Humberto Decarli
De nuevo una matanza ocurre en Venezuela. Se trata de la desaparición de mineros en la localidad de Tumeremo en el estado Bolívar porque aún no se localizan los cuerpos de los fallecidos y probablemente mutilados, como lo afirman los testigos presenciales, por el sonido de las motosierras acompañantes de los asesinos.
Una reproducción de El Amparo
La amenaza de supresión de un comando militar y policial, el CEJAP, en el occidente del país dio lugar a que un grupo de efectivos militares y policiales efectuara unas masacres para dar justificación a su existencia. Fueron denominadas “los Amparitos” donde todos resultaron muertos, en referencia a la mayor, la de El Amparo. En ésta, para desgracia de los genocidas, hubo dos pescadores que sobrevivieron y dieron su testimonio en los tribunales de la nación pero nunca obtuvieron justicia por la carencia del más elemental estado de derecho en Venezuela.
Afortunadamente acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se produjo una sentencia donde el Estado venezolano aceptó su responsabilidad, debía indemnizar a los familiares de los fallecidos y a los sobrevivientes, amén del procesamiento punitivo de los responsables.
El gobierno chavista aceptó pagar los daños pero ha sido imposible el encausamiento de los asesinos por la impunidad reinante en el país. El cuadro dirigencial del aparato estatal venezolano está integrado por uniformados y es imposible enjuiciar a sus colegas por tan horrendo acontecimiento.
En Tumeremo, al igual que en El Amparo, ha sucedido algo similar: hay sobrevivientes quienes son testigos de la arbitrariedad. Sin embargo, la primera reacción oficialista fue digna de Ripley porque el gobernador de Bolívar desmintió haberse perpetrado las ejecuciones aunque el Ministerio Público designó dos fiscales para investigar. El ministro de la defensa, General López Padrino, reaccionó señalando que no aceptaba ofensas a los militares en una ostensible intimidación.
Recurrentes actos de barbarie
El país ya no se asombra de la cotidianidad de las muertes en la calle. La normalidad de atracos, homicidios, secuestros y desapariciones se han convertido en hechos reiterados que apuntan hacia su banalización. La inseguridad personal es una característica de la normalidad en la nación. Muertes por robar un celular o una cartera; asaltos en los vehículos colectivos, agresiones por el más mínimo incidente, robos de cauchos, baterías, carros y repuestos, son sucesos absolutamente habituales.
La promoción del delito es realmente una política de Estado y es el lumpen quien gobierna al país en una alianza con políticos de baja estofa, policías y militares. Pranes dirigiendo delitos desde sus centros de reclusión y gerenciando cárceles y un toque de queda decretado por un malandro en el norte de Maracay, Esta sombría asociación ha generado una total desmoralización de la sociedad y de allí que países con más pobreza tengan índices delictivos considerablemente irrisorios frente a los nuestros donde más de 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes nos presenta como la nación con mayores dígitos en la materia.
Aunado a las anteriores circunstancias vemos cómo los centros de detención son escasos y existe una sobrepoblación carcelaria al no haber dónde colocar a quienes se encuentran procesados o sentenciados penalmente y la situación socio-económica se ha agudizado, causando desempleo, exclusión social, desabastecimiento, escasez y la guida de la torta, la inflación más alta del planeta.
Desarrollo de la investigación
Los fiscales comisionados para la investigación lo primero que hicieron, como lo denunció el diputado Américo De Gracia, fue delatar a los testigos ante los policías y los delincuentes al revelar sus identificaciones. Seguramente el oficialismo, ante la erupción de la denuncia ante la opinión pública, acudirá al lugar para hacer algún procesamiento y cubrir de alguna manera las apariencias.
Sin embargo, la población de Tumeremo continúa en movilización permanente y ha bloqueado la troncal dirigida hacia Brasil con lo cual presionan directamente para alcanzar algunas conclusiones y obligar a los funcionarios policiales y militares a cumplir el análisis criminalístico del asesinato masivo.
Masacres del chavismo
Esta administración se ha esmerado en investigar los atropellos ocasionados durante el puntofijismo pero ha hecho omisión de los suyos. En efecto, Cantaura, Yumare, el Caracazo, El Amparo, los Amparitos, las torturas y desapariciones acaecidas en los sesenta y setenta, han sido analizadas y se han producido algunas sanciones.
No obstante, los abusos desde hace 17 años no tienen sanción. Las masacres de la Paragua y Llano Alto, las acontecidas en las cárceles y en especial en Uribana, la desaparición de hace un año de Alcedo Mora en Mérida sin resultado alguno y ahora Tumeremp, son muestras de esta omisión.
Significación
Estos sucesos simbolizan mucho en un momento donde Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia en todos los órdenes. No hay aspecto de la vida nacional en el cual no se observe una coyuntura anómala. Los reyes Midas invertidos han generado una posición de decadencia y han destruido el pésimo legado de la cuarta república.
La actividad minera, rentista como la de hidrocarburos, ha sido empleada para rematar los activos de la nación en la búsqueda de dinero fresco para afrontar el déficit fiscal engendrado por un rentismo de la peor ralea. Continúa la misma mentalidad conocida como la enfermedad holandesa. Tendría que ocurrir una guerra en el Oriente Próximo, my poco probable, para cambiar la historia.
Tumeremo puede significar un punto de inflexión en el devenir actual y quedaría como un hito similar al representado cuando se le menciona en la popular canción del Calipso de El Callao. Mientras la dinámica social se calienta se buscan salidas electorales en un país donde la institucionalidad brilla por su ausencia.
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