o son organizados por los gobiernos, solos o en cooperación con la sociedad civil, para conocer mejor la situación de inseguridad. En el caso del OVV, es una iniciativa autónoma de la sociedad civil y de las universidades venezolanas que surgió,  bien al contrario, como respuesta a la censura del gobierno, que ha pretendido desconocer y ocultar el problema. Ahora bien, ¿cómo se podía sortear la censura que establecían las autoridades?

La metodología del Observatorio Venezolano de Violencia

Como académicos pensamos que con los medios que la ciencia nos ofrecía y que como investigadores teníamos a nuestra mano: las herramientas disponibles para recolectar la información, procesarla, analizarla y proyectarla cuando fuese necesario. Desde sus inicios, el OVV ha trabajado con tres tipos de fuentes de información diferentes: en primer lugar, con los datos que aparecen en la prensa nacional, allí se reseñan los sucesos notorios de criminalidad; en segundo lugar, con los archivos oficiales, donde se debe registrar la información oficial, y, finalmente, en las encuestas de victimización aplicadas en los hogares.

Para superar el silencio y la censura acudimos, en primer lugar, a la prensa. Para ese momento todavía había en circulación prensa escrita con abundantes páginas y los reporteros de sucesos siempre han sido los primeros en llegar, casi antes que la policía, a los lugares donde ocurren estos hechos violentos. Los periodistas conversan con los testigos y los familiares, y reportan lo ocurrido antes que llegue la censura. Los medios recogen tanto el suceso como el impacto emocional en los testigos y el dolor en las familias.  Allí se desarrolló una metodología para registrar y contabilizar los sucesos de violencia, se crearon planillas y programas sencillos de computación para procesar los datos y se crearon los observatorios de prensa en las distintas universidades.

En segundo lugar, usamos los archivos oficiales donde se registra primariamente la información que llega a los cuerpos policiales. Lo registrado son los llamados “delitos conocidos” por las autoridades, aquellos donde hay una denuncia o una actuación policial.  Esos datos se registran en las policías y se suman a nivel de estados y luego a nivel nacional; son las cifras cuya difusión ha estado prohibida por los jefes de turno. Ahora bien, esos datos, de acuerdo a la ley venezolana, son públicos, son de la sociedad, no son propiedad del gobierno, sino de todos los venezolanos. Por eso, desde sus inicios, el OVV ha recibido datos oficiales de manera no-oficial, anónima, entregada por venezolanos honestos que piensan que se trata de una realidad que no debe ocultársele al pueblo venezolano. La información no es completa, ha sido parcial, fragmentaria. Por eso establecimos mecanismos de control de calidad, por eso hemos agradecido la cooperación de tantos héroes anónimos.

Pero hay hechos violentos que no llegan al conocimiento de la prensa ni de las autoridades. En efecto, los estudios realizados por las universidades, así como por el gobierno, coinciden en que seis de cada diez delitos no son denunciados a las autoridades. En la encuesta sobre Condiciones de Vida, Encovi, que llevaron a cabo la UCAB-UCV-USB, a fines del año 2015, el 64 % de las personas que reportó haber sido víctima de un delito violento durante el año anterior, manifestó que no lo había denunciado a las autoridades. Por eso, la única manera de conocer la situación que se oculta detrás de esa cifra negra son las encuestas de victimización, en donde a una muestra representativa del país se le pregunta directamente si ellos, o alguna persona de las que vivía en esa casa, había sufrido un delito. En el OVV hemos utilizado para nuestros cálculos e informes, tanto las encuestas hechas por las universidades, como las realizadas por el Gobierno nacional, a pesar de que este ha pretendido, sin éxito, ocultarlas a los venezolanos.

Homicidios y muertes violentas en Venezuela
Pero de todos los delitos violentos, es el homicidio en donde existe menor cifra negra, pues no requiere de una denuncia; la policía y las autoridades pueden y deben actuar sin que medie una denuncia pues hay un cadáver cuya muerte requiere ser investigada. Por eso en los estudios internacionales, así como en el OVV, hemos puesto énfasis en la situación de las muertes violentas, como un indicador relevante de lo que acontece con la criminalidad.

Uno de los aspectos más significativos en la sociedad venezolana no es tanto que haya aumentado el delito, como que se ha incrementado el componente violento del delito. Lo que llama la atención no es que roben a las personas, sino que además, y sin una razón comprensible, las asesinen. En términos de los delitos contra la propiedad, lo que se ha observado es que se ha incrementado el robo, ejecutado con amenaza o ejercicio de la violencia, y no el hurto pacífico.

Las muertes por “causas externas”, como las denomina la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), pueden ser clasificadas de manera gruesa en tres tipos: homicidios, suicidios o accidentes. En el OVV no consideramos en nuestros estudios ni los suicidios ni los accidentes, solo los homicidios. Sin embargo en Venezuela, la clasificación que se utiliza en la estadística oficial se corresponde a las leyes del país y se pueden encontrar en tres categorías: los homicidios, las averiguaciones de muerte y la resistencia a la autoridad.

En la clasificación de Venezuela los homicidios son aquellas muertes violentas donde se ha abierto un expediente judicial y el caso ha ingresado al sistema de justicia penal. Las averiguaciones de muerte son aquellos fallecimientos en los cuales la causa de muerte no tiene una causa o intencionalidad conocida. Y la resistencia a la autoridad, que puede significar muchas cosas, como fácilmente se puede imaginar el lector, en la práctica se refiere a las personas que mueren por las acciones de la policía o los militares, las cuales pueden ser legales, como las realizadas en defensa propia, o claramente extrajudiciales, como los ajusticiamientos.

Uno de los aspectos que puede explicar la gran diferencia entre las pocas y parciales cifras de violencia que dan las autoridades nacionales y las que ofrecen los investigadores de las universidades, tiene su origen en esta clasificación. Para el OVV los homicidios como fenómeno social son todas esas muertes violentas. Los que fallecen a manos de los delincuentes y los que mueren por acciones de los policías. Y también los que quedan en ese limbo que se denomina “averiguaciones”, donde encontramos que quedan registrados miles de casos de personas que fallecieron, por ejemplo, como consecuencia de un disparo de arma corta, pero que se clasifican como “averiguación”, pues no se conoce la intencionalidad de la acción. Nosotros esos casos los incluimos y sumamos entre las muertes violentas, pues, ¿qué otra intencionalidad puede tener quien dispara un arma corta? Incluso, las llamadas “balas perdidas”, quizá equivocaron el destinatario, pero la intencionalidad es matar.

Las proyecciones estadísticas y las cifras oficiales

El Gobierno nacional mantiene cerrados los archivos oficiales sobre criminalidad, en las páginas web del Gobierno no se encuentran datos sobre ningún tipo de delito, lo cual es absolutamente de libre acceso y común ubicar en cualquier otro país de América Latina, excepto Cuba. Por años, en las páginas web del Instituto Nacional de Estadística (INE) solo se encontraban las cifras de suicidios hasta el año 2003. Los funcionarios ofrecen cifras parciales e incompletas, refieren porcentajes y a veces tasas por cada cien mil habitantes, pero no muestran los datos absolutos, ni las secuencias de años anteriores que pudieran, en la comparación, ayudar a comprender si los casos aumentan o disminuyen. Ante esa situación de precariedad informativa, en el OVV desarrollamos una metodología de proyección estadística de muertes violentas, usando las mejores herramientas disponibles en la ciencia, para poder ofrecer a la sociedad la mejor información posible.

Consideramos que se debían incluir los casos formalmente establecidos como homicidios, las muertes violentas y los casos de resistencia a la autoridad. En la búsqueda de los mejores modelos de predicción, se estudiaron los modelos de suavizamiento exponencial y los modelos autoregresivos de promedios móviles integrados (ARIMA), resultando un modelo ARIMA(0,1,0) para la serie de Homicidios, un modelo simple para la serie de casos de Resistencia a la Autoridad y el modelo de suavizado exponencial de Brown para la serie de casos de Averiguaciones de Muertes. Los modelos son alimentados con las informaciones oficiales y oficiosas que obtenemos y los distintos escenarios son tratados y las conclusiones asumidas de una manera conservadora, buscando, con humildad y modestia, establecer los estimados más prudentes. Sin embargo, los resultados son escandalosos y nos colocan, con una tasa de 90 asesinatos por cada cien mil habitantes (100mil/h.) para el año 2015, entre los dos países más violentos del mundo.

Las proyecciones que en el pasado ha realizado el OVV han resultado después confirmadas con creces cuando el propio gobierno nacional ejecuta sus propias encuestas de victimización. Para el año 2009, nuestras estimaciones de muertes violentas fueron de una tasa de 54 por cada 100mil/h. y la encuesta del gobierno arrojó 75. Para el año 2012 el OVV estimó 73 asesinatos por cada 100mil/h. y la encuesta que el gobierno realizó y ocultó, calculó la tasa en 77,5 asesinatos por cada 100mil/h. Algunos críticos del OVV afirman que las cifras no son reales, que son proyecciones estadísticas, y se atreven a postular que la realidad de las cifras del país es otra. En el OVV respondemos que eso se resuelve de una manera muy sencilla: que el Gobierno abra los archivos oficiales y permitan el libre acceso a la información a todos los venezolanos. En el OVV nunca hemos ocultado que hacemos proyecciones estadísticas y siempre hemos dicho que lo hacemos porque hay censura y no hay datos oficiales. Si se abren los archivos y se comprueba la calidad de la información, los investigadores de las universidades nacionales no tendríamos ningún problema, con toda humildad, de cambiar nuestras estimaciones y cálculos. Pero, a veces, nos llega la duda y nos preguntamos con dolor si no será acaso mucho peor la situación de criminalidad y violencia en el país, ya que no se atreven a mostrar las cifras.

La historia oficial

La contraparte de la censura ha sido, durante una década, intentar construir una historia oficial de la situación de violencia. Esa propuesta ha tenido dos ejes que la acción de la sociedad civil y de las universidades ha logrado desmontar.

La primera tesis ha dicho que la situación de violencia ha existido siempre y que era peor antes, que la culpa es del pasado, de la llamada “cuarta república”. Según esto, antes del gobierno “bolivariano” habían más homicidios y robos, las cárceles estaban peores; incluso, en fecha reciente se ha afirmado que las armas largas que estaban en una cárcel y que esgrimían con feroz demostración de fuerza los internos, provenían de la “cuarta república”. La realidad es otra. En los diecisiete años del gobierno se pasó de 4.550 homicidios en 1998, a 27.875 asesinados en 2015. La situación no estaba bien en 1998, nos dolía y preocupaba ese alto número de víctimas y la tasa de 19 homicidios por cada 100 mil/h. Pero la situación se ha convertido cada año en algo peor, hasta alcanzar la tasa de 90 por cada 100 mil/h. En 2015 hubo cuatro veces y media más homicidios que en 1998.

La segunda tesis es que el problema no es solo de Venezuela, que es igual o peor en otros países vecinos o cercanos. Bueno, en principio habría que repetir la vieja conseja: mal de muchos, consuelo de tontos. Pero, además, no es así. Si tomamos las tasas por cien mil habitantes, para poder hacer las comparaciones, tenemos que nuestra vecina Colombia, que por décadas fue el país más violento del mundo, con dos guerrillas y paramilitares, tuvo para el año 2015 una tasa de alrededor de 32 homicidios, tres veces menor que la de Venezuela. Brasil ha mantenido su tasa de 23 homicidios por años, es decir, cuatro veces menor que nuestro país. Y México, a pesar de la espectacularidad de su criminalidad y la amplia cobertura mediática, tiene una tasa de 18 homicidios; es decir, ¡somos cinco veces más violentos que México!

El OVV observa y llora
El logo que identifica al Observatorio Venezolano de Violencia es un ojo que observa y llora. Es un llanto que acompaña el dolor de las decenas de miles de víctimas y de sus familiares. Aunque, más allá, es el lamento por una sociedad que se nos volvió agresiva y desconfiada, por un país donde no hay justicia ni protección personal. Un país donde quienes sufren más de la violencia y el delito, hasta del secuestro, son los pobres. Pobres a quienes la violencia convierte en familias todavía más pobres, sometidas al miedo y desamparadas. Al observar la violencia, al mostrar sin tapujos su magnitud y gravedad, pretendemos estremecer la conciencia de la sociedad, las familias y las autoridades, haciendo pública la exigencia de detener la muerte y la agresión entre venezolanos.  Convocamos a las mayorías del país, quienes son personas de bien, honestas y no violentas, a un trabajo cívico y cotidiano, que utilice el diálogo y la formación moral,  para erradicar la agresión de la mente y del corazón de los individuos.

Nada puede justificar la violencia contra un ser humano, y el respeto a estos valores universales, de la vida y la dignidad de las personas, necesita ser promovido por todos y cada uno de los ciudadanos, en defensa de la protección y de los derechos humanos. Las autoridades e instituciones públicas deben ser garantes y voceros de la pacificación del país,  pues les compete asegurar  la paz, la justicia y la vigencia del  Estado de derecho. La violencia, la agresión y el miedo, afectan la salud física y mental de la población, truncan sueños y están cercenando oportunidades de desarrollo, nuestra calidad de vida y el destino personal y social de muchas familias y comunidades. Al demandar el derecho a recibir información veraz, oportuna y sin censura, el OVV ratifica su compromiso con la defensa al sagrado derecho de la vida y con la exigencia del derecho a  la libertad de vivir sin miedo a ser víctimas de la violencia.

Superar la violencia requiere de un refuerzo de los valores morales de las personas, de instituciones justas que promuevan y ejerzan la equidad. Se requiere de una sociedad que respete la vida y fomente la fraternidad y la solidaridad. Y esa es una labor que desde el OVV sostenemos debe concitar la voluntad de todos los sectores sociales, todas las religiones y todos los colores políticos, para que podamos vivir juntos todos los desiguales y diferentes, y podamos construir la paz y el bien común.

[Tomado de http://revistasic.gumilla.org/2016/desmontando-la-censura-y-la-historia-oficial.]



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