Para garantizar sus intereses, las grandes corporaciones e instituciones financieras tienen a los gobiernos como verdaderos defensores de sus derechos. Nada diferente de lo que ya sucede, y de manera bien explícita, en las negociaciones internacionales de acuerdos de libre comercio. Las grandes empresas de petróleo, por ejemplo, deben de haber quedado muy satisfechas con el Acuerdo de París, ya que consiguieron afirmar su derecho a seguir contribuyendo de forma impune a la crisis climática. Sin haber citado ni una sola vez las palabras “combustibles fósiles”, los gobiernos garantizaron el derecho de esas empresas y sus accionistas a extraer y lucrar con petróleo, gas y carbón mineral por más tiempo.
No incorporar de forma vinculante en el Acuerdo de París la contribución y responsabilidad histórica y diferenciada de los países industrializados que más han emitido dióxido de carbono (CO2) es otro elemento que de forma implícita reconoce los derechos (de contaminación y explotación de combustibles fósiles) de esos países. Pero, sobre todo, dicha omisión reconoce los derechos de las grandes empresas a seguir promoviendo y lucrando con un modelo de producción y consumo destructivo, mientras los impactos negativos recaen sobre millones de personas, sobre todo en los países del Sur Global.
Sin embargo, la actuación de las grandes corporaciones e instituciones financieras no se reduce a ejercer influencia en la conferencia oficial y el Acuerdo. El mecanismo REDD+, por ejemplo, a pesar de tener algunas referencias en el texto oficial del Acuerdo, se destacó más en eventos y anuncios paralelos patrocinados por los gobiernos del Norte. El interés de estos gobiernos es “compensar” sus emisiones, mientras que los gobiernos del Sur están interesados en la financiación ofrecida. Durante los primeros días de la Conferencia, los gobiernos de Alemania, Noruega y del Reino Unido, así como el Banco Mundial, anunciaron inversiones de miles de millones de dólares en esta falsa solución a la crisis climática. Además, Brasil y la Unión Europea en conjunto, introdujeron dentro del Acuerdo de París los lineamientos generales de cómo podría funcionar un futuro mercado en créditos de carbono de proyectos REDD+. (1)
En un evento paralelo llamado “Fórum Global del Paisaje” [“Global Landscape Forum”], organizado por el instituto internacional de investigación forestal CIFOR, se lanzó el llamado “AFR100”, un Plan para “recuperar” 100 millones de hectáreas de bosques llamados “degradados” o áreas totalmente deforestadas en África, prometiendo generar trabajo y mejorar el bienestar de la población (2). Diez países de ese continente ya se comprometieron a “recuperar” más de 30 millones de hectáreas de tierras. El Banco Mundial financiaría mil millones de dólares y otros U$S 540 millones vendrían de inversores especializados en negocios “verdes” de países de América del Norte y de Europa.
Sin dudas es importante reforestar áreas afectadas por actividades destructivas, pero es fundamental discutir cómo y en beneficio de quién se hace esto. Existen serias dudas sobre la sinceridad de instituciones financieras como el Banco Mundial, así como de los fondos de inversiones “verdes”, siempre atentos a las oportunidades que puedan surgir en el “capitalismo verde”, cuya lógica es poner las ganancias por encima del bienestar de las comunidades locales.
El Banco Mundial tiene en su currículo la co-responsabilidad del fracasado Plan de Acción para los Bosques Tropicales [Tropical Forestry Action Plan] (TFAP), lanzado en los años 80 y que también estaba orientado hacia la “reforestación”. El TFAP generó revueltas en comunidades de países como la India, donde, bajo el lema de “reforestación”, promovió plantaciones de monocultivo de árboles en beneficio del sector privado, destruyendo todavía más los bosques. En la actualidad, el Banco Mundial continúa siendo uno de los principales promotores de la expansión de los monocultivos de árboles para la producción de celulosa y otros fines a través de su brazo privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés). Al mismo tiempo, el Banco es uno de los principales promotores de REDD+. Por ejemplo, en Mozambique, la IFC financia a la empresa portuguesa Portucel, que está tomando tierras cultivables de comunidades campesinas para plantar árboles de eucalipto, atentando contra la soberanía alimentaria de las poblaciones.
La participación de inversionistas “verdes” en el Plan “AFR100” también genera serias dudas, debido a que estos ya están muy activos en África con actividades llamadas de “reforestación”, que promueven plantaciones de monocultivos de árboles, y poniendo el ojo en negocios como el comercio de créditos de carbono y madera. Una de las principales empresas que invierte en plantaciones para créditos de carbono es la Noruega Green Resources, que en Uganda ya fue denunciada por haber destruido los medios de sustento de las comunidades locales con su “reforestación” para almacenar carbono. (3)
El Plan AFR100 en África es similar a otro plan lanzado en julio de 2015 por Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, uno de los principales países en el mundo en términos de bosques tropicales. En una visita oficial a los Estados Unidos, la presidenta anunció la “recuperación” de nada menos que 12 millones de hectáreas de bosques. Aquí también cabe la desconfianza, ya que se trata del país con la mayor superficie de plantaciones de monocultivo de eucalipto para producción de celulosa de exportación en los países del Sur Global, con participación de corporaciones transnacionales como la sueca finlandesa Stora Enso y, de forma creciente, de fondos de inversión que se convierten en propietarios de tierras. Esas plantaciones son erróneamente llamadas de “bosques plantados” por el gobierno, por lo tanto, son elegibles dentro del plan de “reforestación” del gobierno. El sector de plantaciones de monocultivo de árboles es un sector estratégico para la economía brasilera y el gobierno busca de forma incesante promover su expansión, incluso con árboles genéticamente manipulados.
En los artículos de este boletín, resaltamos la forma en que las políticas que surgen de las negociaciones sobre el clima implican, de hecho, violaciones de derechos. Uno de los artículos reflexiona sobre la relación entre REDD+ y derechos humanos, enfocándose en la fragilidad de la aplicación del principio de Consentimiento Previo, Libre e Informado en la República Democrática del Congo. Hay otro artículo que viene de Tailandia y aborda el tema de las luchas populares contra las hidroeléctricas y sus graves impactos, dejando en evidencia la falacia de promoverlas como una fuente de energía limpia. Finalmente, este boletín incluye artículos sobre la lucha de dos pueblos indígenas; la del pueblo Bribri en Costa Rica contra un proyecto REDD+ en su territorio, y la del pueblo Pataxó, en Brasil, contra las plantaciones de eucaliptos de Stora Ensa y Fibria en su territorio. Finalmente, la Red Ambiental Indígena (IEN) analiza los efectos sobre los pueblos indígenas del Norte de las actividades extractivas realizadas por empresas que compran créditos de carbono de proyectos en el Sur. ¡Buena Lectura!
1. http://www.redd-monitor.org/2015/12/15/cop21-paris-redd-and-carbon-markets/
2. http://www.wri.org/news/2015/12/release-african-countries-launch-afr100-restore-100-million-hectares-land
3. http://www.redd-monitor.org/2015/11/27/the-swedish-energy-agency-has-frozen-carbon-credits-purchases-from-norwegian-plantation-firm-green-resources/
Publicado en el Boletin número 221 del Movimiento Mundial de los Bosques. Disponible en: http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/nuestro-punto-de-vista/que-derechos-son-defendidos-en-el-acuerdo-de-paris-y-en-los-planes-con-falsas-soluciones-a-la-crisis-climatica/
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